Andrés Cabanas, 28 de mayo de 2017. Fotografía: Colectivo MadreSelva
La continuación del proyecto Oxec en territorio
q´eqchi´ recalca la subordinación del Estado y el sistema de justicia a
intereses empresariales. Corresponde ahora proponer nuevas formas de
organización social, asamblearias y de los pueblos. Corresponde soñar un país
distinto.
Las presiones empresariales convirtieron el proyecto
hidroeléctrico Oxec en cuestión de Estado y obligaron a la Corte de
Constitucionalidad a una decisión favorable a este proyecto. El resultado es un
contrasentido: una resolución que reconoce violación del derecho de consulta,
en primer lugar, aceptando acto seguido que los violadores continúen
desarrollando su negocio.
Según decisión de 26 de mayo, nuestra amada Corte
de Constitucionalidad (CC) "da sin lugar los recursos de
apelación presentados por la empresa Oxec y por el Ministerio de Energía y Minas"
mas sin embargo "permite la continuación de la actividad
empresarial durante al menos doce meses".
Una empresa y un proyecto ilegítimo e ilegal puede
continuar operando. Sin ser abogado puedo ver la paradoja de una decisión
judicial que reconoce que no se hizo la consulta, pero lo acepta al permitir
que la empresa siga produciendo energía. Es “un sí pero no, dado de la
manera más servil”, afirma José Cruz, miembro del Colectivo MadreSelva y
acompañante de la resistencia comunitaria.
Para rematar, una pirueta juridico-política empeora
la decisión, al ordenar la CC que se realice la consulta pendiente (sí, la que
el Convenio 169 y la propia CC definen como previa, libre e informada).
Si la consulta previa, libre e informada ya no es
posible, ¿qué consulta propone la Corte? La consulta “posterior, perseguida
y desinformada” afirma el abogado Sergio Vives, es decir, la consulta
cuando "ya los proyectos operan y la población sufre persecución
política y es objeto de intimidación y estrategias de persecución" (José
Cruz).
Es un callejón de salida única: durante la
discusión de Construcción de Estándares Básicos para las consultas
comunitarias, iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12
de octubre de 2016, sectores empresariales proponen la homologación retroactiva
de los proyectos en ejecución y la consideración de la consulta como indicativa
y de carácter negociador, no como posibilidad de decisión de las comunidades.
Es de temer que estos y otros aspectos similares iluminen la propuesta de
consulta sobre Oxec en las comunidades.
Funcionaron presiones a la Corte de
Constitucionalidad
Durante meses, una intensa campaña mediática
equiparó Oxec con progreso, abogó por la seguridad y la certeza de inversiones
y amenazó con pérdida de empleos (60,000 en el sector hidroeléctrico, 1,600
aproximadamente en Oxec), incremento de 40% en la tarifa de la luz y caída de
la inversión extranjera (“índice de confianza de inversión
extranjera directa”), si el proyecto Oxec era suspendido de forma definitiva.
La campaña criminalizó a comunidades y
organizaciones sociales (logró extender orden de captura contra uno de los
dirigentes, Bernardo Caal Xol, 29 de marzo) e hizo una fastuosa y peligrosa
equivalencia: defender Oxec es defender a Guatemala; por tanto, los
opositores son malos guatemaltecos. Descalificación de luchas, datos sin
contexto, estrategia del miedo y polarización fueron los principales
argumentos utilizados, que finalmente enredaron a la Corte.
Días antes de la publicación de la resolución, el
director de El Periódico publicó un artículo de opinión donde planteó que la CC
decidiera a favor de “privilegiar el progreso de la Nación y proteger al
país de los francotiradores” (16 de mayo, página 3). En las mismas fechas,
los empresarios propusieron el mecanismo de la “consulta reparadora”,
como forma de legalizar los proyectos que se hubieran saltado el engorroso
trámite de consultar a las comunidades. Tal cual, con otras palabras,
decidieron los magistrados.
La Corte cerró filas con los poderes empresariales
involucrados directamente en el proyecto y con las élites, temerosas del
mal ejemplo de la paralización de un proyecto. Fuera del debate (una vez
más) queda la violación de los derechos de comunidades y el pueblo q´eqchi´
afectado por la construcción del proyecto: entre otros, derecho de consulta,
derecho al territorio, derecho a la participación sin persecución, derecho al
agua, derechos de los ríos y la naturaleza, derecho a decidir el modelo de
organización y el modelo económico, derecho a la libre determinación.
CC cede a presiones: resuelva a favor del proyecto OxecLa resolución de la CC es una de aquellas que refleja “quedar bien con Dios y con el Diablo”. En teoría, el Estado, por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), debe realizar la consulta de acuerdo a lo expuesto en el Convenio 169.Pero por otro lado, queda bien con el empresariado, sobre todo con los vinculados directamente con el proyecto hidroeléctrico entiéndase los prestamistas bancarios guatemaltecos quienes se pronunciaron por medio de la Cámara de Finanzas y, principalmente, por el gerente general del Banco Industrial, Diego Pulido, y otras cámaras como la de Industria, o agrupaciones como AGER y FUNDESA.Son millones de dólares en juego. Tal como citó elPeriódico, el banquero Pulido, refiriéndose a la situación de la cartera crediticia, indicó que el caso de Oxec “le hace mucho daño porque las inversiones buscan seguridad”. “La demanda de crédito ha disminuido por la incertidumbre y el cambio de Gobierno, los funcionarios no toman decisiones, pero es un proceso que deberá ir pasando y generar confianza”, manifestó.
Abrir otros espacios de lucha y
organización
El Estado corporación (Gustavo Castro), construido
por y a la medida de las élites, continúa intacto. Aunque existe margen para la
acción jurídica en el sistema internacional, la empresa continuará “construyendo,
operando, explotando, destruyendo, y las reparaciones no llegan siempre”, recalca
el abogado Juan Castro.
Parece evidente que este Estado, en este sistema de
justicia, con esta Corte de Constitucionalidad y esta institucionalidad, no hay
futuro para los derechos colectivos. “El nudo es una resolución plagada de
vulgaridad pero sobre todo, de ilegalidad, contraria al bien común y a los
derechos de los pueblos indígenas, con severas violaciones al derecho
internacional, por lo que socialmente, debería ser rechazada en el acto”, opina
el político de izquierdas Miguel Ángel Sandoval.
El sistema siempre cierra espacios y se
cierra, refractario a los cambios, enrocado sobre un poder y un discurso
construidos a partir de certezas simples (desarrollo, progreso, individuo,
continuidad) y miedos profundos (a lo indígena, la participación colectiva, la
participación y decisión de las mujeres, el cambio, la construcción plural y
diversa). “El Estado solo sirve de instrumento opresor para defender
los intereses de la élite” indica un comunicado de la Alcaldía Comunal
Santa Rita Salcajá sobre la decisión de la CC.
Corresponde entonces fortalecer otras formas de
organización, un nuevo pacto social desde los pueblos, un proceso asambleario y
constituyente más allá de los límites de esta legalidad e institucionalidad, de
este Estado (fracasado, no fallido) en vías de extinción, más allá incluso de
nuestros sueños tradicionales. Lo tenemos que hacer: por los ríos y la vida
amenazada, por los perseguidos y por los presos, por los derechos
irrenunciables.
