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Monte Olivo contra el desarrollo violento


Andrés Cabanas, 20 de agosto de 2014
La conflictividad en Monte Olivo y comunidades q´eqchi´ [1] es consecuencia de la implantación violenta de un modelo de desarrollo, a costa de los derechos y la decisión de las comunidades.

Oficialmente, este modelo garantiza beneficios para todos, a partir de la atracción de inversiones extranjeras y de la promoción de una buena imagen de Guatemala (Presidente Otto Pérez Molina, programa De frente con el Presidente, 19 de agosto 2014). 

En realidad, el desarrollo propuesto por gobierno y empresas tiene como objetivo la acumulación y concentración de riqueza (sin importar el costo) y como estrategia la anulación (violenta) del debate y la oposición. La imposición genera rechazo y deriva en conflictos intensos.

Se denomina desarrollo pero se concreta en:

Acumulación y concentración
Implica la búsqueda de ganancias a partir de la explotación en cualquier ámbito o espacio vital (subsuelo, aire, agua, semillas), y la hiperconcentración de beneficios en un grupo reducido de familias (el gobierno del 0.001% de la población, según análisis de Transnacional Institute). 

Décadas de inversión extranjera y privilegios (por ejemplo, las exenciones fiscales derivadas de la protección a zonas francas y maquilas) no se han concretado en mejoría de indicadores sociales: desnutrición crónica, muerte materna, violencia y otros, especialmente en zonas cercanas a grandes proyectos de inversión (como Chixoy). 

Estado a favor de las empresas: dictadura proempresarial
Se construyen una legalidad e institucionalidad discriminadoras a favor de las empresas: legislación con dedicatorias (Tigo, Monsanto, Trecsa); creación de circunscripciones especiales donde las empresas pueden reducir el salario mínimo; orientación de las políticas de Seguridad y los ministerios de Gobernación y Defensa a la persecución de la resistencia. Cuando es necesario, se incumplen leyes.

Se fortalece un poder autoritario, por ejemplo a través de Estados de Sitio o de la centralización de decisiones para implantar proyectos.

Prácticas corporativas: manipulación y violencia
Las empresas utilizan, de forma simultánea, prácticas de convencimiento y cooptación (ofrecimiento de proyectos y beneficios individuales) y acciones de persecución y represión (denuncias a líderes; conformación de guardias privadas...). No son unas u otras, sino la complementariedad de las mismas.

Desarrollo sin libertades
Se reducen derechos, sobre todo, el derecho a la consulta y decisión de las comunidades. Esta reducción configura una visión de democracia excluyente y poco participativa.

Uso estructural de la fuerza
Numerosos proyectos empresariales ejercen la violencia para imponerse: física, jurídica, institucional, privada, legal o ilegal. La violencia se justifica por la oposición criminal, minoritaria y manipulada (según gobierno, empresarios y medios de comunicación) de las comunidades a proyectos de desarrollo que son de beneficio para todos.


Nueva vida colectiva frente a desarrollo violento

Este modelo mercantiliza la vida (todo se convierte en objeto de venta), individualiza las relaciones sociales y contribuye a confomar una institucionalidad política autoritaria (que desconoce leyes y derechos, al tiempo que reprime).

Lo podemos caracterizar como desarrollo violento, en la acepción de violencia como aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia (Diccionario Real Academia Española de la Lengua). Es también violento en sus consecuencias: desplaza, excluye y destruye.

Inserto en una dinámica de implantación de un modelo de desarrollo, Monte Olivo no es un caso aislado. Apunta tendencias para una nueva fase de violencia en otros territorios, al tiempo que convoca a la solidaridad: defender formas de resistencia que son nuevos modos de vida antimercantiles y antiautoritarios, construidos desde lo colectivo, para una nueva existencia sin explotación ni violencias.

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