La debilidad del uso de la fuerza

La detención de la directora del Instituto de la Víctima, ex diputada e integrante destacada de Movimiento Semilla, es a la vez exhibición de fuerza y manifestación de debilidad del Ministerio Público. 

Es demostración de fuerza por parte de las autoridades del MP, ya que con ella perseveran en su estrategia de debilitar el actual gobierno y el partido Movimiento Semilla, y en el intento de cuestionar el sistema electoral y la legitimidad de los resultados que dieron la victoria a Bernardo Arévalo hace un año. Con ello también dicen sin decir que cuentan con suficientes e importantes apoyos externos (institucionales en la CC, operadores en el Congreso, municipalidades y otros, así como empresariales) para perseverar en esta estrategia. Un problema, otro más, es cuando las demostraciones de fuerza del ente fiscal conllevan un componente de ensañamiento como sucede de forma significativa en los casos de la ex fiscal Virginia Laparra y el periodista José Rubén Zamora. 

¿Por qué a la vez y en aparente contradicción hablamos de exhibición de debilidad? Por la contextualización de hechos recientes, entre otros:

-Dos comisiones del Congreso no recomiendan el antejuicio contra integrantes del Tribunal Supremo Electoral, lo que tuerce (no anula) una de las vías de desgaste y ataque del Ministerio Público. 

-Al menos temporalmente, los operadores en el Congreso aliados del MP pierden una votación y quedan en situación de debilidad, abriendo un escenario de riesgos para la Fiscal (reforma de la ley orgánica del Ministerio Público u otros mecanismos que comprometan su continuidad). 

-La celeridad y práctica exclusividad con la que el MP atiende casos que afectan a sus enemigos políticos contrasta con el desinterés en otros de gran envergadura y muy sensibles para la población (vacunas, Libramiento, carreteras…) y supone un deterioro importante de la imagen de la Fiscal. La estrategia del MP subvalora la indignación social latente contra la corrupción, especialmente en algunos casos emblemáticos en los que operó y al parecer sigue operando la estructura criminal vinculada al expresidente Giammattei y liderada por Miguel Martínez. El desliz político del diputado Allan Rodríguez, al visibilizar la relación con la Fiscal y revelar un modus operandi, genera más desgaste a la institución. 

-Por vez primera desde la toma de posesión de Bernardo Arévalo, la Fiscal General pierde iniciativa mediática y sus escasos y reiterados argumentos (expresados en videos, no de forma directa ni con posibilidad de interpelación) dejan de tener impacto o generar preocupación, lo que redunda en su idoneidad como operadora política de sectores corruptos. 

Los realineamientos y cambios en la correlación de fuerzas (nunca irreversibles) en el ámbito político obligan a una lectura desde los movimientos sociales y los pueblos originarios, en el sentido de sus efectos y, eventualmente, cómo pueden ser aprovechados para impulsar la agenda política de los pueblos, continuidad de la visibilizada desde el 6 de octubre de 2023. Esta agenda y estrategia implica actuar de forma simultánea en el ámbito institucional y social: mantener espacios democráticos formales y reconstruir a través del diálogo una institucionalidad para el bien común, mientras se continúan fortaleciendo las formas organizativas propias, se impulsa el cambio cultural y generacional con participación protagónica de mujeres y juventudes indígenas, se lucha por la participación protagónica en la toma de decisiones, no solo en el ámbito estatal, y se avanza hacia la construcción de un nuevo modelo de convivencia y organización social, política y económica.

Entonces, ¿echamos a la señora Fiscal?

Más allá del enfrentamiento físico, los tetuntazos dados y recibidos por dos conocidos diputados retratan un comportamiento y una concepción del servicio público muy alejada de la decencia que se supone a trabajadores del Estado, pagados con dinero de todas y todos. Además permiten conocer entresijos de uno de los secretos mejor guardados de los últimos tiempos: cuándo, cómo, a petición de quién, para qué actúa el Ministerio Público, por qué algunos casos denunciados no avanzan y otros reciben toda su atención y recursos. 

En una parte de la imperdible conversación a mamporro limpio entre dos dignatarios de la Nación, el presunto (mientras no demuestre lo contrario) diputado Rodríguez amenaza con “echar a la Fiscal” a otro diputado, si este insiste en negociar con el ejecutivo y el Movimiento Semilla, y no se alinea al sector dominante en el Congreso y el control del Estado durante -al menos- los últimos ocho años. Así es la cosa: las denuncias ciudadanas a las que dice responder el Ministerio Público, el apego estricto a la ley, la firmeza y fortaleza que aparente demostrar y la pregonada objetividad en su accionar se hacen humo cuando un diputado claramente operador de un gran grupo de poder (que involucra otros bloques parlamentarios, el expresidente Giammattei y la mayoría de ministros y encargados de instituciones del Estado durante su gobierno) ordena persecución selectiva, arbitraria, a la carta y claramente política, contra quienes no están con él o están contra él. 

No solamente el diputado auto evidenciado, sino también el Ministerio Público debe responder a estos señalamientos, e intentar desvanecer las grandes dudas o certezas no oficializadas que envuelven su accionar. No va a ser suficiente la reiteración de lugares comunes y sobre todo, negar la mayor, es decir, continuar ignorando la falta de avances en casos de corrupción que vinculan a sus aliados: vacunas, libramiento, hospitales, escuelas bicentenario, carreteras y caminos, vivienda social (Fopavi) y tantas otras. 

La disputa entre diputados puede verse también como disputa entre facciones del poder y su capacidad de articular consensos, lo que debilita las acciones pro impunidad (de aquellos actores amenazados por la investigación de la corrupción) y la estrategia de agresión al  actual gobierno y el Movimiento Semilla (identificado -a pesar de su limitada agenda de reformas- como contrario a sus intereses). No es esta todavía tendencia dominante, ni irreversible, pero sí un escenario que cierra espacios y agota argumentos para el actuar impune del Ministerio Público y algunos otros actores de poder.

Es además escenario abierto, que debe contar con la participación social en forma de denuncias, auditoría social, exigencia de investigación en todos los casos de corrupción (acompañada de reparación por los daños causados y devolución al Estado y a las comunidades de los recursos robados) y, posiblemente, movilización social. 

Se trata de colaborar para echar a la Fiscal General, no en el perverso sentido de orientarla para criminalizar a enemigos-opositores sino para sustraerla del ejercicio del poder que usurpa; no para intermediar en el proclamado conflicto gobierno/Semilla-Fiscal General, sino para dar continuidad a las luchas y demandas del levantamiento nacional: luchar contra la corrupción para comenzar a construir un sistema político orientado al bien común, recuperando la dignidad social y el sentido colectivo como pasos intermedios hacia la construcción de un modelo de convivencia y organización (social, política y económica) desde la visión y la decisión de pueblos originarios y sectores populares. 

Al que no le gusta, que se aguante, porque será costumbre.