Hidro Santa Cruz y los vacíos éticos
(a propósito de la publicación de Prensa Libre,
Comunitarios luchan porque vuelva la paz)
El reportaje Comunitarios luchan porque vuelva la paz (Prensa Libre, 17 de septiembre de 2012) muestra vacíos, imprecisiones y parcialidad en el análisis del proceder de la empresa Ecoener-Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz, así como en la caracterización de la resistencia a la construcción de una central eléctrica. En los párrafos siguientes expongo cinco grandes inexactitudes de dicho reportaje, que contribuyen a la distorsión y simplificación de la conflictividad en Santa Cruz Barillas.
En primer lugar, el reportaje ignora la responsabilidad de Hidro Santa Cruz en el asesinato de Andrés Francisco Miguel, ocurrido el primero de mayo, hecho en el que además resultan heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Mateo. Por este asesinato guardan prisión preventiva, desde el sábado 26 de mayo, Ricardo Arturo García López y Óscar Armando Ortiz Solares. A pesar de que Ecoener-Hidro Santa Cruz niega vinculación con los acusados, uno de ellos (Ricardo García) aparece mencionado como Jefe de Seguridad de la hidroeléctrica en un documento del Ministerio Público fechado el 28 de marzo; el otro acusado, Ortiz Solares, fue subcontratado por Juan Roberto Garrido, actual encargado del área social de la empresa, según consta en investigación del Ministerio Público recogida por medios de prensa.
Desde el punto de vista humano, periodístico y político, el asesinato es uno de los hechos más relevantes de la historia reciente de Barillas. No puede obviarse su trascendencia: en el corto plazo, entorpece (impide) las posibilidades de diálogo. En el corto y medio plazo, dificulta (anula) la posibilidad de una relación sana de las comunidades con los dueños de la empresa. El dilema de fondo y la preocupación de los habitantes de Santa Cruz Barillas se expresa así: ¿Qué puede esperar la población de una empresa que ha ejercido violencia contra las comunidades –o simplemente la silencia- para conseguir sus objetivos? ¿Dejaría usted que sospechosos de asesinato –o por lo menos encubridores del mismo- llegaran a vivir a la vecindad de su casa?
En esta misma línea de ocultamiento y minusvaloración de la violencia, Prensa Libre no menciona las amenazas, disparos al aire, compra de voluntades, acoso sexual e intimidación hacia las comunidades por parte del personal de Hidro Santa cruz o de su empresa de seguridad. Estas amenazas –denunciadas de forma reiterada por pobladores y organizaciones- no son aisladas, sino estructurales: es decir, la empresa se organiza para ejercer la violencia, como modo prioritario de lograr sus objetivos. Dos ejemplos de esta estrategia consciente de intimidación: la contratación de una empresa de seguridad que, en vez de resguardar las instalaciones, atemoriza; la contratación como “representante del área social de Ecoener para Guatemala” de Juan Roberto Garrido, un capitán del Ejército retirado con fuertes vínculos con el crimen organizado, según informaciones que circulan en redes sociales y toman como fuente a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sorprende que Prensa Libre entreviste a Juan Garrido sin mencionar su currículo de violencia y la subcontratación, como se refiere arriba, de uno de los sindicados de asesinato.
En segundo lugar, el reportaje afirma que Hidro Santa Cruz no “Desarrollará ninguna actividad minera de exploración ni explotación, ya que existen convenios por escrito”. Esta afirmación genera dos dudas: la primera, la capacidad de la empresa de cumplir con sus promesas, visto su historial reiterado de ocultamiento y verdades a medias. La segunda, la existencia de otros intereses económicos ya concretados (además de la hidroeléctrica y la minería): la venta de bonos de carbono, en el marco del protocolo de Kioto (es decir, la venta de oxígeno, que no cuenta con el consentimiento de las comunidades ni de la autoridad municipal). Además, existen intereses económicos estratégicos no visibilizados: privatización del agua, explotación de energía solar y eólica (viento). Estas son áreas en la que Ecoener-Hidro Santa Cruz desarrolla proyectos en otros países (Ecuador, Estado español) es decir, áreas de experticia de la empresa y de expansión natural de la misma, que Prensa Libre tiene a bien no mencionar.
Tercera inexactitud. El reportaje se muestra extremadamente cauto y evasivo al hablar del Estado de Sitio y los sucesos violentos del primero de mayo, aislando a Hidro Santa Cruz de esta dinámica. En mi opinión, entre el uno de mayo y el 18 del mismo mes se escenifica en Barillas un ensayo de dictadura favorecedora de la acumulación transnacional; un ejercicio de construcción de Estado corporación; un reforzamiento del proyecto neoliberal militarista; un golpe de estado a nivel municipal. La población no es responsable sino víctima de esta situación y la empresa no es espectadora, sino que navega en el río revuelto de la falta de libertades. El primero de mayo se conectan intereses mutuos: los inmediatos de implantación de Hidro Santa Cruz, y los estratégicos de acumulación neoliberal, que precisa un modelo político de corte autoritario. La argumentación consecuente es que, si la empresa participa o se beneficia del Estado de Sitio, participa asimismo en las capturas ilegales (a través de las cuales once personas guardan prisión preventiva).
En cuarto lugar, el artículo evidencia parcialidad en el análisis del Convenio de Colaboración y Cooperación presentado por la Empresa a la Municipalidad con fecha dos de agosto. Si bien es cierto, como afirma Prensa Libre, que este Convenio promete un millón de quetzales a la Municipalidad, al mismo tiempo concede el poder decisor sobre el destino de ese millón de quetzales a la propia empresa, que “Podrá monitorear el destino de las aportaciones económicas que realice a la Municipalidad (y) se obliga, en el plazo máximo de quince días desde que les sean presentados, a manifestar su conformidad o inconformidad con los proyectos que la Municipalidad pretenda ejecutar con el aporte económico entregado por la Empresa” (Compromisos, obligaciones y derechos de la Empresa Hidroeléctrica, apartado 7 de Convenio). Asimismo, condiciona la entrega de fondos a la “paz social”, al afirmar que es “Causa justificada del cese de su obligación de continuar con el pago a la Municipalidad de las cantidades señaladas en el apartado precedente, el advenimiento de cualquier suceso, hecho o acontecimiento que impida, obstaculice o dificulte la pacífica construcción, explotación u operación del proyecto (Compromisos, obligaciones y derechos de la Empresa Hidroeléctrica, apartado 8 del Convenio).
Este esquema no solamente otorga una discrecionalidad económica a favor de Hidro Santa Cruz, sino que revela un modo de entender la representación y la participación: la empresa concibe a la Municipalidad como parte de su estructura de poder, no como interlocutora política. Hidro Santa Cruz controla fondos y proyectos, y pretende asimismo controlar y debilitar el papel de la Municipalidad y la participación comunitaria democrática: un ensayo de centralismo político y autoritarismo (dictadura) para la expansión del proyecto de Barillas y del capital transnacional.
Por último, Prensa Libre ignora las razones profundas de la oposición comunitaria a la hidroeléctrica, como las ignora Hidro Santa Cruz. Las comunidades y personas opositoras (un buen número de la población de Santa Cruz Barillas, según las actas comunitarias de marzo y abril de 2012) no carecen de información ni reciben información tergiversada, como afirma el reportaje. Por el contrario, defienden códigos culturales, simbólicos, históricos, códigos de vida, opuestos al código beneficio y ganancia de la empresa (por tanto, incomprensibles para ella). El área de construcción de la hidroeléctrica es un área sagrada, de gran valor identitario y de recreación para la población: no es un área de valor económico en sí misma, sino de cultura y modo de vida.
La omisión de este punto, que ha sido reiteradamente expuesto por la población y del que Hidro Santa Cruz y las autoridades políticas guatemaltecas tienen conocimiento, revela desinterés y desprecio hacia la cultura y modo de vida de las comunidades, una actitud de superioridad y claramente racista, de la que se hacen eco los medios de comunicación.
Por si no los conocen y son de su interés, puedo aportar a Prensa Libre y a Ecoener-Hidro Santa Cruz documentos de referencia que contextualizan lo expuesto anteriormente:
Acta de Inspección de lugar del Ministerio Público, 28 de marzo de 2012, donde Ricardo García (sindicado del asesinato del primero de mayo) figura como Jefe de Seguridad de la hidroeléctrica.
Documentos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que vinculan a Juan Roberto Garrido, del área social de Ecoener, con estructuras criminales.
Documentos de prensa que ligan a los asesinos de Andrés Francisco Miguel con Ecoener-Hidro Santa Cruz, incluyendo declaraciones del Ministerio Público y el presidente de la República, Otto Pérez Molina.
Convenio de colaboración y Análisis crítico del convenio de colaboración propuesto por la Empresa.
Actas recientes de reuniones comunitarias donde se reitera la oposición a la presencia de Hidro Santa Cruz (marzo y abril de 2012).
El conjunto del reportaje de Prensa Libre funciona como un espejo amplificador del discurso público de Ecoener-Hidro Santa Cruz. Una ética periodística elemental exige revisar las fuentes, confrontar opiniones, cuestionar verdades tan absolutas como esquemáticas, difundir la pluralidad de las voces en el conflicto y no la unilateralidad de la versión oficial: la que se genera desde el poder y la impunidad.
Una ética política básica, la que debería guiar la actuación de los representantes políticos y las empresas, obliga a no falsear, no mentir, no intimidar, no asesinar. Ecoener-Hidralia-Hidro Santa Cruz sustituye la ética por la manipulación de la razón. La razón, por el uso de la violencia.
Nota: La empresa se presenta de forma indistinta con tres nombres: Ecoener, Hidralia Energía, Hidro Santa Cruz. Es una empresa de origen y capital español, propiedad de Luis Castro Valdivia y vinculada reiteradamente a casos de corrupción. Propietaria del proyecto Cambalam en Santa Cruz Barillas.