Más allá de una lectura de vencedores y vencidos (y de la disputa gobierno-pacto de corruptos) los hechos recientes pueden analizarse en clave de aprendizajes y retos, desde la perspectiva de los sectores populares. Propongo seis lecturas, que no agotan preguntas para el debate.
Detrás de la indignación: la agenda del Pacto
La indignación justificada de la población (que acumuló tensiones no resueltas, la última de ella la subida del salario de diputados) es instrumentalizada por actores del pacto de corruptos/élites (en adelante, el Pacto, todas nos entendemos).
El Pacto consigue que el gobierno retroceda y genera una corriente crítica que lo debilita. Con ello mantiene muy activos dos escenarios preocupantes: 1) la interrupción del mandato de Arévalo, vía judicial y/o desgaste social, y la persecución de la organización social, en el corto plazo; 2) en el medio plazo, la inviabilidad de alternativas electorales de corte democrático republicano (Semilla) o popular (no olvidemos que para actores del Pacto no hay diferencia entre Semilla y organización popular).
No obstante, por torpeza, arrogancia o impunidad, quedan visibilizados actores criminales que instrumentalizan la indignación, utilizan formas de acción reñidas con la ley y manifiestan intereses electorales. A la postre, estos intereses visibles generan fisuras y disputas dentro de los actores de poder (por ejemplo, los intereses de la eterna candidata Sandra Torres).
Las calles: territorio en disputa
El Pacto redobla la apuesta: la larga batalla jurídica de desgaste (del gobierno y la oposición) que anunció Rafael Curruchiche en noviembre de 2024, se traslada a las calles. Estos días, y podemos anticipar que en el futuro, los actores del pacto disputan territorios, ocupan espacio público simbólico (algunas propuestas llamaban a manifestarse en “La Plaza”) buscan legitimarse con la población. Para esto, encuentran terreno abonado en los grandes problemas cotidianos no enfrentados (transporte, canasta básica, inseguridad) que vuelven a la población vulnerable, así como en la debilidad del trabajo e implantación de organizaciones sociales en la Ciudad Capital (centro no improvisado de las movilizaciones).
La ausencia de referentes organizados urbanos (que actúen con lógicas de transformación digna de espacios y relaciones) es aprovechada por los actores de poder, con capacidad operativa para convertir un explicable descontento social y una demanda legítima en movimiento involucionista, antigubernamental y antiderechos, muy funcional a la agenda que busca mantener privilegios. Podemos tener en cuenta como referente que gran parte del éxito de las propuestas ultra conservadoras y elitistas de Trump y Miley se basa en su capacidad de vincular a sectores populares desplazados del sistema a su propuesta de construcción social autoritaria.
La disputa en todo el país y la disputa (ideológica, de sentidos) en las calles de Ciudad Capital está abierta.
Ganamos todas y todos: movilizaciones sin víctimas fatales
Aunque se debilita al retroceder en sus medidas, el gobierno logra mantener el control de la seguridad (diferente fue el control de la agenda y los tiempos políticos), lo que evita enfrentamientos y derramamiento de sangre. Considero que el peor escenario (y uno de los manejados desde sectores del Pacto) hubiera sido una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, que hubiera alimentado el caos y desacreditado el principio del diálogo.
¿Mala comunicación o incapacidad para construir acuerdos?
Se alude a la deficiente o nula información sobre el seguro (una buena medida mal explicada) como detonante del descontento, en un contexto de reconocida debilidad en la comunicación del ejecutivo. Pero, además de mal explicado y peor entendido, el seguro se impone sin consultas con gran parte de la población, y no forma parte de un paquete de medidas con abordaje integral de la seguridad y el derecho de movilización de las personas. El seguro es apenas una de las ramas del frondoso árbol del ineficiente sistema de transporte en el país.
Este tema es relevante: una mala comunicación se resuelve con el cambio de funcionarios y la elaboración de una estrategia, lo que no parece tan complicado. Pero la falta de consultas y la carencia de visiones y abordajes integrales en muchos temas precisan de voluntad y capacidad política, especialmente la voluntad de escuchar, dialogar y establecer consensos en una realidad territorial, social, económica, lingüística e identitaria compleja.
Esta voluntad y capacidad no se perciben en la mayoría de funcionarios de gobierno, acostumbrados a imponer, o dedicados a la simple gestión de los recursos existentes del Estado. Quizás es mucho esperar que este gobierno (por su proyecto y la extracción de clase de la mayoría de sus miembros) avance en esta visión, pero es necesario siempre señalarla.
Otra vez la visión y organización indígena comunitaria
Sin ser el actor más visible, las autoridades y comunidades indígenas acaban siendo uno de los actores más relevantes. Su posicionamiento y propuestas (diversas) inciden en la necesidad de medidas integrales y preventivas para abordar la inseguridad vial y en el diálogo como estrategia de construcción de estas propuestas. Estos planteamientos, elaborados en colectividad, son asumidos por otros sectores y se distancian de argumentos que no van más allá de la derogación del seguro o su implementación sin más.
En una coyuntura compleja, las comunidades indígenas canalizan la indignación y asumen un posicionamiento distintivo, que señala la incoherencia de las medidas planteadas por el gobierno, al tiempo que evidencia las estrategias de manipulación de actores tradicionales.
De nuevo, como en 2023, una lección de visión y madurez políticas.
Las victorias de unos son los retos de todas
Nos guste más o menos, los actores del Pacto presentes en las movilizaciones cuentan con buenas lecturas de contexto y actores, capacidad de interpretar la indignación social para orientarla en función de su proyecto, y estrategias articuladas de acción: jurídicas, políticas, comunicativas, de disputa de calles y base social. Frente a esto, una parte relevante de la organización social (me refiero especialmente a las organizaciones de carácter histórico) se muestra dispersa, incomunicada entre sus diferentes actores, desactualizada en la lectura de actorías sociales y tendencias, con dificultades para construir discursos y elaborar propuestas más allá de la base social convencida y firme, autocomplaciente y alejada de la autocrítica renovadora.
La presencia de la mayoría de organizaciones sociales durante las movilizaciones es irrelevante: más allá de la cantidad, en la capacidad de promover debates, propuestas y estrategias de solución (como sí hicieron las comunidades indígenas). Se resiente la falta de espacios colectivos de análisis y acción, que fueron parte de la vida de las organizaciones hasta la mitad de la década pasada.
Esto hace importante retomar estos espacios colectivos, desde la diversidad e identidad específica de cada participante, que permitan lecturas compartidas y complejas del contexto, con ejercicio importante de autocrítica, y avancen hacia la construcción de una agenda compartida mínima para:
-continuar disputando las calles y disputando el país al pacto de corruptos,
-promover soluciones a problemas concretos para los que no hay mañana (transporte, alimentación, seguridad, salud, educación) y
-fortalecer la organización y conciencia social de amplísima fuerza favorable a los cambios estructurales y la refundación del Estado y el modelo vigentes (fuerza, hoy por hoy y más allá de nuestra autopercepción, muy débil).
El trabajo colectivo, que rompa inercias de acciones sectorizadas, facilitará alejar el riesgo de la involución autoritaria, y convertir este momento de transición en punto de inflexión y posibilidad de impulso de cambios raizales.
