Entre Estados Unidos, Daniel Ortega y el CACIF: la revolución pendiente


Andrés Cabanas 
Las imágenes corresponden al 6 de febrero de 2018. En ellas aparecen -parados- Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Antonio Malouf, en ese momento presidente del poderoso y ultraconservador Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, CACIF.

No se puede saber con la simple visión de las dos fotografías, por eso lo cuento: Malouf viajó a Nicaragua para invitar al mandatario nica al Encuentro Empresarial de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Antigua Guatemala, 15 y 16 de noviembre, un gran cónclave que reúne a las élites políticas y económicas latinoamericanas.

Las fotografías se tomaron antes de la ruptura del pacto entre empresarios (nicaragüenses y centroamericanos), los Estados Unidos, la jerarquía de la iglesia católica y el gobierno, que sostuvo el régimen orteguista durante once años.

A través de estos acuerdos, Ortega y el Ejecutivo garantizaron certeza jurídica para las grandes inversiones nacionales y transnacionales (lo que explica el incremento de la desigualdad y la concentración de la riqueza en Nicaragua durante los últimos once años, paralelamente a la reducción de la pobreza), mientras que los empresarios y Estados Unidos sostuvieron políticamente a un gobierno corrupto y autoritario, enormemente limitado en su capacidad de construcción de un proyecto transformador. Este entendimiento llegó a ser considerado un modelo político ideal para impulsar negocios, el gran sueño de la pax neoliberal, que solo se logra con la violencia o con la renuncia a los principios.

Para facilitar lo anterior, el instrumento revolucionario Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, se redujo a maquinaria electoral y burocrática para la gestión del poder estatal, sin debate, sin asamblea, sin proyecto revolucionario, sin movilizaciones contestatarias y críticas, como denunció el fundador del FSLN y comandante de la Revolución, Henry Ruiz. Se anuló progresivamente el proyecto popular construido por la revolución en los años 80, en favor de un esquema hecho por y para las élites empresariales, internacionales y del FSLN.

Hoy, Estados Unidos, los empresarios y la iglesia se distancian de Ortega, pero no se entiende la crisis, las tensiones que definen la correlación de fuerzas y los espacios para soluciones continuistas o transformadoras, sin los prolongados pactos previos. La desavenencia entre los actores mencionados (o el sálvese quien pueda, frase que bien pudo haber sido inventada por un empresario), responde al esfuerzo de Estados Unidos y los empresarios para no salir perjudicados y lograr posicionarse tras el estallido de abril.

Dónde queda la Revolución


El comunicado del Gobierno de Nicaragua con motivo de la conmemoración del 39 aniversario de la Revolución es la mejor confirmación de la renuncia del orteguismo sandinista a un proyecto popular: cinco referencias a Dios, cuatro referencias a las familias, una referencia a ritos satánicos (de la oposición), una referencia a la revolución, una referencia a Rubén Darío, una referencia a Sandino, ninguna a los fundadores de la revolución, los que por cierto sí son recordados por los sublevados desde abril, como el poeta Leonel Rugama, cuya diatriba a la Guardia Nacional somocista (que se rinda tu madre) inspira hoy los tranques y la resistencia.

Seguimos leyendo el comunicado: cero reflexión política, demasiadas mayúsculas, un montón de providencialismo y cultura política pragmático-resignada, en el sentido que definió Andrés Pérez Baltodano. Vale la pena analizarlo y tomar partido, para distanciarse del Partido.

Pero la deriva autoritaria y elitista del sandinismo orteguista no empieza en 2018. La insurrección de la conciencia (revista Envío), protagonizada por feministas, campesinos, estudiantes y jóvenes, da rienda suelta a la indignación acumulada durante años y décadas, por sucesivas violaciones a los derechos del pueblo nicaragüense: violación de Ortega a su hijastra, pacto con el ultra conservador cardenal Miguel Obando, prohibición del aborto terapéutico, alianzas con el liberalismo corrupto de Arnoldo Alemán, represión al movimiento feminista, fortalecimiento del modelo económico neoliberal, despojo de tierras a campesinos en el Gran Canal, familia tradicional y moral católica conservadora, como base de la sociedad. "Extractivismo, misoginia, nepotismo, criminalización de la protesta. En el aniversario de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura, conocemos las claves por las que los movimientos sociales se han alzado contra el gobierno de Daniel Ortega" afirma la revista feminista Pikara Magazine.
La insurrección de la conciencia, revista Envío
19 razones para que Ortega se vaya este 19 de julio
Dicho lo anterior, las preguntas y las dudas sobre escenarios de hoy y futuros, son inquietantes.

¿Están EEUU y los empresarios detrás de las movilizaciones en Nicaragua? Of course, always, wherever.

¿Tienen la capacidad de orientar la agenda hacia lo que en Nicaragua se denomina “aterrizaje suave”, es decir, una salida favorable a sus intereses? Sin duda. Este aterrizaje suave puede incluir un nuevo compromiso con Ortega para la entrega ordenada del poder, a cambio de impunidad.

¿Son mayoría a la hora de tomar decisiones, en el espacio del diálogo nacional y espacios internacionales? Lo son, en este momento su peso es determinante.

¿Entonces la posibilidad de un triunfo de fuerzas populares que

¿Estados Unidos y empresarios controlan y orientan todas las fuerzas, todas las protestas, todos los sectores que salen a las calles, toda la energía y creatividad movilizadas? Ni en sus mejores sueños.

Por ello, la lucha por reconstruir proyectos revolucionarios, sobre bases éticas, transformadoras, plurales y de radicalidad democrática, es el desafío.

Viva el 19 de julio.

Viva el sandinismo y la revolución.

Violencia en el Estado finca

La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Hoy, en situación de crisis multidimensional y estructural, la represión no se diluye, sino se agudiza. El Estado continúa construido, y amenaza con reconfigurarse, sobre bases coloniales. Andrés Cabanas, 31 de mayo de 2018.



Poderes del Estado, empresas nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad internacional, priorizan sus inversiones frente a los derechos de los pueblos y frente al propio Estado de derecho. La democracia se desdibuja en esta visión, es utilitaria o meramente discursiva: la transición democrática que fracasa cuando no había iniciado. La burla de la ley o su retorcimiento se convierten en norma. ¿No es así? Analicemos la impunidad empresarial por delitos ambientales (entre otros, desvío de ríos), sobornos para obtener licencias, estudios -o falta de- impacto ambiental, incumplimiento de la consulta, defraudación fiscal, violación de derechos laborales, contaminación por fumigación, etc.

 

Maquillando el despojo

Puestos a elegir entre inversión y derechos, empresas y la mayor parte de la comunidad internacional no tienen ninguna duda. Sucedió y sucede en Agua Zarca, Honduras, con Holanda, en Santa Cruz Barillas con apoyo español y noruego, en Santa María Cahabón con Florentino Pérez y la "Marca España". La diversidad y carismática apertura del gobierno canadiense se acaba cuando toca arrinconar la ética y defender sus indefendibles y destructivas empresas mineras en todo el mundo mundial.

Situación similar se produce con el cabildeo de los donantes guatemaltecos a favor de la reglamentación de las consultas comunitarias (especialmente la Unión Europea), que los sitúa más cerca de las posturas abolicionistas (de derechos y consulta previa) de las cámaras empresariales, que de las propuestas antirestrictivas de los pueblos indígenas. La solicitud de la Embajada de Estados Unidos a la Corte de Constitucionalidad -CC- para un dictamen sin demora en el caso Minera San Rafael (ver imagen abajo) forma parte de este proceso. El dictamen sin demora se refiere, sin duda, a una decisión similar a la otorgada en favor de los proyectos hidroeléctricos Oxec el 26 de mayo de 2017: permiso para seguir operando sin consulta, mientras realizan ésta conforme a los criterios definidos por la propia CC y el Ejecutivo (Guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas, julio 2017). En fin, legalización de la impunidad y el gobierno de los negocios.

Los artificios verbales maquillan el despojo. Se habla de defensa del derecho a la propiedad privada, inversión, seguridad, certeza jurídica, progreso, desarrollo. Se adorna el discurso para evitar mencionar la destrucción, el deterioro de la Madre Tierra y la convivencia comunitaria, el desastre ambiental y social que provocan los grandes emprendimientos. Identidad (negación de la existencia de pueblo xinka en el área de Minera San Rafael, por ejemplo), medio ambiente, agua, vida, son derechos menospreciados.

Las razones de la población son obviadas, aunque estén expuestas de forma directa y clara, como en el comunicado reciente de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán afectada por Minera San Rafael:

 

“No estamos de acuerdo con el proyecto minero. No queremos que la entidad Minera San Rafael SA continúe operando, porque viola nuestros derechos. Lo que queremos es que se vayan y nos dejen vivir en paz, que dejen de herir nuestra madre tierra...A través de engaños, Minera San Rafael obtiene firmas que posteriormente presenta ante las instituciones y accionistas, para tratar de hacerles creer que cuentan con el respaldo y apoyo de la población, y que estamos de acuerdo con el proyecto minero".

Comunicado de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán, 21 de mayo.


Imágenes que grafican la destrucción no son tenidas en cuenta, si bien podrían servir para el inicio de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público (el actual o el anterior, ambos rocosos e impenetrables para abordar denuncias contra empresas). Observemos sino estas fotografías de la hidroeléctrica Oxec en Santa María Cahabón, capturadas por Consulta Comunitaria Río Cahabón, en mayo de 2018.






Más inversión, menos derechos, resistencia, represión  

La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el bien común se multiplican. Presos políticos y órdenes de captura masivas y arbitrarias arrinconan a comunidades y organizaciones, obligándolas a elegir entre derechos-dignidad y cárcel.  Bernardo Caal, Abelino Chub, los comunicadores comunitarios y pescadores del Lago de Izabal, Jovel Tobar, María Choc, las comunidades de Mucbilha y San Pablo San Marcos, entre muchos otros casos, son víctimas de un sistema de justicia y un Estado autoritarios, construidos y fortalecidos a favor de las empresas.

A la confluencia de intereses empresarios-ejecutivo-Congreso- Ministerio de Gobernación-Ministerio Público-operadores de justicia-empresas transnacionales, para agudizar la persecución, se añade la crisis institucional y social. Un modelo en la antesala del colapso, construido para la acumulación privada, sin capacidad de construir consensos y sin mecanismos de oxigenación eficaces (como antes eran las elecciones) tiende a agudizar la violencia política. La inminencia de un proceso electoral que no garantiza estabilidad ni gobernanza, pero todavía resulta instrumento adecuado para el reparto de negocios, incrementa las amenazas para las luchas sociales.

Los riesgos son, entre otros, la apertura de procesos judiciales masivos bajo los cargos de hurto de fluidos y usurpación agravada; desarrollo de desalojos pendientes (¿100?); nuevos encarcelamientos selectivos de dirigentes ( en línea de lo sucedido con Abelino Chub o Bernardo Caal); persecucion de poblaciones en resistencia (sujetas políticas y sujetas a proceso, como sucede entre otras en Mucbilha, 52 órdenes de captura); más atentados y asesinatos, mientras se modifican marcos legales represivos. La violencia física (al menos tres asesinatos y un atentado en menos de dos semanas) completa el cuadro de agresiones.

 

Asesinatos de Luis Marroquín, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, 9 de mayo; José Can Xol, Comité Campesino del Altiplano, CCDA, 10 de mayo; Mateo Chamán Paau, CCDA, 13 de mayo.

Atentado contra Omar Jerónimo, Coordinador General de la Organización Central Campesina Cho´rti´Nuevo Día, 22 de mayo.

 

El silencio no es opción

Sucede en este país, este momento y este Estado, construido sobre la exclusión y el aplastamiento de los pueblos indígenas, las mujeres y todos los sectores populares. Un modelo de inversión - a gran escala, extractivista- respetuoso de los derechos humanos y de la Madre Tierra no es posible. El Estado en la fase neoliberal es estructuralmente violento y autoritario.

Toca entonces pensar y construir-fortalecer nuestros proyectos propios. Por eso queremos otro Estado y modelo de vida, donde las luchas por derechos colectivos de personas y madre tierra sean principios comunes y no tipos penales. El fin del Estado finca, neocolonial. El inicio del gobierno de los pueblos. Ello es viable si y solo si avanzamos hacia la articulación social desde visión dialogadas y la defensa colectiva y solidaria.

Nicaragua, voces viejas y nuevas

Andrés Cabanas, 21 de abril de 2018
No podemos ignorar que en las recientes movilizaciones (cuasi insurrecionales) de Nicaragua existe influencia de la Embajada gringa y se desarrolla el episodio nica de la avanzada ultranconservadora continental. Que (oh casualidad, donde lo he visto antes), aparecen los empresarios y aprovechan para romper el pacto con Ortega y preparar el recambio de su gobierno. Intervención imperial, pragmatismos e hipocresía de la mano.

Pero también se visibilizan otras/nuevas demandas y voces: juventud, estudiantes, sandinistas críticos, movimientos de resistencia popular al capitalismo, ambientalistas, feministas siempre silenciadas y perseguidas, campesinos en defensa del lago y la soberanía, militantes históricos de la guerra y el breve gobierno de los sueños y utopías. Voces que se expresan en las calles, en comunicados, en documentos y proclamas que vale la pena estudiar.

El análisis de Nicaragua hoy a partir de las categorías interpretativas de golpe blando, revolución de colores y del examen de un plan desarrollado con precisión quirúrgica por actores externos, no logra explicar las contradicciones internas de una revolución que no fue y que el actual Frente Sandinista de Liberación Nacional -FSLN- y la familia Ortega se empeñan en enterrar cada día. Parece una verdad de Perogrullo pero no es Estados Unidos quien ordena disparar y criminaliza a los manifestantes afirmando que son poquitos y además delincuentes (uy, eso también lo he escuchado antes, verdad Santa Cruz Barillas).El gobierno de Ortega, de motu propio, cierra espacios de diálogo y prefiere los acuerdos de cúpula (gobierno-empresarios) al consenso y las alianzas con sectores sociales.

Hace rato que la revolución popular y ÉTICA (no suelo usar mayúsculas y no lo volveré a hacer, pero en este caso me parece imprescindible) sandinista se estancó, extravió, dejó de interesar: a los empresarios, a los Estados Unidos, a los nuevos ricos del FSLN que optaron por políticas neoliberales y de despojo (Gran Canal) por la cooptación pasiva en vez de la democracia participativa revolucionaria y por la generalización de un pensamiento acrítico (el providencialismo y pragmatismo resignado diría Andrés López Baltodano), absolutizador, fundamentalista.

No somos delincuentes ni de derechas, dicen los manifestantes. La disputa es intensa pero el sandinismo, hasta ahora cooptado por el aparato del FSLN y la familia Ortega, puede encontrar caminos nuevos. No todos los manifestantes lo desean. No sé si los que así lo quieren tengan la fuerza suficiente, entre tantos retos y enemigos. Lo que tengo seguro es que, si lo intentan, no van a estar solos.



La libertad aplazada de Abelino Chub Caal

Abelino Chub Caal continúa a la espera de un juicio justo, sin interferencias de las empresas ni manipulación del sistema de justicia. Andrés Cabanas, 21 de marzo de 2018

Abelino Chub continúa en la cárcel, en espera de ser enviado a juicio o puesto en libertad. El aplazamiento de la audiencia conclusiva de etapa intermedia el día de ayer (hasta el 19 de abril) tiene justificación técnica: falta de condiciones de seguridad para el traslado de presos. Pero no olvidemos que, después de 14 meses, el proceso judicial no avanza y que el traslado a un Tribunal de Mayor Riesgo se demoró 6 meses.

A la lentitud de la justicia se suman estrategias dilatorias, para lograr que Abelino permanezca en prisión mientras se concreta el sueño dorado de muchos finqueros que ocupan territorio q'eqchi': completar una cadena de 40 desalojos pendientes, con la anuencia de Ministerio Público y nuevas autoridades de Gobernación.

Lo lamentable es que después de meses de prisión (Abelino fue capturado el 4 de febrero de 2017) decenas de audiencias realizadas o canceladas, tribunales que juzgan a partir de expedientes copipasteados de otros casos de criminalización, al final, digo, se evidenciará que los delitos imputados a Abelino son fabricados por finqueros y autoridades de justicia, que todavía hoy se creen dueños del territorio, el agua y la vida del pueblo q'eqchi'.
Aunque en ocasiones lo parezca, ya no estamos en tiempos de la Colonia. 
Pienso yo.  






Contra los desalojos y la criminalización

Denunciar el despojo, impedir los desalojos, luchar por la restitución de las tierras ancestrales de los pueblos, exigir el fin de la criminalización, aporta a una nueva Guatemala, cimentada sobre valores de memoria, justicia, solidaridad, comunidad y dignidad. Andrés Cabanas, 2 de febrero de 2018. Imágenes: La Cumbre y Semuy, diciembre de 2017 

Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre de 2017, centenares de efectivos policiales, acompañados de operadores del sistema de justicia, delegados de instituciones estatales de derechos humanos y empresarios, participaron en operativos de expulsión de población. Sucedió en Chab´il Ch´och´, Livingston (28 de octubre, 80 familias),  La Cumbre, Tactic  (1 de noviembre, 25 familias) y Semuy, Senahú (3 de noviembre, 19 familias).

Las comunidades fueron forzadas a abandonar los territorios que ocupaban, en algunos casos desde hacía décadas, a partir de procedimientos ilegítimos y de legalidad incierta. En todos los casos, los operativos fueron ejecutados así:

-con carácter sumario (sin preaviso y en pocas horas);
-no contemplaron plan de reubicación;
-no permitieron acceso a defensa (presencia de abogados de las comunidades);
-se ejercieron con violencia, durante, previamente (amenazas, presión, apresamiento, capturas) y en días sucesivos.

Testimonios, fotografìas y videos aportados por las
comunidades, así como reportajes de medios periodísticos y las conclusiones de una misión de solidaridad desarrollada por la Asamblea Social y Popular y el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz´ununija´, dan cuenta de quema de casas, destrucción de cosechas e infraestructura, robo de pertenencias y enseres de las comunidades, agresiones físicas y violencia sexual contra mujeres, tanto por parte de agentes del Estado como de finqueros y guardias privados contratados por las empresas.

La violencia ejercida implica grave violación de derechos básicos de las comunidades: alimentación, salud, vivienda, seguridad (cuando fueron expulsados de sus territorios y hasta este momento), sin que las instituciones estatales (incluidas la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH) muestren interés en atender estas situaciones o receptividad para tramitar las denuncias de la población y de organizaciones sociales.

El despojo permanente

Los desalojos (expulsión de la población de sus territorios ancestrales) se fundamentan para el Estado y los empresarios en el derecho de propiedad privada (un título, independientemente  de la forma fraudulenta y violenta en que ha sido conseguido) frente al derecho colectivo e histórico del pueblo q´eqchi´a habitar en su territorio y a tomar decisiones sobre su destino.

Así, desde un punto de vista estado-empresarial, el desalojo es un procedimiento técnico y una acción legal, con la condición de que sea operado con la menor violencia posible, sin conocimiento público o con ausencia de denuncia social. Desde la visión de las comunidades, es otro episodio del despojo histórico, fundamentado en la negación de los derechos de los pueblos indígenas y su condición de sujetos.

Desalojos y criminalización

Hoy, las comunidades continúan exigiendo el retorno a sus comunidades de origen, al tiempo que la organización y la solidaridad procuran condiciones mínimas de vida en los terrenos que ocupan de forma provisional. La lucha contra el despojo sigue en La Cumbre, Semuy y Chab´il Ch´och´, mientras se prevén otros desalojos, acompañados de violencia y criminalización. La persecución a líderes comunitarios y comunidades puede generalizarse.

Antes de los desalojos de Semuy y La Cumbre, dos jueces extendieron 29 órdenes de captura (23 en la primera comunidad, seis en la segunda) para debilitar la resistencia de las comunidades, con el agravante de que las capturas podían extenderse a “las demás personas que estuviesen ocupando el inmueble”. Un anciano de La Cumbre, Rosendo Chen, estuvo en prisión preventiva más de tres meses.

La criminalización, de carácter permanente y estructural, vinculada al  modelo de despojo, puede extremarse en esta fase por la llegada al Ejecutivo (Ministerio de Gobernación) y a puestos clave en instituciones del Estado (Poder Ejecutivo) de personas directamente vinculadas a los intereses empresariales en los territorios en disputa. Algunas dinámicas institucionales apuntan en este sentido:

La Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas 2018 elaborada por el Sistema Nacional de Inteligencia señala a las maras como la amenaza principal para la seguridad nacional, y la “problemática de tierras” y la “problemática de aguas” como riesgos para el desarrollo (la misma agenda considera la corrupción una simple vulnerabilidad).

A fines de 2017 ingresó al Organismo Ejecutivo la propuesta de modificación del Código Penal, Iniciativa 5239, Ley contra actos terroristas, que amplía la tipificación del delito de terrorismo para calificar las acciones de comunidades y dirigentes sociales que luchan por su derecho a la tierra y el territorio.

En el territorio q´eqchi´continúa la detención de líderes: el día 30, fue detenido Bernardo Caal, dirigente de la resistencia frente a la destrucción que provoca la hidroeléctrica Oxec. El próximo 7 de febrero se cumple un año de la detención arbitraria de Abelino Chub Caal.

Guatemala sin sentido

Cada vez es mayor la diferencia entre necesidades sociales y prioridades de este Estado y los grupos dirigentes. El acaparamiento de tierras, el monocultivo que reduce las posibilidades de la sobrevivencia y anula la biodiversidad, la apropiación del agua y otros bienes comunes, el racismo que niega a los sujetos de derecho, la  conversión del Estado en una agencia de competitividad empresarial, amenazan la convivencia.

La supeditación de derechos colectivos e históricos al derecho a la propiedad privada, la certeza jurídica y la seguridad de las inversiones, convierten la institucionalidad democrática en retórica y Guatemala como colectividad en una entelequia.

Frente a esta hipótesis de país, denunciar el despojo, impedir los desalojos, luchar por la restitución de las tierras ancestrales de los pueblos, exigir el fin de la criminalización, aporta a una nueva Guatemala, cimentada sobre valores de memoria, justicia, solidaridad, comunidad y dignidad.






Después del 14

La elección de Junta Directiva del Congreso 2018 (13 de enero) fortalece la agenda de la corrupción y la agenda económica empresarial. Acciones para la impunidad de operadores políticos, aprobación de medidas a favor de empresas nacionales y transnacionales, criminalización y represión, emergen como prioridades de los actores tradicionales, y como amenazas para los sectores sociales.

La nueva Junta Directiva se promueve tras la (enésima) renovación del pacto de élites entre empresarios, poderes del Estado y actores internacionales (renovación operada de forma simbólica en el cónclave anual empresarial, 12 de octubre de 2017). En esta reunión, importantes sectores del empresariado organizado ofrecieron apoyo al Presidente Morales en el momento más crítico y débil de su gestión. Previamente, el nuevo embajador de Estados Unidos expuso las prioridades de la administración USA para Guatemala durante este periodo: gobernanza, seguridad y prosperidad, a las que se subordina la lucha contra la corrupción. Por ello los mensajes provenientes de la embajada USA en este periodo son calculadamente ambiguos y marcadamente contradictorios: la aceptación "condicionada" de la JD 2018 o el apoyo reiterado del embajador Arreaga a Jimmy Morales y el alcalde Alvaro Arzú son ejemplos  de esto.

Un país sin derechos y un Estado para las empresas

2018 abre puertas para sectores empresariales, criminales, partidarios, políticos tradicionales, transnacionales, al tiempo que traza líneas rojas para los derechos colectivos y las luchas sociales. Las amenazas directas son, entre otras, estas nueve:

Primera amenaza. La aprobación de la ley de reglamentación de consultas, en los términos marcados por la Corte de Constitucionalidad en el caso de la hidroeléctrica Oxec el 26 de mayo pasado (sentencia complementada por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta, presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio). Esta ley, considerada de máxima prioridad por los empresarios, elimina el carácter vinculante de las consultas y la posibilidad de realizarlas según procedimientos propios de las comunidades, además de permitir la continuación de proyectos que están operando sin consentimiento comunitario (más de 80 en el caso de la minería, según una denuncia reciente interpuesta por el Movimiento Indígena, Campesino y Sindical y el diputado Leocadio Juracán).

De forma complementaria, los empresarios presionan por sentencias de la CC favorables a las empresas que ya están funcionando: después de Oxec aguarda, en la antesala de la impunidad empresarial y la cooptación del Estado, Minera San Rafael, cuyo proyecto está detenido parcialmente desde septiembre.

Segunda amenaza. Políticas y leyes para la persecución y criminalización, en la línea propuesta por el CACIF en septiembre. En esta fecha, el CACIF solicita al Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada, el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de empresas”). Esta propuesta es retomada parcialmente por el Congreso con la Iniciativa 5239, Ley contra actos terroristas, que tipifica como terrorismo las movilizaciones sociales.

Tercera amenaza. La Ley de infraestructura, orientada sobre todo a la construcción estatal-privada y gestión privada de carreteras (cobro de peaje) para lo cual los empresarios proponen adoptar el modelo de la Ley general de electricidad, aprobada durante el gobierno del padre del nuevo Presidente del Congreso. La aprobación de esta ley implicaría una nueva vuelta de tuerca al modelo neoliberal.

Cuarta amenaza. La conversión de la Agenda Nacional de Competitividad propuesta por los empresarios (y su modelo de desarrollo invasivo, extractivo-destructivo y excluyente) en política de Estado. La aprobación de esta política implica la destrucción de un Estado social y la hegemonía de un Estado construido para proteger inversiones empresariales y transnacionales. 

Quinta amenaza. La garantía de no persecución fiscal-tributaria y de mantenimiento de la actual cultura tributaria de exenciones y no pago, que imposibilita la inversión y acción públicas.

Sexta amenaza. Ley de competencia, ley de aguas que permita la utilización empresarial e impida la persecución por  desvío de ríos y usurpación de aguas, reactivación de la propuesta de ciudades modelo o zonas de desarrollo especial, reformas al servicio civil y ley de contrataciones, reformas a la ley electoral y de partidos políticos que no toman en cuenta las peticiones sociales de 2015, reformas al sector justicia que excluyen el pluralismo jurídico: un conjunto de cambios legales concebidos para eliminar competencia, o para provocar cambios en la superficie que mantienen intactas las estructuras.

Séptima amenaza. El impulso de la política de desalojos de comunidades de sus territorios: más de 40 previstos en el Polochic, más de 100 en todo el país. La nueva oleada de desalojos arrancó con los tres consecutivos realizados en Ch´ab´il Ch´och, Livingston (28 de octubre), La Cumbre, Tactic (1 de noviembre) y Semuy, Senahú (3 de noviembre), con violencia extrema contra las comunidades y pasividad de instituciones estatales de protección de derechos humanos (Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisión Presidencial de los Derechos Humanos).

Octava amenaza. El desvío de ríos y la apropiación del agua de empresas y fincas de monocultivo, sobre todo en bocacosta y Costa Sur, que destruyen la naturaleza e interrumpen los ciclos de vida de las comunidades. La complicidad del Estado y la inacción del Ministerio Público (ninguna denuncia ha prosperado) incrementan la conflictividad y tensiones en los territorios.

Novena amenaza (regional). El modelo hondureño (militarización de la seguridad, ciudades modelo o zonas de desarrollo, desaparición de la institucionalidad democrática) es un modelo a aplicar con variantes en Guatemala. El contexto guatemalteco no puede leerse sin tener en cuenta la situación en Honduras, donde se fortalece un gobierno y un sistema político de derechos restringidos: democracia autoritaria, dictadura civil-electoral, un proyecto autoritario-fundamentalista en auge desde 2009 (golpe de Estado en Honduras e intento de golpe en Guatemala.

 

Pacto de élites, pacto de los pueblos

Este pacto de élites (que incluye el pacto de corruptos pero es más amplio y estructural) se enfrenta con mayor organización y articulación (nuestra dispersión es su fortaleza y da alas a la impunidad). Dos grandes retos se plantean en lo inmediato:

Primer reto. El fortalecimiento de alianzas y articulaciones amplias, construidas con la participación protagónica de pueblos indígenas y comunidades, a partir de sus demandas y agendas. Estas alianzas deben renovar el repertorio de acciones, toda vez que las acciones impulsadas y las formas organizativas existentes no logran revertir el modelo económico de despojo y su superestructura política.

En particular, este contexto revela el agotamiento de un modelo
de cambios basado en la acción judicial (depuración y reformas promovidas desde el Ministerio Público, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y, en menor medida, Embajada de Estados Unidos) y en una agenda de reformas mínimas, que no enfrenta la complejidad de intereses y actores de dominación. Comparto el análisis de Marco Fonseca:

La forma cómo los poderes dominantes y sus camarillas de poder y de cartón entienden la restauración sin depuración sigue siendo el modelo que rige la política dentro del Estado neoliberal en Guatemala, sin importar lo que diga la embajada gringa, la Cicig, la fracción dominante que también quiere restauración pero con alguna depuración (en parte, para atraer más inversiones directas de las transnacionales y así ampliar el modelo extractivista de acumulación) o, de hecho, la ciudadanía «indignada». La indignación misma, de hecho, ha sido aplastada y se ha revelado, fehacientemente, como un significante político deficitario y corto. Marco Fonseca, Silencio político o división hegemónica

Segundo reto. La  discusión e impulso de una agenda integral, que tenga en cuenta no solamente las reformas políticas y del Estado, sino reformas estructurales del sistema económico y social (del sentido de vida y nuestro sentido de país) y que recoja las aspiraciones de las mayorías (más allá de una agenda de cambios promovida desde sectores urbanos y clases medias minoritarias).

 

2018, el año de...

La defensa del derecho de consulta en Cahabón y San Rafael Las Flores, la impugnación de un modelo de desarrollo que empobrece, la solidaridad con el pueblo hondureño que defiende soberanía y derechos amenazados, la alerta ante nuevos desalojos de población de sus territorios ancestrales, el rechazo de la criminalización y leyes que persiguen a luchadores sociales (reforma del código penal), el repudio a una nueva ola privatizadora (carreteras), la defensa del agua y los ríos, la liberación de los presos políticos, la construcción de alianzas y la profundización de movilizaciones populares, son -entonces- desafíos fundamentales para los movimientos sociales en 2018.