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| Dios los cría y la corrupción los junta. Foto Prensa Libre |
Andrés
Cabanas, 10 de noviembre
Las
recurrentes denuncias contra funcionarios gubernamentales y miembros del
Partido Patriota evidencian la corrupción política y cuestionan un Estado y un
poder construidos sobre el desprecio de las leyes y la democracia, con rasgos
militares y autoritarios.
Septiembre
y octubre de 2014 representan el bimestre horrible y oscuro del
Presidente Pérez Molina. En estos dos meses se suceden la captura de Byron Lima
(aliado político del Presidente) por pertenencia a estructura criminal; las
acusaciones a Gudy Rivera, fundador del Partido Patriota y expresidente del
Congreso, por ejercer presiones para favorecer a sus magistrados en
la Corte Suprema de Justicia; las denuncias de enriquecimiento ilícito de la
Vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Molina; el involucramiento de
funcionarios de la Municipalidad de Mixco (regentada por el hijo de Pérez
Molina) en agresiones a diputados; la cancelación temporal del Partido Patriota
y la remoción de su Secretaria General (y Vicepresidenta de Guatemala) debido
al incumplimiento de la ley electoral; las acusaciones por corrupción en la
persona de Jorge Villavicencio (exministro estrella de Salud) y la contradenuncia de
Villavicencio a la Vicepresidenta; la acusación al jefe del área de salud de
Huehuetenango y a la diputada patriota Emilenne Mazariegos, por reparto de
recursos públicos…
Las
denuncias, contundentes y duras, revelan actorías criminales y formas de
ejercer el poder impropias y espurias. Entre otras:
participación de grupos
paralelos y clandestinos en la conducción del Estado y en la definición de
políticas del Ejecutivo (caso Lima Oliva): es decir, el poder político aliado y/o subordinado al poder criminal;
control del sistema de
justicia por actores e intereses privados
(caso Gudy Rivera, Comisiones de Postulación y elección de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia);
lucha contra la corrupción casuística y parcial: vendetta y disputa de poder (caso que involucra al ex ministro
de Salud);
concepción del Congreso
y en general la cosa pública como instrumento
de negocios y poder personal (caso Emilenne Mazariegos y negociación de
plazas de salud);
gobierno de impunidad y rechazo al Estado de Derecho (campaña electoral anticipada).
Ante
las denuncias, el Presidente cruza líneas rojas: niega los hechos con
argumentos demasiado cercanos a la mentira; ataca a los denunciantes con
agresividad impropia; apoya a los denunciados, no bajo el principio de la
presunción de inocencia sino negando la validez de las
acusaciones, como si fuera investigador y juez; acusa al mensajero y
propone concluir sin prórroga el trabajo de la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG (pieza clave en las
investigaciones mencionadas y otras estratégicas: financiación de partidos
políticos y corrupción en aduanas); insiste en el desprecio de la ley, al
proseguir de forma ilegal y ostentosa con la campaña electoral anticipada.
El interés presidencial es obvio: una a una
-y todas juntas- las denuncias apuntan a su círculo más cercano de relaciones
políticas y amistad. La persecución penal al Presidente no debería estar
lejana.
Las
denuncias que estrechan círculos alrededor del Presidente y su partido,
configuran un escenario de tensión extrema, en el que abundan los rumores de
golpe de estado y no se descartan soluciones de fuerza. El actual gobierno,
operador de sectores poderosos (económicos, internacionales, militares)
comienza a ser percibido por parte de esos sectores como obstáculo y factor de
inestabilidad. Por igual, la sensación de acorralamiento, la pretensión de
consolidarse en el gobierno, y la oposición a este escenario, alientan reacciones
violentas.
La reelección presidencial o ampliación del
periodo, la judicialización (de la oposición o los gobernantes, reactivando por
ejemplo el caso del harinazo a Baldetti, que involucra a
Líder), las negociaciones de todo tipo, las reformas de leyes o reforma
constitucional que definan nuevas reglas de juego, la violencia física, la
disolución del Congreso y del sistema de justicia (o su definitiva instrumentalización), el golpe clásico, se perciben como acontecimientos
posibles y cercanos: para modificar la actual composición del poder o para
fortalecerla.
Disputas de poder y
regeneración democrática
Las voces que responden a hartazgo ciudadano y plantean la regeneración democrática (algunos abogados, algunos periodistas, movimientos sociales, algunos empresarios) son cada vez más visibles y fuertes –por tanto, nada desdeñables- pero todavía minoritarias. Muchos de quienes acusan hoy al Partido Patriota y al gobierno fueron sus grandes valedores hasta hace días. Estos sectores no pretenden
recuperar la dignidad y el sentido de la acción política, sino disputar y
preservar espacios de poder, para seguir haciendo lo mismo.
Esto implican los acontecimientos
recientes: una aguda disputa, prólogo de las elecciones generales de 2015 y consecuencia
de la colusión de intereses de actores aglutinados alrededor de la economía
tradicional, la economía emergente, la economía criminal y la economía
transnacional.
Está en juego el reparto de negocios y
poder político, en un contexto de disputas múltiples, que enfrentan a oligarquía y nuevos ricos (la economía criminal moviliza más o
iguales recursos que la economía tradicional y exige nuevas cuotas de poder), capital transnacional y capital nacional (las empresas
transnacionales son el poder determinante), oligarquía y ejército (ampliación de espacios de decisión y actoría pública de éste).
Estas disputas no son nuevas, pero
involucran hoy un importante reacomodo de fuerzas y tensiones diferentes. La
intensidad de las mismas conlleva que las elecciones pueden no estar
funcionando como mecanismo de reconfiguración del sistema.
Desde abajo:
cambiar el modelo
Las confrontaciones internas no cuestionan el eje de un Estado construido para minorías: de hecho, invisibilizan esta problemática. No proponen la recuperación del ejercicio de derechos. No fortalecen y legitiman la participación ciudadana. Atacan la corrupción si no se ven favorecidos por ella. Plantean soluciones superficiales: cambios en procedimientos, en algunas leyes, en el gobierno o el congreso.
Mientras estas disputas se definen, el proyecto empresarial-militar no descansa: convoca nuevos proyectos extractivos (gasoducto); legisla para institucionalizar el despojo (ley monsanto, ley tigo, ley de competitividad, acuerdos de libre comercio); propone reformas constitucionales para reconfigurar el sistema, en la lógica de recorte de libertades y fortalecimiento de los derechos mercantiles.
Lo preocupante es que la intensa actividad política de estos meses margina una agenda construida sobre necesidades sociales y se centra en la garantía de impunidad como foco de la acción del ejecutivo y otros poderes (pactos legislativos, sistema de justicia).
El reto
es construir un análisis estructural de la crisis que trascienda la venalidad
gubernamental y de otros actores (Congreso de deiputados, abogados) y visiblice un Estado y
un poder político construidos para el negocio, a través de la criminalidad: las
incoherencias y debilidades de un Estado configurado para el beneficio de
pequeños sectores de poder, excluyente, autoritario, violento y criminal.
Se
vuelve perentorio denunciar las soluciones autoritarias que no resuelven la
crisis actual, sino la reconducen a favor de actores tradicionales.
Es
imprescindible redefinir la agenda política, hoy dominada por la impunidad, la
corrupción, los pactos y peleas de élites, el autoritarismo antidemocrático, el
individualismo: hacia el ejercicio de derechos, la ampliación de la
democracia, la reorientación del modelo económico, la plurinacionalidad, la
solidaridad, la colectividad, la denuncia de las arbitrariedades y la
reconstrucción desde propuestas de dignidad, honradez, democracia y legalidad.
No se
trata nada más de cambiar este gobierno (o este Congreso, o este sistema de justicia), por mucho que su lugar en la historia
esté más cerca de la cárcel que del altar. Son el Estado, el poder
político y el modelo económico y social los llamados a sentarse en el banquillo
de los acusados: aunque mediáticamente pasaron desapercibidos, el inicio de los juicios por la masacre de la Embajada de España y por violaciones sexuales
cometidas por el Ejército como política de estado durante el conflicto armado,
abonan a esta idea.
Estamos
en un momento crítico, que puede derivar en la renovación y profundización del
autoritarsmo, o en el parte aguas para la
construcción de relaciones democráticas, horizontales, de un modelo
político y económico de raíz comunitaria, centrado en los derechos de la naturaleza y las personas.
Tenemos
que transformar el modelo de organización y de vida.
Otros artículos:
http://www.memorialguatemala.blogspot.com/2014/09/el-estado-en-el-banquillo-de-los.html