La ilusión de la paz

Guatemala: la ilusión de la paz
5 de enero de 2010

Diciembre de 2009, décimo tercer año de la paz y vigésimo cuarto de gobiernos democráticos. El balance resulta pobre: violencia, feminicidio, inseguridad, incertidumbre económica y social, incremento de la miseria, remilitarización, represión. Siete de cada diez mujeres y hombres sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema (distinción que apenas remarca la línea divisoria entre lo inadmisible y lo inaceptable)1. El 49 por ciento de la población padece desnutrición crónica. Se mueven anualmente 50 millones de municiones y circulan tres millones de armas ilegales. Son asesinadas 18 personas diariamente, 40 niñas y niños al mes, más de 600 mujeres cada año, estas últimas en contexto de tortura (al menos el 35 por ciento de los casos) y violación (al menos el 45 por ciento). Los dirigentes sociales sufren amenazas, persecución, encarcelamiento. ¿De verdad corresponden estas cifras a una realidad democrática y una convivencia pacífica?

La comparación con respecto a 1996, año de la firma de los Acuerdos de Paz, es insatisfactoria. Si mencionamos un aspecto específico, la violencia, advertimos que el estratégico fortalecimiento de la seguridad democrática se resiente ante el avance de, al menos, las siguientes dinámicas: • Concepción de la seguridad como negocio (aproximadamente 50 millones de municiones vendidasanualmente; al menos mil quinientos millones de quetzales, 130 millones de euros facturados por la Cámara de Seguridad). • Privatización y corporativización de la seguridad, es decir, su utilización por grupos de poder económico para la defensa de sus intereses. • Criminalización de la actividad económica: incremento del peso de actividades como narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, trata de personas, evasión de impuestos, y vinculación economía legal -economía criminal. • Reactivación del poder del Ejército.

Asimismo, se deterioran las condiciones para la participación política y social. La persecución a miembros de organizaciones populares tiende a limitar las movilizaciones en defensa de los bienes de las comunidades, en protesta por la impunidad, la situación económica o la injusticia social. La violencia contra las mujeres lanza un nada confuso mensaje de retorno al hogar, en momentos de fortalecimiento del movimiento de mujeres y feminista [1], y de impulso de una nueva ética fundamentada en la radicalidad política de lo privado, y la coherencia entre lo íntimo, lo privado y lo público.

Se perpetúa la cultura de la imposición y la confrontación, proveniente de una sociedad en la que la opresión y explotación de pueblos indígenas, mujeres y población mestiza pobre es base de la acumulación. Paulatinamente, pierden fuerza el discurso y la cultura de la paz: frente a la colectividad, la humanidad, la solidaridad, el diálogo, se impone una visión individual, competitiva, impositiva, de ganapierde y sálvese quien pueda, o sea, quien acumula riqueza y privilegios históricos. El esquema de poder continúa intacto: no ha habido cambios de fondo [2] en cuanto a su democratización (medio) ni a la redistribución (resultado). Por el contrario, se fortalece el modelo económico de raíz primaria agroexportadora; el Ejército gana fuerza como institución generadora de “paz social”; la presencia de empresas transnacionales y el narcotráfico, con influencia directa sobre la institucionalidad y los mecanismos de toma de decisión, genera un nuevo reordenamiento (anti)democrático. En este marco, el Estado se aleja de una visión articuladora, favorecedora de consensos en lo económico y lo político. Es un estado débil desde el punto de vista de la sociedad; fuerte como Estado empresario, Estado militar, Estado corporativizado o Estado criminal.

Espejismo socialdemócrata

La desilusión de la paz se completa en el actual Gobierno, el cuarto tras la firma de los Acuerdos. La caracterización de este Ejecutivo, formal e internacionalmente considerado socialdemócrata, puede hacerse a partir de sus medidas económicas, concretadas en el programa de Cohesión Social, la “pasión” y la seña de identidad del Gobierno, según afirma el presidente.

Lo positivo de este programa, fundamentado en la transferencia condicionada de recursos, reside en la existencia, por vez primera en los últimos gobiernos, de voluntad política orientada hacia la población pobre (o desamparada, siguiendo la categorización de Aurelio Alonso) [3]. Lo negativo reside, sobre todo, en la contradicción insalvable entre políticas sociales favorables a población pobre y políticas económicas definidas por intereses corporativos. Y, por consiguiente, en el hecho de que el programa del actual Gobierno no contempla cambios económicos estructurales.

Así, mientras se entregan mensualmente por familia 300 quetzales (25 euros) en menos de la mitad de los municipios del país, el Gobierno limita el alcance de la modernización fiscal, impulsa la producción de agrocombustibles o la generación de energía a partir de grandes hidroeléctricas y carbón mineral, extiende el contrato de las petroleras, desoye los resultados de las consultas comunitarias y la opinión de pobladores de San Juan Sacatepéquez, opuestos a la instalación de una cementera, y de San Miguel Ixtahuacán, a la minería.

La Solidaridad (con mayúscula, al ser lema del actual Gobierno) camina a la par de la defensa de intereses consolidados pero sectoriales: corporaciones tradicionales, productores de agrocombustibles, empresas mineras, bases de partidos tradicionales, hidroeléctricas, constructores de discrecional y a veces muy efímera infraestructura, financiadores del partido, sectores sociales aliados ante el temor de una involución ultraderechista, transnacionales y comunidad internacional, sobre todo vinculada a la Internacional Socialista y a algunos gobiernos progresistas del continente americano, sectores del Ejército y el narcotráfico, sectores evangélicos como paradigma justificador o cohesionador [4].

Intereses corporativos y particulares determinan las decisiones políticas y las legitiman con medidas compensadoras y amortiguadoras, tan necesarias en el corto plazo como inocuas para el futuro. Frei Betto, coordinador durante 687 días de Movilización Social en el Programa “Hambre Cero” en el primer Gobierno de Lula da Silva en Brasil, afirma que a partir de políticas sociales se puede construir un proyecto de poder (gobierno) pero no se puede construir un proyecto de nación. Frei Betto abandonó el programa cuando consideró que había perdido fuerza emancipadora y había abandonado reformas estructurales complementarias y necesarias, como la reforma agraria, discusión pendiente en Guatemala.

Crisis de gobierno o crisis de modelo

Tras 36 años de guerra civil y muchos más de explotación, opresión y violencia de Estado, la arquitectura de la paz precisa consenso y apertura para redefinir hacia la equidad el modelo político y económico y para romper con dinámicas seculares de imposición y concentración del poder. Precisa igualdad en vez de búsqueda de maximización del beneficio.

Por el contrario, se profundiza el debilitamiento de la institucionalidad y la política concebidas en función del bien común, se apuesta por el predominio de la violencia y el fortalecimiento del Estado corporativo, subordinado a lógicas y actores de poder, tanto nacionales como transnacionales, tanto legales como criminales. Se profundiza el deterioro, si alguna vez existió, de un proyecto de Guatemala concebido como espacio común, incluyente, participativo. En definitiva, el deterioro, no coyuntural ni transitorio, del proyecto de convivencia surgido en el marco de los Acuerdos de Paz que adicionalmente se percibe como tendencia regional: respuesta involucionista en esta etapa de crisis/reconfiguración del modelo económico, grandes movilizaciones sociales comunitarias y predominio geopolítico de fuerzas progresistas en el continente americano. Este neoautoritarismo o “rearme ideológico de la derecha”, como afirma el periodista uruguayo Raúl Zibechi, desconoce la democracia formal y en Guatemala apunta a la marginación definitiva de los Acuerdos de Paz e incluso de la institucionalidad democrática derivada de la Constitución de 1985.

El espíritu de la paz

El balance debe hacer referencia al actual ciclo de luchas sociales, en el que se fortalecen nuevas demandas (defensa del territorio, nacionalización del sector eléctrico, derechos sexuales y reproductivos) no incluidas en los Acuerdos, y adquieren protagonismo actores fortalecidos en las dinámicas “identitarias” y la articulación intersectorial (éste es, en mi opinión, uno de los grandes logros del proceso de paz: la construcción de movimientos sociales a partir del reconocimiento de la pluralidad de los sujetos transformadores). Además, se empieza a abrir un nuevo ciclo de lucha por transformaciones estructurales: la refundación desde la raíz de nuestro modelo de organización y convivencia.

En esta fase es imperativo partir de reflexiones autocríticas. Entre ellas, el reconocimiento de que los cambios sociales no van a producirse por sí mismos, que los grupos de poder no van a ceder voluntariamente sus privilegios, que el Estado no va a modificarse sino es a partir de la organización y la presión de la sociedad. En este sentido, el reconocimiento de que los procesos de diálogo y la apuesta institucional efectuadas por el movimiento revolucionario inmediatamente después de la firma de la paz es insuficiente, si no va acompañado de movilización y organización estratégica.

En segundo lugar, el reconocimiento de que una organización, desunida y aislada de otras, con visión hegemónica de actores y/o sectores (sobre pueblos indígenas, sobre mujeres) o con invisibilización de demandas (comunitarias, de diversidad sexual, etáreas…), no podrá impulsar las transformaciones necesarias.

A partir de aquí se trata de propugnar un nuevo pacto político que se reapropie del espíritu transformador que dio origen a los Acuerdos de Paz, asumiendo las demandas incumplidas, planteando otras a la luz del contexto actual, desarrollando una metodología de cumplimiento donde lo fundamental no sea la voluntad del Gobierno ni el diálogo no vinculante, con el objetivo de alcanzar un nuevo marco de convivencia fundamentado en el respeto, el diálogo, la inclusión, la vigencia de los derechos universales de todas y todos, y los derechos específicos y colectivos de pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, “minorías” sexuales. Un marco novedoso, sustancialmente distinto del hegemónico dominante pero también de los modelos tradicionales transformadores.

En este punto, la paz es concebida como proceso más que como agenda y documento: como cultura, como espíritu, como estrategia, como apuesta social más que institucional, como movilización masiva (hoy considerada amenaza), como fin y como medio. La paz, sobre todo, como propuesta referencial y generacional para Guatemala, el “minúsculo pedazo de tierra que por ahora nos toca transformar”, como escribió Mario Payeras en “Latitud de la flor y el granizo” [5]. Minúsculo pero enorme, al igual que los desafíos y la esperanza que genera. Una construcción conjunta, colectiva, plural y permanente: la paz futura como ilusión recuperada.

Notas


[1] Incluso la denominada violencia común resulta funcional a esta lógica desmovilizadora.


[2] Sin cambios de fondo, se produce la readaptación de sectores de poder a nuevos ejes de acumulación (agrocombustibles), al predominio del capital financiero e incluso a la economía vinculada al narcotráfico.


[3] Para el sociólogo cubano y subdirector de Casa de las Américas, la pobreza describe un estado de carencia, mientras el desamparo es la relación social que impide el que ese estado de carencia se supere.


[4] En la línea del pragmatismo individualista resignado definido por Andrés Pérez Baltodano.


[5] “Renovar, con la lucidez que otorgan el trabajo y la lucha. Únicamente entonces Guatemala –el minúsculo espacio que por ahora nos toca transformar en la Tierra- será un fragmento del mundo sin azacuanes extintos, donde en cambio gobernemos los procesos de la flor y el ciclo del granizo”.