Continuación del
debate y la acción política [1]
Control político y saqueo de instituciones (aduanas, Secretaría Presidencial de la Mujer, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social). Centralización de la toma de decisiones por el Presidente (autoritarismo). Aprobación
de leyes sin debate. Ampliación de exenciones y favores fiscales a las empresas
(a partir del control de la Superintendencia de Administración Tributaria y la discusión
de la Ley de promoción de inversiones y
empleo, que operan en detrimento de la recaudación de miles de millones de
quetzales para salud, educación, vivienda…). Legitimación de la violencia. Expansión del individualismo y el mercantilismo (la solidaridad en
horas bajas) como valores fundamentales: de la persona y la “nación”. Restricción
de libertades (opinión, participación, movilización, oposición, resistencia) y
persecución del ejercicio de las mismas. Anómala selección de candidatos para
Jefe del Ministerio Público, cuando algunos de los mejor calificados no acceden
a la elección final (“pacto de impunidad”)[2].
Este
es el panorama, esta es la radiografía de un régimen de derechos en entredicho
y una institucionalidad construida en función de intereses privados mercantiles. ¡Alto! la dictadura guatemalteca
está en reconstrucción, aunque utilice perversamente las leyes y las formas
representativas para expandirse.
El
poder se cierra y protege a sí mismo. El Congreso aprueba leyes que favorecen a
las empresas transnacionales y locales, que a su vez financian/sobornan
partidos, los cuales operan intereses de economía formal y/o criminal, todo
ello bajo la mirada complaciente (no omnisciente pero autoritaria) del Presidente, y la legitimación de reproductores ideológicos de la opresión
como los medios de comunicación, los cuales avalan y fortalecen el poder
violento y un sistema de impunidad auspiciado por abogados y operadores
de justicia, muchos de los que son elegidos por el Congreso, que aprueba leyes
que favorecen a las empresas.
En
su expansión, el poder se revela autoritario, sin fisuras ni decoro. Por el
contrario, visibiliza y exalta el uso de la fuerza, más allá de formalidades y
apariencias democráticas propias de otra época: otra fase de la acumulación (la privatización de activos del estado posterior a la firma de los
Acuerdo de Paz); otro momento en la correlación de fuerzas (procesos de diálogo
abiertos por la firma de la paz); otro contexto internacional (neoliberalismo
matizado por el Estado del bienestar y fuerzas socialdemócratas).
Hoy
es la feria, perdón, la época de la desaparición del estado social y
la democracia representativa, sustituidos sin transición por el socio fascismo,
la mercantilización extrema, el poder legitimado del 0.001% de la población,
como afirman la publicidad (revista Forbes en vallas publicitarias en las
calles capitalinas) y las estadísticas. La acumulación basada en el despojo de
territorios precisa de la violencia y permea la institucionalidad.
Se
proponen reformas constitucionales para limitar derechos y favorecer la
mercantilización y explotación de todos los recursos (por ejemplo, la
pretendida privatización del subsuelo a través del usufructo del mismo,
defendida por la Universidad Francisco Marroquín). Se apuesta por la
reelección presidencial, es decir la reelección de Otto Pérez Molina, a
sabiendas de la imposibilidad constitucional (legal) de la misma. Se coquetea, así, con el Golpe de Estado y se coquetea con la dictadura, o ya la vivimos, en su sentido de gobierno sin apego a la ley o que utiliza de forma desigual la misma: cuando
me conviene sí, cuando no me conviene no, parafraseando las palabras de la socióloga
argentina Isabel Rauber tras el golpe de estado en Honduras, cuya prolongación regional
estamos viviendo.
El
autoritarismo acuerpa la acumulación empresarial. Simbólicamente, la
Constitución de 1965, heredera del golpe de estado militar de 1963, cuyas
fuentes básicas son el anticomunismo, la contrainsurgencia y la Ley de Orden
Público, se convierte en referente de “nueva” organización (Mario
Fuentes Destarac): paso atrás o actualización del poder militar aliado con
sectores económicos, formales y criminales, tradicionales y emergentes.
El horizonte no parece admitir discusión para las fuerzas económicas: se trata de reconocer la primacía sin discusión de los derechos mercantiles sobre los derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, y de organizar la sociedad en función de esta doctrina. La paradoja –o la coherencia extrema de esta propuesta- es que puede basarse en instituciones o en su desconocimiento absoluto; construye leyes y las niega al mismo tiempo; dialoga y ejerce la violencia.
El horizonte no parece admitir discusión para las fuerzas económicas: se trata de reconocer la primacía sin discusión de los derechos mercantiles sobre los derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, y de organizar la sociedad en función de esta doctrina. La paradoja –o la coherencia extrema de esta propuesta- es que puede basarse en instituciones o en su desconocimiento absoluto; construye leyes y las niega al mismo tiempo; dialoga y ejerce la violencia.
Es
oficial. Se acaba la democracia, sino detenemos la involución autoritaria pro
empresarial, prefigurada en la cascada de leyes y normas aprobadas (sin
debate) o en discusión en el Congreso: solamente este año, Ley de servidumbres
de transmisión eléctrica, Ventanilla única de importaciones, Ley de promoción
de competitividad y empleo, Circunscripciones económicas, Ley de control de las
telecomunicaciones móviles en centros de privación de libertad y
fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, Ley de promoción
de la competitividad y empleo, reordenamiento militar, y otras. Rasgos comunes
en estas diferentes normas son los siguientes:
convierten
el desarrollo empresarial en interés nacional;
favorecen
intereses de grandes (y pocas) empresas transnacionales, sin consideración a
las empresas medianas, pequeñas, cooperativas, comunitarias;
niegan
el pago de impuestos, a pesar de la autonombrada responsabilidad social
empresarial;
subordinan
al estado;
en
la práctica, crean espacios territoriales de legalidad y normatividad definidas
por las empresas, al estilo de las Ciudades Modelo;
verticalizan
el ejercicio del poder y fortalecen lógicas de exclusión;
atacan
la autonomía municipal;
penalizan
la oposición a las inversiones, reprimiendo la organización y oposición
comunitaria;
asumen el ejercicio de la violencia institucional para imponer proyectos económicos.
asumen el ejercicio de la violencia institucional para imponer proyectos económicos.
Ley
aprobada o en discusión
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Descripción
e implicaciones
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Ley
de servidumbres de transmisión eléctrica
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Para
garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía
eléctrica (popularmente, torres de transmisión) sometido a un retraso de
aproximadamente dos años, la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes
de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo Gubernativo 145-2013 (que declara
de “urgencia nacional y necesidad
pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de Expansión del
Sistema de Transporte de energía eléctrica”, e impulsa la Iniciativa de
Ley de Servidumbres de Transmisión Eléctrica.
La
combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al
eliminar la obligación de solicitar licencia de construcción a las
Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de
Consejos de Desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la
protesta, al otorgar a un Juez de Paz o Tribunal de Primera Instancia la
potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a
su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas
combinadas: militarización del conflicto.
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Ley
de control de las telecomunicaciones móviles en centros de privación de
libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos o Ley de telefonía
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Favorece
oligopolios. Elimina la autonomía municipal y la posibilidad de recaudación
municipal. Penaliza con ocho años de cárcel la oposición a instalación de
infraestructura municipal. Convierte a la Superintendencia de
Telecomunicaciones en el ente encargado de otorgar licencias de construcción
de infraestructura, en detrimento de la autonomía municipal. Elimina la
posibilidad de que las municipalidades obtengan beneficios económicos a
cambio de la instalación de infraestructura (establece un pago único en vez
de los pagos mensuales o anuales requeridos por las Municipalidades).
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Ventanilla
ágil para las importaciones, reducción del poder de la SAT y falta de
tributación empresarial
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Fruto
de alianza estratégica entre el sector privado y el gobierno para facilitar
trámites de importación, que en la práctica reduce la capacidad de
supervisión (y recaudación) de la Superintendencia de Administración
Tributaria.
En
la misma línea, se encuentra el Anteproyecto de Ley Marco del Sistema de Competitividad y Productividad, iniciativa 4647
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Títulos
de usufructo del subsuelo
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La propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida
entre otros por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de
Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación
Libertópolis consiste en que “El dueño de la superficie sea también el
poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un título, de forma similar
a cómo funcionan los títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría
siendo el dueño del subsuelo porque así lo establece la constitución, pero
(quien) posee una parcela, finca o terrenos serían los que gozarían del
usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.
Según sus promotores la propuesta elimina “el conflicto por el
subsuelo” y favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar
directamente sobre el subsuelo: “¿Quiere que los beneficios de la
explotación de los recursos naturales lleguen realmente a las personas? Pues
es mejor que ellas tengan la propiedad de los recursos y que los negocien
directamente con quien los vaya a explotar —si ellos no lo pueden hacer
directamente— a que quien lo aproveche sea un funcionario corrupto que se
quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?” afirma
Ramón Parellada, de CIEN.
En la práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por
cierto, a partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se
quiere dar al mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya
explotación no deberá, siguiendo esta línea de argumentación, pedir permiso.
Se intenta eludir la oposición de las comunidades y el consentimiento previo
y derecho de consulta: sin sentido en espacios que los nuevos títulos
reconocen como privados.
La propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre
la base de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la
identidad y la historia.
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Ley
de Promoción de Inversiones y Empleo
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La primera propuesta de Ley de Promoción de
Inversiones y Empleo (está siendo renegociada) establece los siguientes
incentivos para empresas:
Exención del Impuesto de Solidaridad durante
20 años.
Crédito fiscal del Impuesto sobre la Renta
por inversión en activos fijos, generación de empleo o capacitación que
realice la empresa, durante 20 años.
Exención por la compra, permuta o
transferencia de dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito fiscal
del 50% sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en
infraestructura, durante diez años.
Exención de derechos arancelarios a la
importación, y exención del Impuesto al Valor Agregado en importaciones de
maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen las empresas
en procesos productivos, de forma indefinida.
En la práctica, el Estado de Guatemala
subvenciona a empresas para que se instalen en el país, ampliando el régimen
de exenciones vigente en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley de Zonas Francas (Decreto
25-89), que beneficia a más de mil empresas, y resta al Estado de Guatemala
16,000 millones de quetzales anuales (cálculos de Jorge Santos, del Centro
Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos).
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Circunscripciones
económicas
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La declaración de circunscripciones económicas en los
municipios de San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El
Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la
fijación de salarios por debajo del salario mínimo, burlando el Código de
Trabajo y las negociaciones sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la
inversión, las circunscripciones económicas construyen legalidad específica,
a costa de reducir derechos.
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La
elaboración de leyes favorables a intereses particulares; la persecución a la organización social y los defensores de libertades; el debilitamiento de un
Estado garante de derechos; la construcción de una institucionalidad y una
legalidad proempresarial (o la superación autoritaria y por la fuerza de la
misma) avanzan sin retrocesos y sin punto final. El sistema económico funciona
a partir de la multiplicación y crecimiento constante de ganancias. A un
negocio debe suceder otro, a una empresa e inversión otra nueva: gas natural o
gas de esquisto (aprovechando el gasoducto binacional recién aprobado por los
presidentes de Guatemala y México); privatización del agua (perdón, gestión
integrada del recurso hídrico, con recursos entre otros de la cooperación
española); privatización del mar (me excuso: desarrollo de los derechos
mercantiles, como afirma el profesor peruano Enrique Ghersi, también profesor
visitante de la Universidad Francisco Marroquín). De todo se pueden obtener
ganancias: disculpen, es desarrollo, civilización y progreso.
Este
nuevo ciclo de reconfiguración
autoritaria (Simona Yagenova), promilitar, que sustituye el ciclo de la
Constitución del 85 (basado en
principios de democracia representativa y vigencia del Estado de derecho, aunque
de corte limitado) busca estabilizarse al menos los próximos 25 años, tiempo de
“usufructo” de concesiones mineras, hidroeléctrica o petroleras, y de las facilidades
tributarias y exenciones previstas en la Ley de promoción de inversiones y
empleo.
La
alternativa al vaciamiento institucional, legal, democrático, a la reversión de
los (escasos) derechos y libertades vigentes, al incremento de la persecución y
criminalización, es la construcción de nuevas formas de relación social, la promoción
de valores colectivos, la definición de una institucionalidad y legalidad
favorables a las mayorías, la apuesta por la ampliación del ejercicio de
derechos, la promoción de la vida, y no la acumulación de ganancias, como eje de la acción política.
La
alternativa pasa por la recuperación de principios que dieron vida a los
Acuerdos de Paz (no necesariamente la literalidad incumplida y desactualizada de dichos
acuerdos): la comprensión de la paz como proceso más que como documento;
como apuesta social más que institucional; como movilización masiva (hoy
considerada amenaza); como cultura de
transformación y no como razón pragmática; como construcción conjunta, plural,
permanente y entusiasta, en vez de la actual epopeya del desencanto,
síntesis de lo que no fue.
La paz
entendida como propuesta ilusionante, aglutinadora y colectiva: referente y guía
de la agenda de cambios pendiente en Guatemala.
Notas
[1] Continuidad del debate propuesto por Miguel Ángel Albizures: "La disyuntiva para los amantes de la paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun con todos los riesgos que sigue representando el ejercicio de los derechos ciudadanos en Guatemala". Texto de MAAlbizures
[1] Continuidad del debate propuesto por Miguel Ángel Albizures: "La disyuntiva para los amantes de la paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun con todos los riesgos que sigue representando el ejercicio de los derechos ciudadanos en Guatemala". Texto de MAAlbizures
[2] Comunicado de organizaciones
defensoras de los derechos humanos: “La dirección del Ministerio Público (MP)
es una posición clave y determinante para la garantía de justicia pronta y
cumplida (…) La nómina de candidaturas que ha elegido la Comisión Postuladora,
responde al pacto de impunidad que busca consolidarse. Un pacto que ha reunido
en torno a la sombra de la impunidad tanto a estructuras responsables de graves
violaciones a derechos humanos, como a sectores del poder económico oligárquico
tradicional así como a sectores del crimen organizado".
Otros textos
Más empresas, menos democracia
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