Publicado originalmente en Noticias del Corredor, Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG, diciembre de 2016.
En Huehuetenango se desarrolla un ciclo político violento
(militarización del territorio, represión de derechos, centenares de órdenes de
captura, una veintena de presos políticos) pero a la vez repleto de acciones de
resistencia frente al modelo impuesto. La resistencia (plural, diversa,
promovida desde diversos ámbitos y actores) desafía el poder estatal y de empresas
transnacionales, proponiendo el ejercicio del poder propio.
Algunos hitos de este ciclo político son estos:
- La realización en diez años de 29 consultas (ámbito
municipal) para la decisión comunitaria sobre proyectos extractivos. Las
consultas marcan un alto al extractivismo como modelo y al paradigma de
desarrollo dominante.
- La conformación de dos territorios libres de minería: cinco municipios de la región huista en septiembre de 2008 y ocho del norte del departamento (akateko, q´anjob´al y chuj) en noviembre de 2009, prefigurando el gobierno popular de los territorios.
- La declaración de Constitución de la Nación Qanjobalana, 5 de abril de 2012, que revitaliza formas propias de ejercicio del poder y propone la fundación de un Estado plurinacional.
- El plantón permanente de la resistencia pacífica de Barillas frente a las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz: práctica de control de territorio desde el 7 de abril de 2013.
- Menos mediática, crece la organización y articulación de las organizaciones de mujeres alrededor de la defensa del territorio y el cuerpo, y el cuidado y reproducción de la vida: una propuesta integral que subvierte desde lo cotidiano y estructural las relaciones de poder.
El
centro de la disputa: ejercicio del poder desde comunidades y pueblos
La parte visible
de las luchas sociales en el territorio es la oposición a empresas y proyectos destructivos,
desarrollados sin consulta, y a la institucionalidad estatal construida para
apoyar estos emprendimientos. Pero la disputa de fondo tiene que ver con el
ejercicio del derecho de autodeterminación: es la disputa sobre el control de
recursos/bienes, el control del territorio, el desarrollo del poder comunitario
y de los pueblos frente a empresas y Estado.
En Huehuetenango se construye, así, un nuevo consenso comunitario sobre los territorios (Consejo
de los Pueblos de Occidente), opuesto al consenso neoliberal y al modelo de Estado favorable a las empresas. Se propone un proceso de revitalización
del sistema propio (de salud, económico, producción, jurídico, organización
social y política) en el marco de la
reconstitución de los territorios originales, según afirma la Declaración
de Nación Qanjobalana.
La revitalización del sistema propio plantea, de forma inevitable, la redefinición del modelo de desarrollo: frente a la mercantilización, la represión de derechos, las empresas como poder determinante, por encima instituciones democráticas y poderes comunitarios se propone un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo basada en la desmercantilización de los bienes naturales, la lucha por los derechos colectivos de personas y naturaleza autonomía y el ejercicio del autogobierno. Nuevas formas de organización, participación y representación (más allá de la representación de los partidos y la construcción estatal vigente) se derivan de esta propuesta.
La revitalización del sistema propio plantea, de forma inevitable, la redefinición del modelo de desarrollo: frente a la mercantilización, la represión de derechos, las empresas como poder determinante, por encima instituciones democráticas y poderes comunitarios se propone un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo basada en la desmercantilización de los bienes naturales, la lucha por los derechos colectivos de personas y naturaleza autonomía y el ejercicio del autogobierno. Nuevas formas de organización, participación y representación (más allá de la representación de los partidos y la construcción estatal vigente) se derivan de esta propuesta.
El documento Memorial de los Pueblos de Barillas, 7 de enero
de 2013, es significativo en este
sentido de reivindicación del gobierno de los pueblos (gobierno en sentido
amplio, no solo institucional). La resistencia barillense (que de forma
reducida puede ser vista como oposición focalizada a un proyecto hidroeléctrico
y a la actuación violenta y arbitraria del grupo empresarial español promotor
del mismo) impulsa un proyecto alternativo de organización política, social,
económica y cultural propia, todavía en proceso:
Las
comunidades actuales tenemos cientos de años de vivir sobre estas tierras, y
hemos cuidado todos los recursos naturales como los ríos, los lagos, las
montañas, las aves y toda clase de animal que viven en nuestro alrededor. Con
ellos tenemos una relación especial y consagrada. También somos fieles en
mantener nuestra organización política, social, económica y cultural, de
conformidad con la cosmovisión Maya Q´anjobal, que nos han heredado nuestras
abuelas y abuelos.
Articulación frente a homogeneidad e imposición
Los proyectos extractivistas y las políticas de estado
desarrolladas por transnacionales convierten la excepcionalidad en norma: normalizan
la violencia y la represión, persiguen derechos de facto y de forma legal. Especialmente
durante el gobierno del Partido Patriota, la cárcel fue el precio a pagar por
el ejercicio de la dignidad: punto de quiebre para doblegar la resistencia
comunitaria; punto de inflexión para continuar la movilización, en mejores
condiciones.
En 2017, la resistencia en Huehuetenango puede presumir de
una no derrota, frente al punto de máxima tensión a la que la condujo la
alianza política-empresarial-militar-transnacional durante el gobierno
patriota. Una no derrota digna y esperanzadora, aunque la persistencia de la
violencia estatal y extractivista impide hablar de una victoria o del fin sin
retorno de la violencia.
En el aspecto interno, las divisiones comunitarias y
organizacionales, los desacuerdos tácticos (vía institucional-electoral), las
disputas de liderazgos, la extensión de una cultura estatal de la imposición a
las formas de operar de los movimientos, constituyen retos para volver
irreversible el breve lapso de tranquilidad con el que concluye 2016 (tras la
liberación de los presos políticos de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia) y
profundizar el ejercicio del poder de los pueblos frente a la intacta agenda
neoliberal.
La impostergable articulación social desde los territorios
enfrente el menos estos retos:
- profundizar el debate sobre el modelo alternativo al extractivismo y desarrollar prácticas concretas de organización económica y social más allá del desarrollo;
- hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de decisión;
- fortalecer la toma de decisiones colectiva, frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas, y frente a la cultura de imposición vigente.
Las luchas sociales en Huehuetenango se desarrollan
a partir de múltiples acciones (movilizaciones, consultas, declaraciones, ámbito
legal, incidencia frente al Estado, construcción de poder local) visiones y actores,
lo que las hace creativas y menos vulnerables ante la represión masiva. Al tiempo,
se plantea el reto de la articulación y complementariedad de estas
diversidades. Esta articulación tiene que superar visiones clásicas de lo
articulado como subordinado a un centro dominante y como homogéneo sin fisuras
ni debates. Son pertinentes las palabras de Isabel Rauber en las Jornadas Territorio, Poder y Política organizadas
por CEDFOG en 2011:
Ningún
sector, clase o actor en particular puede representar a todo el conjunto de la
sociedad, Lo que demanda la realidad y lo que la experiencia apunta como
posible es la articulación del colectivo activo, de actores y sujetos en la
conformación de un sujeto colectivo.
Los retos están planteados:
apertura, diálogo, escucha y capacidad de consenso para construir un nuevo
poder.
