Un pacto político de los pueblos

Andrés Cabanas, 2 de febrero de 2016. Publicado originalmente en La Cuerda

Los sucesivos pactos de elites han conformado en Guatemala un sistema excluyente, depredador, violento e inestable, que opera en un régimen de derechos limitados. Conquistadores, criollos, liberales, conservadores, iglesias, oligarquía, actores emergentes, militares y partidos han construido, a través de reconfiguraciones legales (nuevas constituciones) y prácticas violentas (golpe de estado, gobiernos militares, genocidio, exterminio) una historia de injusticias e imposición.

La agudización de la crisis política a partir de abril de 2015 y el acumulado de luchas (resistencias históricas acompañadas del inicio de la acción política de sectores urbanos y estudiantes) marcan el fin del actual pacto de poder (Constitución) de 1985 y la necesidad de pensar un nuevo pacto y una nueva forma de organización.

La corrupción como norma, la acumulación violenta, el despojo y control de territorios, la criminalización de la actividad económica, la profundización de las desigualdades sociales, la política entendida como negocio y el fin de la indiferencia generalizada llevan a un punto de quiebre del sistema político (a pesar de la aspirina electoral) y a la necesidad de su refundación.

Un pacto construido desde y para los pueblos indica una ruta de salida para la crisis estructural. Este pacto se construye por los sectores mayoritarios pero marginados del ejercicio de los derechos colectivos (autonomía, soberanía y capacidad de decisión) y se plantea en términos de ruptura con las formas actual de organización y convivencia: repensar los objetivos y sentido de convivir en este espacio común que llamamos Guatemala. Este nuevo pacto político no puede construirse, otra vez, sobre los poderes tradicionales y emergentes, o a partir de las demandas de seguridad hemisférica de Estados Unidos y las necesidades de las transnacionales y el  modelo de acumulación extractiva.

Más allá de leyes e instituciones: el proceso popular constituyente

La definición de un nuevo pacto no es un ejercicio exclusivamente legal e institucional. A partir de una reflexión crítica sobre los constitucionalismos de izquierda en países de América del Sur y la sacralización de lo institucional-electoral como herramienta para el cambio, la académica feminista hondureña Breny Mendoza diferencia entre el poder constituyente, es decir, el poder innegociable e indelegable del pueblo, y los poderes constituidos, entre ellos la Asamblea Constituyente. “Necesitamos, afirma, hacer una distinción entre el poder constituido, que está contenido en la forma Estado, y el poder constituyente que es anterior y está por encima del proceso legislativo constitucional.  En este marco, el pueblo no delega sus poderes a un cuerpo político separado de la comunidad o un cuerpo político separado escribiría la constitución en nombre de ella. El poder constituyente o los delegados del pueblo encargados de escribir la constitución obedecerían sin mediación –mandar obedeciendo- el poder del pueblo”.

En este contexto, el proceso político para la definición de un nuevo pacto social (que la literatura política denomina proceso constituyente) es tan importante como el resultado del mismo: debería ser, completa Breny Mendoza, “un proceso interminable, permanente, nunca un  libro en manos de los políticos o los abogados y las instituciones del Estado; debe ser un proceso cívico siempre perteneciente al pueblo, nunca separado de la comunidad”.

En Guatemala, la lucha por un nuevo pacto político se hace fuera de las instituciones (no a partir del control del poder ejecutivo y legislativo, como sucedió en el caso de Ecuador o Bolivia). Un proceso constituyente popular, plurinacional y multisectorial, construido a partir de la decisión de pueblos, comunidades, organizaciones y sectores, sobresale sobre la Asamblea Nacional Constituyente prevista en la ley, de mandato limitado y dirigida desde los poderes formales y desacreditados.

El proceso constituyente (o de definición de un nuevo pacto político) legitimado por el poder del pueblo, se desarrolla a partir de espacios de formación, debate, comunicación y construcción de propuestas, con multiplicación de esfuerzos organizativos que eventualmente confluyen con espacios institucionales.

Restituir el poder del pueblo

El nuevo pacto político busca acabar con una sociedad constituida sobre el uso de la fuerza como instrumento y la obtención del beneficio individual (que provoca insolidaridad, competitividad, exclusión) como fin. Frente a esta inercia de la explotación, se promueve una nueva organización (social, política y económica), y se establecen relaciones solidarias, colectivas, comunitarias, desmercantilizadas, despatriarcalizadas y no violentas. Se trata, para Breny Mendoza, de sustituir la “colonialidad del poder y la democracia colonial vigente, transformando profundamente las relaciones de género, raza, clase y sexualidad que surgieron del coloniaje y el orden capitalista, (…) para devolvernos la soberanía popular perdida”. 

La discusión no se realiza ni se circunscribe a los actuales marcos políticos de referencia: permite imaginar formas de democracia radical, directa y comunitaria, que reconstruyan poderes tradicionales de los pueblos, al margen de la forma Estado, la democracia representativa y los partidos políticos como instrumentos de participación y transformación. Así como es indelegable, el poder del pueblo no se detiene en los laberintos del realismo político, las correlaciones de fuerza y las construcciones políticas preexistentes. 

No es un camino sencillo. Ubicarnos en esta eutopía implica fortalecer las capacidades organizativas y sobre todo la capacidad de articulación de todas las voces críticas con el modelo actual, deseosas de una Guatemala transformada de raíz.

Fuente consultada: Ensayos de crítica feminista en Nuestra América. Breny Mendoza, 2 014.