Un Estado voluntariamente ausente y/o ajeno a las demandas y necesidades de las comunidades, el racismo estructural e institucionalizado que impregna las políticas públicas (es mucho decir: las acciones políticas de los encargados de la acción estatal) y la posible manipulación de sectores delincuenciales –incluyo políticos con aspiraciones electorales- confluyen para generar la tormenta perfecta: enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, heridos, muertes y tensión social extrema entre comunidades indígenas hermanas de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá.
La tapa del pomo es la cultura de la violencia, la exclusión y la imposición, que permea relaciones sociales y dinámicas políticas, y que “mandata” enfrentar e intentar resolver por la fuerza problemas complejos, obviando el recurso de la escucha, el diálogo, el consenso y los acuerdos (también en ciertos sectores sociales y comunitarios).
Un conflicto profundo y complejo, multicausal, que debe ser abordado desde la conciliación comunitaria, es hoy un espacio de polarización y profunda división territorial y social, que alimenta a los que viven instalados en el esquematismo y el estado de excepción mental.
Llaman la atención, y preocupan, las respuestas simples a fenómenos sociales multicausales. La jefa del Ministerio Público afirma sin vergüenza que el problema en Nahualá e Ixtahuacán obedece a la presencia del crimen organizado, sin aportar pruebas, sin argumentar, sin reconocer factores históricos, culturales. La respuesta de gobernación y de presidencia es igualmente limitada: represión, militarización, uniformización, que cancelan el debate y el pensamiento distinto.
Este Estado no está preparado para la conciliación sino para la imposición, extemporánea y fuera de lugar. Es difícil pensar que desde las instituciones y sus prácticas excluyentes y racistas puedan llegar soluciones a la problemática. Las medidas unidireccionales y violentas multiplican y exacerban el conflicto, en vez de permitir avanzar a la búsqueda de acuerdos.
El racismo impide considerar a las comunidades indígenas como sujetas de derechos: son crimen organizado o víctimas del crimen organizado, manipuladas-manipulables, necesitadas de tutela, carentes de la capacidad de tomar decisiones correctas.
Este Estado es más parte del problema que instrumento de solución. Es simultáneamente un ente ajeno a las comunidades, un ente facilitador de intereses individuales contra los intereses comunitarios (ejemplo, El Estor) o un ente represor, nunca ente promotor de derechos colectivos y del bien común.
La recuperación de principios de la cosmovisión y organización comunitaria, como el consejo, la escucha, el diálogo y el consenso, desde la autoridad de las comunidades y no de un Estado manifiestamente incapaz y dominado por otros intereses, es fundamental para (re) construir cohesiones territoriales y proyectos en común de los pueblos indígenas de Nahualá e Ixtahuacán.
Debe ser el gobierno de los pueblos y no la ingobernabilidad que provocan las autoridades oficiales, el que dicte el camino a seguir.
Andrés Cabanas, 9 de enero de 2021
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