La equiparación de demandas sociales con
extorsión y chantaje de pandillas, realizada por el Ministro de
Gobernación López Bonilla (1) se enmarca en la restricción de
derechos y libertades promovida por el poder político. Esta restricción
(generalizada, sistemática y creciente) se manifiesta, entre otros hechos, en
la persecución permanente contra organizaciones y dirigentes; la
desvalorización de instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz (Secretaría
Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena); la interferencia en
el poder judicial (caso Ríos Montt); las detenciones y capturas arbitrarias
(manoseo y politiqueo del sistema de justicia), como reconoció Naciones Unidas
al respecto del caso Barillas(2); el incumplimiento de
leyes y procedimientos (contrataciones por excepción); la intervención –ocupación- de entidades como norma (IGSS, Aduanas,
SAT); la centralización en la toma de decisiones (o autoritarismo
presidencialista).
Las palabras del Ministro se fortalecen en la
mentalidad/cultura autoritaria de las élites (no es casual la elección del
escenario de la Cámara de Industria para pronunciarlas), y el rechazo/miedo a
la organización social. No son, en este sentido, una reacción hepática ante la
(evidente) pérdida de control de la seguridad (incremento de asesinatos) y
control político (territorial) por parte del gobierno, ni deben interpretarse
como una amenaza pasajera, focalizada y específica. La disque retractación de
López Bonilla, el día después del día D, volvió a acusar: insistió en vincular
demandas y luchas sociales con situaciones de ingobernabilidad.
Con
sus declaraciones, el Ministro arremete (aunque no
le gusta la expresión) contra un principio democrático y de convivencia
fundamental: el respeto y la aceptación de ideas diferentes. Al
contrario de lo
que López Bonilla afirma y el gobierno piensa, la oposición, las
propuestas
diferentes, las críticas y las protestas, generan gobernabilidad
inclusiva,
ciudadanía activa y crítica, base de una democracia y una sociedad sanas
y
justas. Las políticas de gobierno y estado optan por el modelo
contrario: la
implantación (violenta) de un pensamiento único (individualista,
legitimador de
la violencia, autoritario, excluyente), en el marco de la deriva hacia
una
dictadura civil o democracia de mercado (o su ya, de hecho,
instauración). La
idea de gobernabilidad de López Bonilla (al parecer sin disenso, sin
críticas,
sin organizaciones populares) se asemeja a la paz de los cementerios y
se aleja del ideal de una permanente ampliación de derechos y de la
democracia (Boaventura de Sousa Santos).
La fuente del derecho: los grandes negocios privados
Una suerte de gobierno por decreto, solamente sujeto a
la arbitrariedad, interpreta la ley de forma selectiva, limita/supedita el
accionar de las instituciones y cuestiona el ejercicio de derechos políticos y
sociales contenidos en la Constitución: entre otros, movilización,
manifestación, reunión, participación, resistencia o el derecho a la consulta
previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (3).
En este marco, se convierte en norma lo que debería ser
excepcionalidad (o nunca debería ocurrir): la militarización de la seguridad y
la utilización del ejército en tareas de seguridad interna (denuncia de la
Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas (4), tras la visita de su
directora en marzo de 2012). Más allá de la seguridad, se militariza la función
pública, el Estado y la acción política en general, con lógicas de
confrontación y exclusión permanentes.
Los estados de excepción anunciados, y los deseados
pero imposibles de aplicar por la respuesta social (más de cuarenta, anticipó
el ministro amenaza López Bonilla en abril) se tornan
escenario de gobierno ideal: desaparecen los derechos y sus organizaciones
defensoras; se someten las protestas (comunidades, incluso alcaldías no
alineadas); se limita la autonomía municipal y el poder comunitario (a partir
de la declaración de proyectos empresariales como de utilidad pública e interés
nacional) y local, en favor de autoridades no electas: gobernadores,
encargados de zonas militares. Cuando los estados de excepción son
políticamente inaplicables, se aplican estrategias de guerra en los territorios
(Huehuetenango, fines de septiembre, a partir del despliegue militar del
ejército, el bombardeo preventivo -disparo desde helicópteros- el terror
provocado por el anuncio de capturas masivas).
Los derechos son definidos (y automáticamente
limitados) por intereses privados, de empresas y corporaciones transnacionales.
El gobierno actúa como gerente de estos intereses, en un marco de alianza
estratégica Partido Patriota-comunidad internacional. Por pura mala suerte, le
tocó a la Cooperación Española donar 300,000 euros al Ministerio de
Gobernación, en presencia del Ministro, un día después de las desafortunadas
declaraciones.
Esta alianza parte de (fuertes) connivencias: la
comunidad internacional necesita a Guatemala y necesita el saqueo para
responder a la crisis de acumulación capitalista. El gobierno de Guatemala,
violento pero débil en cuanto a su capacidad de garantizar consensos (ni
siquiera entre las élites económicas) se apoya en empresas y gobiernos
extranjeros, con mucha fuerza el español, para detener o aplazar el descalabro
político.
Así, el común (la comunidad, lo comunitario)
se desvanece ante el empuje de intereses particulares y la mercantilización de
la vida. Se normaliza una cultura política de dependencia de agendas y
decisiones de las empresas, que influyen en la persecución a dirigentes
sociales y orientan las acciones de gobierno.
El establecimiento de una legalidad e
institucionalidad de facto, sujeta a intereses sectoriales y corporativos,
anula consensos democráticos y sociales mínimos (de por sí precarios y
continuamente transgredidos): los Acuerdos de Paz de 1996 (consenso del Estado
fuerte orientado a la inclusión social y la participación democrática), y la
Constitución de 1985 (consenso de la primacía del poder civil sobre el poder
militar y los poderes particulares). En la práctica, las medidas
gubernamentales definen una regresión autoritaria o, aplicando la categoría
hondureña, dictadura cívico-militar. La llegada al gobierno del Partido
Patriota agudiza esta concepción que, no obstante, es política y decisión de
Estado. Frente a ella, se debe expandir la lucha por legitimar los derechos ya
existentes, y ampliar y profundizar los demás, ampliar la democracia incluyendo
a sectores hoy indiferentes, pero igualmente víctimas.
Este es el marco estructural en el que se inscribe la
afirmación de López Bonilla. El rechazo de la misma debe ser igualmente
estructural: no es a las organizaciones y sus líderes, como hace poco más de un
mes no fue a los extranjeros, a quienes señala (exclusivamente) el ministro
de gobernación del poder corporativo. Son los derechos y la democracia
los perseguidos, los amenazados con ser expulsados: fuera de la concepción, de
las agendas públicas, de los imaginarios sociales, de las instituciones y de
las leyes. Derechos cada vez más extraños, como una utopía o un recuerdo.
Aclaración
Este artículo se publicó originalmente el 17 de octubre de 2013, tras las
amenazas de expulsión a extranjeros realizadas por el mencionado Ministro. Se
tituló No son los extranjeros, sino los
derechos, bajo el argumento de que los ataques permanentes a organizaciones
y acompañantes aceleran la implantación de una dictadura civil. Con leves
modificaciones, el artículo se republica tras los recientes ataques del
Ministro a organizaciones sociales.
Notas
1) El 26 de noviembre, López Bonilla
afirma, en reunión de empresarios, que las demandas de organizaciones equivalen
a el chantaje y la extorsión efectuadas por pandilleros (entre otras, alude a
la sesión realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede
en Washington. Dos días después, el Ministro ratifica sus declaraciones,
vinculando demandas sociales con ingobernabilidad. http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/tendencioso-arremetio-ministro-lopez-bonilla-organizaciones-derechos-humanos
2)"Santa Cruz Barillas: detenciones ilegales
y estado de sitio injustificado y desproporcionado. Como sus predecesores, el
Gobierno actual recurrió a medidas excepcionales y declaró un estado de sitio
en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango). Esto ocurrió tras el homicidio del
campesino Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo, presuntamente cometido por un
guardia de seguridad privada. En respuesta, integrantes de la comunidad dañaron
un hotel y otros edificios, presuntamente detuvieron a un operador judicial y
entraron a la fuerza en un destacamento militar. El decreto por el que se
decretaba el estado de sitio carecía de una justificación clara y un análisis
de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad. El Gobierno retiró la medida
después de 18 días. El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se realizaron
nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por
parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del
día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los
disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez
competente hasta dos semanas después de su detención. Fueron liberados en
enero, a la vista de lo injusto de su encarcelamiento”. http://es.scribd.com/doc/132104927/InformeAnual2012-Esp-OACNUDH
3) Según relación de comunidades de Santa Cruz
Barillas, derechos sociales y políticos reconocidos por la Constitución
Política de la República y atacados hoy, son: artículo 5. Libertad de acción;
articulo 28. Derecho de petición; artículo 33. Derecho de reunión y
manifestación; artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento; artículo 45.
Legitimidad de resistencia.
4) La Alta Comisionada Nava Pillay afirmó
entonces que la militarización está justificada únicamente si es temporal,
cuenta con protocolos y subordina el Ejército a la Policía Nacional Civil. En
el caso de Guatemala, la militarización es permanente, estratégica y constituye
al Ejército como autoridad máxima.