Denunciar el despojo, impedir los desalojos, luchar por la restitución de las tierras ancestrales de los pueblos, exigir el fin de la criminalización, aporta a una nueva Guatemala, cimentada sobre valores de memoria, justicia, solidaridad, comunidad y dignidad. Andrés Cabanas, 2 de febrero de 2018. Imágenes: La Cumbre y Semuy, diciembre de 2017
Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2017,
centenares de efectivos policiales, acompañados de operadores del sistema de
justicia, delegados de instituciones estatales de derechos humanos y
empresarios, participaron en operativos de expulsión de población. Sucedió en
Chab´il Ch´och´, Livingston (28 de octubre, 80 familias), La Cumbre,
Tactic (1 de noviembre, 25 familias) y Semuy, Senahú (3 de noviembre, 19
familias).
Las comunidades fueron forzadas a abandonar los
territorios que ocupaban, en algunos casos desde hacía décadas, a partir de
procedimientos ilegítimos y de legalidad incierta. En todos los casos, los
operativos fueron ejecutados así:
-con carácter sumario (sin preaviso y en pocas horas);
-no contemplaron plan de reubicación;
-no permitieron acceso a defensa (presencia de
abogados de las comunidades);
-se ejercieron con violencia, durante, previamente
(amenazas, presión, apresamiento, capturas) y en días sucesivos.
Testimonios, fotografìas y videos aportados por las
comunidades, así como reportajes de medios
periodísticos y las conclusiones de una misión de solidaridad desarrollada por
la Asamblea Social y Popular y el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija´,
dan cuenta de quema de casas, destrucción de cosechas e infraestructura, robo
de pertenencias y enseres de las comunidades, agresiones físicas y violencia
sexual contra mujeres, tanto por parte de agentes del Estado como de finqueros
y guardias privados contratados por las empresas.
La violencia ejercida implica grave violación de
derechos básicos de las comunidades: alimentación, salud, vivienda, seguridad
(cuando fueron expulsados de sus territorios y hasta este momento), sin que las
instituciones estatales (incluidas la Comisión Presidencial de Derechos
Humanos, COPREDEH, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH)
muestren interés en atender estas situaciones o receptividad para tramitar las
denuncias de la población y de organizaciones sociales.
El
despojo permanente
Los desalojos (expulsión de la población de sus
territorios ancestrales) se fundamentan para el Estado y los empresarios en el
derecho de propiedad privada (un título, independientemente de la forma
fraudulenta y violenta en que ha sido conseguido) frente al derecho colectivo e
histórico del pueblo q´eqchi´a habitar en su territorio y a tomar decisiones
sobre su destino.
Así, desde un punto de vista estado-empresarial, el
desalojo es un procedimiento técnico y una acción legal, con la condición de
que sea operado con la menor violencia posible, sin conocimiento público o con
ausencia de denuncia social. Desde la visión de las comunidades, es otro
episodio del despojo histórico, fundamentado en la negación de los derechos de
los pueblos indígenas y su condición de sujetos.
Desalojos
y criminalización
Hoy, las comunidades continúan exigiendo el
retorno a sus comunidades de origen, al tiempo que la organización y la
solidaridad procuran condiciones mínimas de vida en los terrenos que ocupan de
forma provisional. La lucha contra el despojo sigue en La Cumbre, Semuy y Chab´il
Ch´och´, mientras se prevén otros desalojos, acompañados de violencia y
criminalización. La persecución a líderes comunitarios y comunidades puede
generalizarse.
Antes de los desalojos de Semuy y La Cumbre, dos
jueces extendieron 29 órdenes de captura (23 en la primera comunidad, seis en
la segunda) para debilitar la resistencia de las comunidades, con el agravante
de que las capturas podían extenderse a “las demás personas que estuviesen
ocupando el inmueble”. Un anciano de La Cumbre, Rosendo Chen, estuvo en prisión
preventiva más de tres meses.
La criminalización, de carácter permanente y
estructural, vinculada al modelo de despojo, puede extremarse en esta
fase por la llegada al Ejecutivo (Ministerio de Gobernación) y a puestos clave
en instituciones del Estado (Poder Ejecutivo) de personas directamente
vinculadas a los intereses empresariales en los territorios en disputa. Algunas
dinámicas institucionales apuntan en este sentido:
La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas 2018
elaborada por el Sistema Nacional de Inteligencia señala a las maras como la
amenaza principal para la seguridad nacional, y la “problemática de tierras” y
la “problemática de aguas” como riesgos para el desarrollo (la misma agenda
considera la corrupción una simple vulnerabilidad).
A fines de 2017 ingresó al Organismo Ejecutivo la
propuesta de modificación del Código Penal, Iniciativa 5239, Ley contra actos
terroristas, que amplía la tipificación del delito de terrorismo para calificar
las acciones de comunidades y dirigentes sociales que luchan por su derecho a
la tierra y el territorio.
En el territorio q´eqchi´continúa la detención de
líderes: el día 30, fue detenido Bernardo Caal, dirigente de la resistencia
frente a la destrucción que provoca la hidroeléctrica Oxec. El próximo 7 de
febrero se cumple un año de la detención arbitraria de Abelino Chub Caal.
Guatemala
sin sentido
Cada vez es mayor la diferencia entre necesidades
sociales y prioridades de este Estado y los grupos dirigentes. El
acaparamiento de tierras, el monocultivo que reduce las posibilidades de la
sobrevivencia y anula la biodiversidad, la apropiación del agua y otros bienes
comunes, el racismo que niega a los sujetos de derecho, la conversión del
Estado en una agencia de competitividad empresarial, amenazan la convivencia.
La supeditación de derechos colectivos e históricos al
derecho a la propiedad privada, la certeza jurídica y la seguridad de las
inversiones, convierten la institucionalidad democrática en retórica y
Guatemala como colectividad en una entelequia.
Frente a esta hipótesis de país, denunciar el despojo,
impedir los desalojos, luchar por la restitución de las tierras ancestrales de
los pueblos, exigir el fin de la criminalización, aporta a una nueva Guatemala,
cimentada sobre valores de memoria, justicia, solidaridad, comunidad y
dignidad.
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