Por Andrés Cabanas
Texto original en Sermos Galiza
La llegada al gobierno del
Partido Patriota en Guatemala, en enero de 2012, implica el fin de un ciclo
político caracterizado
por la vigencia (formal) de los Acuerdos de paz. Se fortalece a partir de
entonces un modelo de organización política, económica y social fundamentado en cinco
ejes: remilitarización/poder del Ejército, apuesta por las inversiones
extractivas y la transnacionalización de la economía, concentración de la toma
de decisiones (autoritarismo), ideologización conservadora y el uso
institucional de la violencia.
La remilitarización y el ascenso del poder político del Ejército se manifiestan en el despliegue de tropas e instalaciones militares, pero sobre todo en una dimensión cualitativa, en la que el Estado se guía con lógicas y principios militares.
La acumulación económica agresiva fortalece la reprimarización del modelo primario exportador (por tanto, la subordinación de la economía guatemalteca) y el papel político predominante de las transnacionales.
El presidencialismo centralista o autoritarismo político concentra la toma de decisiones, controla la institucionalidad y configura un régimen político progresivamente dictatorial.
La ideologización conservadora legitima socialmente los rasgos autoritarios del proyecto.
La violencia institucional organiza el Estado a partir del uso de la violencia, bajo el principio de que el modelo económico (excluyente) no puede sostenerse sin el uso de la fuerza.
Lo anterior define un nuevo momento histórico. Anula, en primer lugar, el modelo de estado y el modelo de sociedad diseñado en los Acuerdos de Paz (los que, en cualquier caso, no lograron concretarse), al reducir por enésima ocasión las funciones y el poder del Estado, subordinar los actores sociales a los mercados y simplificar la democracia.
En segundo lugar, implica el fin de la transición democrática iniciada con la conversión de gobiernos militares a civiles y la promulgación de la Constitución de 1985: avala el retorno de militares a la gestión del poder político y el control de instancias de gobierno.
Es un modelo que, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, podemos definir como fascismo social (diferente del fascismo histórico) que convive (todavía) con regímenes electorales y democracias formales. “El fascismo actual trivializa la democracia hasta el punto que ya resulta innecesario sacrificar la democracia a fin de promocionar el capitalismo. Se trata de un tipo de fascismo pluralista, en un período en el que los Estados democráticos coexisten con las sociedades fascistas”. La economía criminal como actor económico y político trascendental añade otros matices violentos (y antidemocráticos) a este modelo.
Comunidad internacional: la tercera conquista
La remilitarización y el ascenso del poder político del Ejército se manifiestan en el despliegue de tropas e instalaciones militares, pero sobre todo en una dimensión cualitativa, en la que el Estado se guía con lógicas y principios militares.
La acumulación económica agresiva fortalece la reprimarización del modelo primario exportador (por tanto, la subordinación de la economía guatemalteca) y el papel político predominante de las transnacionales.
El presidencialismo centralista o autoritarismo político concentra la toma de decisiones, controla la institucionalidad y configura un régimen político progresivamente dictatorial.
La ideologización conservadora legitima socialmente los rasgos autoritarios del proyecto.
La violencia institucional organiza el Estado a partir del uso de la violencia, bajo el principio de que el modelo económico (excluyente) no puede sostenerse sin el uso de la fuerza.
Lo anterior define un nuevo momento histórico. Anula, en primer lugar, el modelo de estado y el modelo de sociedad diseñado en los Acuerdos de Paz (los que, en cualquier caso, no lograron concretarse), al reducir por enésima ocasión las funciones y el poder del Estado, subordinar los actores sociales a los mercados y simplificar la democracia.
En segundo lugar, implica el fin de la transición democrática iniciada con la conversión de gobiernos militares a civiles y la promulgación de la Constitución de 1985: avala el retorno de militares a la gestión del poder político y el control de instancias de gobierno.
Es un modelo que, siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, podemos definir como fascismo social (diferente del fascismo histórico) que convive (todavía) con regímenes electorales y democracias formales. “El fascismo actual trivializa la democracia hasta el punto que ya resulta innecesario sacrificar la democracia a fin de promocionar el capitalismo. Se trata de un tipo de fascismo pluralista, en un período en el que los Estados democráticos coexisten con las sociedades fascistas”. La economía criminal como actor económico y político trascendental añade otros matices violentos (y antidemocráticos) a este modelo.
Comunidad internacional: la tercera conquista
Este
escenario neo autoritario o de “rearme ideológico de la derecha” (Raúl
Zibechi) no puede avanzar sin apoyos directos de la comunidad internacional
(durante un periodo promotora de los Acuerdos de Paz). Los intereses
internacionales se concentran en las oportunidades que Guatemala ofrece para la
inversión (abundancia de recursos, bajos salarios, régimen fiscal permisivo,
legislación ad hoc, gobiernos autoritarios) y en el carácter geoestratégico del
istmo, vía de comunicación y al mismo tiempo bloque de contención de los
regímenes progresistas del cono sur.
El apoyo internacional al golpe de estado en Honduras, en el año 2009, simbolizó una nueva fase de coexistencia de los gobiernos europeos y americanos con regímenes pro militares y dictatoriales, tras una etapa de consensos y acuerdos democráticos. Este contexto, en el que no se descarta como escenario el golpe de estado y un gobierno militar, aleja a Guatemala de las tendencias pos neoliberales existentes en otros países de América Latina.
La refundación imprescindible
El apoyo internacional al golpe de estado en Honduras, en el año 2009, simbolizó una nueva fase de coexistencia de los gobiernos europeos y americanos con regímenes pro militares y dictatoriales, tras una etapa de consensos y acuerdos democráticos. Este contexto, en el que no se descarta como escenario el golpe de estado y un gobierno militar, aleja a Guatemala de las tendencias pos neoliberales existentes en otros países de América Latina.
La refundación imprescindible
La construcción de este
modelo no se desarrolla sin tensiones y oposición social. En desventaja y en
obvia minoría, se percibe hoy un acumulado de luchas y respuestas sociales, que
indican avances cualitativos de los movimientos: construcción de propuestas y
nuevos proyectos (con aportes sobre todo de la cosmovisión
y el feminismo); emergencia de nuevos actores y formas de lucha; ampliación de
las agendas, progresivamente transformadoras y refundadoras; desarrollo de
luchas cada vez más profundas, en los “márgenes del sistema” (Raúl Zibechi).
La constitución de la comunidad y las luchas territoriales como centro de las
movilizaciones constituye el salto cualitativo más importante, al ampliar tanto
demandas como actores y sujetos participantes.
Paralelamente, el momento más débil en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz puede representar, para los movimientos sociales y los actores críticos y conscientes, la transición hacia un nuevo paradigma, que asuma algunos de los principios del proceso de paz pero los trascienda para redefinir las bases constituyentes de nuestra convivencia: en lo económico, político, social, cultural e ideológico, combinando los cambios hacia fuera con el replanteamiento interno de actores y formas de lucha. De esta refundación, es necesario mencionarlo, no está ausente la actual democracia electoral y el sistema de partidos.
El conjunto plantea tanto la amenaza de la reconfiguración autoritaria como la recuperación de la praxis transformadora previa a la firma de los Acuerdos de Paz. El reto consiste en la reapropiación del espíritu de transformación que dio origen a los Acuerdos de Paz, para superar el modelo actual y promover un nuevo consenso social: de la injusticia a la superación de la miseria; de la exclusión a la participación; de la democracia corporativa al poder de todas y todos, en el marco de un nuevo Estado Multinacional promotor de los derechos de hombres y mujeres.
Paralelamente, el momento más débil en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz puede representar, para los movimientos sociales y los actores críticos y conscientes, la transición hacia un nuevo paradigma, que asuma algunos de los principios del proceso de paz pero los trascienda para redefinir las bases constituyentes de nuestra convivencia: en lo económico, político, social, cultural e ideológico, combinando los cambios hacia fuera con el replanteamiento interno de actores y formas de lucha. De esta refundación, es necesario mencionarlo, no está ausente la actual democracia electoral y el sistema de partidos.
El conjunto plantea tanto la amenaza de la reconfiguración autoritaria como la recuperación de la praxis transformadora previa a la firma de los Acuerdos de Paz. El reto consiste en la reapropiación del espíritu de transformación que dio origen a los Acuerdos de Paz, para superar el modelo actual y promover un nuevo consenso social: de la injusticia a la superación de la miseria; de la exclusión a la participación; de la democracia corporativa al poder de todas y todos, en el marco de un nuevo Estado Multinacional promotor de los derechos de hombres y mujeres.
