Democracia o dictadura

Diecisiete años después de la firma de la paz, el momento es de polarización, exclusión, violencia institucional, ofensiva sobre los territorios... Esta crisis estructural puede devenir en cambios profundos: modificación del sistema económico y político tal y como hoy lo conocemos, con sus marcos de referencia (leyes, partidos, actores, instituciones, modelo económico, constitución). Los escenarios de ruptura se concretan en: ruptura autoritaria o ruptura/alternativa popular emancipadora (ambas ya procesos en construcción).

Esta serie de artículos, escritos en diferentes momentos de 2013 y 2014, profundizan en esta encrucijada. Ruptura autoritaria o alternativa popular emancipadora. Dictadura o democracia ampliada. ¿Por dónde se va a romper la pita? 


Democracia de los pueblos frente al gobierno sin derechos


Si a la democracia le recortan derechos, acuerdos y la expresión de la voluntad de las mayorías, queda esto: la arbitrariedad como norma, la violencia como conducta, la exclusión como proyecto.

Queda el actual gobierno/esquema de poder en Guatemala, caracterizado por el debilitamiento del Estado (vacío de recursos, autoridad y legitimidad); la supeditación de instituciones y leyes al dictado de las empresas (gobernabilidad empresarial); la estigmatización de la demanda y defensa de derechos; la persecución final (o ustedes o nosotros) de la organización social. La política se vuelve puramente discrecional: incumplimiento de leyes, carencia de procedimientos, vulneración de autonomía de instituciones, supeditación a la arbitrariedad del Presidente y cualquier grupo económico. 

La democracia formal es sustituida por un acentuado autoritarismo político. La Constitución de 1985, y el marco legal e institucional de ella derivada, no son hoy totalmente funcionales a las necesidades de acumulación: cada vez más actores coquetean con proyectos políticos formal y marcadamente autoritarios, sin concesiones a la democracia representativa. Se promueven, así, reformas o rupturas constitucionales para la constitucionalización de la soberanía de las minorías (Álvaro Velásquez), con líneas de identidad claras: 

reducción de derechos colectivos (subordinación de los Convenios Internacionales, entre otros el Convenio 169, a la legislación nacional);
reducción del papel del Estado a la salvaguarda de la certeza jurídica de las inversiones (para impulsar un modelo determinado de desarrollo);
consideración de todos los bienes naturales como susceptibles de mercantilización: 
privatización ilimitada: del subsuelo, propuesta entre otros por el CIEN; del mar, propuesta por la Universidad Marroquín; 
ampliación del periodo del actual ejecutivo, para fortalecer el proyecto oligárquico-militar;
control institucional.

Las leyes económicas, aprobadas por el Congreso o en discusión, avanzan en el mismo sentido: amplían exenciones fiscales e impunidad para empresas (propuesta de Ley de inversiones y empleo); subordinan (en su dinámica de aprobación) a las instituciones; tipifican la protesta social como delito (Ley Tigo, propuesta de Ley de servidumbres de transmisión eléctrica). Las leyes construyen por sí mismas un nuevo pacto político y económico, que garantiza el actual modelo de acumulación a costa de la pulverización de derechos, de forma contundente y a veces inadvertida. Por ello las diferentes propuestas de reforma constitucional, incluido el intento de ampliación de periodo presidencial, son estratégicas: van más allá de tácticas de ensayo y error, o distractores. 

El nuevo marco constitucional, en construcción, implica acuerdos entre actores: economía criminal, transnacionales, economía emergente, ejército, oligarquía, gobierno (los acuerdos no excluyen disputas por el control de negocios y el poder político). Es a la vez continuidad y adecuación del pacto histórico Oligarquía-Ejército, en momentos en que éste tiene poder económico autónomo y por tanto exige mayores cuotas de decisión. La presencia protagónica del Ejército confiere a este momento una inequívoca identidad autoritaria.

Democracia de los pueblos

Lo que en teoría tenemos: posibilidad de elegir a través de partidos, división de poderes, vigencia formal de derechos. Lo que vivimos: dictadura cívico militar, proyecto neoliberal militarista, gobierno de las corporaciones… Se juega a la decisión electoral mientras se apuesta por la ruptura autoritaria.

La política se empequeñece y nos empequeñece: un Presidente de muy limitados recursos opina de todo y contra todo; los partidos políticos acentúan su identidad de empresas y sus intereses de corto plazo; las instituciones autónomas son el trampolín para el enriquecimiento. La falta de cuidado de la vida (asesinato común de Patricia Samayoa como consecuencia de la crisis política estructural), la homogeneización y simplificación del pensamiento (el Mundial de fútbol como catalizador), la pérdida de valores (multiplicación de la corrupción institucionalizada), la extrema individualización (abandono de proyectos y derechos colectivos), los ataques a mensajeros que portan otros mensajes (expulsión de dos voluntarios de Brigadas de Paz, juicio contra Daniel Pascual) fortalecen este poder autoritario, en medio de la pasividad y la atonía.

El reto, para todxs, es mantener la convicción democrática en esta acelerada descomposición autoritaria y pro militar: la utopía de la construcción y ampliación de una democracia concebida desde los derechos y no desde los negocios; la legitimación de la organización y la participación en vez de la represión; el gobierno de los pueblos y no de los caprichos. La apuesta inequívoca por la transformación pacífica frente a la legitimación de la violencia (por tanto, de la imposición y la exclusión).

El reto es, además, articular de forma plural los espacios de protesta y propuesta (recreados desde pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, movimiento de jóvenes, luchas sociales y otros), a partir de miradas integrales, para un nuevo ejercicio del poder. 
7 de julio de 2014 


Resistencias masivas frente a la agresión permanente


El desalojo violento del campamento antiminero en San José del Golfo (23 de mayo) y las intensas amenazas de encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte de Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva contra actores en resistencia.

La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial. 


El marco contextual, jurídico y político de las recientes agresiones

El lujo de fuerza (física y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad expresada de llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar proyectos económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las necesidades de las empresas transnacionales, empresarios locales y actores institucionales, quienes juegan contra el tiempo o con los tiempos, porque conciben 2014 como el año de la reconfiguración autoritaria del poder, para la profundización del modelo de acumulación.

Así, los recientes ataques se apoyan en medidas de corte político y jurídico que institucionalizan la agresión. Entre otras:

la elaboración de una batería de leyes penalizadoras de la resistencia (ley de túmulos, ley de celulares, ley de servidumbres en discusión);
la defensa de los derechos de las empresas frente a los derechos colectivos y las finanzas del Estado (ley de inversión y empleo);
la apertura de un nuevo ciclo en el Ministerio Público y el sistema de justicia, ¿más proclive a la criminalización?;
la discusión sobre nuevas figuras para penalizar la resistencia (derecho penal del enemigo, según análisis de Gustavo Illescas, de Centro de Medios Independientes, que mitigaría la dificultad de conducir procesos por terrorismo);
la apuesta política por la confrontación: en San José del Golfo se ataca a la resistencia pacífica, inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se señala con nombres y apellidos a los dirigentes que interlocutan con el gobierno. Se cierran peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan respuestas violentas de las comunidades?;
la consolidación del gobierno (o la figura de Pérez Molina) a partir de la concentración de poder;
el llamado (efectuado por la Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados en Huehuetenango) a reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir –con condenas- procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a abrir cuando y donde sea necesarios nuevos procesos;
el (re) empoderamiento del Ejército y la progresiva construcción militarizada de la Policía Nacional Civil (fuerzas élite de combate). 

La ampliación del periodo presidencial (o la reelección vía reforma constitucional u otras) forma parte de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores económicos poderosos crece el convencimiento de que el actual gobierno y/ un modelo personalista, centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este marco se produce un debate o se genera un acuerdo tácito: la reelección del Partido Patriota o directamente del equipo gobernante (vía ampliación de mandato u otras) a cambio del apoyo irrestricto (cuando sea necesario, violento) del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad a la expansión de las empresas. 

El pacto de la impunidad (para el fin del juicio por genocidio y la elección de nueva fiscal), que incluye a actores de la oligarquía, economía criminal, economía emergente, militares y gubernamentales, es la sombrilla protectora de esta nueva amenaza. 

La agresión estructural 

Inserta en una coyuntura inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo, estructural, de carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de espectro completo, la socióloga mexicana Ana Esther Ceceña identifica tres características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad.

El avasallamiento opta “por una purga general, relacionada con las tareas de prevención y disuasión pero con propósitos de más larga duración”. La simultaneidad implica “atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un enjambre de avispas, en todos los ámbitos de la vida social” (no se refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal, institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la “invalidación de los referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de comportamientos ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es decir, el Estado de Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de excepción y una tierra de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la guerra no es un medio sino el fin para el despojo permanente (guerras infinitas) y donde el enemigo es la otredad en todas sus formas, sobre todo aquello que “no se conoce y que siempre ha estado invisible”.

Así, la agresión contra organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala es permanente. Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en fases que no implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva, avanza, genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y políticamente. Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los articula, ver al respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta y divide en el nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a través de la deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas. Involucra actores privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores gubernamentales, actores internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el Congreso, las empresas, los operadores de justicia incluso en niveles micro (jueces de paz, agentes fiscales), columnistas, programas de radio y televisión. Ubica como enemigos a quienes no encajan en la visión dominante. Se multiplica en la indiferencia, la pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o generalizadamente. Tiene, siempre, una voluntad política desmovilizadora, un efecto ejemplificador. 

Defensa del optimismo

El carácter estructural y permanente, de espectro completo, de la agresión, no la convierte en indetenible. La agresión se acelera porque la consolidación de resistencias pone el peligro el modelo de acumulación y el proyecto político de dominación. El otro, el enemigo desconocido que menciona Ana Esther Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por la defensa del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos extractivos, que opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No es casual la fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del Golfo, convertido en símbolo de lucha. 

Los análisis de actores y riesgos realizados por el gobierno y empresas transnacionales mencionan intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la capital o extranjeras como actores principales de la resistencia, en cualquier cosa unas pocas personas en cada lugar. Pero la resistencia se fortalece y crece en sus dinámicas propias: la defensa del territorio, el actor montaña, la dinámica tiempo-memoria-historia, el pueblo como sujeto activo, la libertad y la identidad como motor, los derechos como referente. Es una lucha que va más allá de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua y los recursos. Es la lucha y la razón de la dignidad: frente a la violencia, la división, la explotación, la imposición y la mercantilización de la vida. Es una lucha en ascenso, progresivamente consciente, argumentada, integral: abarca la cosmovisión, la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la actuación del poder, pero también la comprensión de un sentido filosófico e integral de vida. Rebasa viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.

Es irreal pensar que el sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos económico-destructivos (la generación de riqueza a partir de la destrucción ambiental y social). Pero no es incorrecto creer que es posible enfrentarlo, a condición de… La condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña, concebir resistencias de espectro completo. Es decir, la posibilidad de enfrentar el modelo a partir de la generación de condiciones adecuadas, traducidas en condiciones organizativas. Entre otras, este condicionalidad puede convertirse en realidad:

Si utilizamos todos los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo que implica articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las movilizaciones y demandas comunitarias y de los pueblos, y desarticulada de los sujetos comunitarios, se convierte así en un ejercicio inútil, costoso, funcional a la reproducción del sistema.

Si entendemos y analizamos mejor el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de acumulación y reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas (cómo se articula la economía criminal con la formal; cómo funcionan los fondos de inversión; cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco de opacidad societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación; cuáles son las estrategias permanentes y las cambiantes...) 

Si promovemos formación y análisis político y estratégico constante, autocrítico, no complaciente, en cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.

Si no caemos en la provocación de la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación de la política por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva armada del capital.

Si acumulamos, y por tanto concebimos la articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.

Si no existe una sola estrategia, una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque es imprescindible la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos, la conducción política unificada (Domingo Hernández Ixcoy).

Si politizamos la indignación y los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno a la indiferencia.

Si no imaginamos o exacerbamos diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos, comunidades y organizaciones. O si, de existir estas diferencias como insuperables, las debatimos y solucionamos.

Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo. 

Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.

El proyecto de acumulación y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo que pase”, como afirman prominentes empresarios transnacionales (Luis Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito, se construye en la interrelación y disputa de actores y proyectos.

Se trata de revertir la historia y su interpretación, construida desde el poder, frecuentemente derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que ya está liberada la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya, símbolo de la resistencia, cae.

Lo que sucede en realidad es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria frente a un modelo construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.

Lo que sucede es la constatación de la fortaleza acumulada durante dos años de campamento en el lugar conocido como La Puya: construcción de organización, comunidad y solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la comunidad

Lo que sucede es que después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las solidaridades.

Se cierra un campamento y se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para continuar la resistencia, necesariamente estructurales, integrales y articuladas. 

La agresión permanente, en apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad de un modelo concebido desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe enfrentar con las armas contrarias: la participación masiva, que construya un país y un mundo de todxs y para todxs.
26 de mayo de 2014


Democracia vs. Dictadura


[1] Control político y saqueo de instituciones (aduanas, Secretaría Presidencial de la Mujer, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social). Centralización de la toma de decisiones por el Presidente (autoritarismo). Aprobación de leyes sin debate. Ampliación de exenciones y favores fiscales a las empresas (a partir del control de la Superintendencia de Administración Tributaria y la discusión de la Ley de promoción de inversiones y empleo, que operan en detrimento de la recaudación de miles de millones de quetzales para salud, educación, vivienda…). Legitimación de la violencia. Expansión del individualismo y el mercantilismo (la solidaridad en horas bajas) como valores fundamentales: de la persona y la “nación”. Restricción de libertades (opinión, participación, movilización, oposición, resistencia) y persecución del ejercicio de las mismas. Anómala selección de candidatos para Jefe del Ministerio Público, cuando algunos de los mejor calificados no acceden a la elección final (“pacto de impunidad”)[2].

Este es el panorama, esta es la radiografía de un régimen de derechos en entredicho y una institucionalidad construida en función de intereses privados mercantiles. ¡Alto! la dictadura guatemalteca está en reconstrucción, aunque utilice perversamente las leyes y las formas representativas para expandirse.

El poder se cierra y protege a sí mismo. El Congreso aprueba leyes que favorecen a las empresas transnacionales y locales, que a su vez financian/sobornan partidos, los cuales operan intereses de economía formal y/o criminal, todo ello bajo la mirada complaciente (no omnisciente pero autoritaria) del Presidente, y la legitimación de reproductores ideológicos de la opresión como los medios de comunicación, los cuales avalan y fortalecen el poder violento y un sistema de impunidad auspiciado por abogados y operadores de justicia, muchos de los que son elegidos por el Congreso, que aprueba leyes que favorecen a las empresas.

En su expansión, el poder se revela autoritario, sin fisuras ni decoro. Por el contrario, visibiliza y exalta el uso de la fuerza, más allá de formalidades y apariencias democráticas propias de otra época: otra fase de la acumulación (la privatización de activos del estado posterior a la firma de los Acuerdo de Paz); otro momento en la correlación de fuerzas (procesos de diálogo abiertos por la firma de la paz); otro contexto internacional (neoliberalismo matizado por el Estado del bienestar y fuerzas socialdemócratas).

Hoy es la feria, perdón, la época de la desaparición del estado social y la democracia representativa, sustituidos sin transición por el socio fascismo, la mercantilización extrema, el poder legitimado del 0.001% de la población, como afirman la publicidad (revista Forbes en vallas publicitarias en las calles capitalinas) y las estadísticas. La acumulación basada en el despojo de territorios precisa de la violencia y permea la institucionalidad.

Se proponen reformas constitucionales para limitar derechos y favorecer la mercantilización y explotación de todos los recursos (por ejemplo, la pretendida privatización del subsuelo a través del usufructo del mismo, defendida por la Universidad Francisco Marroquín). Se apuesta por la reelección presidencial, es decir la reelección de Otto Pérez Molina, a sabiendas de la imposibilidad constitucional (legal) de la misma. Se coquetea, así, con el Golpe de Estado y se coquetea con la dictadura, o ya la vivimos, en su sentido de gobierno sin apego a la ley o que utiliza de forma desigual la misma: cuando me conviene sí, cuando no me conviene no, parafraseando las palabras de la socióloga argentina Isabel Rauber tras el golpe de estado en Honduras, cuya prolongación regional estamos viviendo.

El autoritarismo acuerpa la acumulación empresarial. Simbólicamente, la Constitución de 1965, heredera del golpe de estado militar de 1963, cuyas fuentes básicas son el anticomunismo, la contrainsurgencia y la Ley de Orden Público, se convierte en referente de “nueva” organización (Mario Fuentes Destarac): paso atrás o actualización del poder militar aliado con sectores económicos, formales y criminales, tradicionales y emergentes. 

El horizonte no parece admitir discusión para las fuerzas económicas: se trata de reconocer la primacía sin discusión de los derechos mercantiles sobre los derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, y de organizar la sociedad en función de esta doctrina. La paradoja –o la coherencia extrema de esta propuesta- es que puede basarse en instituciones o en su desconocimiento absoluto; construye leyes y las niega al mismo tiempo; dialoga y ejerce la violencia.  

Es oficial. Se acaba la democracia, sino detenemos la involución autoritaria pro empresarial, prefigurada en la cascada de leyes y normas aprobadas (sin debate) o en discusión en el Congreso: solamente este año, Ley de servidumbres de transmisión eléctrica, Ventanilla única de importaciones, Ley de promoción de competitividad y empleo, Circunscripciones económicas, Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, Ley de promoción de la competitividad y empleo, reordenamiento militar, y otras. Rasgos comunes en estas diferentes normas son los siguientes:

convierten el desarrollo empresarial en interés nacional;
favorecen intereses de grandes (y pocas) empresas transnacionales, sin consideración a las empresas medianas, pequeñas, cooperativas, comunitarias;
niegan el pago de impuestos, a pesar de la autonombrada responsabilidad social empresarial;
subordinan al estado;
en la práctica, crean espacios territoriales de legalidad y normatividad definidas por las empresas, al estilo de las Ciudades Modelo;
verticalizan el ejercicio del poder y fortalecen lógicas de exclusión;
atacan la autonomía municipal;
penalizan la oposición a las inversiones, reprimiendo la organización y oposición comunitaria;
asumen el ejercicio de la violencia institucional para imponer proyectos económicos.  


Ley aprobada o en discusión
Descripción e implicaciones
Ley de servidumbres de transmisión eléctrica
Para garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica (popularmente, torres de transmisión) sometido a un retraso de aproximadamente dos años, la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo Gubernativo 145-2013 (que declara de “urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de energía eléctrica”, e impulsa la Iniciativa de Ley de Servidumbres de Transmisión Eléctrica.
La combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al eliminar la obligación de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de Consejos de Desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la protesta, al otorgar a un Juez de Paz o Tribunal de Primera Instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a   su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto.
Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos o Ley de telefonía 
Favorece oligopolios. Elimina la autonomía municipal y la posibilidad de recaudación municipal. Penaliza con ocho años de cárcel la oposición a instalación de infraestructura municipal. Convierte a la Superintendencia de Telecomunicaciones en el ente encargado de otorgar licencias de construcción de infraestructura, en detrimento de la autonomía municipal. Elimina la posibilidad de que las municipalidades obtengan beneficios económicos a cambio de la instalación de infraestructura (establece un pago único en vez de los pagos mensuales o anuales requeridos por las Municipalidades). 
Ventanilla ágil para las importaciones, reducción del poder de la SAT y falta de tributación empresarial
Fruto de alianza estratégica entre el sector privado y el gobierno para facilitar trámites de importación, que en la práctica reduce la capacidad de supervisión (y recaudación) de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En la misma línea, se encuentra el Anteproyecto de Ley Marco del Sistema de Competitividad y Productividad, iniciativa 4647
Títulos de usufructo del subsuelo
La propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que “El dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un título, de forma similar a cómo funcionan los títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la constitución, pero (quien) posee una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.
Según sus promotores la propuesta elimina “el conflicto por el subsuelo” y favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre el subsuelo: “¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar —si ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?” afirma Ramón Parellada, de CIEN.
En la práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se quiere dar al mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no deberá, siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir la oposición de las comunidades y el consentimiento previo y derecho de consulta: sin sentido en espacios que los nuevos títulos reconocen como privados.
La propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la historia.
Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
La primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas:
Exención del Impuesto de Solidaridad durante 20 años.
Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta por inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realice la empresa, durante 20 años.
Exención por la compra, permuta o transferencia de dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante diez años.
Exención de derechos arancelarios a la importación, y exención del Impuesto al Valor Agregado en importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen las empresas en procesos productivos, de forma indefinida.
En la práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se instalen en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas, y resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos de Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos). 
Circunscripciones económicas
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos.
Elaboración propia. 

La elaboración de leyes favorables a intereses particulares; la persecución a la organización social y los defensores de libertades; el debilitamiento de un Estado garante de derechos; la construcción de una institucionalidad y una legalidad proempresarial (o la superación autoritaria y por la fuerza de la misma) avanzan sin retrocesos y sin punto final. El sistema económico funciona a partir de la multiplicación y crecimiento constante de ganancias. A un negocio debe suceder otro, a una empresa e inversión otra nueva: gas natural o gas de esquisto (aprovechando el gasoducto binacional recién aprobado por los presidentes de Guatemala y México); privatización del agua (perdón, gestión integrada del recurso hídrico, con recursos entre otros de la cooperación española); privatización del mar (me excuso: desarrollo de los derechos mercantiles, como afirma el profesor peruano Enrique Ghersi, también profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín). De todo se pueden obtener ganancias: disculpen, es desarrollo, civilización y progreso.

Este nuevo ciclo de reconfiguración autoritaria (Simona Yagenova), promilitar, que sustituye el ciclo de la Constitución del 85 (basado en principios de democracia representativa y vigencia del Estado de derecho, aunque de corte limitado) busca estabilizarse al menos los próximos 25 años, tiempo de “usufructo” de concesiones mineras, hidroeléctrica o petroleras, y de las facilidades tributarias y exenciones previstas en la Ley de promoción de inversiones y empleo.

La alternativa al vaciamiento institucional, legal, democrático, a la reversión de los (escasos) derechos y libertades vigentes, al incremento de la persecución y criminalización, es la construcción de nuevas formas de relación social, la promoción de valores colectivos, la definición de una institucionalidad y legalidad favorables a las mayorías, la apuesta por la ampliación del ejercicio de derechos, la promoción de la vida, y no la acumulación de ganancias, como eje de la acción política.

La alternativa pasa por la recuperación de principios que dieron vida a los Acuerdos de Paz (no necesariamente la literalidad incumplida y desactualizada de dichos acuerdos): la comprensión de la paz como proceso más que como documento; como apuesta social más que institucional; como movilización masiva (hoy considerada amenaza); como cultura  de transformación y no como razón pragmática; como construcción conjunta, plural, permanente y entusiasta, en  vez de la actual epopeya del desencanto, síntesis de lo que no fue.

La paz entendida como propuesta ilusionante, aglutinadora y colectiva: referente y guía de la agenda de cambios pendiente en Guatemala.
6 de mayo de 2014


Notas
[1] Continuidad del debate propuesto por Miguel Ángel Albizures: "La disyuntiva para los amantes de la paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun con todos los riesgos que sigue representando el ejercicio de los derechos ciudadanos en Guatemala". Texto de MAAlbizures
[2] Comunicado de organizaciones defensoras de los derechos humanos: “La dirección del Ministerio Público (MP) es una posición clave y determinante para la garantía de justicia pronta y cumplida (…) La nómina de candidaturas que ha elegido la Comisión Postuladora, responde al pacto de impunidad que busca consolidarse. Un pacto que ha reunido en torno a la sombra de la impunidad tanto a estructuras responsables de graves violaciones a derechos humanos, como a sectores del poder económico oligárquico tradicional así como a sectores del crimen organizado". 


Más empresas, menos democracia


No hay tregua en la ocupación de territorios y explotación de recursos por parte de las empresas y sus aliados, nacionales e internacionales, gubernamentales y privados.

No hay marcha atrás en el modelo acumulativo extractivista. A un proyecto sigue otro, en cualquier espacio y ámbito imaginable. A las viejas y conocidas amenazas se suman nuevas, igualmente dañinas en términos de destrucción ambiental, disociación comunitaria, ejercicio de violencia y por tanto, en términos de retroceso en la convivencia democrática y social.

Expansión ilimitada

Un modelo económico depredador y de búsqueda ilimitada de beneficios afecta a la totalidad del país y sus habitantes. Ningún sector está excluido: proyectos auspiciados por el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, en energías renovables, electricidad, alimentación, infraestructura, comunicaciones, medicinas, servicios… cualquiera que podamos imaginar.

La lógica de megaproyectos, con alto impacto ambiental y social, se multiplica:

El gasoducto binacional México Guatemala (pendiente de ratificación presidencial) se extiende a lo largo de 500 kilómetros y al menos 6 departamentos del país, si se traza una línea recta desde Oaxaca en México (punto de partida) hasta Escuintla (punto de llegada en Guatemala) que atraviesa Chiapas, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu y Suchitepéquez.

La hidroeléctrica Xalalá (Ixcán, Uspantán y Cobán, con capacidad instalada de aproximadamente 181 MW), desplazarará a miles de personas. Si en 1978 la construcción de Chixoy, 300 MW, se hizo a costa de masacre y desplazamiento forzado, hoy se habla sin rubor y sin memoria histórica de proyectos similares o de mayor envergadura, cuyas consecuencias negativas crecerán. 

La demanda de gas de esquisto en Estados Unidos puede impulsar su producción en Guatemala: la empresa City Petén, que explota dos pozos de gas natural en el departamento, confirma la existencia de gas de esquisto en el oriente del país. No importa que para extraer este gas sea necesario inyectar toneladas de agua y químicos venenosos a través de túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro de ancho (técnica denominada fracking, fractura hidráulica, altamente contaminante). El gasoducto binacional viabilizaría la exportación de este producto.

El proyecto de Canal Seco en el oriente del país abarca 372 kilómetros lineales y 46 municipios, sin que esté claro el estatus del territorio y las personas una vez todas las tierras sean vendidas y concesionadas (a día de hoy, el proyecto permanece estancado, oficialmente por falta de fondos, extraoficialmente por competencia entre capitales: capital emergente y capital ligado a los militares frente a los intereses de capitales oligárquicos).

La concesión de territorios, síntoma de la expansión transnacional, empieza a ser preocupante. Un ejemplo: las quince licencias de exploración y explotación minera otorgadas en el departamento de Jalapa (datos del Ministerio de Energía y Minas a 31 de octubre de 2013) abarcan 365.40 kilómetros cuadrados, el 17% de la extensión total del departamento (dos mil 670 km2). Una sola empresa, de origen canadiense, posee concesiones sobre 145.73 km2, más del 7% del departamento, lo que la convierta en nueva hacendada y neo-oligarquía en el área, determinante en la configuración del poder económico y político. 

No solamente los megaproyectos, también pequeños proyectos aparentemente amistosos con el medio ambiente implican desórdenes y destrucción: de la organización comunitaria, de la autonomía, de la paz social, de la historia (caso Cambalan en Santa Cruz Barillas). 

La explotación abarca lo tangible, y lo intangible o inadvertido como el aire, el sol, el subsuelo…En este marco, la privatización del agua se revela como amenaza inmediata. El manejo del “recurso agua” (oficialmente, Gestión integrada de los recursos hídricos) toma impulso tras la visita de la Reina de España, la reactivación del Fondo del Agua (Cooperación española y Banco Interamericano de Desarrollo) y el interés demostrado por transnacionales españolas y europeas, además de pequeñas empresas como Hidralia Energía (en este caso, el interés queda evidenciado por las frecuentes comunicaciones de Hidralia Energía en las redes sociales sobre el tema).

Profundización de alianzas: cogobierno empresas-actores locales

2013 reporta una cifra record de inversión extranjera directa en Guatemala: 1,316 millones de dólares, un 12.8% más que el año anterior (aunque inferior al incremento proyectado por el gobierno: 30%). Este crecimiento se ve favorecido por las facilidades otorgadas por el gobierno, que llevan al país o a sus gobernantes a presumir de ser la quinta economía más abierta de Latinoamérica.

La apuesta por la inversión foránea se concreta en la vigencia de once tratados de libre comercio y acuerdos preferenciales; tres negociados y próximos a entrar en vigencia; tres más en negociación. Los acuerdos involucran a  más de 40 países o economías y se pueden fortalecer con la entrada de Guatemala en la Alianza del Pacífico, iniciada en 2011 por Colombia, México, Perú y Chile, y concebida como articulación de gobiernos neoliberales y alternativa al Alba, bajo el paraguas protector de Estados Unidos.

Acuerdos económicos
Vigentes
Negociados y próximos a entrar en vigencia
Acuerdos en negociación
1. AAP con Venezuela 
2. TLC con México
3. TLC con República Dominicana
4. AAP con Cuba
5. DR-CAFTA (Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana).  
1. AAP con Ecuador
2. TLC con Perú
3. Convergencia de Tratados con México.
1. TLC con Canadá
2. AAP con Trinidad y Tobago
3. TLC con los países EFTA (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia).
6. TLC con Taiwán
7. TLC con Panamá
8. TLC con Colombia
9. TLC con Chile
10. AAP con Belice
11. Acuerdo con Unión Europea, AdA  (28 países miembros).
TLC: Tratado de Libre Comercio.  AAP: Acuerdo de Asociación Preferente. 
Países Efta: Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio, también conocida por sus siglas en inglés EFTA - European Free Trade Association. Formada por Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia, países aun no integrados en la Unión Europea.
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio

Además de la apertura de la economía a través de tratados comerciales, el modelo de acumulación necesita un marco político y legal favorable, en un contexto de alianzas cada vez más estrechas entre poderes económicos y políticos. Es decir, el modelo de acumulación genera su propia institucionalidad y legalidad, su propia idea de democracia, fuera del control social y la decisión colectiva.

Así, las empresas orientan o sugieren normas que fortalecen su accionar y ganancias. En una situación legal y políticamente anómala, el poder político representativo se repliega a favor de poderes económicos, que determinan la agendas legislativa y ejecutiva. Desarrollo tres ejemplos recientes de esto:

La servidumbre de la expansión eléctrica
Para garantizar el plan de expansión del sistema eléctrico (popularmente, torres de transmisión) sometido a un retraso físico de aproximadamente 40% y temporal de dos años, la transnacional energética colombiana Trecsa sugiere en el mes de marzo de 2013 el Acuerdo gubernativo 145-2013 (que declara de Urgencia Nacional y Necesidad Pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica); e impulsa la Ley de Servidumbres de Transmisión eléctrica.

Ambos instrumentos legales desconocen la autonomía municipal, eliminan la obligatoriedad de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas), desconocen el Sistema de Consejos de Desarrollo como interlocutor, y judicializan la resistencia y la protesta, al otorgar a un juez de paz o tribunal de primera instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria la expansión eléctrica, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto).

La comparación entre estas normas legales y las vigentes anteriormente es clara: el Acuerdo Gubernativo 137-2011, previo, menciona de forma explícita los consejos comunitarios y municipales de desarrollo, y norma que prestarán la colaboración necesaria para el cumplimiento del Plan, siempre que ello no vaya en “menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional”. Esta referencia a la autonomía desaparece en las normas posteriores.

Acuerdo gubernativo 2011
Acuerdo gubernativo 2013
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, las municipalidades, los Concejos Municipales de Desarrollo y los Concejos Comunitarios de Desarrollo, en sus respectivas jurisdicciones, brindarán la colaboración pertinente cuando les sea solicitada, parea el adecuado desarrollo de dicho Plan, sin menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional.
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, los Concejos Municipales de Desarrollo, los Concejos Comunitarios de Desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, en las que las obras se ejecutarán, deberán prestar el apoyo necesario para el adecuado desarrollo de dicho Plan.

Iniciativa de ley de servidumbre
Afecta
Artículo 6. Licencias y autorizaciones. Para el desarrollo, ejecución y concreción de las obras de infraestructura de transmisión eléctrica, indistintamente del nivel de tensión o voltaje, por su carácter de utilidad pública e interés nacional, no están comprendidas dentro de los presupuestos que para el efecto señala el Código Municipal, por lo que no estarán afectas a licencia de construcción, ni pago alguno…
Elimina licencias de construcción (la posibilidad de oposición municipal).
Contradice Código Municipal y Autonomía Municipal.
Artículo 39. Providencia de urgencia durante la etapa de operación y mantenimiento de la obra. Cuando exista resistencia, obstáculo o ausencia del propietario o proveedor del inmueble (…) podrá solicitar el auxilio de un   Juez de Paz o un Juez de Primera Instancia (…) para que ordene el ingreso al inmueble con el fin de garantizar la continuidad en el servicio (…) se podrá solicitar la intervención  de la Policía Nacional o fuerzas combinadas. 
Judicialización de la resistencia.
Respuesta policial y militar. 
Elaboración del autor

En este marco de legislación flagrante a favor de las empresas, es bueno recordar que la generación y transmisión de energía eléctrica no son proyectos de interés nacional, sino destinados a la exportación y el negocio, porque Guatemala produce hoy más energía de la que consume: según información del Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, se "Producen actualmente en Guatemala 2100 MW de energía, para un consumo interno de 1500 MW, lo que significa que las empresas venden el excedente de la producción a través del sistema centroamericano de distribución de energía". Por tanto, no se está electrificando para la generalización de la prestación de energía, sino para la venta de excedentes.

La privatización del subsuelo
La propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que “El dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un título, de forma similar a cómo funcionan los títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la constitución, pero (quien) posee una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.

Según sus promotores la propuesta elimina “el conflicto por el subsuelo” y favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre el subsuelo: “¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar —si ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?” afirma Ramón Parellada, de CIEN.

En la práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se quiere dar al mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no deberá, siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir la oposición de las comunidades y el consentimiento previo y derecho de consulta: sin sentido en espacios que los nuevos títulos reconocen como privados.

La propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la historia.

Ley de Promoción de Inversiones y Empleo
La primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas:

Exención del Impuesto de Solidaridad durante 20 años.
Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta por inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que realice la empresa, durante 20 años.
Exención por la compra, permuta o transferencia de dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante diez años.
Exención de derechos arancelarios a la importación, y exención del Impuesto al Valor Agregado en importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen las empresas en procesos productivos, de forma indefinida.

En la práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se instalen en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas, y resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos de Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos). 

Las circunscripciones económicas o la burla a los derechos laborales 
La declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de reducir derechos.

Estos nuevos marcos legales complementan las facilidades ya otorgadas por un gobierno y una institucionalidad constituidos al servicio y a la medida de las empresas:

falta de controles medioambientales: institucionalidad estatal débil/carente de voluntad política, construida/cooptada para la expansión empresarial (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otros);

garantía de poder repatriar prácticamente la totalidad de los beneficios. El documento Guatemala Investment Summit, realizado en el marco de la macro rueda de negocios de mayo de 2013 afirma: “Existe en el país absoluta libertad para repatriar los dividendos; las tasas impositivas son altamente competitivas en el entorno global”, lo que desmiente el mito de los beneficios económicos dejados por las empresas;

apoyo policial y militar para la expansión empresarial: persecución de las movilizaciones sociales y el derecho de resistencia y oposición de las poblaciones; judicialización de la protesta; campañas gubernamentales que deslegitiman el ejercicio de derechos de participación, organización, movilización y resistencia.

Un nuevo expolio: entrega del territorio y la soberanía

La entrega sin condiciones de recursos y bienes a las empresas no ha tocado fondo. Conviene alertar, además de las amenazas relatadas anteriormente, de una nueva vuelta de tuerca en la privatización y mercantilización: la propuesta de ciudades-modelo, muy avanzada en Honduras, que transfiere en su concepción ideal porciones de territorio a gobiernos garante (un gobierno extranjero, que puede ser un país o un consejo de personas y empresas), generando legislación, fiscalidad e institucionalidad propias en ese territorio.

Las ciudades modelo se conforman como territorios autónomos para la gestión empresarial, en un marco de recolonización, más allá del actual despojo de recursos y bienes de las comunidades. Esta propuesta está siendo desarrollada en Guatemala por la Universidad Francisco Marroquín (free cities). En el contexto de reconfiguración de actores e inestabilidad política, las reformas constitucionales pueden convertir en norma lo que hoy es práctica y deseo de las empresas.

Así, el ideal de gestión político empresarial convierte los intereses de las empresas en intereses y agendas de Estado; el modelo de acumulación capitalista en modelo de desarrollo; el proyecto político de minorías en agenda legislativa y del ejecutivo. El Estado (el estado fuerte, orientador del bien común, diseñado y olvidado en el mismo momento por algunos de los firmantes de los Acuerdos de Paz) se diluye y reduce a operador de la propuesta empresarial: carece de capacidad económica y política para orientar un modo de organización diferente y colectivo.

Actores privados (empresas/corporaciones transnacionales y locales) fuera del control social, con lógica de individualidad, configuran una democracia a su medida: autoritaria, vigilada, redimensionada –al igual que los derechos- bajo un enfoque mercantilista. Si es necesario, ignoran, anulan o modifican el marco legal preexistente.

La práctica nos enseña que la ecuación empresas-beneficios-libertades-bienestar, no está correctamente formulada. Por el contrario, en un sistema de accionar impune de corporaciones empresariales, lo público y lo político concebidos como espacios e instrumentos para el desarrollo de comunidad quedan sacrificados en la primacía de beneficios privados. 

Empresas o democracia. ¿Por dónde se va a romper la pita?
7 de abril, 2014

Referencias
Iniciativa de Ley de Servidumbres legales de transmisión eléctrica, http://es.scribd.com/doc/207777115/Leyservidumbreslegalesdetransmisionelectrica
Iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, http://es.scribd.com/doc/211393760/04-Ley-de-Promocion-de-Inversion-y-Empleo-01-0 


Gobierno patriota y represión


Los dos primeros años de gobierno del Partido Patriota y Otto Pérez Molina coinciden con una brutal ofensiva contra organizaciones y dirigentes sociales, en el ámbito comunitario y nacional. 

La agresión continuada, proveniente entre otros de columnistas, empresarios y gobierno (sobre todo el Ministro de Gobernación y el Presidente), tiende a deslegitimar y desacreditar a la dirigencia y a las organizaciones (acusados de terroristas, criminales, narcotraficantes, manipulados, cooptados, anti desarrollo, delincuentes…); debilita la oposición social (al perseguir, amenazar con encarcelamiento o capturar de hecho a centenares de personas); y previene, a través de la generalización del miedo, otras movilizaciones sociales y expresiones opositoras.

Cuando opinar (pensar, hablar) es delito

La persecución sube un peldaño con las medidas judiciales, por delito de opinión (en cursiva, porque opinar no constituye delito), contra Francisca Gómez Grijalva, académica y columnista, Daniel Pascual Hernández, dirigente del Comité de Unidad Campesina, y José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. En el primer caso, la empresa Cementos Progreso emplaza a Francisca Gómez a presentar pruebas de afirmaciones vertidas en un artículo (referente a actuaciones impositivas y violentas de dicha empresa en San Juan Sacatepéquez, actuaciones que no solo Francisca ha denunciado y son de dominio público).  

En el caso de Daniel Pascual, la Fundación contra el Terrorismo interpone contra él una querella por delitos de difamación, calumnia e injuria, a partir de declaraciones públicas del dirigente. 

A José Rubén Zamora se le acusa (por parte del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti) de coacción, desacato, chantaje, extorsión y violación a la constitución. La revisión del Código Penal guatemalteco (que amenaza convertirse en el libro de consulta obligada de cualquier periodista, antes que el Diccionario de la Lengua) revela la disparidad entre las publicaciones y acusaciones del periodista y los delitos imputados:

Coacción. Quien, sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o que en cualquier forma compela a otro, obligue a éste para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de seis meses a dos años.

Desacato. Comete el delito de desacato quien ofende la dignidad o el decoro, falta el respeto, amenaza, injuria o calumnia a un funcionario o autoridad pública, en ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, ya sea de palabra o de hecho, en su presencia, por escrito o por medio de un medio de comunicación. Eliminado del Código Penal por sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 1 de febrero de 2006, que entró en vigencia el 12 de abril de 2006.

Chantaje. Comete delito de chantaje quien exigiere a otro, dinero, recompensa o efectos, bajo amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio, o de violación o divulgación de secretos, en perjuicio del mismo, de su familia o de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés. El responsable de este delito será sancionado con prisión de tres a ocho años.

Extorsión. Quien, para procurar un lucro injusto o para defraudarlo obligare a otro, con violencia, a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho, será sancionado con prisión de uno a seis años.

Tras una fuerte reacción nacional e internacional, el Presidente y la Vicepresidenta aceptan retirar los cargos contra José Rubén Zamora. En los otros casos, no se han producido idénticas reacciones de rechazo y las acusaciones continúan vigentes. Incluso en el supuesto de que las demandas no se concreten, generan restricciones en la libertad de expresión, a partir del insano ejercicio de la autocensura, y convierten a los periodistas y dirigentes, más que en perseguidores de la verdad (o de las incoherencias del poder) en abogados defensores de sí mismos.

Datos que no mienten

La represión y criminalización se ejerce a través de medidas físicas, amenazas verbales, presiones jurídicas, medios de comunicación, asfixia económica por medio de campañas internacionales (desprestigio de las organizaciones y presión a las agencias y países cooperantes). Cada de una de estas acciones, debilita. De forma integral y articulada, comprometen el trabajo de las organizaciones sociales.

Ningún método, legal o abiertamente ilegal es desechado, en un marco de judicialización acelerada del descontento: por ejemplo, detenciones ilegales (sin pruebas suficientes o burlando los procedimientos de ley) denunciadas por Naciones Unidas en su informe anual 2013: “El 2 de mayo en Santa Cruz Barillas, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención”.

Se observa asimismo la manipulación de procesos legales, como en el caso de las acusaciones a los líderes comunitarios de Barillas, Rogelio Velásquez y Saúl Méndez, que motivan su segunda detención. En este proceso, el abogado Carlos Bezares observa las siguientes irregularidades:

“La acusación no precisa qué habían hecho los acusados exactamente (el contexto era una acción donde participaron cientos de personas).
La acusación se presentó fuera de tiempo. Sin embargo, el juez dijo que no se vio limitado el derecho de defensa.
En el expediente consta que los hermanos movieron a la persona de la escena del crimen, cuando aún está viva, eso impide saber cómo murió y quién la mató.
Los hermanos la entierran, y esto es ilegal también y comisión de delito, que el juez no quiso ver.
En el expediente es imposible establecer cuándo murió la señora, por todo lo acontecido. 
Se presentan fotografías de los acusados que corresponden a otro hecho investigado (el del primero de mayo de 2012, estado de sitio en Barillas).
Se realiza una prueba anticipada con menores familiares. Sospechamos que se les pusieron fotos delante para orientar su opinión.
En el expediente constan entrevistas de autoridades donde dicen que los acusados no estaban en el lugar de los hechos (Juez de Paz de Barrillas). Pero se da validez al testimonio de una persona enfrentada con los acusados (familia Reyes) por su oposición a Hidro Santa Cruz”. 
Más información de este proceso: 

A pesar de lo impactante y agresivo de la persecución, pasa desapercibida en el segundo informe de gobierno (enero 2014) y en la unanimidad de los análisis de prensa y medios de comunicación masivos. Los gobiernos amigos y las representaciones diplomáticas la soslayan, en parte porque la represión es directamente funcional a los intereses de expansión de las empresas transnacionales y por tanto a las agendas de estos gobiernos.

Para un gobierno que mide con cifras los éxitos de su gestión, conviene recordar los siguientes datos: 490 ataques a defensores de derechos humanos durante los seis primeros meses de 2013, el dato más elevado registrado por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) desde el final de la guerra.

Amenaza estructural

La persecución a la oposición  se agudiza con el gobierno patriota y la simbólica presidencia de un militar kaibil pero va más allá de un gobierno y un Presidente: forma parte de la reconfiguración autoritaria y de la querencia por gobiernos neomilitares (golpe de estado en Honduras, 2009) en el marco de la relegitimación del fascismo y el autoritarismo a nivel mundial. 

El neoautoritarismo se instrumentaliza a partir de la lógica de la intervención (que sustituye las normas y las instituciones). Se ejecuta mediante la excepcionalidad (que suplanta los procedimientos). Se enmarca en la centralización del poder y la remilitarización, que ofrece respuestas cuarteleras a los conflictos sociales. Es un fenómeno político y social: la hegemonía de una ideología individualista, competitiva, de matriz racista, violenta. Por ello, la persecución tiene un ámbito de actuación estatal y un ámbito, interconectado, de actuación de la sociedad.

La limitación del ejercicio de derechos (entre otros, la libre participación y movilización, la organización, los derechos a la resistencia pacífica y a la decisión comunitaria sobre sus bienes) debilita la organización social y debilita la democracia, fundamentada en la existencia de voces plurales, de disenso y oposición como factores de crecimiento y no como los entiende el gobierno actual y la “sociedad dominante”: obstáculos para la convivencia.

Así, se construye –de facto- un régimen político sin derechos. Si no lo detenemos, en algún momento y de la peor manera, este ensayo puede concretarse en una dictadura formal.
20 de enero, 2014  

Cuando los derechos se reducen a indicadores


Atravesamos una etapa crítica en cuanto al ejercicio y vigencia de derechos, diecisiete años después de la firma de los Acuerdos de Paz. Esta etapa está determinada por la negación de libertades (incluso las libertades básicas de expresión, movilización, participación); el ataque a organizaciones y dirigencia social (entre otros, ataques económicos); el debilitamiento del poder comunitario y social (cooptación, promoción de divisiones y enfrentamientos, desconocimiento como interlocutor y referente); el incumplimiento de leyes que norman la participación comunitaria: código municipal (autonomía municipal) y leyes de descentralización (sistema de consejos de desarrollo).

La anulación de derechos (o su pulverización, en palabras de Juan Carlos Monedero en España) es consecuencia de la presión de empresas transnacionales y sus intereses, que articulan, bajo una misma lógica de actuación, a las oligarquías locales, el ejército y la economía criminal. 

En esta etapa, el poder político lo ejercen las empresas. El gobierno y el ejecutivo se convierten en Presidente Gerente y Gobierno Gerente. El discurso del desarrollo justifica esta transferencia y dejación del poder: el discurso o la consigna vacía del desarrollo, que apenas logra explicar las contradicciones entre las promesas de bienestar, empleo, generación de riqueza, seguridad y paz que efectúan las empresas y el gobierno, y la realidad de conflictos comunitarios, divisiones, extracción de recursos y pobreza, generada por esas mismas empresas.  

En una situación legal y políticamente anómala, las empresas se permiten sugerir o elaborar leyes. Veamos un ejemplo: para garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica (popularmente, torres de transmisión) sometido a un importante retraso (aproximadamente dos años), la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo gubernativo 145-2013 (que declara de "urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de transporte de energía eléctrica") e impulsa la Iniciativa de Ley de Servidumbres de Transmisión eléctrica.

La combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al eliminar la obligación de solicitar licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de consejos de desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la protesta, al otorgar a un juez de paz o tribunal de primera instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto).

La comparación entre estas normas legales y las vigentes anteriormente es clara: el Acuerdo Gubernativo 137-2011 (previo) menciona de forma explícita los consejos comunitarios y municipales de desarrollo, y refiere que prestarán la colaboración necesaria para el cumplimiento del Plan, siempre que ello no vaya en “menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional”. La autonomía municipal desaparece en el nuevo acuerdo y en la iniciativa de ley de servidumbre. 

Acuerdo gubernativo 2011
Acuerdo gubernativo 2013
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, las municipalidades, los Concejos Municipales de Desarrollo y los Concejos Comunitarios de Desarrollo, en sus respectivas jurisdicciones, en las que las obras del Plan se ejecutarán, brindarán la   colaboración pertinente cuando les sea solicitada, para el adecuado desarrollo de dicho Plan, sin menoscabo de los principios de autonomía municipal e institucional.
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, los Concejos Municipales de Desarrollo, los Concejos Comunitarios de Desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, en las que las obras se ejecutarán, deberán prestar el apoyo necesario para el adecuado desarrollo de dicho Plan.

Iniciativa de ley de servidumbre
Implica
Artículo 6. Licencias y autorizaciones. Para el desarrollo, ejecución y construcción de las obras de infraestructura de transmisión eléctrica, indistintamente de su nivel de tensión o voltaje, por su carácter de utilidad pública e interés nacional, no están comprendidas dentro de los presupuestos que para el efecto señala el Código Municipal, por lo que no estarán afectas a licencia de construcción, ni pago alguno, y no se requiere más, fuera de ser un Agente del Mercado Mayorista y de la autorización establecida en la Ley General de Electricidad para la utilización de bienes de dominio público, que la resolución otorgada por el Ministerio de Energía y Minas. 
Elimina licencias de construcción (la posibilidad de oposición municipal). 

Contradice Código Municipal y Autonomía Municipal.
Artículo 39. Providencia de urgencia durante la etapa de operación y mantenimiento de la obra. Cuando exista resistencia, obstáculo o ausencia del propietario o proveedor del inmueble (…) podrá solicitar el auxilio de un Juez de Paz o un Juez de Primera Instancia (…) para que ordene el ingreso al inmueble con el fin de garantizar la continuidad en el servicio (…) se podrá solicitar la intervención  de la Policía Nacional o fuerzas combinadas. 
Judicialización de la resistencia. 

Respuesta policial y militar. 

En este marco de legislación flagrante a favor de las empresas, es bueno recordar que la generación y transmisión de energía eléctrica no son proyectos de interés nacional, sino destinados a la exportación y el negocio, porque Guatemala produce más energía de la que consume: según información del Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, actualmente "se producen en Guatemala 2,700 MW de energía para un consumo interno de 1,500 MW, lo cual significa que las distintas empresas venden el excedente de la producción a través del sistema centroamericano de distribución de energía" (1).

Lo que sucede es sencillo de entender pero no de justificar: empresas y gobierno convierten sus intereses y agendas en intereses de Estado; su modelo de acumulación en modelo de desarrollo; su proyecto político (de minorías) en agenda legislativa y del ejecutivo.

Lo que sucede es que no hemos tocado fondo, a pesar de todas las agresiones y limitaciones al ejercicio de derechos ya existentes. Conviene alertar, sin alterarnos, de una nueva vuelta de tuerca en la conculcación de libertades, autonomía y soberanía: la propuesta de ciudades-modelo, muy avanzada en Honduras, que transferiría porciones de territorio a gobiernos garante (un gobierno extranjero, que puede ser un país o un consejo de personas y empresas), y generaría legislación, fiscalidad e institucionalidad propias en ese territorio.

La propuesta de ciudades modelo está siendo desarrollada en Guatemala por la Universidad Francisco Marroquín (free cities) y su concreción puede implicar el fin de la soberanía, el fin del país como ahora lo conocemos y la recolonización territorial: va más allá del actual despojo de recursos y bienes de las comunidades.

Ofensiva sin fin

La ofensiva neoliberal militarista no tiene intenciones de decrecer. Por el contrario se fortalece en nuevos actores y ámbitos que focalizan sus intereses en Guatemala y la región. Encontramos en  Guatemala tensiones alrededor de proyectos y empresas indias, chinas, brasileñas, rusas, canadienses, españolas, fondos de inversión, proyectos auspiciados por el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, en sectores de energías renovables, electricidad, alimentación, infraestructura, comunicaciones, servicios… cualquiera que podamos imaginar.

Ubicamos nuevos actores, contra los que es necesario renovar estrategias de resistencia: es el caso de Colombia, convertida en el mayor inversor en Guatemala a partir de este año, que vincula intereses geoestratégicos (Estados Unidos) y lógicas de expansión paramilitar.

No es lejana la posibilidad de que Guatemala se convierta en experimento de proyectos a partir del fracking, la técnica de fractura hidráulica que inyecta toneladas de agua y químicos venenosos a través de túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro de ancho para extraer gas no convencional.

No podemos esperar que esta ofensiva disminuya o no esté acompañada del ejercicio de la violencia, que sea dialogante y consensuada, que respete normas democráticas. La violencia es consustancial al capitalismo y el despojo. Es garantía de acumulación. Es permanente. No sustituye sino que complementa el diálogo o lo utiliza de forma táctica. No descarta ningún método: judicialización, deslegitimación, atentados, asesinatos, promoción de enfrentamientos comunitarios y entre organizaciones.

A partir de estos intereses y formas de operación podemos preguntarnos: ¿cómo se entiende desde el poder el ejercicio de derechos hoy en Guatemala? Para las empresas, para el gobierno, para la Cámara de Industria, para buena parte de la comunidad internacional que apoya la expansión transnacional, los derechos son indicadores (como menciona la Corte de Constitucionalidad alrededor del derecho a la consulta, y reiteran columnistas de prensa). No son de obligado cumplimiento, no necesariamente se concretan, no vinculan las políticas públicas y las leyes, los actores públicos y privados. No implican valores ni principios de convivencia. Son apenas indicadores: referentes que se cumplan sí y sólo sí son convenientes a los  intereses de acumulación, lo que nos convierte en una democracia de mercado (Isabel Rauber) y nos precipita a una dictadura de facto.

Ruptura autoritaria o alternativa popular

Diecisiete años después de la firma de la paz, el momento es de polarización, exclusión, violencia institucional, ofensiva sobre los territorios, profunda crisis. Esta crisis estructural puede devenir en cambios profundos: quiebres y rupturas (modificación del sistema económico y político tal y como hoy lo conocemos, con sus marcos de referencia: leyes, partidos, actores, instituciones, modelo económico, constitución).

Los escenarios de ruptura se concretan en: ruptura autoritaria o ruptura/alternativa popular emancipadora (ambas ya procesos en construcción).

La ruptura autoritaria o restauración neoconservadora en palabras de Emir Sader, se legitima tras el golpe de estado en Honduras de junio de 2009 y el fraude electoral de noviembre de 2013, y está avalada por una comunidad internacional progresivamente neofascista. Esta ruptura autoritaria puede profundizarse con violencia contra organizaciones, militarización, adelantamiento de elecciones, golpe técnico, gobierno militar, reformas constitucionales (de nuevo en agenda y discusión pública a partir de la propuesta de José Rubén Zamora y El Periódico) y pretende la reducción de funciones del estado y reducción de derechos, en la línea de la “constitucionalización de la soberanía de las minorías”  (Álvaro Velásquez) que retoma el proyecto Pro Reforma de la Universidad Francisco Marroquín.

La ruptura y alternativa popular emancipadora implica profundizar visiones y proyectos de los movimientos sociales: la defensa del territorio, la autonomía (de cuerpos, territorios y política), la democracia real, funcional y participativa, (“democracia sin fin” en palabras de Boaventura de Sousa Santos), la soberanía, la autodeterminación, el gobierno de comunidades, pueblos y nacionalidades, el cuidado de la vida planteado por el feminismo, el proyecto político de la cosmovisión indígena y el buen vivir.

Implica dar un vida a un paradigma descolonizador, despatriarcalizador y anticapitalista que trasciende por sí mismo el marco de los Acuerdos de Paz y la Constitución de 1985, y plantea un nuevo pacto.  

La ruptura popular emancipadora enfrenta retos múltiples, entre otros:

Concebir luchas integrales (antipatriarcal, anticapitalista y antirracista), así como el neoliberalismo se implanta de forma integral (Gilberto López y Rivas). Integrar luchas implica integrar visiones (lo privado y lo público, entre otras).

Utilizar todos los instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (después de la firma de la paz se parcializaron y separaron las formas de lucha).

Luchar para superar y trascender lo legal y el actual marco estatal, sin caer en la ilegalidad ni la violencia.

Entender y analizar mejor (para enfrentarlo) el poder corporativo: articulación de la economía criminal con la formal; funcionamiento de los fondos de inversión; conocimiento de las cadenas de propiedad y poder, en un marco de opacidad societaria; reconocer y conocer las estrategias cambiantes del capital.

Formación y análisis político constante, autocrítico, no complaciente. Todo lo contrario a lo que hacemos en el caso reciente de Honduras, donde los vacíos y los silencios sustituyen a los cuestionamientos necesarios: límites de la acción electoral; subordinación del movimiento social al instrumento político; pactos políticos incoherentes…

Ubicar lo electoral en función de las luchas sociales y no al revés (visión táctica estratégica).

Concebir la articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.

Politizar la indignación y los estallidos sociales previsibles (por la desatención del estado y la debilidad de referentes organizativos sociales).

La conclusión es que no podemos esperar pasivamente que se modere la ofensiva transnacional autoritaria y pro militar. Debemos creer que podemos transformar, que de hecho ya estamos construyendo y reconstruyendo, que somos sujetas y sujetos de la historia, preparando y provocando el cambio de modelo y el cambio de época. 
2 de enero de 2014



[1] Información de Radio Mundo Real. 
Presentación en Foro Coordinadora y Convergencia Nacional Maya Waqib´K´ej, Chimaltenango, 27 de diciembre de 2013.  


Gobernabilidad dictatorial o ampliación de la democracia


La equiparación de demandas sociales con extorsión y chantaje de pandillas, realizada por el Ministro de Gobernación López Bonilla (1) se enmarca en la restricción de derechos y libertades promovida por el poder político.

Esta restricción (generalizada, sistemática y creciente) se manifiesta, entre otros hechos, en la persecución permanente contra organizaciones y dirigentes; la desvalorización de instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz (Secretaría Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena); la interferencia en el poder judicial (caso Ríos Montt); las detenciones y capturas arbitrarias (manoseo y politiqueo del sistema de justicia), como reconoció Naciones Unidas al respecto del caso Barillas(2); el incumplimiento de leyes y procedimientos (contrataciones por excepción); la intervención –ocupación- de entidades como norma (IGSS, Aduanas, SAT); la centralización en la toma de decisiones (o autoritarismo presidencialista).

Las palabras del Ministro se fortalecen en la mentalidad/cultura autoritaria de las élites (no es casual la elección del escenario de la Cámara de Industria para pronunciarlas), y el rechazo/miedo a la organización social. No son, en este sentido, una reacción hepática ante la (evidente) pérdida de control de la seguridad (incremento de asesinatos) y control político (territorial) por parte del gobierno, ni deben interpretarse como una amenaza pasajera, focalizada y específica. La disque retractación de López Bonilla, el día después del día D, volvió a acusar: insistió en vincular demandas y luchas sociales con situaciones de ingobernabilidad.

Con sus declaraciones, el Ministro arremete (aunque no le gusta la expresión) contra un principio democrático y de convivencia fundamental: el respeto y la aceptación de ideas diferentes. Al contrario de lo que López Bonilla afirma y el gobierno piensa, la oposición, las propuestas diferentes, las críticas y las protestas, generan gobernabilidad inclusiva, ciudadanía activa y crítica, base de una democracia y una sociedad sanas y justas. Las políticas de gobierno y estado optan por el modelo contrario: la implantación (violenta) de un pensamiento único (individualista, legitimador de la violencia, autoritario, excluyente), en el marco de la deriva hacia una dictadura civil o democracia de mercado (o su ya, de hecho, instauración). La idea de gobernabilidad de López Bonilla (al parecer sin disenso, sin críticas, sin organizaciones populares) se asemeja a la paz de los cementerios y se aleja del ideal de una permanente ampliación de derechos y de la democracia (Boaventura de Sousa Santos).

La fuente del derecho: los grandes negocios privados

Una suerte de gobierno por decreto, solamente sujeto a la arbitrariedad, interpreta la ley de forma selectiva, limita/supedita el accionar de las instituciones y cuestiona el ejercicio de derechos políticos y sociales contenidos en la Constitución: entre otros, movilización, manifestación, reunión, participación, resistencia o el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (3).

En este marco, se convierte en norma lo que debería ser excepcionalidad (o nunca debería ocurrir): la militarización de la seguridad y la utilización del ejército en tareas de seguridad interna (denuncia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (4), tras la visita de su directora en marzo de 2012). Más allá de la seguridad, se militariza la función pública, el Estado y la acción política en general, con lógicas de confrontación y exclusión permanentes.

Los estados de excepción anunciados, y los deseados pero imposibles de aplicar por la respuesta social (más de cuarenta, anticipó el ministro amenaza López Bonilla en abril) se tornan escenario de gobierno ideal: desaparecen los derechos y sus organizaciones defensoras; se someten las protestas (comunidades, incluso alcaldías no alineadas); se limita la autonomía municipal y el poder comunitario (a partir de la declaración de proyectos empresariales como de utilidad pública e interés nacional) y local, en favor de autoridades no electas: gobernadores, encargados de zonas militares. Cuando los estados de excepción son políticamente inaplicables, se aplican estrategias de guerra en los territorios (Huehuetenango, fines de septiembre, a partir del despliegue militar del ejército, el bombardeo preventivo -disparo desde helicópteros- el terror provocado por el anuncio de capturas masivas).

Los derechos son definidos (y automáticamente limitados) por intereses privados, de empresas y corporaciones transnacionales. El gobierno actúa como gerente de estos intereses, en un marco de alianza estratégica Partido Patriota-comunidad internacional. Por pura mala suerte, le tocó a la Cooperación Española donar 300,000 euros al Ministerio de Gobernación, en presencia del Ministro, un día después de las desafortunadas declaraciones.

Esta alianza parte de (fuertes) connivencias: la comunidad internacional necesita a Guatemala y necesita el saqueo para responder a la crisis de acumulación capitalista. El gobierno de Guatemala, violento pero débil en cuanto a su capacidad de garantizar consensos (ni siquiera entre las élites económicas) se apoya en empresas y gobiernos extranjeros, con mucha fuerza el español, para detener o aplazar el descalabro político.

Así, el común (la comunidad, lo comunitario) se desvanece ante el empuje de intereses particulares y la mercantilización de la vida. Se normaliza una cultura política de dependencia de agendas y decisiones de las empresas, que influyen en la persecución a dirigentes sociales y orientan las acciones de gobierno.

El establecimiento de una legalidad e institucionalidad de facto, sujeta a intereses sectoriales y corporativos, anula consensos democráticos y sociales mínimos (de por sí precarios y continuamente transgredidos): los Acuerdos de Paz de 1996 (consenso del Estado fuerte orientado a la inclusión social y la participación democrática), y la Constitución de 1985 (consenso de la primacía del poder civil sobre el poder militar y los poderes particulares). En la práctica, las medidas gubernamentales definen una regresión autoritaria o, aplicando la categoría hondureña, dictadura cívico-militar. La llegada al gobierno del Partido Patriota agudiza esta concepción que, no obstante, es política y decisión de Estado. Frente a ella, se debe expandir la lucha por legitimar los derechos ya existentes, y ampliar y profundizar los demás, ampliar la democracia incluyendo a sectores hoy indiferentes, pero igualmente víctimas.

Este es el marco estructural en el que se inscribe la afirmación de López Bonilla. El rechazo de la misma debe ser igualmente estructural: no es a las organizaciones y sus líderes, como hace poco más de un mes no fue a los extranjeros, a quienes señala (exclusivamente) el ministro de gobernación del poder corporativo. Son los derechos y la democracia los perseguidos, los amenazados con ser expulsados: fuera de la concepción, de las agendas públicas, de los imaginarios sociales, de las instituciones y de las leyes. Derechos cada vez más extraños, como una utopía o un recuerdo.
29 de noviembre de 2013

Aclaración
Este artículo se publicó originalmente el 17 de octubre de 2013, tras las amenazas de expulsión a extranjeros realizadas por el mencionado Ministro. Se tituló No son los extranjeros, sino los derechos, bajo el argumento de que los ataques permanentes a organizaciones y acompañantes aceleran la implantación de una dictadura civil. Con leves modificaciones, el artículo se republica tras los recientes ataques del Ministro a organizaciones sociales.
29 de noviembre de 2013

Notas
1) El  26 de noviembre, López Bonilla afirma, en reunión de empresarios, que las demandas de organizaciones equivalen a el chantaje y la extorsión efectuadas por pandilleros (entre otras, alude a la sesión realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Dos días después, el Ministro ratifica sus declaraciones, vinculando demandas sociales con ingobernabilidad.  http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/tendencioso-arremetio-ministro-lopez-bonilla-organizaciones-derechos-humanos
2)"Santa Cruz Barillas: detenciones ilegales y estado de sitio injustificado y desproporcionado. Como sus predecesores, el Gobierno actual recurrió a medidas excepcionales y declaró un estado de sitio en Santa Cruz Barillas (Huehuetenango). Esto ocurrió tras el homicidio del campesino Andrés Pedro Miguel el 1 de mayo, presuntamente cometido por un guardia de seguridad privada. En respuesta, integrantes de la comunidad dañaron un hotel y otros edificios, presuntamente detuvieron a un operador judicial y entraron a la fuerza en un destacamento militar. El decreto por el que se decretaba el estado de sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad. El Gobierno retiró la medida después de 18 días. El 2 de mayo, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas después de su detención. Fueron liberados en enero, a la vista de lo injusto de su encarcelamiento”.  http://es.scribd.com/doc/132104927/InformeAnual2012-Esp-OACNUDH
3) Según relación de comunidades de Santa Cruz Barillas, derechos sociales y políticos reconocidos por la Constitución Política de la República y atacados hoy, son: artículo 5. Libertad de acción; articulo 28. Derecho de petición; artículo 33. Derecho de reunión y manifestación; artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento; artículo 45. Legitimidad de resistencia.
4) La Alta Comisionada Nava Pillay afirmó entonces que la militarización está justificada únicamente si es temporal, cuenta con protocolos y subordina el Ejército a la Policía Nacional Civil. En el caso de Guatemala, la militarización es permanente, estratégica y constituye al Ejército como autoridad máxima. 


Soñar y construir colectivamente un país nuevo


El autoritarismo renovado, la legitimación ideológico-cultural de la violencia (que incluye jerarquía, ordeno-mando-obedezco, mano dura), el recorte de libertades y derechos (“la mutilación de la democracia”, Edgardo Lander) nos exigen nuevos pensamientos y prácticas políticas, que al mismo tiempo reivindiquen nuestras memorias e historias de resistencia.

El ejercicio del poder (la maximización del despojo y la desposesión) se vuelve sofisticado: los intereses se fragmentan en lo inmediato (control de los ámbitos de acumulación) y coinciden en lo estratégico (las modalidades de acumulación); los actores son múltiples: oligarquía, ejército, nuevos ricos, seguridad privada, sicarios, operadores, economía criminal, transnacionales, translatinas, medios de comunicación. Todo ello hace necesarias luchas, estrategias y pensamientos cada vez más complejos.


Reconfiguración militar y autoritaria

No son buenos tiempos para la democracia. Sin más, no son tiempos de democracia. Los Acuerdos de Paz pasan a la historia, no importa que el mismo que los firmó sea el encargado de en­terrarlos formalmente.

Se abandona la idea de pacto fiscal por las actualizacio­nes ambiguas y los aportes empresariales voluntarios, olvidando el carácter estratégico de las propuestas fiscales contenidas en los Acuerdos de Paz, que perseguían el incremento de la recau­dación tributaria, al tiempo que diseñaban un Estado Rector, fuerte, en el marco de un modelo económico redistribuidor.

Se remilitariza la sociedad, con el Ejército abocado de nuevo a la seguridad interna, específicamente un sector del mis­mo especializado en acciones de inteligencia, desestabilización, infiltración de movimientos y control social. El refortalecimien­to militar va más allá de la presencia física en los territorios (ex­cesiva). Al retomar el control de instituciones estatales, el ejérci­to se convierte en reproductor de mensajes, símbolos, ideología. Y adquiere un grado creciente de participación en la toma de decisiones y la definición de políticas.

En medio de esta vorágine autoritaria, nos olvidamos que la desmilitarización, propuesta en los Acuerdos de Paz, im­plicaba no sólo una reducción material de efectivos, sino una transformación ideológica, política y cultural: el consenso, las negociaciones, los acuerdos, el poder colectivo civil, sobre las imposiciones y los autoritarismos, hoy de nuevo determinantes. De órdenes nos nutrimos y órdenes esperamos: se gobierna, el gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota gobiernan, con arenga y por decreto, con secretividad y sin tener en cuenta nor­mas, procedimientos, leyes. 

El neo militarismo, el autoritarismo político, ideológico y simbólico (el símbolo más contundente, un ex general acusado de genocidio en la presidencia del gobierno) son exigencias del sistema de despojo, garantía de reproducción-acumulación, en un marco económico que refuerza el sistema primario agroex­portador dependiente, depredador, orientado a la exportación en detrimento de las necesidades de consumo básico.

Por todo lo anterior, podemos preguntarnos si estamos ante el fin de una eta­pa donde los referentes (más teóricos que prácticos) fueron los Acuerdos de Paz y la Constitución de 1985. Entramos a un nuevo ciclo político, marcadamente autoritario, concentrador, excluyen­te y violento, que en un escenario probable quedará formalizado con la firma de una nueva carta constitucional, en la línea del constitucionalismo autoritario (Gerardo Pisanello) y bajo la pre­misa de una nueva concentración de poder (presidencialismo).

En definitiva asistimos a la transición autoritaria: de de­mocracias formales o de baja intensidad a dictaduras constitu­cionalistas (como se denomina en Honduras el nuevo orden pos golpista), estados militares (El Salvador), democracias o gobier­nos cívico militares (Álvaro Arzú en Guatemala), bajo la lógica de la concentración de la toma de decisiones y la agudización de las diferencias sociales. Retomando a Boaventura de Sousa, un sistema que mantiene formas democráticas (partidario-electoral) pero es excluyente en lo social y económico. En este nuevo ciclo se actualiza el pacto histórico oligarquía-ejército, adecuándolo a esta fase de acumulación y al contexto político, tanto regional como local, donde es clave la presencia de la economía criminal y de los planteamientos ultraconservadores de gobiernos y em­presas extranjeras, especialmente centroamericanas, colombianas, europeas y norteamericanas, con posturas abiertamente progolpistas (Honduras) y nada disimuladamente antidemocráticas.

Mentalidad plana frente a pensamientos complejos

En este tiempo de militarismo reconfigurado y autoritarismo renovado, predominan las ideas planas, las consignas, las cons­trucciones abstractas y binarias (es bueno para todos los guatemaltecos, queremos el desarrollo, ahora sí, la sociedad lo demanda). 

A esta mansedumbre conceptual no son ajenas las lu­chas y los movimientos sociales. Mientras el nuevo proyecto para la vieja dominación se estabiliza, los movimientos sociales somos conscientes de que nos quedamos sin preguntas cuando teníamos todas las respuestas. Sin respuestas para las preguntas que después nos hicimos. Y cuando logramos adecuar las inte­rrogantes a las razones no hallamos las palabras precisas para ex­presarnos: viejos conceptos quedan en desuso para la dimensión actual de los problemas y las soluciones.

Certezas históricas, que al tiempo fueron lastre pasado, se quedan en los caminos. Por ejemplo:

el sistema capitalista tiende a derrumbarse por sí mismo;  
el desarrollo parte del crecimiento continuo y el reparto justo del esfuerzo productivo; 
el Gobierno es el Estado y el Estado es el Poder; por tanto, Gobierno es igual a Poder; 
la vanguardia es el partido, el partido representa la clase y la clase es el pueblo, por consiguiente vanguardia es igual a pueblo; 
la transformación-emancipación-revolución es un momento preciso (la toma del poder, cuando entendemos que el poder es el Estado); lo económico determina lo subjetivo y lo ideológico.

Certezas con mayúsculas: las luchas centrales (las económicas, la toma del gobierno) y las que pueden esperar o se van a resolver por sí solas (la violencia contra las mujeres, el racismo).

CERTEZAS: el papá Estado, el papá partido, comandancia general ordene, EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.

TAMBIÉN CON MAYÚSCULAS: los actores únicos y los dirigentes permanentes, investidos por la legitimidad que dan las razones históricas.

Hoy, debemos creer y decirnos que, en términos de identidad emancipadora-revolucionaria, no todo lo anterior es inservible, pero no todo lo anterior es rescatable. Sin certezas definitivas, nos queda “construir en las incertidumbres”, como nos aconseja Edgar Morín a través de Raúl Zibechi. No tenemos todas las respuestas, pero podemos usar un “catálogo” (por decirlo a la vieja manera) de intuiciones. Viejos dogmas sustituidos por negaciones creativas:

- No existe una opresión prioritaria, privilegiada, central (como analiza la teoría revolucionaria clásica hasta los ochenta, que pervive en organizaciones y prácticas) sino un sistema de opresiones articulado y entrelazado, que se manifiesta de forma simultánea sobre territorios, cuerpos, personas, comunidades, colectividades.

- La multidimensionalidad de los sistemas de opresión deriva en estrategias múltiples de resistencia.

- En este marco multidimensional de luchas, los sujetos cen­trales, referenciales, devienen en sujetos colectivos y plura­les para la transformación. Por tanto, debemos construir “unidad sin unicidad y buscar la diversidad sin caer en la dispersión” (Isabel Rauber).

- Las diferencias no dividen a los movimientos. Por el con­trario, acumulan, fortalecen, dinamizan procesos sociales. El ejercicio de conocer, asumir, debatir y crecer a partir de las contradicciones es imprescindible para la transforma­ción social.

Los caminos de la articulación social

La incertidumbre más cierta o la certeza medianamente insegura tiene que ver en este contexto con la articulación como estrate­gia privilegiada. Isabel Rauber habla de vocación articuladora: un pensamiento político y una práctica permanente: “Pensar los caminos de la transformación social desde (y con) la articulación es una forma de entender la realidad y, a la vez, un método para intervenir en ella, para construir en todos los terrenos. Reviste relevancia estratégica dada la necesidad de recomposición –vía articulación- del tejido social hoy virtual­mente desaparecido tras su profunda atomización”. 

En el fondo, se trata de reivindicar principios tan sencillos que extraña que hayamos invisibilizado y marginado. U olvidado. Olvidamos el reconocimiento de las y los otras-os como actores estratégicos y aliados en procesos de transformación. El reconocimiento de las distintas-diferentes miradas y visiones: no dialogamos sólo entre quienes pensamos lo mismo y para con firmar nuestras visiones, sino para confrontarlas, enriquecerlas, complementarlas.

Olvidamos que la articulación no es homogeneización, ni la suma de los actores, sino la síntesis de lo diferente. Frente a una visión de articulación como inclusión, apoyo a Mi Proyecto, Mi Instrumento, sumatoria cuantitativa de fuerzas (uno más uno igual a dos), el diálogo y la articulación implican lo anterior y van más allá: redefinición de las propias miradas y conceptos, conformación de un sujeto plural cualitativamente diferente.

Olvidamos que mujeres, pueblos indígenas, líderes y organizaciones comunitarias, comunidades como sociedad en movimiento más que como movimiento social (Zibechi) son actores clave en este tiempo, y por tanto protagonistas de los nuevos procesos.

Olvidamos (de tanto que hemos caminado en la dirección contraria), que solamente con la participación activa y las ideas de todas y todos podemos construir un mundo nuevo. No sectorializados, no tematizados, no aislados. No solos sino con todos los brazos, todas las cabezas, todos los pensamientos, todas las miradas, todos los sueños, en un ejercicio de creatividad, pasión, reflexión, acción y complicidades plurales y transgresoras. 

Olvidamos la esperanza: el gobierno Patriota, el neoliberalismo y la remilitarización no son el fin de la historia.
2 de agosto, 2013

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