- Califican a Hidralia de "trama mafiosa y clientelar"
- Denuncian al gobierno de Guatemala por "abusar de la justicia para criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos".
Traducción del gallego: Andrés Cabanas
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Eurodiputada Marina Albiol
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La eurodiputada de La Izquierda Plural, Marina Albiol, la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, y el vocero de EU-V, César Santiso, denuncian ante los medios una clara violación de los derechos humanos cometidos por la empresa Hidralia, con sede en A Coruña, como demuestra un informe de la ONG Intermón–Oxfam de diciembre de 2012, que durante años no se hizo publico.
Esta empresa, Hidralia, cometió reiterados crímenes que comezaron con la utilización de la coacción para conseguir terrenos de campesinos y hacerse con la explotación de la energía hidroeléctrica de la población de Santa Cruz de Barillas (Guatemala).
Este hecho provocó protestas populares duramente reprimidas por la empresa, por ejemplo con la instalación de minas antipersona por todo el perímetro de las obras, como denunció el gobierno local de la población.
Además, el jefe de seguridad de la Empresa y otros trabajadores de seguridad incluso tirotearon a tres vecinos, con resultado de un asesinado y dos heridos graves. Posteriormente el personal de seguridad de la empresa detuvo ilegalmente a nueve personas, sin orden judicial.
Ante el incremento de las protestas y mediante medios opacos, la empresa consiguió que el Gobierno de Guatemala decretara el Estado de Sitio y suspendiera las garantías constitucionales. La propia Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó estas medidas de desproporcionadas y denunció que no se ajustan a los estándares internacionales.
La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, afirma que
“El Consello de Contas de Galicia confirmó que estamos ante una de las peores tramas político-empresariales de la historia. Presionaremos en el Parlamento para que esta trama mafiosa y clientelar finalice”.
Hidralia pertenece a un entramado de 35 sociedades anónimas vinculadas al sector energético, todas ellas con sede en dos únicos domicilios en A Coruña y pertenecientes a la familia Castro Valdivia. Entre 1999 y 2005 las empresas a nombre de Luís Castro Valdivia, conocido como “el rey del kilovatio gallego” recibieron concesiones para explotar nueve minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos en Galicia. Durante ese período su cuñado, Ramón Ordás, ocupaba el cargo de Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas en la Xunta de Galicia. En marzo de 2007 ambos fueron denunciados e imputados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un triple delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.
La empresa comenzó a poner en venta parte de los más de 95 MW de potencia instalada, trasladando su actividad empresarial a Guatemala, donde se estableció en 2008.
La eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, llevará el caso ante la Comisión Europea, para que se interrogue al gobierno de Guatemala sobre la impunidad de los actos criminales, concretamente delante de la Alta Representante de la CE para Asuntos Exteriores. Afirman las eurodiputadas:
“El Gobierno de Guatemala está abusando de la justicia para criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos, pero la responsabilidad no es solamente del gobierno de Guatemala, estamos hablando de una empresa gallega. Al Gobierno del Estado también hay que exigirle que nuestras empresas no actúen en el exterior violando los Derechos Humanos e incumpliendo la legislación internacional” .
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