Un Estado con fecha de caducidad


Necesitamos convertir lo coyuntural en estratégico y lo históricamente imposible en realizable

Autoridades del pueblo maya chorti criminalizadas
La lucha contra la corrupción (que cobra nuevo impulso a inicios de 2017, entre otros con el caso Stalling) contrasta con la falta de atención a demandas legales de comunidades, la continuación de la persecución arbitraria-a-la-carta de líderes sociales y la parcialidad pro empresarial del Estado.

Responder a demandas comunitarias constituye un gran reto para la normalización y legitimación del sistema político y el sistema de justicia. La normalización y legitimación implicarían que los diferentes operadores en todos los niveles del sistema actuaran sin parcialidad y sin anteponer derechos (ilegítimos) de poderes tradicionales a los derechos legítimos pero no concretados de la población. 

A continuación listo ejemplos recientes de esta parcialidad e inacción de instituciones estatales.

1. El Estado al servicio de las minorías
- La aprobación del nuevo salario mínimo desconoció la propuesta de los sindicatos, que acercaba dicho salario al costo de la canasta básica alimenticia y vital. Hoy, la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro miembros equivale a un salario mínimo y medio, y la canasta básica vital a dos salarios mínimos y medio.

- Nuevas propuestas de exención fiscal y tributaria favorecen a sectores empresariales y perjudican la acción social del Estado.

- La aprobación del Decreto 2-2017 que da vida al Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, viola flagrantemente los derechos humanos de la clase trabajadora, ya que:
Desregulariza y flexibiliza las normas laborales. 
Eliminará en la práctica los salarios mínimos y los horarios de trabajo.
Se perderá el derecho al aguinaldo, bono 14, vacaciones, IGSS, a la jubilación, a la indemnización por el tiempo de servicios.
Las trabajadoras perderán el derecho al descanso pre y posnatal.
No se tendrá derecho a la libre organización sindical y a la negociación colectiva, entre otros (Comunicado de Movimiento Sindical Autónomo de Guatemala).

- El proceso de reglamentación de consultas comunitarias prioriza la  garantía de inversiones por encima de los derechos de los pueblos, y permite la continuidad de proyectos empresariales en ejecución, aunque no hayan realizado consulta comunitaria (homologación retroactiva).

2. Sin respuesta para las comunidades (demandas recientes)
- Investigaciones por desvío de ríos (Madre Vieja, Pacaya, Mopan, Sis, Coyolate, Subín, Pojom y otros).

- Investigación por ecocidio y asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc en Río La Pasión, Sayaxché, Petén.

- Fin de desalojos, despojo y persecución a comunidades de El Estor.

- Libertad de presos políticos, entre muchos otros 11 en San Marcos, dos en Sierra las Minas, Abelino Chub Caal capturado el 4 de febrero.   

- Revisión y eliminación de las órdenes de captura y procesos judiciales abiertos contra defensores del territorio y la vida en todo el país.

- Garantía del ejercicio de la participación, organización y resistencia de comunidades y organizaciones.  

- Investigación de los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez Pineda (San Rafael Las Flores, 16 de enero) y Sebastián Alonso Juan (Ixquisis,  17 de enero).

- Cancelación de proyectos La Puya (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc), Oxec y Renace (ríos Oxec y Cahabón) por incumplimiento del derecho de consulta y obtención ilícita de licencia ambiental y otros permisos.

- Retirada total de las empresas hidroléctricas sobre el río Cahabón e indemnización a las comunidades.

- Investigación del daño causado y la violencia cometida por la empresa Renace, entre otros casos la desaparición en 2014 de Ovidio Xul Choc, denunciada al Ministerio Público en 2014.

- Investigación por la Comisión Internacional contra la Impunidad de la vinculación de empresas y estructuras criminales con la empresa Hidro Santa Cruz y su matriz española.  

- Cancelación del proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas y todos los proyectos operados por la transnacional española en Guatemala.

- Reconocimiento de prestaciones del IGSS  a ex trabajadores estafados por finca San Gregorio Piedra Parada (Coatepeque), e investigación de los empresarios responsables del fraude: familias Quintanal y Campollo.


Convertir lo coyuntural en estratégico  

La intensa acción jurídica para la depuración y reforma del poder legislativo y judicial (en menor medida ejecutivo y empresarial), la aprobación de reformas al sector justicia y reformas políticas en general son, desde 2015 y el destape del primer megacaso de corrupción (La Línea), acciones tan estratégicas como limitadas. Estratégicas porque su punto de partida (en el marco de la crisis, las disputas de elites y la presión de la resistencia popular) tensa los puntos de fricción de un Estado y un sistema debilitados y abre escenarios de cambio.  

Pero son acciones limitadas si no logran conectarse de forma integral con demandas históricas por la construcción de un Estado, una institucionalidad y un modelo de sociedad que garantice y amplíe derechos (salud, educación, vivienda, alimentación, participación, movilización, decisión, territorialidad, autonomía) y responda al bien común.  

El país vive en una paradoja: la crisis (por su carácter estructural) se resuelve sí y solo sí con medidas de cambio raizal, pero los actores políticos tradicionales rechazan reformas o, en el mejor de los casos, plantean medidas de carácter limitado.

Atender al mismo tiempo dinámicas coyunturales y estructurales, articular las propuestas de diferentes actores, tanto emergentes como históricos, es el gran reto para profundizar el ciclo de inestabilidad política creadora y constructiva abierto en 2015 y todavía no finalizado. Esto implica construir espacios de encuentro y agendas compartidas entre sectores: en términos prácticos, significa que la lucha contra la criminalización y persecución, la defensa del derecho a decidir de las comunidades (consultas comunitarias), el bien común, la exigencia al Ministerio Publico de investigación por desvío de ríos, apropiación privada del agua y otros bienes naturales y comunes (como ejemplos) deben estar en el centro de la agenda política, además de y junto a la persecución (en ocasiones excesivamente dilatada, focalizada y efectista)  de estructuras de corrupción); además de y junto a las reformas inmediatas y de transición a este Estado. Se queda corto un relato de la crisis y su superación construido solamente con piezas judiciales, voces urbanas y contenidos institucionales.


Convertir lo históricamente imposible en realizable

La propuesta de transformaciones estructurales no es irreal ni maximalista. Se fundamenta en cuatro presunciones:

a. El reacomodo de mafias, actores criminales y legales del campo  ultraconservador (es decir, el reacomodo del sector neoliberal militar dominante entre 2012 y 2016) en la Junta Directiva del Congreso, Corte Suprema de Justicia y otros espacios de poder no resuelve sino profundiza la crisis interna del modelo, que se enlaza con la crisis sistémica (Yagenova) de la que es síntoma el gobierno de Donald Trump. 
b.   El gatopardismo que cambia para que no cambie la esencia del modelo, que coquetea sin profundizar con reformas estructurales y teme al empoderamiento de pueblos indígenas y sectores populares, gana tiempo para sectores de poder pero claudica ante las contradicciones estructurales y su incapacidad de resolverlas.
c.   El deterioro económico y político-institucional politizará tarde o temprano a sectores hoy neutrales o neutralizados. 
d. Las luchas por el cuidado de la vida y el derecho de decisión imponen un nuevo modelo de organización.  

Las cuatro presunciones amplían la posibilidad de plantear grandes transformaciones, que incluyan las propuestas de pueblos, comunidades, sectores populares, clase media, sectores urbanos excluidos o cooptados en la conducción del Estado. Este nuevo y amplio pacto social en construcción disputa la salida de la crisis a un nuevo pacto de elites, desde arriba y para los de arriba, o a la continuación ad infinítum de las disputas intraelitarias que marginan la agenda popular.  

En este contexto, la variable ruptura se impone a la variable continuidad, frente a la evidencia histórica que nos enseña que los cambios no son posibles ni necesarios. Hoy decimos que no hay país y no hay futuro sin cambios estructurales, aunque falta que esta proyección sea asumida masivamente, más allá de organizaciones populares, pueblos indígenas y comunidades.

Tenemos que creérnoslo y actuar en consecuencia: este Estado, esta constitución y esta forma de organización tienen fecha de caducidad.

Retos de las luchas sociales en Huehuetenango

Andrés Cabanas 
Publicado originalmente en Noticias del Corredor, Centro de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala, CEDFOG, diciembre de 2016.

En Huehuetenango se desarrolla un ciclo político violento (militarización del territorio, represión de derechos, centenares de órdenes de captura, una veintena de presos políticos) pero a la vez repleto de acciones de resistencia frente al modelo impuesto. La resistencia (plural, diversa, promovida desde diversos ámbitos y actores) desafía el poder estatal y de empresas transnacionales, proponiendo el ejercicio del poder propio.   

Algunos hitos de este ciclo político son estos:
  •  La realización en diez años de 29 consultas (ámbito municipal) para la decisión comunitaria sobre proyectos extractivos. Las consultas marcan un alto al extractivismo como modelo y al paradigma de desarrollo dominante.
  • La conformación de dos territorios libres de minería: cinco municipios de la región huista en septiembre de 2008  y ocho del norte del departamento (akateko, q´anjob´al y chuj) en noviembre de 2009, prefigurando el gobierno popular de los territorios.  
  • La declaración de Constitución de la Nación Qanjobalana, 5 de abril de 2012, que revitaliza formas propias de ejercicio del poder y propone la fundación de un Estado plurinacional.   
  • El plantón permanente de la resistencia pacífica de Barillas frente a las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz: práctica de control de territorio desde el 7 de abril de 2013.
  • Menos mediática, crece la organización y articulación de las organizaciones de mujeres alrededor de la defensa del territorio y el cuerpo, y el cuidado y reproducción de la vida: una propuesta integral que subvierte desde lo cotidiano y estructural las relaciones de poder.

El centro de la disputa: ejercicio del poder desde comunidades y pueblos

La parte visible de las luchas sociales en el territorio es la oposición a empresas y proyectos destructivos, desarrollados sin consulta, y a la institucionalidad estatal construida para apoyar estos emprendimientos. Pero la disputa de fondo tiene que ver con el ejercicio del derecho de autodeterminación: es la disputa sobre el control de recursos/bienes, el control del territorio, el desarrollo del poder comunitario y de los pueblos frente a empresas y Estado. 

En Huehuetenango se construye, así, un nuevo consenso comunitario sobre los territorios (Consejo de los Pueblos de Occidente), opuesto al consenso neoliberal y al modelo de Estado favorable a las empresas. Se propone un proceso de revitalización del sistema propio (de salud, económico, producción, jurídico, organización social y política) en el marco de la reconstitución de los territorios originales, según afirma la Declaración de Nación Qanjobalana. 

La revitalización del sistema propio plantea, de forma inevitable, la redefinición del modelo de desarrollo: frente a la mercantilización, la represión de derechos, las empresas como poder determinante, por encima instituciones democráticas y poderes comunitarios se propone un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo basada en la  desmercantilización de los bienes naturales, la lucha por los derechos colectivos de personas y naturaleza autonomía y el ejercicio del autogobierno. Nuevas formas de organización, participación y representación (más allá de la representación de los partidos y la construcción estatal vigente) se derivan de esta propuesta.  

El documento Memorial de los Pueblos de Barillas, 7 de enero de 2013, es significativo  en este sentido de reivindicación del gobierno de los pueblos (gobierno en sentido amplio, no solo institucional). La resistencia barillense (que de forma reducida puede ser vista como oposición focalizada a un proyecto hidroeléctrico y a la actuación violenta y arbitraria del grupo empresarial español promotor del mismo) impulsa un proyecto alternativo de organización política, social, económica y cultural propia, todavía en proceso: 

Las comunidades actuales tenemos cientos de años de vivir sobre estas tierras, y hemos cuidado todos los recursos naturales como los ríos, los lagos, las montañas, las aves y toda clase de animal que viven en nuestro alrededor. Con ellos tenemos una relación especial y consagrada. También somos fieles en mantener nuestra organización política, social, económica y cultural, de conformidad con la cosmovisión Maya Q´anjobal, que nos han heredado nuestras abuelas y abuelos.

Articulación frente a homogeneidad e imposición 

Los proyectos extractivistas y las políticas de estado desarrolladas por transnacionales convierten la excepcionalidad en norma: normalizan la violencia y la represión, persiguen derechos de facto y de forma legal. Especialmente durante el gobierno del Partido Patriota, la cárcel fue el precio a pagar por el ejercicio de la dignidad: punto de quiebre para doblegar la resistencia comunitaria; punto de inflexión para continuar la movilización, en mejores condiciones.  

En 2017, la resistencia en Huehuetenango puede presumir de una no derrota, frente al punto de máxima tensión a la que la condujo la alianza política-empresarial-militar-transnacional durante el gobierno patriota. Una no derrota digna y esperanzadora, aunque la persistencia de la violencia estatal y extractivista impide hablar de una victoria o del fin sin retorno de la violencia.
 
En el aspecto interno, las divisiones comunitarias y organizacionales, los desacuerdos tácticos (vía institucional-electoral), las disputas de liderazgos, la extensión de una cultura estatal de la imposición a las formas de operar de los movimientos, constituyen retos para volver irreversible el breve lapso de tranquilidad con el que concluye 2016 (tras la liberación de los presos políticos de Santa Cruz Barillas y Santa Eulalia) y profundizar el ejercicio del poder de los pueblos frente a la intacta agenda neoliberal.

La impostergable articulación social desde los territorios enfrente el menos estos retos:
  • profundizar el debate sobre el modelo alternativo al extractivismo y desarrollar prácticas concretas de organización económica y social más allá del desarrollo;    
  • hacer real el derecho de libre determinación y las propuestas de autonomía, a partir de formas comunitarias y asamblearias de toma de decisión; 
  • fortalecer la toma de decisiones colectiva, frente a la atomización promovida desde el Estado y las empresas, y frente a la cultura de imposición vigente.
Las luchas sociales en Huehuetenango se desarrollan a partir de múltiples acciones (movilizaciones, consultas, declaraciones, ámbito legal, incidencia frente al Estado, construcción de poder local) visiones y actores, lo que las hace creativas y menos vulnerables ante la represión masiva. Al tiempo, se plantea el reto de la articulación y complementariedad de estas diversidades. Esta articulación tiene que superar visiones clásicas de lo articulado como subordinado a un centro dominante y como homogéneo sin fisuras ni debates. Son pertinentes las palabras de Isabel Rauber en las Jornadas Territorio, Poder y Política organizadas por CEDFOG en 2011:

Ningún sector, clase o actor en particular puede representar a todo el conjunto de la sociedad, Lo que demanda la realidad y lo que la experiencia apunta como posible es la articulación del colectivo activo, de actores y sujetos en la conformación de un sujeto colectivo.

Los retos están planteados: apertura, diálogo, escucha y capacidad de consenso para construir un nuevo poder.

Crisis sin retorno




Cada informe de gobierno derrocha autocomplacencia e incapacidad crítica. El informe del 14 de enero, el primer año de gestión del Frente de Convergencia Nacional, no es la excepción. El ejercicio remite a un ritual y una foto fija, donde nada se mueve, el Gobierno está pero no se le espera y el Estado no ejerce su papel rector.

Frente a esta imagen estática y photoshopeada, la percepción es de crisis sin retorno. En primer lugar, crisis de este gobierno, constituido como gobierno transitorio: pendiente de un hilo, apto apenas para sostener la inercia de la administración (del Estado, de los negocios, de los nichos diversos de poder y corrupción) mientras se apresuran nuevos acuerdos y pactos. 

En segundo lugar, la percepción política (la política se construye con percepciones) apunta a la crisis terminal del actual Estado, también transitorio, cuestionado desde fuera y desde dentro.

De afuera hacia dentro, las visiones, dinámicas y propuestas de las comunidades se contraponen a un Estado construido desdearriba-paralaselites y reclaman una nueva organización social. La resistencia a proyectos extractivos, las demandas para la retirada de empresas y el resarcimiento por daños cometidos (Barillas, ríos Oxec y Cahabón), la solicitud del fin del monocultivo en Champerico, las denuncias por delito ambiental en el desvío y apropiación de ríos (Madre Vieja, Sis, Pacayá, Mopán, Coyolate, Pojom…) los juicios por violencia sexual y genocidio, entre otras muchas acciones recientes, impugnan en lo inmediato el poder constituido. El Estado y el modelo político desarrollado sin participación de pueblos y comunidades hace aguas.

Desde adentro, los desacuerdos entre sectores de poder (transnacionales, Estados Unidos, sectores reformistas, economía y actores tradicionales vs. economía criminal y emergente, partidos políticos, clases medias descontentas)  pesan hoy tanto como los acuerdos. Las diferencias y disputas abiertas de elites se expresan en hechos como las reformas al sector justicia y los procesos judiciales para depurar la Corte Suprema de Justicia y el Congreso (en general los ritmos y las prioridades de las acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad) el juicio contra el alcalde Álvaro Arzú, la disputa alrededor de la Terminal de Contenedores Quetzal, la depuración del Congreso, la captura del hermano del Presidente…
 
La hipótesis rupturista

La crisis implica cambios y rupturas. El futuro es ahora indeterminado e imprevisible: todo menos estático y predeterminado. Las luchas populares y las disputas internas debilitan el pacto intraelitario del 85 y por tanto la Constitución vigente. En la transición de lo viejo que no sirve pero todavía no encuentra sustituto, la Carta Magna actual, fruto de otro contexto, empieza a ser modificada (reformas al sector justicia) y cuestionada. 

Las líneas y actores en intensa disputa se marcan con claridad, no así la definición de esta disputa: 1) reformas controladas que no cuestionen el modelo de acumulación; 2) continuidad sin reformas; 3) transformaciones estructurales. Las dos primeras coinciden en la defensa del neoliberalismo extractivista, el poder transnacional y una democracia con derechos limitados para los pueblos (autodeterminación) y difieren en la necesidad de reformas políticas; la primera y la tercera comparten una ruta de reformas inmediatas de carácter político, pero discrepan en la crítica al extractivismo y la propuesta de fundación de un nuevo Estado.  

No se puede soslayar la fuerza de los sectores criminales y corporaciones en la conducción del Estado, que no logra ir más allá de un ejercicio personalista, individualista, violento y caprichoso del poder: nada nuevo bajo el  sol de la institucionalidad. Aún así, avanza la hipótesis rupturista, es decir, el convencimiento de que solamente a partir de grandes transformaciones y nuevos pactos sociales desde abajo se puede solucionar la crisis actual. 

¿Estamos hoy más lejos de la ruptura que durante las movilizaciones masivas que provocaron la caída del gobierno de Otto Pérez Molina? En mi opinión ni más lejos ni más cerca, sino de otra forma. Las movilizaciones de 2015 tuvieron la virtud de su carácter masivo, intersectorial e interclasista, y la debilidad de su dispersión de objetivos. Las movilizaciones actuales son menos frecuentes y numerosas, pero crecen en la claridad de que el problema no es el gobierno, sino el modelo de estado y de sociedad. En cualquier caso, el punto de llegada no será el mismo que el punto desde el que estamos partiendo: no hay boleto de retorno para el viejo orden.     

Pueblos y comunidades: el desborde de la imaginación política

Las movilizaciones populares desbordan las fronteras políticas tradicionales. Frente al  pragmatismo, la resignación, la aceptación, la invariabilidad (de leyes, instituciones, símbolos, prácticas políticas) la acción colectiva desafía hoy el Estado, como símbolo de continuidad, las formas de ejercicio del poder y los actores predominantes.

El régimen actual se enroca, los medios políticos y la política mediática invisibilizan las propuestas de los pueblos y no dejan que la realidad estropee algunos (¿buenos?) análisis y balances. Pero en el debate popular están presentes categorías políticas como lo común, la autodeterminación, la soberanía, el derecho de decisión en los territorios, la defensa y cuidado de la vida. Sectores de comunidades y pueblos organizados proponen en foros, asambleas, reuniones, documentos, libros, la transformación-refundación-fundación de un nuevo Estado y un nuevo modelo de vida, con asidero en demandas históricas y en la coyuntura inmediata.

El mensaje invita al dinamismo, de acción y de  reflexión, no al estancamiento ni a la involución: la crisis solo se resuelve con la sustitución del Estado actual, fruto de un pacto de elites, por otro modelo de organización surgido de la decisión y el consenso popular.  
Andrés Cabanas, 18 de enero de 2017

Proyectos inviables y desarrollo insostenible


La retirada de Hidro Santa Cruz de Barillas
Andrés Cabanas, 29 de diciembre de 2016

Hidro Santa Cruz se va de Barillas, según el escueto comunicado emitido el pasado 22 de diciembre. La retirada de la empresa oficializa lo que era práctica y hecho consumado: las deudas adquiridas ante financiadores internacionales, la demanda interpuesta por socios del proyecto, la falta de avance de la obra, la defenestración o retirada de importantes  valedores políticos (gobierno patriota, anterior embajador español), la inmanejable conflictividad social y la persistencia de la resistencia de una “parte respetable” de la población (según reconocen finalmente los propietarios españoles de Hidro Santa Cruz) imposibilitaron el desarrollo del proyecto.

Un proyecto inviable

La salida del territorio de Barillas de Hidro Santa Cruz no es un hecho menor. Cuando una empresa abandona su inversión sin conseguir sus objetivos, se agrieta el proyecto de despojo. En la fase actual de acumulación del capital, los proyectos se interconectan en actores, operadores políticos, financiadores, estrategias de intervención, sociedades, ganancias. El patinazo estrepitoso de uno de esos proyectos no puede analizarse aisladamente. 

En el caso concreto de Hidro Santa Cruz, el fracaso empresarial agudiza la crisis de un modelo político (el proyecto patriota -neoliberal militar- que apostó por la violencia y la ilegalidad o la legalidad a la carta) y la crisis de un Estado heredero de la contrainsurgencia, construido para el despojo. Demuestra, de forma complementaria, que la razon empresarial y transnacional es tan violenta como frágil.

Sin embargo, la salida de la empresa no cierra un proceso de agresión contra la población. La empresa adquirió derechos (por ejemplo sobre los terrenos) sin que hasta la fecha haya aclarado el destino y la utilidad de estos terrenos (venta, transferencia a otra empresa, alquiler, congelamiento hasta que existan condiciones para el retorno). Por otra parte, la marcha de  Hidro Santa Cruz no vincula ni compromete la retirada de las empresas y los dueños españoles, particularmente activos durante las últimas semanas: David Castro Valdivia,  Luis Castro Valdivia y Fernando Rodríguez  continúan todavía presentes en el país (entre otras, con la sociedad Hidraes ingenieros consultores, de David Castro) y/o han realizado movimientos societarios recientes y masivos: constitución de siete sociedades el 3 de noviembre de 2016, cuyo rastro hasta Guatemala es conveniente seguir. Asimismo, la huida de HSC puede dificultar investigaciones sobre redes de corrupción y criminales, a partir de la apertura de una oficina de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en Quetzaltenango.

Cuál es el destino de los terrenos adquiridos mediante engaño, qué sucede con las empresas matrices, cómo se determinan las responsabilidades adquiridas por el daño causado a la población, de qué manera se obliga a los propietarios españoles de la hidroeléctrica a responder ante la justicia por la violencia y delitos cometidos, son preguntas (y escenarios) pendientes en la intensa disputa empresa-comunidades: el conflicto interrumpido pero inacabado.  Una retirada sin mayores costos, más allá del tibio reconocimiento de errores expresado en el comunicado, debe ser impedida. La vigilancia de nuevos proyectos extractivos o de la reconfiguración del actual, la devolución de terrenos adquiridos ilegalmente, la investigación de las acciones ilegales cometidas por la empresa y otros actores (estructurales criminales), el resarcimiento como garantía de no repetición de hechos similares, se integran a la agenda de la resistencia.  

El desarrollo insostenible

La marcha de Hidro Santa Cruz es un triunfo de la población que solicitó reiteradamente su salida: no es un simple distractor de la empresa, aunque antes, durante y después de la salida se sucedan maniobras para minimizar el impacto de lo sucedido. La resistencia comunitaria, con apoyo nacional e internacional, derrotó la persecución, la criminalización, el encarcelamiento de dirigentes, los intentos de cooptación, la estatalización de los intereses de la empresa: es decir, la configuración del Estado a la medida de la hidroeléctrica.  

Concebido como proyecto modelo (articulación de actores, forma de intervención, caballo de troya de otros proyectos energéticos) la oposición a Hidro Santa Cruz fue también el referente para contener este enfoque: una forma de decir no al militarismo en tiempos de paz y al despojo en tiempos del Estado (teóricamente) orientado al bien común.  

El comunicado oficial de la empresa distribuido de forma coordinada por todos los medios corporativos afirma que el proyecto hidroeléctrico Cambalam era necesario pero se volvió inviable. Esto, como la mayoría de las afirmaciones empresariales, es una verdad a medias o una mentira disfrazada. El punto de no retorno para la salida de Hidro Santa Cruz comenzó cuando la empresa impuso una visión de desarrollo ajena a la visión de la población: el desarrollo como beneficio individual y no como proyecto de vida colectiva; como imposición y no como consenso; como intervención ajena y no como construcción desde la comunidad. 

Corresponde, ahora, recuperar esos consensos y definir –desde los saberes comunitarios- la ruta hacia otro desarrollo justo y digno.