La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Hoy, en situación de crisis multidimensional y estructural, la represión no se diluye, sino se agudiza. El Estado continúa construido, y amenaza con reconfigurarse, sobre bases coloniales. Andrés Cabanas, 31 de mayo de 2018.
Poderes
del Estado, empresas nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad
internacional, priorizan sus inversiones frente a los derechos de los pueblos y
frente al propio Estado de derecho. La democracia
se desdibuja en esta visión, es utilitaria o meramente discursiva:
la transición democrática que fracasa cuando no había iniciado. La burla de la
ley o su retorcimiento se convierten en norma. ¿No es así? Analicemos la
impunidad empresarial por delitos ambientales (entre otros, desvío de ríos),
sobornos para obtener licencias, estudios -o falta de- impacto ambiental,
incumplimiento de la consulta, defraudación fiscal, violación de derechos
laborales, contaminación por fumigación, etc.
Maquillando
el despojo
Puestos
a elegir entre inversión y derechos, empresas y la mayor parte de la comunidad internacional no
tienen ninguna duda. Sucedió y sucede en Agua Zarca, Honduras, con Holanda, en
Santa Cruz Barillas con apoyo español y noruego, en Santa María Cahabón con
Florentino Pérez y la "Marca España". La diversidad y carismática apertura del
gobierno canadiense se acaba cuando toca arrinconar la ética y defender sus
indefendibles y destructivas empresas mineras en todo el mundo mundial.
Situación
similar se produce con el cabildeo de los donantes guatemaltecos a favor de la
reglamentación de las consultas comunitarias (especialmente la Unión Europea),
que los sitúa más cerca de las posturas
abolicionistas (de derechos y consulta previa) de las cámaras
empresariales, que de las propuestas antirestrictivas de los pueblos indígenas.
La solicitud de la Embajada de Estados Unidos a la Corte de Constitucionalidad
-CC- para un dictamen sin demora en el caso Minera San Rafael (ver imagen
abajo) forma parte de este proceso. El dictamen
sin demora se refiere, sin duda, a una decisión similar a la
otorgada en favor de los proyectos hidroeléctricos Oxec el 26 de mayo de 2017:
permiso para seguir operando sin consulta, mientras realizan ésta conforme a
los criterios definidos por la propia CC y el Ejecutivo (Guía operativa para la
implementación de la consulta a pueblos indígenas, julio 2017). En fin, legalización de la impunidad
y el gobierno de los
negocios.
Los
artificios verbales maquillan el despojo. Se habla de defensa del derecho a la
propiedad privada, inversión, seguridad, certeza jurídica, progreso,
desarrollo. Se adorna el discurso para evitar mencionar la destrucción, el
deterioro de la Madre Tierra y la convivencia comunitaria, el desastre
ambiental y social que provocan los grandes
emprendimientos. Identidad (negación de la existencia de pueblo
xinka en el área de Minera San Rafael, por ejemplo), medio ambiente, agua,
vida, son derechos menospreciados.
Las
razones de la población son obviadas, aunque estén expuestas de forma directa y clara, como en
el comunicado reciente de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán afectada
por Minera San Rafael:
“No estamos de acuerdo con el proyecto minero. No queremos que la entidad Minera San Rafael SA continúe operando, porque viola nuestros derechos. Lo que queremos es que se vayan y nos dejen vivir en paz, que dejen de herir nuestra madre tierra...A través de engaños, Minera San Rafael obtiene firmas que posteriormente presenta ante las instituciones y accionistas, para tratar de hacerles creer que cuentan con el respaldo y apoyo de la población, y que estamos de acuerdo con el proyecto minero".
Comunicado de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán, 21 de mayo.
Imágenes
que grafican la destrucción no son tenidas en cuenta, si bien podrían servir
para el inicio de investigaciones de oficio por parte del
Ministerio Público (el actual o el anterior, ambos rocosos e
impenetrables para abordar denuncias contra empresas). Observemos sino estas
fotografías de la hidroeléctrica Oxec en Santa María Cahabón, capturadas por Consulta
Comunitaria Río Cahabón, en mayo de 2018.
Más
inversión, menos derechos, resistencia, represión
La
aritmética más
inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la
violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes,
organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los
proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la
medida que proyectos
extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el
bien común se multiplican. Presos políticos y órdenes de captura masivas y
arbitrarias arrinconan a comunidades y organizaciones, obligándolas a elegir
entre derechos-dignidad y
cárcel. Bernardo Caal, Abelino Chub, los comunicadores
comunitarios y pescadores del Lago de Izabal, Jovel Tobar, María Choc, las
comunidades de Mucbilha y San Pablo San Marcos, entre muchos otros casos, son
víctimas de un sistema de justicia y un Estado autoritarios, construidos y
fortalecidos a favor de las empresas.
A la
confluencia de intereses empresarios-ejecutivo-Congreso- Ministerio de
Gobernación-Ministerio Público-operadores de justicia-empresas transnacionales,
para agudizar la persecución, se añade la crisis institucional y social. Un modelo en la antesala del colapso, construido
para la acumulación privada, sin capacidad de construir consensos y sin
mecanismos de oxigenación eficaces (como antes eran las elecciones) tiende a
agudizar la violencia política. La inminencia de un proceso electoral que no
garantiza estabilidad ni gobernanza, pero todavía resulta instrumento adecuado
para el reparto de negocios, incrementa las amenazas para las luchas sociales.
Los
riesgos son, entre otros, la apertura de procesos judiciales masivos bajo los
cargos de hurto de fluidos y usurpación agravada; desarrollo de desalojos pendientes
(¿100?); nuevos encarcelamientos selectivos de dirigentes ( en línea de lo
sucedido con Abelino Chub o Bernardo Caal); persecucion de poblaciones en
resistencia (sujetas políticas y sujetas a proceso, como sucede entre otras en
Mucbilha, 52 órdenes de captura); más atentados y asesinatos, mientras se
modifican marcos legales represivos. La violencia
física (al menos tres asesinatos y un atentado en menos de dos
semanas) completa el cuadro de agresiones.
Asesinatos de Luis Marroquín, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, 9 de mayo; José Can Xol, Comité Campesino del Altiplano, CCDA, 10 de mayo; Mateo Chamán Paau, CCDA, 13 de mayo.
Atentado contra Omar Jerónimo, Coordinador General de la Organización Central Campesina Cho´rti´Nuevo Día, 22 de mayo.
El silencio no es opción
Sucede
en este país, este momento y este Estado, construido sobre la exclusión y el
aplastamiento de los pueblos indígenas, las mujeres y todos los sectores
populares. Un modelo de inversión - a gran escala, extractivista- respetuoso de
los derechos humanos y de la Madre Tierra no es posible. El Estado en la fase
neoliberal es estructuralmente violento y autoritario.
Toca
entonces pensar y construir-fortalecer nuestros proyectos propios. Por eso
queremos otro Estado y modelo de vida, donde las luchas por derechos colectivos
de personas y madre tierra sean principios comunes y no tipos penales. El fin
del Estado finca, neocolonial. El inicio del gobierno de los pueblos. Ello es
viable si y solo si avanzamos hacia la articulación social desde visión
dialogadas y la defensa colectiva y solidaria.