Andrés Cabanas, 25 de julio de 2016
La liberación de siete presos políticos
de Huehuetenango, el pasado 22 de julio, representa un triunfo de la dignidad,
la fortaleza y las convicciones colectivas y comunitarias: frente a proyectos y
modelos económicos explotadores de la naturaleza y las personas, y frente a un
Estado que prioriza el derecho a la ganancia, al costo que sea, sobre el
derecho a la vida.
La liberación es también un triunfo de
la solidaridad y las luchas conjuntas: centenares de colectivos y
organizaciones (miles de personas en Guatemala y otros países) se involucraron
en la exigencia de libertad a través de movilizaciones, cabildeo a nivel
nacional e internacional, luchas jurídicas, comunicados, escritos, apoyo
económico, apoyo en salud, y muchos otros, desde la primera detención colectiva de dirigentes, el 2 de mayo de 2012. En este ámbito
es necesario señalar la fortaleza de familias, esposas y compañeras de vida de
cada uno de los presos (incluidos los previamente liberados) que, al creer en
la humanidad y la vida, al exigir el ejercicio de la justicia y la garantía de
derechos, marcan una ruta de valentía y esperanza.
Estos principios y formas de acción
colectiva logran interrumpir (todavía
no revertir) la ofensiva estratégica
de las empresas y el Estado de Guatemala sobre el norte de Huehuetenango,
ofensiva que tuvo el carácter de final, en cuanto se planteó desarticular la
organización a través de la captura de los dirigentes: Adalberto Villatoro,
Francisco Juan, Arturo Pablo, Mynor López, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y
Domingo Baltasar, liberados el 22 de julio de 2016; Rogelio Velásquez y Saúl
Méndez, liberados en enero de 2016; Rubén Herrera, liberado en mayo de 2013;
Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro Miguel, Pedro Núñez, Joel
Gaspar Mateo, Andrés León Andrés, liberados en enero de 2013; Marcos Mateo
Miguel, Esteban Bernabé y Pascual de Pascual, liberados en septiembre (el
primero) y noviembre de 2012.
Construir un nuevo contexto
Si bien los presos políticos del norte
de Huehuetenango están libres, las amenazas continúan vigentes: órdenes de captura existentes contra otros dirigentes, especialmente en
Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia; persistencia en el sistema
de justicia de la concepción de derecho penal del enemigo; consideración de la oposición social y comunitaria como enemiga (seguridad
interna); invisibilización de los pueblos indígenas y sus demandas. La reducción del Estado a instrumento de coerción
y represión con la anulación del
régimen de derechos (de hecho o legal: durante el Estado de Sitio de mayo de
2012), es un rasgo omnipresente, prácticamente identitario, en la organización política y social, que condiciona la organización comunitaria.
La sentencia de absolución dictada por
un Tribunal de Mayor Riesgo, que legitima "los derechos de los
pueblos originarios" , debe superar estas visiones para abrir un nuevo contexto
político en el norte de Huehuetenango. En este contexto posible se
anotan varios retos:
·profundizar el debate sobre los
derechos colectivos y de los pueblos frente a un modelo económico y político
impuesto sin consulta, contra la voluntad y la cosmovisión de los
habitantes;
·hacer real el derecho de libre
determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias
y asamblearias de toma de decisión;
·revisar la institucionalidad
estatal y el sistema de justicia, para que cumplan el papel que, hoy, no
desempeñan: ser garantes del bien común y los derechos de todos, y no un "instrumento
de poder y dominación", como reconoce la sentencia del Tribunal;
· fortalecer movilizaciones y
articulaciones solidarias, como apuesta frente a la atomización promovida desde
el Estado y las empresas y a la cultura de imposición que impregna luchas y
movimientos.
El actual Estado, construido para
perseguir, criminalizar y encarcelar a dirigentes comunitarios, para priorizar
el derecho corporativo sobre los derechos colectivos, para operativizar un
modelo de acumulación de naturaleza violenta, tiene que ser transformado de
raíz.