El virus del Estado ausente


Los momentos de lucidez en que acaricio la historia me dan paz. 
Raysa Morales.

No vivimos momentos de lucidez. La historia no se acerca cauta ni próxima. Por el contrario, nos atropella el tiempo de la enfermedad invisible-posible, de no saber y no entender, aunque mucho de lo que empezamos a sentir tiene que ver con la irresponsabilidad y el descuido con el que tratamos a nuestros semejantes y a todos los seres vivos.

Entran en nuestras vidas -sin permiso y como elefante en cacharrería- conceptos y rutinas que nos protegen y nos lastiman al mismo tiempo. Buscamos aislamiento y distancia en el país que nos aísla por ley y principio, desde siempre y en todo momento: por el apellido, el lugar de nacimiento, la herencia, el idioma, la indumentaria. Necesitamos seguridad, pero la seguridad en Guatemala siempre ha estado vinculada al dominio del ejército y al terror del enemigo interno. De repente lo nuevo es no tan nuevo: el toque de queda, el ejército en las calles, el lenguaje de guerra.

Mi sensación es que empezamos a vivir tanto en un tiempo radicalmente diferente (seguramente lo sentiremos más en el medio plazo que ahora mismo) como en un bucle de la historia: no salir de casa, el miedo o la prevención ante el otro. Se reducen derechos en nombre de nuestra salud y perdemos salud como consecuencia: movilidad, sociabilidad, recreación, afecto. 

Más exclusión en tiempos de crisis

No nos da paz, nos perturba que las propuestas para enfrentar la crisis no signifiquen lo mismo para unos que para otros, que amplifiquen las diferencias, contribuyan a la marginalización y la vulnerabilidad. Un mensaje tan sencillo como Lavarse las manos frecuentemente es para muchas familias consejo, ilusión o burla. ¿Acaso nos olvidamos de que el 41% de hogares carece de acceso a agua por medio de tubería dentro de la vivienda, o que el 2% de hogares accede a agua exclusivamente cuando llueve? (Censo 2018).

¿Cómo sufren el Quédate en casa aquellas familias que viven en hacinamiento? En el  29% de los hogares las personas cocinan en el mismo lugar donde duermen; el 44% de los hogares cuenta con un solo dormitorio; 28% de los hogares apenas dispone de un cuarto para todas sus actividades (Censo 2018). 

Palabras (y acciones políticas) como cuarentena, confinamiento, aislamiento, carecen de sentido para quienes encuentran en la calle la única posibilidad de sobrevivir. 

La expansión de la pandemia es amenaza real, con posibles consecuencias desastrosas sobre la salud de la población en vulnerabilidad, por ejemplo, la niñez desnutrida (46.5% de la población).  El problema es que percibimos una distancia enorme entre esta amenaza, las medidas necesarias y las acciones/capacidad del gobierno y las instituciones.

Salvo la cuarentena y la restricción parcial de movilidad (que no tiene en cuenta la necesidad de salir de los trabajadores forzados por los empresarios y el trabajo informal), el gobierno concentra su acción en pocas, limitadas y focalizadas acciones: la habilitación del Parque de la Industria para atención de personas enfermas, el hospital de Villa Nueva como centro de cuarentena, la apertura de otro hospital de emergencia en Quetzaltenango, y se me acaban los ejemplos. El anuncio de la habilitación de 300 millones de quetzales para ayuda directa a familias (menos 5% de la ampliación presupuestaria de siete mil millones anunciada por el Ejecutivo), u otro anuncio reciente (un mil millones en créditos para empresas, tanto pequeñas como grandototas) son más que insuficientes y menos que paliativos. 

En otros países, donde de todas formas estoy seguro de que no son como aquí tiempos de lucidez, plantean o ya han puesto en marcha medidas como:

  •  Moratoria de pago de alquileres, luz, agua y telefonía. 
  • Bonos o rentas solidarias durante el tiempo que dure la crisis, para personas afectadas o para toda la población en situación de vulnerabilidad. 
  • Renta básica universal. 
  • Apoyo a pequeñas empresas y economía informal. Apoyo a la producción y comercialización de pequeños campesinos, para que sigan garantizando la alimentación.
  • Fortalecimiento del sistema de salud, en cobertura, persona, insumos, etc. a partir de transferencias de ministerios de accionar irrelevante y/o oneroso. 

La distancia física es necesaria y responsabilidad de todas y todos garantizarla. Al tiempo, es nuestra obligación denunciar y manifestar nuestro rechazo cuando observamos que los mismos de siempre, con las mismas prácticas y discursos idénticos y vacíos, continúan haciendo nada, en términos de la población más necesitada y demandante. 

Autor: Andrés Cabanas, 23 de marzo de 2020

Coronavirus en Guatemala: distancia física y comunidades solidarias

¿La crisis de salud por la posible propagación del coronavirus saca lo mejor de nosotros mismos o solamente define nuestros contornos? Por ahora gana la segunda opción. 

Al oído de los empresarios: si hoy la opción posible (o la utilizada mayoritariamente) para evitar la expansión del coronavirus es el distanciamiento y la paralización de la actividad económica, no se puede justificar que cientos de miles de trabajadores sean obligados a trabajar, poniendo en riesgo su salud y el de todas las personas cercanas, con tal de no afectar el beneficio empresarial.   

Al oído del gobierno: si su estrategia es la cuarentena preventiva (todavía limitada), su obligación es adoptar medidas para que la población que sobrevive en la economía informal, el día a día, la calle y la socialización como opciones únicas, reciba temporalmente ayuda (a través de cualquier mecanismo) que le posibilite subsistir mientras la epidemia no se expande o se controla.

Ante la disyuntiva de defender la salud y defender la vida versus defender la inversión y la actividad empresarial, los empresarios y finalmente el gobierno optan por esto último, sin rubor y sin preocuparse por maquillar sus incoherencias. Solo así se explica que el ejecutivo -tras anunciar lo contrario- permita la continuación de la actividad de maquilas, call center y otras grandes empresas. Solo así se comprende la ausencia de medidas económicas y sociales de choque que beneficien a sectores empobrecidos.

Plan de emergencia económica o campaña electoral

En Guatemala, el 69.7% de la población ocupada se desempeña en la economía informal; el 23.4% de la población vive en pobreza extrema (39.8% en poblaciones indígenas) y el 59.3% en pobreza; el 46.5% de niñas y niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, 2014). Esta es la población más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad y crisis, que debería ser prioridad en las políticas económicas y sociales.

El Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica anunciado el miércoles 18 por el Ejecutivo pasa por encima de esta realidad. Medidas para las empresas (crédito fiscal), leyes que favorecen el comercio y la inversión (leasing, alianzas público-privadas), megaproyectos (Metro Riel, Tren Rápido, zonas francas, nuevos puertos), construcción e infraestructura como motores de crecimiento (vivienda vertical, carreteras). Muchas de las propuestas anunciadas por Giammattei forman parte de su programa de gobierno y de la agenda de competitividad negociada con los empresarios. Muchas de las medidas no responden a la actual emergencia sino al impulso de nichos de acumulación. Su lógica macroeconómica es simple: si la economía crece (aunque sea para los de siempre) nos beneficiamos todas y todos. Socialmente, esta lógica se desmorona: la continuidad de lo que ya veníamos haciendo profundizará las desigualdades existentes.

Una de las contradicciones implícitas en el Programa es que uno de los ministerios más corruptos y contrarios en su actuación al bien común, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está llamado a ser el abanderado de la supuesta reactivación económica. Otras instituciones de actuar clientelar y transparencia dudosa (Ministerio de Desarrollo Social) se fortalecen en la coyuntura.

Estado al servicio de las élites 

El Estado guatemalteco no está concebido para la garantía del bien común. Funciona históricamente como instrumento al servicio de intereses empresariales (exenciones fiscales, criminalización y judicialización de los movimientos sociales). Hasta ahora, los intentos tímidos de controlar la actividad empresarial durante la crisis han chocado con la resistencia empresarial: el gobierno retrocede y el Estado regresa a sus orígenes, capturado y cautivo por las élites económicas y el pensamiento dominante.

El Estado que piensa en colectivo y actúa para la colectividad es una anomalía histórica. Este Estado (ideal, soñado) que otorga derechos a la mayoría de la población y la empodera para enfrentar la crisis, carece de identidad, recursos, vocación y en la mayoría de los casos, voluntad.

La solidaridad en cuarentena y por ahora confinada  

¿La crisis activa lo mejor de la sociedad, la solidaridad, el apoyo mutuo? Estructuralmente, el modelo de control de la expansión de la pandemia es, por sí mismo, desestructurador. En su artículo Coronavirus o reingeniería social a escala planetaria, Luis Bonilla describe la anormalidad del encierro en el que estamos aceptando vivir (sin negar la necesidad de medidas de prevención): 

"Del terror a viajar se pasa al horror por el contacto humano, como si el vecino, el amigo, la persona que encontramos en el metro, el autobús o la calle fuera un potencial vector, un peligro para nuestra salud. Los cimientos de la vieja sociabilidad de la primera, segunda e incluso de la tercera revolución industrial se ven cuestionados. La deshumanización adquiere una nueva escala y el desencuentro se convierte en un "acto responsable". Se naturaliza el desencuentro humano. Podemos vivir sin estar en contacto con los otros y otras pareciera ser el mensaje que se instala en la civilización humana". 

La comunicadora y feminista boliviana María Galindo se hace eco de la contradicción entre la necesidad de aislamiento y las relaciones colectivas y solidarias

"El coronavirus es un miedo al contagio. El coronavirus es una orden de confinamiento, por muy absurda que esta sea. El coronavirus es una orden de distancia, por muy imposible que esta sea. El coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades que a título de protección se extiende sin derecho a réplica, ni cuestionamiento. El coronavirus es un código de calificación de las llamadas actividades imprescindibles, donde lo único que está permitido es que vayamos a trabajar o que trabajemos en teletrabajo como signo de que estamos vivos. El coronavirus es un instrumento que parece efectivo para borrar, minimizar, ocultar o poner entre paréntesis otros problemas sociales y políticos que veníamos conceptualizando. De pronto y por arte de magia desaparecen bajo la alfombra o detrás del gigante. El coronavirus es la eliminación del espacio social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas como es la calle, ese afuera que virtualmente no debemos atravesar y que en muchos casos era el único espacio que nos quedaba. El coronavirus es un arma de destrucción y prohibición, aparentemente legítima, de la protesta social, donde nos dicen que lo más peligroso es juntarnos y reunirnos". 

En Guatemala, la epidemia nos atrapa en un contexto de debilidad de las luchas sociales, a nivel nacional y sobre todo comunitario, en parte agudizada durante el pasado periodo electoral (cooptación, división del campo social). Sin embargo, aunque de forma limitada, los debates y la reflexión se incrementan, al menos en estos temas:  

·       ¿Cómo enfrentamos la crisis y asumimos la distancia física (prefiero este término al de distancia social), buscando al tiempo la rearticulación?
·       ¿Cómo promovemos solidaridad y comunidad, frente al cómodo individualismo y el sálvese quien pueda?
·       ¿Cómo actuamos en la emergencia y lo inmediato, al tiempo que cuestionamos la responsabilidad de las personas y el modelo de desarrollo en la propagación del coronavirus, como alertan entre otros, Alejandro Tena, Silvia Ribeiro o Raúl Zibechi?
·       ¿Cómo difundimos la idea fuerza de una pandemia acelerada por la permanente destrucción de la madre tierra y de los vínculos entre personas y naturaleza, y por tanto la necesidad de recuperar el equilibrio y las relaciones naturales? (ver Mario López, de Asociación Ajkemab, entrevistado por Asociación Maya Uk´ux b´e). En este sentido las cosmovisiones de los pueblos indígenas y las prácticas de resistencia plantean lecciones para la prevención de la crisis. 

En definitiva, estamos pensando cómo recuperar una normalidad que ya no va a ser y no puede ser la misma, si no está construida sobre la comunidad, el equilibrio entre todos los seres vivos y la solidaridad.

Toca redefinirnos y redefinir nuestras márgenes y formas de lucha, para que lo mejor de nosotras y nosotros se ponga al servicio de la emergencia coyuntural y la histórico-estructural.


➛Lecturas posibles




Cuando el silencio es ley, la razón se desborda

Andrés Cabanas, 11 de marzo de 2020 

Las denuncias por violencia contra las mujeres y violencia sexual dentro de las organizaciones sociales no son nuevas ni desconocidas. No ha sido una sola, sino varias y diversas las veces que personas y colectivos de mujeres cuestionaron esta realidad. La falta de respuesta a las demandas nos estalla hoy, en la cara y en las conciencias, como un río enorme desbordado en época seca.

Recuerdo, por ejemplo, las discusiones ásperas durante el Foro Social Américas Guatemala (Universidad de San Carlos, 7 a 12 de octubre de 2008) cuando movimientos sociales guatemaltecos se negaron a condenar a Daniel Ortega, acusado por su hija Zoilamérica (22 de mayo de 2008) de abuso sexual y violaciones continuadas.

Me consta que articulaciones de mujeres han propuesto desde hace años pactos políticos para el reconocimiento de las luchas diversas y el combate a la violencia, sin resultado. Por el contrario, mientras estos pactos no sucedían, en asambleas, talleres, marchas, se formaban comités de seguridad para evitar que compañeros asaltaran durante las noches los cuartos o lugares donde las compañeras pernoctaban. Paradoja: mujeres dignas y libres expuestas al sueño-monstruo emancipador. 

He tenido conocimiento y he participado en debates donde organizaciones de mujeres y feministas demandaban que el combate a la violencia machista fuera prioritario -o visible- en la agenda estratégica de los movimientos; que se abordaran las relaciones de poder y la toma de decisiones desigual, sin que esa demanda se hiciera proyecto político real, más allá del discurso.

En ocasiones he acompañado (sin herramientas metodológicas, por cierto) denuncias individuales de acoso, agresión, violación, violencia en el espacio físico y/o el espacio seguro de la organización. Las denuncias se cerraban sin reconocimiento real de la gravedad de los hechos y la responsabilidad del autor, y, por tanto, sin medidas de rectificación. En el peor de los casos (o sea, la cotidianidad) las agredidas denunciantes eran cuestionadas (qué andabas haciendo y dónde estabas cuando te sucedió eso), acusadas de dividir movimientos, expulsadas de su puesto de trabajo, insultadas

En fin, conozco situaciones en las que la judicialización era negada por medio de amenazas telefónicas de muerte realizadas desde la propia institución social. En otras, los procedimientos de diálogo colectivo para la reparación (una vía a explorar, distinta de la conciliación) se saldaban con regaños a la agredida y demandante, y recomendaciones de que desistiera de acusar para no perjudicar la labor de las organizaciones. 

El silencio pesa como una losa y se convierte en sepulcro

Mientras los movimientos sociales crecíamos en discursos, proyectos, estrategia, nos hundíamos en las contradicciones y las incoherencias del día a día organizacional. La mano izquierda proclamaba utopías, mientras la mano derecha agredía, y operaba a partir del silencio. 

Esta es una clave: el silencio. La violencia machista intramovimientos es práctica demasiado común y normalizada, que se ha mantenido invisible por el miedo comprensible de las mujeres agredidas, y el miedo incomprensible de testigos, como yo mismo. ¿Miedo a qué? Todavía me lo pregunto: a debilitar los movimientos, a ser excluidos de espacios de decisión, a romper el pacto patriarcal, a cuestionar los mandatos… 

El 8 de marzo se difundió en las calles y en redes sociales una imagen con una pregunta-interpelación muy poderosa: ¿Hasta cuándo las organizaciones sociales seguirán solapando agresores? La interpelación señalaba las responsabilidades colectivas, por acción y por omisión, además de responsabilidades individuales  por resolver. Esta pregunta continúa sin respuesta y, lo más peligroso, sin suficiente debate. 

Es difícil saber a dónde vamos a llegar. Todavía hoy, 11 de marzo, días después del cuestionamiento directo, seguimos esperando posicionamientos de movimientos sociales, que reconozcan la gravedad del problema y propongan salir del lodazal colectivo en el que nos metimos. Deseamos que las organizaciones, al menos algunas, den el paso y respondan con argumentos y propuestas. 

Necesitamos autocrítica, reconocimiento, rutas para encontrar el equilibrio (o recomponer la cordura) entre la denuncia pública y la necesidad de preservar la seguridad de las denunciantes y las mujeres agredidas. Entre la justicia oficial que no existe y los mecanismos de justicia social que no están desarrollados: reconocimiento público, reparación. Entre la presunción de inocencia (como derecho, no como formalidad legal) y la negación sistemática de lo que es evidente. Entre la violencia que se ejerció y la rectificación necesaria para no volver nunca a hacer lo mismo.

Mientras el silencio pretende seguir siendo, a costa de la coherencia, la ética y la dignidad, el hartazgo desborda con razón los cauces reglamentados.

15 de septiembre y la apología del no pensar, no saber


Andrés Cabanas, 15 de septiembre de 2019

Miles de banderas, cientos de bandas y desfiles ruidosos, una apelación genérica a la guatemalidad, reducida a la chapinidad y los imaginarios de clases altas y medias urbanas: individualistas, racistas, excluyentes, competitivos.

Esta es, oficialmente, la patria y la identidad el 15 de septiembre, el día en que se celebra la ruptura oligárquica con la corona española.

Mucho ruido, pocas notas. No puede ser de otra manera. La apoteosis de marchas marciales y bandas escolares de guerra (un contrasentido pedagógico y social en cualquier país democrático) enlaza con la tradición militarista y prefigura el mañana. Los marchistas de hoy, sin educación de calidad, más preocupados en aporrear tambores que en aprender, comprometidos en la obediencia, la jerarquía, el no pensar y no discutir, son funcionales a la anomia y desmovilización social vigentes, y se preparan para ser los Giammattei de mañana.

La hegemonía neoconservadora se cocina tanto en los cuarteles, en la(s) embajada (s), en las sedes de corporaciones transnacionales, en los círculos políticos, como en las aulas de colegios privatizados e instrumento de las elites, donde estudian alumnos felices de marchar sobre sí mismos, y de repetir hasta el auto aburrimiento una idéntica “canción”. 

Por eso es tan importante para este sistema el 15 de septiembre, con desfiles y banderas, ejercicio simbólico de reafirmación de ¿valores? y poder.

Por eso fue tan dramático para ellos el 14 de septiembre de 2017, cuando cientos de jóvenes físicamente y miles de personas con el corazón interrumpieron el homenaje a la bandera: discontinuaron la cotidianidad autoritaria e irrumpieron en la reproducción del orden simbólico construido sobre la opresión. Lástima que aquel paréntesis rupturista y democrático no pudo ampliarse, entre otras cosas por las desavenencias y falta de acuerdos entre dirigencias de organizaciones: por el sectarismo y la razón única, hijos también del pensamiento marchista, patriótico y marcial. 

Si las marchas tienen su función, las banderas también. Tanto trapo expuesto al viento y la lluvia es, en primer lugar, la exaltación de un azul fervor patrio.

Es negocio, en segundo lugar: recuerden sino la paradigmática bandera que la exvicepresidenta Roxana Baldetti otorgó al Pastor Cash Luna: 26 por 19 metros, un asta de 44 metros, motor y 56,000 dólares -o 436 mil 800 quetzales-, de costo, incluida comisión y corrupción.

Es ocultación. Este 2019 de violencias estatales, estados de sitio y normalización de la corrupción, conviene disfrazar la barbarie estatalizada, con distractores folcloristas y patrioteros.

Lo importante es no saber (que los mismos que desfilan o alaban desfiles, roban impunemente fondos públicos, destinados al bien común), no pensar (que los mismos que desfilan o alaban desfiles, promueven el odio y la persecución contra la organización social), no cuestionar (que los mismos que desfilan o alaban desfiles, hacen negocios que condenan a la gente a la pobreza), no hablar (bandera-corrupción-bandera-negocio-bandera-crimen-bandera).

15 de septiembre, nada que celebrar. Una patria única que niega la plurinacionalidad, una bandera que ondea al viento para ocultar las injusticias, un redoblar que impide pensar, discutir y proponer un país, o un país de países, completamente nuevo. Exaltación de la continuidad, bullicio impostado, enfoque militarista.

No es el silencio ni el retiro la reacción adecuada contra esta conmemoración exaltada y grotesca, en un país que vive momentos bajos: incremento de la pobreza y la desnutrición crónica, deforestación, sequía, carencia de agua y alimentos…

Frente a esta festividad voyerista y ramplona, es fundamental la multiplicación de voces y palabras para la justicia, la diversidad, el pensamiento crítico y la construcción de una sociedad plural.

Estado de Sitio o la mentira como razón de Estado


Andrés Cabanas, 13 de septiembre de 2019

Subtítulo: La historia de una avioneta inverosímil cargada de droga, que sobrevoló una pista de aterrizaje inexistente, y acabó convertida en plantación de marihuana
Protagonistas: Jimmy Fantasía Morales, Ejército de Mentirosos
Género: Ficción-acción, poco pensamiento
Duración: Interminable
Advertencia: No recomendada para personas con sentimientos. Contiene escenas que seguramente lastimarán la sensibilidad y dignidad del espectador.

No soy abogado. No sé si se puede ejercer persecución penal (o solamente sentir enojo, impotencia e indignación) contra servidores públicos que falsean, tergiversan, inventan u ocultan la realidad, a sabiendas de que lo están haciendo.

¿Algún artículo de la Constitución, alguna ley nos ampara frente a funcionarios mentirosos, por lo tanto, deshonestos, por ello incapaces, entonces indignos de ejercer su labor? Y peligrosos: capaces de lanzar el fósforo de los intereses personales y espurios en el bidón de gasolina que es este país injusto llamado Guatemala.

Esto, mentiras y engaños sin vergüenza, es lo que sucede desde el 3 de septiembre, cuando tres soldados resultaron ejecutados, y habitantes de Semuy 2, El Estor, Izabal, fueron heridos: un episodio lamentable del que todavía desconocemos todos los pormenores. Suceden, digo, invención de hechos y presentación de hipótesis sin fundamento. Suceden mentiras, mentiras, provenientes de las más altas instancias de poder, a las que se presupone responsabilidad, ecuanimidad, cordura, voluntad de resolver problemas y no de provocar más fracturas.

Lo anterior aplica para el presidente, quien inventó o imaginó una avioneta cargada de droga que -al no poder aterrizar en Champerico- se dirigió a una pista clandestina ubicada en Semuy 2 (declaraciones de Jimmy Morales durante conferencia de prensa en la que anuncia el Estado de Sitio). La búsqueda de esta avioneta llevó a los soldados a ingresar a la comunidad, con el desenlace fatal conocido.

Lo anterior aplica igualmente para el Ministro de Defensa, que afirmó con rotundidad que los tres soldados muertos fueron despojados de sus armas reglamentarias y asesinados con las mismas por miembros de la comunidad Semuy 2, antes o después de ser gravemente torturados y mutilados.

La versión del presidente la desmintió el 11 de septiembre el general Luis Alberto Morales Pérez, subjefe del Estado Mayor de la Defensa, al afirmar que “En ese caso había información que había una plantación de marihuana en el sector. La patrulla era de reconocimiento[1]. Nunca existió avioneta ni pista de aterrizaje en Semuy 2.

La versión del Ejército la desmintió el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que determinó que los soldados murieron por disparos de escopeta (“proyectil de arma de fuego de carga múltiple, posiblemente escopeta”) y, en su primer, escueto y hasta ahora único informe, no menciona señales de mutilación o tortura.



El Decreto Gubernativo 1-2019, por medio del cual se establece Estado de Sitio en 22 municipios (no solo en Semuy 2-El Estor, sino 21 más, tal vez los municipios que sobrevolaría una hipotética avioneta que volara hacia donde le diera gana al Presidente) se justifica, en el artículo 2, 

“en virtud de que durante los últimos días se han suscitado en el municipio de El Estor del Departamento de Izabal, una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado…”


El Estado de Sitio se fundamenta, así, en hechos falsos, armados a la medida de funcionarios que incumplen con su deber.

En la película El inglés que subió a una colina, pero bajó de una montaña[2], se evidencia como una comunidad eleva, apenas unos centímetros y de manera virtual, la orografía local, para fortalecer el orgullo y la cohesión de la comunidad.  

En Guatemala, funcionarios públicos nos quieren engañar de forma grosera y descarada, para adueñarse de la colina y la montaña al mismo tiempo. Es la historia de una narco-avioneta inexistente que sobrevoló una pista inexistente y acabó convertida en plantación de marihuana.

Lo malo es que el Estado de Sitio no es ficción. Involucra los derechos colectivos en retroceso o suprimidos, y la dignidad de comunidades perseguidas, que debe ser restaurada, anulando el estado de sitio y desmilitarizando de forma inmediata los territorios.  

Notas
[2] The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain. 


Estado de Sitio. Razones para seguir diciendo No


Andrés Cabanas, 7 de septiembre de 2019

1
El Estado de Sitio es una demostración de fuerza. Sanciona un poder cuasi absoluto, para el que todo vale: por ejemplo, multiplicar exponencialmente y a la carta la extensión territorial de aplicación (seis departamentos y 22 municipios, aunque la conflictividad inicial se focalizó en una comunidad).

Queda normalizada la arbitrariedad y discrecionalidad. Se justifica lo ilegal y la ilegitimidad de este Estado y sus múltiples poderes.  

2
El Estado de Sitio no es una medida aislada, al menos en su declaración de intenciones. El Estor es el segundo aviso-amenaza de Estado de Excepción-Sitio. El primero fue Champerico, a petición de una transnacional camaronera supuestamente extorsionada. La solicitud se dio en el marco de una serie de ”capturas” de avionetas transportadoras de droga, invariablemente desocupadas y vacías, en un contexto difuso/fabricado de accionar de grupos de narcotráfico.

3
El Estado de Sitio inaugura una fase de restricción máxima de libertades. Al mismo tiempo, es consecuencia de un proceso prolongado de legitimación del uso de la fuerza y ataques a organizaciones sociales. La construcción de imaginarios autoritarios, de control social y enemigos internos, es previa al Estado de Sitio, y se profundizará tras su vigencia.

Se fortalece el proyecto neoliberal y el modelo de Estado en fase militar creciente, que acentúa sus rasgos autoritarios, discrecionales y represivos, con ascenso del papel político del ejército.

4
El Estado de Sitio y la militarización son la respuesta visible de los actores de poder para el control de territorios y el cuidado de grandes negocios. Los municipios afectados directamente, así como otros amenazados (Champerico) son territorios estratégicos, por la abundancia de bienes naturales, los intereses de prominentes finqueros y la organización comunitaria frente al despojo.

A partir de una medida de autoridad extrema, intentan satisfacerse intereses particulares de empresarios, grupos criminales en disputa y reordenamiento, Ejército, gobierno actual que quema la última nave de los negocios ilícitos, gobierno entrante, al que favorece la paz social, aunque sea la paz de los cementerios.

5
El Estado de Sitio no es solamente la despedida con cohetes de un gobierno tan mediocre como excluyente y autoritario. El nuevo gobierno ya está operando, con la complicidad militarista del que va de salida.

6
El Estado de Sitio es una disputa de relato. El problema hoy, o acentuado hoy, es que la disputa del relato excluye argumentaciones o elude las contradicciones del discurso.

Se construyen argumentos, los argumentos se vuelven excusas, se argumenta de manera confusa y disparatada: conflicto de narcotraficantes, guerrilleros, invasores, seudodefensores de derechos humanos, comunistas... se dice, en el mismo día y a partir de la misma fuente. 

En la retórica gubernamental la resistencia de comunidades a proyectos extractivos se entrevera con el narcotráfico, el conflicto armado interno con la conflictividad actual, la guerra fría con la ingobernabilidad.

7
No hay, por ahora, contrapesos a esta violencia institucionalizada, en una situación de fragmentación extrema de las luchas sociales. 

Sin embargo, el Estado de Sitio, como demostración de fuerza, instrumento de reorganización autoritaria del Estado, operador de actores económicos, reproductor de imaginarios de violencia, es también una señal de debilidad: la razón de un Estado y un sistema que carecen de recursos y voluntad para construir consensos.

Por aquí puede continuar la tarea: oponer -a una racionalidad política que defiende la violencia como método privilegiado-, otra estrategia que busca soluciones en la raíz de los problemas, a partir de la construcción colectiva, el diálogo y el consenso.








Corrupción 2.0 y la necesidad de la autocrítica

Andrés Cabanas, 17 de junio de 2019

Leamos como leamos los resultados electorales de ayer, una conclusión es inevitable: casi el 80% de la población votó por candidaturas comprometidas con la continuidad, normalizadoras de la corrupción, de matriz conservadora en lo económico, lo social y lo político (fundamentalismo, homofobia y lesbofobia, autoritarismo, apoyo o falta de cuestionamiento del modelo de despojo). Esto nos tiene que dar miedo y debería hacernos reaccionar.

Esta conclusión abre un debate necesario, ya iniciado en redes sociales: ¿el pueblo está dormido, o los liderazgos y organizaciones no están a la altura de las circunstancias? (por ejemplo, no leyeron el imperativo de unidad que provenía tanto de la correlación de fuerzas como de las demandas de muchas organizaciones sociales y comunitarias?). El debate es sobre los factores externos y las responsabilidades internas, parafraseando a Manuel Galich, de la derrota.

El pueblo guatemalteco es individualista en lo económico, tremendamente solidario y comunitarista en su visión de la comunidad, el territorio y las relaciones sociales, pragmático en la decisión sobre el poder estatal e institucional, como ha investigado con brillantez Diego Monterroso, entre otros. Esta complejidad determina los espacios de acción. Entenderla es fundamental para ampliar los límites impuestos por el sistema en general, y su operador privilegiado, el sistema electoral. Para abordar esta complejidad no sirven las rutas tradicionales y lineales para la toma del poder.

En vez de responsabilizar al "pueblo" (o a "las otras" organizaciones) sobre los malos resultados y la normalización de la corrupción y la impunidad otros cuatros años, preguntémonos en clave interna:

¿Las organizaciones partidarias y sociales, tanto las que participaron en las elecciones, como las que no, estuvimos a la altura de las circunstancias?:
¿Por qué no pudimos aprovechar la fragmentación del voto de la derecha?
¿Qué impacto en los resultados finales (inferiores a lo esperado: segunda vuelta con actores populares) tuvo la división partidaria y social (esta es más profunda incluso que la electoral, y previa a la misma)
¿Seguimos desarrollando la canibalización entre organizaciones como estrategia central para fortalecer el proyecto propio, o apostamos por modelos políticos colaborativos y horizontales?
¿Cuánto falta o qué tenemos que hacer para llevar nuestro proyecto más allá del 20% de la población votante de izquierda-a favor del cambio, hoy por hoy marginal?
¿Cómo rompemos la dinámica del abstencionismo-desencanto, generando ilusión entre los que no militan?
¿Cómo fortalecemos la conciencia política y la comunidad, y la disputa de proyectos de vida más allá de lo electoral y lo político-institucional-estatal, más allá de este sistema mercancía que individualiza y acarrea votos? La acción política como disputa de la visión del mundo, dice Tania Palencia.

Es sana la autocrítica, en términos de proyectos que no conectan totalmente con las preocupaciones de la población, y en términos organizativos: culturas organizativas cerradas, endogámicas, que no logran ampliar su base social, más allá de la población militante y convencida.

Algunos resultados, tomados a modo de ejemplo, nos tienen que hacer pensar. El territorio donde se han celebrado más consultas comunitarias, escenario de disputas históricas y ejemplares por los bienes naturales y la vida (Huehuetenango: Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa Eulalia, Colotenango) donde existen o existieron grandes esfuerzos de articulación (CPO, ADH, Mamá Maquín) no conecta ese sentir comunitario, territorial y de pueblos con la representación partidaria y política. ¿Defectos estructurales del sistema electoral o debilidades -egos, sectarismos, instransigencia, verticalismo- internas?  Tal vez ambos. Si no analizamos autocríticamente, en cuatro años vamos a estar igual. Para mientras, sigue la militarización de las fronteras en función de la contención de la migración y la migración y la imposición de nuevos megaproyectos.

Faltan más liderazgos plurales, más capacidad articuladora, más visión estratégica, de proyecto y no de partido o instrumento organizativo, más humildad, más autocrítica: ¿de verdad cumplimos, debemos sentirnos satisfechos?¿Nos creemos que no cometimos errores y la culpa, siempre, la tienen los otros?