¿Qué factores y actores sostienen a un Presidente aislado,
cuestionado, sin Ministros y sin partido, implicado en corrupción y otros actos delicitivos?
El apoyo a Pérez Molina del empresariado y más sectores (Embajada de Estados Unidos, al no solicitar su renuncia como sí hizo con
la Vicepresidenta; Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad, porque no conectan las investigaciones de corrupción con el mandatario, a pesar de
evidencias telefónicas; partidos políticos que buscan en la salvación del
Presidente su propia supervivencia) parte, en primer lugar, del intento de
promover una agenda de reformas políticas controladas, que sacuda y oxigene el árbol del
poder sin afectar sus raíces. Pérez Molina
representa, hasta el momento, garantía para el impulso de estas reformas
limitadas frente al miedo a la ruptura institucional y la pérdida de control
del proceso.
En segundo lugar, el renovado (pero frágil y no
necesariamente permanente) apoyo a Pérez Molina se fundamenta en las extensas complicidades de sectores
empresariales (nacionales y transnacionales) con su gobierno y partido, que actuaron como operadores para el impulso de la agenda de control territorial y extracción de recursos de las comunidades. Las complicidades abarcan a
gobiernos extranjeros (España, Estados Unidos, Canadá) que vieron en Pérez Molina garantía para el desarrollo
de inversiones y para la configuración del mapa de seguridad regional y
hemisférica. El temor de una caída del Presidente Molina se expresa así: ¿si él
se va de manera abrupta, cuántos de
nosotros caemos a su lado? Por el contrario, la Presidencia de Molina garantizaría
persistencia de la impunidad: investigaciones y juicios ejemplarizantes pero
focalizados.
El paradigma del poder
Mantener al frente del Ejecutivo a Pérez Molina es una decisión
arriesgada y puede revertirse. Aunque las acciones y los márgenes de
recomposición del esquema de poder son amplios, en el
día de hoy el "status quo" pierde si se queda Pérez Molina (complicidad) y pierde
si se va, porque su caída será consecuencia de la presión social y el incremento de la conciencia política: la convicción de que el Presidente favorece intereses personales y de sectores que utilizan el
Estado para su beneficio.
Después del 16 de abril (revelación de una red institucional
y empresarial dedicada a la defraudación tributaria) se evidencia para amplios
sectores de la población que el Estado
guatemalteco ignora las necesidades colectivas y privilegia el robo y el enriquecimiento; que los jueces y abogados se venden (bufetes de la
impunidad); que partidos y diputados ofrecen sus votos a cambio de contratos o
cheques onerosos; que empresarios hacen todo lo posible por eludir sus
obligaciones tributarias y colectivas…
Pérez Molina, la exvicepresidenta Baldetti y la gestión del Partido Patriota llevaron a extremos insostenibles este régimen
de privilegios y beneficios (y lo adecuaron en el marco de alianzas
oligarquía-economía criminal-ejército y de las necesidades del poder
transnacional) pero no son los artífices ni
beneficiarios exclusivos del mismo.
Ya nos hemos percatado, como la pequeña burguesía
de la obra de Manuel Galich, de la dimensión real del horror (1). Por consiguiente, las manifestaciones ciudadanas
acusan y señalan a los actuales gobernantes y a un sistema de
organización y un Estado que olvidan su función de buscar el bien común y
garantizar el ejercicio de derechos, al tiempo que naturalizan el robo, la
corrupción, el engaño, la mentira, la comisión de delitos. En medios de prensa,
foros públicos y en las plazas se debate sobre la configuración de un Estado a espaldas de la población. Se discute, con mayor o
menor profundidad, sobre el poder, el modelo de sociedad, el sistema que invita al latrocinio, como
acertada pero tardía e hipócritamente reconoció Otto Pérez Molina.
Agenda mínima: juicio a
todos los corruptos
El cálculo de sectores empresariales y de poder puede ser
el siguiente: mantener a Pérez Molina como garantía de estabilidad (evitar el
rompimiento constitucional) mientras se promueve una moderada agenda de
reformas (ley electoral, administración tributaria, ley de compras y contrataciones) que redefina
espacios de poder de las élites (disputa oligarquía-actores emergentes) y
contenga parte del descontento social. Pérez Molina sería, en este contexto, un
Presidente sin funciones, la voz de
un ejecutivo que ya no controla.
Si la permanencia, contra viento y marea, de Pérez Molina en el gobierno deviene de apoyos corporativos y de élites de poder, la exigencia de su renuncia, juicio y condena (y de todos los implicados en corrupción y abuso de poder) es innegociable: no
cabe en cálculos pragmáticos o de conveniencia política.
La investigación, captura, juicio y castigo (de Otto Pérez
Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Luis Mendizábal, Lima Oliva, narcotraficantes
Mendoza, Junta Directiva del IGSS, jueces y bufetes de la impunidad, empresarios
corruptos, autoridades que usan la ley a su conveniencia y antojo) es hoy demanda política esencial, que marcará tanto el presente (logros) como las
posibilidades de futuro del movimiento ciudadano y social. Se trata de recuperar mínimamente la justicia, la ética, las reglas de la democracia.
En este marco, es fundamental que la Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala profundice y amplíe
investigaciones y responsabilidades, así como que se promuevan otras acciones
jurídicas (de naturaleza similar a las realizadas por por Movimiento Nueva
República y Winaq) contra los mandatarios, autoridades y particulares.
Renuncia ya! y qué más: la ruptura
democrática
Un sistema, un estado y un poder construidos desde y para el enriquecimiento privado, solamente pueden cambiarse construyendo nuevas formas de “poder y autoridad compartida”
(Boaventura de Sousa): formas democráticas, colectivas, orientadas al bien
común y el bien vivir, participativas, honestas, construidas con todos y para
todos. Este ideal exige una profunda articulación
de movimientos sociales, comunidades y pueblos, que deberán tender puentes con sectores ciudadanos indignados para definir medidas y acciones inmediatas y en
el largo plazo.
Los cambios sociales no llegan solos, sino que dependen de
las decisiones inmediatas y estratégicas, de las voluntades y apuestas
políticas, de la capacidad de superar las divisiones (estableciendo
comprensiones y entendimientos comunes), del reconocimiento, dialogo y respeto
entre actores y sectores, de la combinación de acciones institucionales,
jurídicas, legales, comunicativas, movilizaciones sociales, y otras.
Hoy más que nunca es necesario asumir que mi lucha, mi
proyecto no son el proyecto, único, histórico, sino parte de una propuesta
más amplia. Debemos complementar y no cooptar o subordinar; construir conjuntamente sin partir de un proyecto ya elaborado,
diseñado e impreso; velar porque los intereses
partidario-electorales no anulen demandas y luchas colectivas territoriales.
El reto es, a partir de la sensibilidad social contra la
corrupción y abusos de autoridad, fortalecer escenarios y condiciones para la ruptura democrática: el debate, la
reflexión y la organización para construir nuevas formas de organización y poder.
Nota
(1) Me percaté de que la pequeña burguesía guatemalteca había perdido la
dimensión de la muerte, del crimen, del horror, a fuerza de respirarlo todos
los días. Era necesario restregarles la sangre en el hocico, había que
explicarlos por qué lucha nuestro pueblo, quiénes están detrás de los asesinos,
quién dirige la mano del ejecutor en los crímenes, como esa pequeña burguesía
alienada y la alta burguesía financiera, comercial o terrateniente están
atrapadas en la lucha real entre un imperialismo que no tiene nada de
abstracción y el pueblo que exige su derecho a vivir.
Manuel Galich, Delito, condena y ejecución de una gallina
