Andrés Cabanas
No hay tregua en la ocupación de territorios y explotación de recursos por parte de las empresas y sus aliados, nacionales e internacionales, gubernamentales y privados.
No hay tregua en la ocupación de territorios y explotación de recursos por parte de las empresas y sus aliados, nacionales e internacionales, gubernamentales y privados.
No hay marcha atrás en el modelo
acumulativo extractivista. A un proyecto sigue otro, en cualquier espacio y
ámbito imaginable. A las viejas y conocidas amenazas se suman nuevas, igualmente
dañinas en términos de destrucción ambiental, disociación comunitaria,
ejercicio de violencia y por tanto, en términos de retroceso en la convivencia
democrática y social.
Expansión ilimitada
Un modelo económico
depredador y de búsqueda ilimitada de beneficios afecta a la totalidad del país
y sus habitantes. Ningún sector está excluido: proyectos auspiciados por el
Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco
Interamericano de Desarrollo, en energías renovables, electricidad,
alimentación, infraestructura, comunicaciones, medicinas, servicios… cualquiera
que podamos imaginar.
La lógica de
megaproyectos, con alto impacto ambiental y social, se multiplica:
El
gasoducto binacional México Guatemala (pendiente de ratificación presidencial)
se extiende a lo largo de 500 kilómetros y al menos 6 departamentos del país,
si se traza una línea recta desde Oaxaca en México (punto de partida) hasta
Escuintla (punto de llegada en Guatemala) que atraviesa Chiapas, Huehuetenango,
Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez.
La
hidroeléctrica Xalalá (Ixcán, Uspantán y Cobán, con capacidad instalada de aproximadamente
181 MW), desplazarará a miles de personas. Si en 1978 la construcción de Chixoy, 300 MW, se hizo a costa de masacre y desplazamiento
forzado, hoy se habla sin rubor y sin memoria histórica de proyectos similares
o de mayor envergadura, cuyas consecuencias negativas crecerán.
La
demanda de gas de esquisto en Estados Unidos puede impulsar su producción en
Guatemala: la empresa
City Petén, que explota dos pozos de gas natural en el departamento, confirma
la existencia de gas de esquisto en el oriente del país. No importa que para
extraer este gas sea necesario inyectar toneladas de agua y químicos venenosos
a través de túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro de ancho (técnica
denominada fracking, fractura hidráulica, altamente contaminante). El gasoducto
binacional viabilizaría la exportación de este producto.
El
proyecto de Canal Seco en el oriente del país abarca 372 kilómetros lineales y 46 municipios, sin
que esté claro el estatus del territorio y las personas una vez todas las
tierras sean vendidas y concesionadas (a día de hoy, el proyecto permanece
estancado, oficialmente por falta de fondos, extraoficialmente por competencia
entre capitales: capital emergente y capital ligado a los militares frente a los
intereses de capitales oligárquicos).
La concesión de
territorios, síntoma de la expansión transnacional, empieza a ser preocupante.
Un ejemplo: las quince licencias de exploración y explotación minera otorgadas
en el departamento de Jalapa (datos del Ministerio de Energía y Minas a 31 de
octubre de 2013) abarcan 365.40 kilómetros cuadrados, el 17% de la extensión
total del departamento (dos mil 670 km2). Una sola empresa, de origen canadiense,
posee concesiones sobre 145.73 km2, más del 7% del departamento, lo que la
convierta en nueva hacendada y neo-oligarquía en el área, determinante en la
configuración del poder económico y político.
No solamente los
megaproyectos, también pequeños proyectos aparentemente amistosos con el medio ambiente
implican desórdenes y destrucción: de la organización comunitaria, de la
autonomía, de la paz social, de la historia (caso Cambalan en Santa Cruz Barillas).
La explotación abarca
lo tangible, y lo intangible o inadvertido como el aire, el sol, el subsuelo…En
este marco, la privatización del agua se revela como amenaza inmediata. El manejo del
“recurso agua” (oficialmente, Gestión integrada
de los recursos hídricos) toma impulso tras la visita de la Reina de España,
la reactivación del Fondo del Agua (Cooperación española y Banco Interamericano
de Desarrollo) y el interés demostrado por transnacionales españolas y europeas, además de pequeñas empresas como Hidralia Energía (en este caso, el interés queda evidenciado por las
frecuentes comunicaciones de Hidralia Energía en las redes sociales sobre el
tema).
Profundización
de alianzas: cogobierno empresas-actores locales
2013 reporta una cifra record de
inversión extranjera directa en Guatemala: 1,316 millones de dólares, un 12.8% más que el año anterior (aunque inferior al
incremento proyectado por el gobierno: 30%). Este crecimiento se ve favorecido
por las facilidades otorgadas por el gobierno, que llevan al país o a sus
gobernantes a presumir de ser la quinta economía más abierta de Latinoamérica.
La apuesta por la
inversión foránea se concreta en la vigencia de once tratados de libre
comercio y acuerdos preferenciales; tres negociados y próximos a
entrar en vigencia; tres más en negociación. Los acuerdos involucran a más de 40 países o economías y se pueden fortalecer con la entrada de Guatemala en la Alianza del Pacífico, iniciada en 2011 por Colombia, México, Perú
y Chile, y concebida como articulación de gobiernos neoliberales y alternativa al
Alba, bajo el paraguas protector de Estados Unidos.
Acuerdos
económicos
Vigentes
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Negociados y próximos a entrar en vigencia
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Acuerdos
en negociación
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1. AAP con Venezuela
2. TLC con México
3. TLC con República Dominicana
4. AAP con Cuba
5. DR-CAFTA (Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana).
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1. AAP con Ecuador
2. TLC con Perú
3. Convergencia de Tratados
con México.
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1. TLC con Canadá
2. AAP con Trinidad y Tobago
3. TLC con los países EFTA (Suiza,
Liechtenstein, Noruega e Islandia).
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6.
TLC con Taiwán
7.
TLC con Panamá
8.
TLC con Colombia
9.
TLC con Chile
10.
AAP con Belice
11.
Acuerdo con Unión Europea, AdA (28 países
miembros).
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TLC: Tratado de Libre Comercio. AAP: Acuerdo de Asociación Preferente.
Países Efta: Asociación
Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo
Europeo de Libre Comercio, también
conocida por sus siglas en inglés EFTA - European Free Trade Association. Formada por Liechtenstein,
Suiza, Noruega e Islandia, países aun no integrados en la Unión Europea.
|
||
Fuente: Ministerio
de Economía y Comercio
Además de
la apertura de la economía a través de tratados comerciales, el modelo de
acumulación necesita un marco político y legal favorable, en un
contexto de alianzas cada vez más estrechas entre poderes económicos y
políticos. Es decir, el modelo de acumulación genera su propia institucionalidad
y legalidad, su propia idea de democracia, fuera del control social y la
decisión colectiva.
Así, las empresas
orientan o sugieren normas que fortalecen su accionar y ganancias. En una
situación legal y políticamente anómala, el poder político representativo se
repliega a favor de poderes económicos, que determinan la agendas legislativa y
ejecutiva. Desarrollo tres ejemplos recientes de esto:
La servidumbre de la expansión eléctrica
Para garantizar el
plan de expansión del sistema eléctrico (popularmente, torres de transmisión)
sometido a un retraso físico de aproximadamente 40% y temporal de dos años, la transnacional energética colombiana Trecsa sugiere en el mes de marzo de 2013 el Acuerdo gubernativo 145-2013
(que declara de Urgencia Nacional y
Necesidad Pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica); e impulsa la Ley
de Servidumbres de Transmisión eléctrica.
Ambos instrumentos
legales desconocen la autonomía municipal, eliminan la obligatoriedad de
solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de
ellas), desconocen el
Sistema de Consejos de Desarrollo como interlocutor, y judicializan la
resistencia y la protesta, al otorgar a un juez de paz o tribunal de primera
instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria la expansión eléctrica, por todos
los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas
combinadas: militarización del conflicto).
La comparación entre
estas normas legales y las vigentes anteriormente es clara: el Acuerdo
Gubernativo 137-2011, previo, menciona de forma explícita los consejos
comunitarios y municipales de desarrollo, y norma que prestarán la colaboración
necesaria para el cumplimiento del Plan, siempre que ello no vaya en “menoscabo de los principios de autonomía
municipal e institucional”. Esta referencia a la autonomía desaparece en
las normas posteriores.
Acuerdo gubernativo
2011
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Acuerdo gubernativo
2013
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Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y
descentralizadas, así como centralizadas, las municipalidades, los Concejos
Municipales de Desarrollo y los Concejos Comunitarios de Desarrollo, en sus
respectivas jurisdicciones, brindarán la colaboración pertinente cuando les
sea solicitada, parea el adecuado desarrollo de dicho Plan, sin menoscabo de
los principios de autonomía municipal e institucional.
|
Artículo 2.
Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así
como centralizadas, los Concejos Municipales de Desarrollo, los Concejos
Comunitarios de Desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, en las que las
obras se ejecutarán, deberán prestar el apoyo necesario para el adecuado
desarrollo de dicho Plan.
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Iniciativa de ley
de servidumbre
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Afecta
|
Artículo 6. Licencias y autorizaciones. Para el desarrollo, ejecución y
concreción de las obras de infraestructura de transmisión eléctrica,
indistintamente del nivel de tensión o voltaje, por su carácter de utilidad
pública e interés nacional, no están comprendidas dentro de los presupuestos
que para el efecto señala el Código Municipal, por lo que no estarán afectas
a licencia de construcción, ni pago alguno…
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Elimina
licencias de construcción (la posibilidad de oposición municipal).
Contradice
Código Municipal y Autonomía Municipal.
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Artículo 39. Providencia de urgencia durante la etapa de operación y
mantenimiento de la obra. Cuando exista resistencia, obstáculo o ausencia del
propietario o proveedor del inmueble (…) podrá solicitar el auxilio de un
Juez de Paz o un Juez de Primera Instancia (…) para que ordene el ingreso al
inmueble con el fin de garantizar la continuidad en el servicio (…) se podrá
solicitar la intervención de la
Policía Nacional o fuerzas combinadas.
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Judicialización de
la resistencia.
Respuesta policial
y militar.
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Elaboración
del autor
En este marco de
legislación flagrante a favor de las empresas, es bueno recordar que la
generación y transmisión de energía eléctrica no son proyectos de interés
nacional, sino destinados a la exportación y el negocio, porque Guatemala produce hoy
más energía de la que consume: según información del Encuentro de la Red
Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, se "Producen
actualmente en Guatemala 2100 MW de energía, para un consumo interno de 1500
MW, lo que significa que las empresas venden el excedente de la producción a
través del sistema centroamericano de distribución de energía". Por tanto, no se
está electrificando para la generalización de la prestación de energía, sino
para la venta de excedentes.
La
privatización del subsuelo
La propuesta de
Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros por la
Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas
Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que “El dueño de la superficie sea también el
poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un título, de forma similar a
cómo funcionan los títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría
siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la constitución, pero
(quien) posee una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del
usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.
Según sus promotores
la propuesta elimina “el conflicto por el
subsuelo” y favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar
directamente sobre el subsuelo: “¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos
naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la
propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a
explotar —si ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche
sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación.
¿Tan difícil es entenderlo?” afirma
Ramón Parellada, de CIEN.
En la práctica, una
empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a partir de engaños o
falta de información clara sobre el uso que se quiere dar al mismo), es
automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no deberá,
siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir la
oposición de las comunidades y el consentimiento previo y derecho de consulta:
sin sentido en espacios que los nuevos títulos reconocen como privados.
La propuesta se
enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base de derechos
mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la historia.
Ley de
Promoción de Inversiones y Empleo
La primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está
siendo renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas:
Exención del Impuesto de Solidaridad durante 20 años.
Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta por
inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realice
la empresa, durante 20 años.
Exención por la compra, permuta o transferencia de
dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el
Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante
diez años.
Exención de derechos arancelarios a la importación, y
exención del Impuesto al Valor Agregado en importaciones de maquinaria,
materias primas, insumos y materiales que utilicen las empresas en procesos productivos, de
forma indefinida.
En la práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se
instalen en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de
Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y
la Ley de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas, y
resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos de
Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos).
Las circunscripciones económicas o la burla a los derechos laborales
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos.
Estos nuevos marcos legales complementan las facilidades ya otorgadas por un gobierno y una institucionalidad constituidos al servicio y a la medida de las empresas:
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos.
Estos nuevos marcos legales complementan las facilidades ya otorgadas por un gobierno y una institucionalidad constituidos al servicio y a la medida de las empresas:
falta de
controles medioambientales: institucionalidad estatal débil/carente de voluntad
política, construida/cooptada para la expansión empresarial (Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales y otros);
garantía
de poder repatriar prácticamente la totalidad de los beneficios. El documento Guatemala
Investment Summit, realizado en el marco de la macro rueda de negocios de mayo
de 2013 afirma: “Existe en el país absoluta libertad para
repatriar los dividendos; las tasas impositivas son altamente competitivas en
el entorno global”, lo que desmiente el mito de los beneficios económicos
dejados por las empresas;
apoyo
policial y militar para la expansión empresarial: persecución de las
movilizaciones sociales y el derecho de resistencia y oposición de las
poblaciones; judicialización de la protesta; campañas gubernamentales que
deslegitiman el ejercicio de derechos de participación, organización,
movilización y resistencia.
Un nuevo expolio: entrega del territorio y la
soberanía
La
entrega sin condiciones de recursos y bienes a las empresas no ha tocado fondo. Conviene alertar, además de las amenazas relatadas anteriormente, de una nueva vuelta de tuerca en la privatización y
mercantilización: la propuesta de ciudades-modelo, muy avanzada en
Honduras, que transfiere en su concepción ideal porciones de territorio a
gobiernos garante (un gobierno extranjero, que puede ser un país o un consejo
de personas y empresas), generando legislación, fiscalidad e institucionalidad
propias en ese territorio.
Las
ciudades modelo se conforman como territorios autónomos para la gestión
empresarial, en un marco de recolonización, más allá del actual despojo de
recursos y bienes de las comunidades. Esta propuesta está siendo desarrollada
en Guatemala por la Universidad Francisco Marroquín (free cities). En el contexto de reconfiguración de actores e inestabilidad política, las reformas
constitucionales pueden convertir en norma lo que hoy es práctica y deseo de
las empresas.
Así, el
ideal de gestión político empresarial convierte
los intereses de las empresas en intereses y agendas de
Estado; el modelo de acumulación capitalista en modelo de desarrollo; el
proyecto político de minorías en agenda legislativa y del ejecutivo. El Estado
(el estado fuerte, orientador del bien común, diseñado y olvidado en el mismo
momento por algunos de los firmantes de los Acuerdos de Paz) se diluye y reduce
a operador de la propuesta empresarial: carece de capacidad económica y
política para orientar un modo de organización diferente y colectivo.
Actores
privados (empresas/corporaciones transnacionales y locales) fuera del control
social, con lógica de individualidad, configuran una democracia a su medida: autoritaria,
vigilada, redimensionada –al igual que los derechos- bajo un enfoque
mercantilista. Si es necesario, ignoran, anulan o modifican el marco legal
preexistente.
La
práctica nos enseña que la ecuación empresas-beneficios-libertades-bienestar, no
está correctamente formulada. Por el contrario, en un sistema de accionar
impune de corporaciones empresariales, lo público y lo político concebidos como
espacios e instrumentos para el desarrollo de comunidad quedan sacrificados en la
primacía de beneficios privados.
Empresas
o democracia. ¿Por dónde se va a romper la pita?
Referencias
Iniciativa de Ley de Servidumbres
legales de transmisión eléctrica, http://es.scribd.com/doc/207777115/Leyservidumbreslegalesdetransmisionelectrica
Iniciativa de Ley de Promoción de
Inversiones y Empleo, http://es.scribd.com/doc/211393760/04-Ley-de-Promocion-de-Inversion-y-Empleo-01-0