Contradicciones y fisuras de la transición controlada

Andrés Cabanas, 29 de junio de 2015
La permanencia en el gobierno de un presidente sospechoso de actos ilícitos, la impunidad de funcionarios corruptos (ex Vicepresidenta, ex ministros de gobernación, ambiente, energía y minas...) el retraso en la publicación del informe de financiamiento de partidos políticos elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el estancamiento en la aprobación de reformas políticas básicas, la negativa a aplazar la fecha de las  elecciones y desarrollar votaciones con nueva ley... convierten a Guatemala en un polvorín. Por ahora, de indignación, fiesta, movilización y propuesta pacífica y democrática. En un corto plazo, si no se responde a las demandas de la población, se generará todo aquello que los defensores del orden afirman proteger: inestabilidad, tensiones...

Las demandas ciudadanas, sociales, de organizaciones y comunidades (construidas desde la legalidad y para recuperar un estado de derecho debilitado y disminuido por la acción de poderes corruptos, criminales y excluyentes) no encuentran respuestas institucionales. El poder establecido se cierra sobre si mismo. Temeroso, se protege y elabora una hoja de ruta para contener y encauzar la crisis, que configura una transición a la que podemos denominar impune o controlada: mueve para que nada cambie, y rearticula pactos a la medida de actores de poder.  

Según esta hoja de ruta, Pérez Molina culmina su mandato el 14 de enero de 2016 y se celebran elecciones en la fecha inicialmente prevista por el Tribunal Supremo Electoral, el 6 de septiembre de 2015. Se promueven reformas políticas mínimas, desde los poderes constituidos (se habla cada vez menos de reforma constitucional profunda). Se realizan capturas y juicios de alto impacto pero limitados (chivos expiatorios). Se agudiza el control social y la represión, para mantener bajo control el descontento social y las movilizaciones

Actores de poder: pacto con fisuras     
Hasta aquí la teoría. En la práctica, este diseño es tan impecable teóricamente como inviable políticamente. Por los siguientes factores, entre otros.

1.    Permanencia en el poder de Pérez Molina, frente a la razón jurídica
Si la razón política articula a casi todos los actores de poder alrededor de la “no renuncia” y el cumplimiento del período presidencial, la razón jurídica avisa que el Presidente será vinculado con hechos criminales (ética y políticamente ya lo está). Los procesos judiciales abiertos (el penúltimo acaricia la espalda de su asesor López Bonilla) y los que están por venir (Ministerio de Desarrollo Social, ex Ministro de Energía y Minas, Dirección de Aeronáutica Civil, ex Ministro y ex candidato presidencial Patriota, ex Ministra de Medio Ambiente, la propia ex Vicepresidenta, diputados y candidatos políticos, entre otros) hacen inviable una defensa prolongada de su figura.

La supeditación de la justicia a la conveniencia de elites (que involucra a el sistema de justicia, el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, las embajadas, el Cacif, los diputados...) agudiza la indignación. 

2. Castillo de naipes: pactos de elites frágiles y temporales
Factores como disputas de negocios, diferencias tácticas sobre el qué hacer (incluso alrededor del aplazamiento de elecciones) rearticulaciones, distanciamientos y necesidad de sobrevivencia, debilitan la pretensión de una transición controlada desde el poder hegemónico. Basta con que un arrepentido, un colaborador eficaz, un funcionario o ex funcionario súbitamente atacado por la ética (altamente improbable) empiecen a hablar con la verdad y confirmen ante un Tribunal lo que todos sabemos: que Otto Pérez Molina actuó como operador para el control de instituciones del Estado y operadores de justicia que favorecían todo tipo de negocios, con la complicidad o el silencio de empresarios y comunidad internacional, socios en algunos de esos negocios. Basta que dos o tres actores de poder opten por una salida distinta a la oficial y procedimental para que se derrumbe la institucionalidad actual. 

Las contradicciones entre actores o sus evidentes bandazos (Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Rivera Clavería versus López Bonilla) convierten los pactos entre elites en temporales (incluidos los pactos alrededor del Pérez Molina y el evento electoral). En cualquier momento, el contexto obligará a nuevas rearticulaciones, que resquebrajarán las correlaciones preexistentes.

3. La ruta de las paradojas: situación de pierde-pierde  
La caída de Pérez Molina debilitaría a actores de poder, pero también su permanencia, que está generando frustración social y deslegitimación. Lo mismo sucede con el mantenimiento del proceso electoral, que preserva el estatus quo pero alimenta una olla de presión, en la medida que se conocen nuevos casos de corrupción que involucran a diputados. ¿Qué hacer en este momento de pierde-pierde para actores de poder, o de "victorias" -por ejemplo la permanencia de Pérez Molina- con altísimo costo social?

Crisis sin control ni agenda predeterminada: el factor pueblo
Las contradicciones entre actores y agendas de poder, y las movilizaciones ciudadanas, indican que la crisis está lejos de ser orientada y no tiene un solo camino de solución. Es altamente probable la profundización de la misma. 

La paradoja mayor es que la hoja de ruta para una transición sin mayores cambios y con algunos chivos expiatorios solo es posible a partir de la indiferencia y la desmovilización ciudadana. Se empieza a difundir entonces, desde líderes políticos y sobre todo medios de comunicación, la siguiente visión: 

Estamos en un momento de reflujo de la indignación, de desaparición progresiva del movimiento en las plazas, de autodisolución por la fragmentación de agendas, de repliegue al no poder cumplir con el objetivo de destituir a Pérez Molina. 

La fragmentación, la dispersión de demandas, la desarticulación son hechos ciertos pero parciales. Me permito contradecir los argumentos principales que hoy apuntan a deslegitimar y limitar las movilizaciones sociales:

Argumento oficiallas movilizaciones sociales decrecen porque la presencia de personas en la plaza central es significativamente menor, después del 16 de mayo.
Contraargumento: el movimiento de indignación se fortalece ideológica y cualitativamente, manteniendo la capacidad de incidir como actor político en el corto y medio plazo: la indignación se articula en sectores urbanos y rurales, se multiplica en diferentes espacios, las demandas de universitarios coinciden con demandas históricas, los que nunca protestaron comienzan a comprender la naturaleza estructuralmente depredadora del poder.

No se puede medir la indignación por el numero de participantes en un lugar y momento concretos. Las plazas no son solamente espacios de concentración ni los únicos espacios para manifestar la indignación; son –siguiendo a Amador Fernández Savater- un “desafío a la definición de la realidad, un sí a la experiencia de un mundo mejor”. Por ello, se “puede “hacer plaza” en las plazas o fuera de ellas, con acciones y con palabras, en lo excepcional y en lo cotidiano, con otros e incluso solo. Hacer plaza es oponer un mundo a otro o poner un mundo en otro”. (Fernández Savater).

Argumento oficial: no hay propuestas en las propuestas, o estas son dispersas y cambiantes.
Contraargumento: desde las primeras declaraciones, emitidas pocos días después de la desarticulación de la estructura de defraudación tributaria La Línea (16 de abril) organizaciones y colectivos sociales se pronuncian y realizan propuestas concretas y estratégicas. El cuadro adjunto reproduce algunas de estas propuestas, emitidas por (algunos) de los actores de este movimiento:

Renuncia de Otto Pérez Molina, como símbolo de corrupción y representante de poderes  ilegítimos
Rechazamos al Presidente y Vicepresidenta como representantes de la nación; éstos no tienen legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación deben renunciar de manera inmediata a sus cargos (…) La permanencia de Otto Pérez Molina en la presidencia se ha convertido en una fuente de inestabilidad y en un obstáculo para el reencauzamiento de la vida política del país: ha dejado de representar la unidad nacional. Asamblea Social y Popular, 28 de abril.

Otto Pérez Molina ha perdido la legitimidad necesaria para ejercer la Presidencia de la República y, mientras se mantenga en el cargo, continuará erosionando la credibilidad y la confianza en la institución del Presidente. Movimiento Semilla, 30 de mayo.
Investigación, juicio y condena de funcionarios y empresarios acusados de corrupción
Exigimos al sistema de justicia levantar procesos y juzgar de manera independiente a los funcionarios públicos y empresarios implicados en casos de corrupción, así como una condena ejemplar a quien resulte culpable. Coordinadora de Estudiantes Universitarios de Guatemala, 18 de mayo.
Reformas de aplicación inmediata, en el actual marco legal
Instamos al Tribunal Supremo Electoral a aplicar, de manera efectiva e inmediata, la legislación electoral vigente, suspendiendo a los partidos políticos que hayan violado la legislación sobre campañas anticipadas y sobre gasto en campaña por encima de los techos establecidos. Semilla, 30 de mayo.
Modificación de ley electoral como paso básico para la reforma del Estado y el fin del actual Estado patrimonial 
Es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la Ley Electoral y de Partidos Políticos para posibilitar la participación de los pueblos indígenas y sectores sociales y populares. Aplazamiento de elecciones para hacer efectivas estas reformas. Asamblea Social y Popular, 28 de abril. 
Vinculación de la crisis actual con demandas histórica y medidas estructurales: pacto para un nuevo país.
Que el esfuerzo ciudadano se concentre en viabilizar una reforma política profunda que sirva como punto de partida para transformar el Estado patrimonial y clientelista que ha apañado la corrupción. Movimiento Semilla.

Realización de Asamblea Nacional Constituyente que incorpore las demandas históricas de pueblos y sectores, entre otras las derivadas de los Acuerdos de Paz. Asamblea Social y Popular.

Ante la crisis del sistema mundo capitalista. Ante la crisis que hoy tiene el sistema instaurado por los oligarcas y burgueses. Ante la crisis que hoy tiene el sistema capturado por el crimen organizado y el narcotráfico. Ante toda la porquería que representa este sistema. Nosotros, los pueblos Q’eqchi’, Poqomchi y Mestizo de este territorio, nos hemos reunido para alzar nuestra voz y reafirmar nuestro firme propósito de encaminarnos hacia la construcción de un nuevo país, donde haya una participación activa de nuestras comunidades y pueblos. Porque ya nos cansamos de estar bajo las botas de los militares, los ricos y finqueros. Por eso es que reafirmamos que basta ya de un país sin nosotros y nosotras. Asamblea Social y Popular Tezulutlán, 12 de junio.

Argumento oficial: el movimiento social es débil porque carece de conducción y liderazgo unificado y centralizado.
Contraargumento: una de las fortalezas del movimiento actual es su carácter plural, descentralizado y creativo, que permite la participación e incorporación de nuevos movimientos y personas. El reto es lograr acuerdos para contenidos y acciones, y una estrategia compartida, sin hegemonismos.

Argumento oficial: el movimiento ha perdido sus batallas inmediatas (RenunciaYa dirigida a Pérez Molina). Se habla, sin rubor, de la derrota de los indignados, lo que favorece mantener el estatus quo a pesar de su deslegitimación creciente.
Contraargumento: La renuncia de Pérez Molina es una exigencia ética y política inmediata. Es una demanda clave y afecta la consistencia inmediata de las movilizaciones. Sin embargo, el rechazo a la clase política, a los actores de poder, es un rechazo estructural, que va a continuar por tiempo prolongado y por distintas formas. 

Hacia donde nos movemos
El futuro es incierto, inestable, con agendas abiertas, lleno de recovecos, contradicciones, amenazas y oportunidades. 

Estamos en un momento de despertar de sectores urbanos, que se unen a los que han estado siempre despiertos, velando por el derecho a la vida; en un momento de rearticulaciones diversas, sin hegemonías; de joviales y festivas indignaciones; de recuperación de alegrías y sueños; de disputas profundas y prolongadas. En este sentido, no nos vemos en términos de derrotas o victorias, porque no estamos en una única batalla, en una guerra de posiciones, en un asalto a las instituciones, sino en una disputa de formas de organizarnos y relacionarnos: proponemos una renovación de actores políticos y un cambio de leyes, pero sobre todo de cultura política, de valores, de la organización social, del ejercicio y sentido del poder.

La principal amenaza es hoy el reto fundamental para las luchas sociales: convertir la transición controlada (cambiar personas y algunas leyes sin cambiar el fondo del sistema) en modificaciones estructurales que construyan un país distinto. 

Otto Pérez: nudo y parteaguas. Más razones para RenunciaYa

El desprestigio máximo del presidente ad liminen Otto Pérez Molina (en adelante, OPM o exPresidente) coincide con el apoyo explícito de actores clave: embajada de Estados Unidos el 2 y el 12 de junio, cuerpo diplomático el día 4 de junio, sectores empresariales (sobre todo Cámara de Industria), oficiales del Ejército (12 de junio).

Estos actores temen perder el control del poder político ante el empuje social que solicita la renuncia y destituye moralmente al mandatario. Asimismo, estos actores honran compromisos previos: pactos políticos y económicos entre OPM, sectores empresariales, gobiernos y empresas transnacionales (Hidro Santa Cruz, palma africana, mineras en San Rafael y San José del Golfo, etc).

La estabilidad institucional, la continuidad y cumplimiento de leyes y de la Constitución Política (que incluye la celebración de elecciones con las condiciones actuales el 6 de septiembre) son los argumentos oficiales (repetidos en declaraciones de OPM y de la comunidad internacional, ver nota) que ocultan poderosos intereses de poder, entre otros el desarrollo de proyectos de infraestructura y extractivos, el mantenimiento de un Estado al servicio de una agenda empresarial, la garantía de impunidad, ya que la caída de Pérez Molina es la caída de un operador y actor de poder fundamental, que necesita ser reencauzada (sustituir a OPM y el Partido Patriota como operador polìtico) y contenida (evitar que otros muchos caigan con él).

No olvidemos ni por un momento que OPM y el Partido Patriota no fueron un gobierno más, sino articuladores y operadores de intereses transnacionales, de familias locales, de sectores del ejército y la economía criminal –Cofradia y Sindicato- en fin, operadores de intereses de gobiernos extranjeros a los que garantizaron apoyo a la agenda de seguridad global y libertad para invertir sin controles. 

Este es el cálculo, aunque nos parezca equivocado: mantener a Pérez Molina evita una debilidad mayor de la institucionalidad y de los actores de poder, un deterioro o derrumbe imprevisible del sistema de organización y los referentes del poder actual.

El miedo al derrumbe produce la paradoja de que un Presidente deslegitimado y moralmente más cerca de la cárcel que del gobierno mantenga espacios de acción y poder, como si nada estuviera pasando, a sus ojos y al de sus aliados nacionales e internacionales; como si la crisis no existiera; como si no hubieran robado, él y sus allegados; como si no fuera un criminal, a punto de ser juzgado.

La transición limitada e impune: el escenario deseado de actores de poder
Los argumentos de estabilidad política (de embajadas, CACIF y otros) anulan la ética y cuestionan las reformas que dichos actores manifiestan impulsar: no es admisible apoyar de forma simultánea el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción (constituido el 27 de mayo) y al Presidente que favorece intereses criminales (nota 2); es contradictorio impulsar procesos criminales dejando inmune la figura presidencial (y hasta el momento, a la ex Vicepresidenta). En estas condiciones, la agenda de estos sectores se revela como una agenda de reformas limitadas y cambios en el Estado para que nada cambie, peligrosamente sujeta a una doble moral personal y política.

Una crisis estructural y un descontento creciente se enfrentan con medidas dilatorias y burlescas: mesas técnicas para reforma de leyes que amenazan con eternizar debates; razonamientos legales y de estabilidad institucional (sin tener en cuenta que la aplicación o el desapego a las leyes son los causantes de la situación actual), justicia ralentizada o en impasse (nunca al ritmo que la coyuntura demanda), rearticulación de actores de poder (un nuevo acomodo alrededor de Otto Pérez Molina, sin el Partido Patriota), reforzamiento de los actores de poder, incluidos partidos políticos. O se amaga con violencia institucional y real, medidas de hecho y de fuerza como represión, judicialización de las protestas, generación de incertidumbre y terror, y otras. 

Más razones para Renuncia Ya: Pérez Molina como parteaguas
Los causantes y los causales de la crisis actual no pueden ser arquitectos o participantes en la salida de la misma. La continuidad de la exigencia de renuncia de Otto Pérez Molina (investigación, juicio y castigo de su persona y de la clase política y económica que concibió el Estado como su negocio y la política como el arte del enriquecimiento fácil) es hoy un principio ético y político irrenunciable, para comenzar a construir un futuro sin componendas ni condiciones. No es el fin del camino ni el fin de las movilizaciones, sino el paso previo para un proceso de reformas profundas, que incluyan el desplazamiento de actores de poder causantes de la crisis actual. Más de 30 detenciones de alto impacto, una vicepresidenta renunciada, el partido político gobernante malherido, ministros destituidos, dos grandes procesos judiciales abiertos y más pendientes, candidaturas presidenciales desmontadas.. no son suficientes: debilitan pero no revierten un poder y un Estado construidos con lógicas de corrupción y criminalidad.

El futuro no es sombrío. A pesar de los intentos de una transición limitada, pactada entre los mismos actores de poder, existen fuertes contradicciones entre estos actores: la alianza y los apoyos están sujetos a disputas internas, nuevas alteraciones (juicio político acuerpado por Corte Suprema de Justicia y a discusión en el Congreso, que puede acelerar la caída de Pérez Molina y nuevas negociaciones para su recambio en los límites del poder).

Además, las movilizaciones sociales tienden a desequilibrar los cálculos políticos inmediatos y la impecable hoja de ruta diseñada para que nada cambie. Desde el 20 de abril se han generalizado manifestaciones, reuniones públicas y privadas, debates abiertos, dinámicas de recuperación de las ciudades por clases medias, demandas coyunturales, históricas y estructurales.

Anoto cinco características de las movilizaciones sociales en este periodo, que implican cambios en la correlación de fuerzas preexistente, y podrían traducirse en cambios políticos:

  • Desmonopolización de la política: la sociedad hurta a los profesionales el monopolio de la gestión política y la gestión de lo público. Esto implica el desplazamiento visible de los partidos y lo electoral como instrumentos para la acumulación y mediación cooptadora de los intereses sociales, y dinamita las bases de la actual democracia (ni representativa ni participativa).
  • Superación del conformismo y la apatía. Sectores urbanos cuestionan la hegemonía construida sobre las bases de la exclusión. Lo que sucede en la capital desde el 25 de abril (siete semanas consecutivas de movilizaciones) es tanto una superación del miedo como del conformismo y la apatía pre-dominantes.
  • Ruptura generacional, que implica la incorporación a las luchas de nuevos actores, con nuevas demandas y formas de lucha, marcadamente horizontales. Esto plantea retos fundamentales: combinar la conducción estratégica con la horizontalidad y la colectividad; la planificación en el medio y largo plazo con la espontaneidad y creatividad de las nuevas formas organizativas; el sujeto global y las identidades legítimas (mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, universitarios…).
  • Descentralización y desterritorialización (Máximo Ba Tiul) del ejercicio del poder. A pesar de la visibilidad de las manifestaciones urbanas, lo estratégico de este proceso debe ser, precisamente, la capacidad de estos sectores urbanos de proponer y participar, sin centralidad y sin hegemonía, es decir la capacidad de aportar a un proceso colectivo, construido desde los territorios y los pueblos originarios.
  • El retorno de las utopías. La crítica al ejercicio del poder (en sus síntomas o sus raíces) reabre las propuestas y el debate sobre un proyecto radicalmente distinto de convivencia y organización.
  • La construcción de una agenda básica (no única) para la reforma del sistema y una plataforma amplia para su impulso (Plataforma para la Reforma del Estado).
  • La recuperación por parte de sectores populares de la iniciativa política (tras años de resistencia defensiva frente a la imposición neoliberal-militar, extremadamente violenta).

Es la paradoja de lo real, una disociación entre la voz oficial y la voz de las calles, que debe convertirse en ruptura. ¿Los cálculos inmediatos de actores de poder y sus hojas de ruta quedarán anulados ante los reclamos estratégicos de pueblos, comunidades, organizaciones y ciudadanía organizada e indignada? La respuesta está en nosotras y nosotros, en nuestra capacidad de continuar, complejizar, diversificar y articular las movilizaciones sociales.

Notas
(1) Cuerpo diplomático: estabilidad institucional frente a renuncia, 4 de junio. 
“Lo que puedo decir es que el sistema democrático en Guatemala sí funciona, aunque tiene posibilidades de mejora y eso es lo que muchos de los que estamos aquí opinamos”,  Manuel Legarreta, embajador de España en Guatemala. 
“Ese tipo de clamor (...solicitud de renuncia...) no necesariamente aporta soluciones, hay que ver como encontrar soluciones dentro de la institucionalidad”, embajadora del Reino Unido.

(2) Cualquier pregunta sencilla nos conduce inevitable y necesariamente, a la destitución de Pérez Molina, al inicio de procesos penales contra él, a una cascada de investigaciones y responsabilidades penales y políticas: ex Vicepresidenta, exMinistro de Gobernación, empresarios corruptos…
¿Cuántos de los miles de quetzales diarios obtenidos por la Linea fueron a parar al bolsillo del Presidente? 
¿Los pagos del narcotraficante Jairo Orellana o los negocios del exmilitar Lima Oliva alcanzaban solamente al Ministro de Gobernacion?
¿Qué porcentaje de comisión recibió el Presidente por favorecer grandes inversiones, contra la opinión de las comunidades y qué empresarios extranjeros participaron en estos ilícitos?
¿Qué porcentaje recibió del negocio de la Droguería PISA?