Hidro Santa Cruz y la violencia


El neoliberalismo militarista: empresas, gobiernos y ejércitos en Santa Cruz Barillas, Guatemala.  

El caso Hidro Santa Cruz


Introducción

En la serie de reportajes que ahora inicio propongo una lectura de la conflictividad reciente en Santa Cruz Barillas (concretada en el establecimiento de un Estado de Sitio) a partir de: 

Historia y caracterización del grupo empresarial que actúa en Barillas (Hidro Santa Cruz, también identificada como Ecoener e Hidralia) y sus estrategias de actuación.

Los intereses económicos transnacionales presentes en el conflicto y el mapa de actores coincidente con estos intereses.

Las vinculaciones del conflicto en Barillas con la conformación de un Estado progresivamente autoritario y neo militar.  

A partir de estas lecturas, concluiré que Hidro Santa Cruz (publicitada como una empresa pequeña, con pequeños y legítimos intereses) forma parte de un complejo entramado empresarial que desarrolla sus acciones en varios países, de forma directa o a través de conexiones políticas y/o familiares. Una red económica que vincula a decenas de empresas e intereses de corte similar y que involucra asimismo a importantísimas corporaciones financieras internacionales (International Finance Corporation-World Bank Group, entre otras).

Desvelaré un entramado político conexo, sustento de esta red económica, construido a partir de lazos partidarios y con gobiernos, en esferas estratégicas de toma de decisión (igualmente, en diferentes países). Como podrán apreciar en los reportajes, este entramado se construye a partir de procedimientos legales o de la ilegalidad criminal.

Compartiré con ustedes formas de trabajo y estrategias de expansión basadas en la negociación y el otorgamiento de beneficios sociales, pero también la compra de voluntades, sobre todo de autoridades; el desprecio de la opinión de las comunidades; el uso de mecanismos informales y paralelos (paralegales); la imposición; el neocolonialismo. Estas formas de trabajo, repetidas en muchos de los países y proyectos impulsados por este conglomerado, conforman un modus operandi y una cultura organizativa.

Cuestionaré la calidad medioambiental y social de los proyectos de Hidro Santa Cruz: mientras la empresa se presenta como amigable con el ambiente, oferente de soluciones energéticas comunitarias y alternativas, ubicaré la responsabilidad social empresarial y los mecanismos de desarrollo limpio como nuevos espacios para la acumulación; las micro centrales como táctica de expansión multinacional, no como respuesta social; y el agua (privatización, gestión de servicios) como ámbito fundamental de acumulación para los próximos años. El control de este recurso determina espacios de lucha y nuevas estrategias de penetración a las que no es ajena Hidro Santa Cruz.

Evidenciaré la inserción de Hidro Santa Cruz en los esquemas de expansión transnacional: es decir, Hidro Santa Cruz como parte de un modelo corporativo y no como alternativa empresarial.

Por fin, concluiré que la fuerza de la expansión y la dureza de los planteamientos de Hidro Santa Cruz solamente pueden entenderse a partir de la magnitud de los intereses, los apoyos y las redes de poder involucradas. En este marco, el Estado de Sitio recientemente decretado en Barillas no es consecuencia de hechos aislados de violencia, sino una condición para la acumulación. 

Historia no novelada  
A lo largo de esta introducción y cinco reportajes, aparecen señores y reyes del kilovatio (similares a nuestros reyes del pollo o reyes del tenis); oligarquías transnacionales; dirigentes de partidos en el gobierno en varios países; un importante embajador español en el Vaticano; más de 40 negocios de características similares al proyecto de Barillas, que ubican a este como parte de un complejo de poder y una determinada forma de operar.

La investigación es profusa en la denuncia de complejas redes criminales, de las que forman parte empresarios acusados de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la adjudicación de permisos de explotación energética, y de irregularidades en el desarrollo de proyectos. Entre estos empresarios acusados y felizmente absueltos, figura el representante legal de Hidro Santa Cruz, Luis Castro Valdivia, hermano del propietario y máximo accionista de dicha empresa y Director General CEO de Hidralia Energía, David Castro Valdivia (ambos presentes en diferentes momentos en Barillas y Guatemala).

En el esfuerzo de ubicar contextos históricos, llegamos hasta la Segunda Guerra Mundial, las explotaciones de wolframio fundamentales para nutrir la maquinaria bélica del Ejercito nazi, y la base de constitución de un importante patrimonio económico, que se amplificó durante el franquismo (dictadura española) y del que Hidro Santa Cruz -lo reconozca o no- es su heredera, con todo lo que conlleva: herencia de mentalidades paternalistas y autoritarias, típicamente fascistas.

¿Piensan que estoy exagerando? Me adelanto a algunas reacciones de la empresa:

¡Por favor! ¡Hablamos de Barillas, un municipio fronterizo y marginal que a nadie interesa! 

La hidroeléctrica del río Cambalam, que gestiona Hidro Santa Cruz, tiene apenas una potencia nominal de 5,000 kW, tensión de evacuación de energía de 69,000 V y caudal de equipamiento de 2.25metros cúbicos por segundo, con 5.80 km de longitud de línea de evacuación (hasta Subestación Barillas). Es imposible que a su alrededor se desarrollan todos estos intereses. ¡Modérese señor Cabanas!

Hidralia Energía e Hidro Santa Cruz son empresas de menos de 20 empleados, alejadas del entramado capitalista global que usted quiere evidenciar.

Sus reportajes parecen pataleta marxista-ambientalista-criminal, señor Cabanas, conspiración  proveniente de un grupo de revoltosos, antisociales, resentidos, frustrados, mediocres y, en su caso particular, redundante y pésimo escribidor.

Algunos de los hechos que usted menciona fueron sobreseídos por la Justicia española (es decir, todos fuimos culpables hasta que se demostró nuestra inocencia).

En anticipo de estas reacciones, confirmo que los nombres y hechos que se presentan corresponden a personas y situaciones reales; las opiniones provienen de actores involucrados en el conflicto; los datos ofrecidos tienen como fuente documentos y opiniones externadas y autorizadas para la publicación por parte de las personas entrevistadas. Estos reportajes no parten de la ficción, no son una recreación novelada de la realidad. 

Esquema general 
Esta serie de reportajes, construidos durante más de 14 meses en tres países distintos, se desarrollan con este esquema: 

Capítulo 1. Los orígenes de un capital espurio. 
Relato de la conformación un poderoso sector energético a partir de sus nexos económicos y políticos con grupos/estados fascistas o pro fascistas. En esta historia, la corrupción y el autoritarismo han sido premisas, sin punto de inflexión. Se vincula a este sector energético con el grupo Hidralia Energía y su accionar en Santa Cruz Barillas. 

Capítulo 2. Un modo de operar estructurado y repetitivo: el desarrollo hidroeléctrico y energético "a como sea". 
Análisis comparativo de estrategias de operación de Hidralia Energía, en diferentes proyectos  realizados en varios países. Se evidencia que estas estrategias utilizan de forma complementaria: negociación, compra de voluntades, presión, paternalismo y asistencialismo económico, alianzas formales o ilegales, amenazas, uso de la violencia. 

Las estrategias, que incluyen organización interna, relaciones con las comunidades, relaciones con otros actores, desarrollo de proyectos, conforman una cultura organizacional de conglomerado corporativo, es decir, regida por las lógicas de expansión y organización transnacional, acusadamente vertical, poco accesible, no dialogante. 

Capítulo 3. La Pinta, La Niña, La Santa María y la Santa Cruz, etapa de acumulación primaria agresiva transnacional. Lectura del conflicto en Barillas partiendo de la revisión de los intereses nacionales y globales presentes en la expansión de la hidroeléctrica, y que inciden en la conflictividad: el agua como eje de expansión fundamental; los nuevos negocios: responsabilidad social, desarrollo limpio; nuevas estrategias de expansión: las mini centrales hidroeléctricas. 

Esta lectura se completa con el análisis de actores involucrados, en su dimensión local, nacional e internacional, que van mucho más allá de los actores formalmente representados y visibilizados en Barillas. Encontramos actores de la cooperación y la anti cooperación, del Estado y el gobierno, de empresarios y gobiernos internacionales confundidos en su accionar. 

Capítulo 4. El Estado militarista. 
Propongo la comprensión del Estado de Sitio como una de las garantías de soporte del funcionamiento y acumulación de las empresas, en este caso de Hidralia Energía, en el marco de la conformación de un modelo económico, político y social marcadamente autoritario, de libertades restringidas.



Capítulo 5. El código vida: razones de la oposición comunitaria a la presencia de la empresa y al Estado de Sitio.
A partir de la caracterización de los intereses (en muchos casos ocultos, superpuestos) presentes en el conflicto de Barillas, presento como legítima la oposición al Estado de Sitio y a la presencia de la empresa, legitimidad fundamentada en la defensa de intereses comunitarios de ámbito superior al mercantilista, y en el ejercicio de la autonomía, la soberanía y la capacidad intransferible de decisión por parte de los habitantes de Barillas.

Algunas preguntas que no pueden quedar sin respuestas
Al final de esta serie de reportajes, algunas preguntas deben encontrar contestación: 

¿Cuáles son los nexos previos de Hidralia Energía con la población de Barillas y con Guatemala?

¿A través de qué mecanismos una empresa recién formada acaba siendo ejecutora de importantes proyectos hidroeléctricos?

¿De qué manera empresarios acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en sus países de origen, trasladan estas prácticas a sus proyectos en otros países? 

¿Por qué una empresa pequeña llega a generar una aguda conflictividad social, y se convierte en protagonista a partir de la implantación de un Estado de Sitio en el municipio en el que está trabajando?

¿Cuáles son las relaciones de Hidro Santa Cruz con las autoridades locales y nacionales? 

¿Qué conexiones y afinidades políticas y económicas internacionales construyen la presencia de Hidralia en Guatemala?

En fin, las respuestas iniciales abren nuevas interrogantes y ubican a la hidroeléctrica Santa Cruz, a la población de Barillas, a las luchas por la defensa del territorio, en un entramado de poder y en una encrucijada histórica: un modelo de expansión empresarial frente a la voluntad de las comunidades.

Si esto fuera una novela, no parecería más extraordinario que lo que voy a compartir en los capítulos siguientes. 


1. Los orígenes de un capital espurio

13 de mayo de 2012. La página web de Hidralia Energía permanece sin cambios desde el martes 1, cuando cae asesinado Andrés Francisco Miguel. No se ha modificado a pesar de que la seguridad de la empresa es acusada del asesinato. Estática: como si la violencia, la represión, el miedo y la muerte no se estuvieran apoderando de Santa Cruz Barillas.

Al margen de la violencia y la conflictividad, la web de Hidralia oscila entre el ocultamiento, la autocomplacencia y las afirmaciones absolutas, inapelables en su rotundidad. 

Las afirmaciones rotundas: Hidralia Energía pretende “contribuir al cambio de la matriz energética de los países donde actuamos, mediante el impulso de proyectos hidroeléctricos de pequeña escala y de bajo impacto ambiental, así como mejorar las condiciones de vida de las personas que viven allí donde desarrollamos proyectos (…) Nuestros valores son, entre otros: ética y transparencia en todos nuestros procesos de desarrollo, respeto a la cultura y valores de nuestros stakeholders”

La autocomplacencia: menciones genéricas a proyectos exitosos, el autobombo de la responsabilidad social corporativa (12 láminas de zinc donadas para las familias de la comunidad Caserío Quechoc).

Los ocultamientos: ¿qué sabemos de Ecoener, Hidralia Energía y su filial Hidro Santa Cruz[1]? ¿Qué sabemos de sus propietarios? ¿Cuáles son sus antecedentes, sus capacidades, sus expectativas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Guatemala? ¿Cuáles sus redes de apoyo y conexiones? La información corporativa es escasa y llena de vacíos en este punto.

Este escrito pretende contribuir al conocimiento de la historia del grupo empresarial (o la red político-empresarial) que administra Hidro Santa Cruz. Historia que, como analizo a continuación, se sustenta en el ejercicio de la corrupción y se construye sobre una base ideológica y política ultraconservadora: ambos aspectos determinantes para entender la actuación de la empresa en Barillas y la violencia que se genera.   

Los reyes del kilovatio
Según su brochure corporativo, Hidralia Energía es una empresa fundada en 2006 en  A Coruña, Galicia, norte de España, que ofrece “un servicio global en materia de proyectos hidroeléctricos, abarcando estudios y diseños, así como gestión, proceso de aprobación, obtención de licencias y financiación”. En septiembre de 2008, la empresa inaugura su oficina en Guatemala, desde la que atiende proyectos de la región centro y latinoamericana. En Guatemala: Proyecto Cambalam I y II en Santa Cruz Barillas, a cargo de Hidro Santa Cruz; proyectos Pojom I, Pojom II y Bella Linda, en el municipio de San Mateo Ixtatan, a cargo de Producciones de Desarrollo Hídrico; asesorías y consultorías para el impulso de energías renovables en Huehuetenango y Alta Verapaz.

Informes complementarios revelan que Luis Castro Valdivia es fundador de Hidralia y representante legal de Hidro Santa Cruz. Su hermano David es el Director CEO (Chief Executive Officer) de Hidralia, propietario y accionista mayoritario de Hidro Santa Cruz.

Más allá de la leyenda oficial, y según la opinión de la fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, que investiga la denominada “Trama energética”, Luis Castro Valdivia crea desde finales de los años 80 un entramado de más de cuarenta empresas vinculadas al sector energético, con diferentes nombres pero frecuentemente una misma razón social y administración: a cargo del propio Luis Castro Valdivia, sus hermanos David y Javier, o personas interpuestas. El entramado pretende salvar las restricciones legales existentes para la labor de una sola empresa.

En el periodo 1999-2005, cuando su cuñado Ramón Ordás funge como Director general de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia[2], Castro Valdivia recibe concesiones que lo convierten en uno de los empresarios más prósperos del sector: el llamado “rey del kilovatio gallego”, por su hegemonía en el mercado de las pequeñas centrales. En los años en que expande sus acciones a Guatemala, el TSXG inicia una acusacion de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la obtención de contratos energéticos.

Las actividades fraudulentas se repiten como constante. Se denuncia la constitución de una “maraña” integrada por decenas de “sociedades extensas y opacas, empresas de recientísima creación, con nula experiencia, formadas con capital inicial muy escaso, y sin soporte material, personal ni técnico para el desarrollo de sus actividades”. Empresarios y empresas que, entre otras estrategias, desarrollan sus negocios a partir del “ocultamiento de personas, la formación de empresas pantalla[3], las concesiones irregulares…”  

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, define una ruta de corrupción e impunidad alrededor de Castro Valdivia: “incompatibilidades, falsificación de registros y agilización de trámites, corrupción y chafallada[4] administrativa, trámites administrativos express, declaraciones ambientales a la medida”. 

David Castro Valdivia, hermano de Luis y propietario de Hidro Santa Cruz, forma parte de esta red de poder y corrupción. Aunque su presencia pública es menos visible, aparece –entre otros- involucrado en la criticadísima Hidroeléctrica de Chandrexa de Queixa, en el municipio gallego del mismo nombre, presidida por el  alcalde de la localidad -pese a ser empresa privada- y ubicada de forma anormal en un Parque Natural. David Castro es pieza clave en el proyecto de Barillas.

Si bien las acusaciones por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho fueron desestimadas por el  Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña en 2010, una sentencia del TSXG de 23 de junio de 2011 confirma la corrupción y las malas prácticas de los proyectos. Ante una demanda contra la anulación de tres contratos de mini centrales interpuesta por Energías del Deza, una de las empresas de Castro Valdivia, TSXG vuelve a argumentar la irregularidad de los proyectos presentados. Entre otros motivos, porque “no se incluyó un estudio de sinergias donde se evalúen los efectos de la instalación de estos nuevos aprovechamientos; no se hizo la descripción de los métodos en orden a conocer la repulsa o aceptación social de este proyecto; no se incluye el estudio comparado de la situación ambiental”

Un conglomerado político y económico ultraconservador
Para el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la investigación de la trama energética confirma la existencia de pequeñas empresas con grandes aspiraciones. Planteo esta lectura complementaria: grandes ambiciones e intereses, disfrazados de inversiones societarias en apariencia discretas…

Las investigaciones evidencian importantes intereses económicos y alianzas políticas alrededor de los reyes del kilovatio:

el Director General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia en el periodo 1999-2005, durante el gobierno ultraconservador de Manuel Fraga y el Partido Popular;  

el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla (quien compró a Luis Castro la primera empresa que este fundó, la Hidroeléctrica del Arnoya, en 1992), vinculado a la derecha económica y política;

el exalcalde socialista de A Coruña (Galicia) y embajador de España en el Vaticano hasta 2011, Francisco Vázquez. Iglevaz, la sociedad creada por el presidente de la patronal gallega, Antonio Fontenla, pasó en 2002 a manos de la familia del Alcalde, que inició una fuerte relación con Luis Castro Valdivia. A pesar de su filiación socialista, Francisco Vázquez se identifica con sectores conservadores;
la esposa y los dos hijos de Francisco Vázquez, también copropietarios de negocios energéticos;  

alcaldes e integrantes de partidos políticos, sobre todo del Partido Popular gobernante;  

el presidente del gobierno autónomo de Galicia, fundador del Partido Popular y anteriormente ideólogo del franquismo, Manuel Fraga Iribarne. Durante su gestión al frente del gobierno autónomo, las empresas de Castro Valdivia y sus asociados incrementan sus negocios. El propio Luis Castro Valdivia fue responsable de Novas Xeracións, la rama juvenil del Partido Popular.

Las conexiones empresariales y políticas revelan la preeminencia de una base ideológica ultraconservadora en la conformación y actuación del grupo Hidralia Energía: vinculada directamente o heredera de planteamientos políticos provenientes de la derecha española y del franquismo-fascismo, con el añadido neoliberal. Ideología “rancia y autoritaria” como define Manuel Vázquez Montalbán el carácter de uno de sus fundadores y personaje presente este relato, Manuel Fraga Iribarne, pieza clave de la dictadura franquista.

Adelanto como hipótesis (se profundiza en siguientes reportajes) que la base histórica ultraconservadora de este grupo genera dos escenarios clave para Barillas:

Los contextos de restricción de libertades, gobiernos autoritarios, Estados de sitio o excepcionalidad facilitan el desarrollo de las acciones del grupo.

La relación del grupo con las comunidades está determinada por la imposición, la unidireccionalidad y  el autoritarismo, en un marco doctrinal de raíces fascistas.  

Y un tercer escenario posible, donde la violencia se convierte en la clave de la actuación. 

Hidro Santa Cruz: la continuación de prácticas fraudulentas
Año 2008. La existencia de acusaciones públicas contra Luis Castro Valdivia no impide su expansión en  Guatemala y América Latina. Por el contrario, la creación de Hidralia Energía y la proyección del grupo hacia Latinoamérica coinciden con el fin de la gestión del Director General de Industria, y el inicio de las investigaciones de contratos energéticos.

Septiembre de 2008. Se inaugura la sede de Hidralia Energía en Ciudad de Guatemala. Sé, porque yo mismo lo precisé en el artículo anterior, que este reportaje no ficciona la realidad. Sin embargo, no puedo evitar conjeturar sobre esa inauguración. ¿Se realizó una fiesta? ¿Estuvieron presentes en ese momento Luis Castro y su hermano David? ¿Hubo discursos de inauguración? ¿Cuáles fueron los contenidos de esos discursos? ¿Se hicieron proyecciones, se valoró la posible reacción y oposición social al proyecto?

Es hipótesis, lo dejo al azar de la imaginación: probablemente asistieron empresarios, misiones internacionales, representantes de la Embajada de España o el embajador mismo. ¿Qué otras personas fueron invitadas: comisionados de empresas transnacionales interesadas en distribuir la energía producida por Hidro Santa Cruz, posibles inversionistas, autoridades políticas, partidarias?

¿Se mencionaron en ese momento las acusaciones todavía abiertas contra Luis Castro Valdivia? Pregunto si se mencionaron porque descarto que se desconocieran.

De cualquier modo hago la pregunta directa: ¿desconocían las autoridades nacionales estas críticas? ¿Y la Embajada de España? ¿Se informó, se alertó a los ministerios, las alcaldías y las comunidades sobre este particular? ¿Qué actitud asumen ahora, a partir de la agudización del conflicto y la presentación pública de información sobre el grupo propietario de Hidralia Energía e Hidro Santa Cruz?

Hasta aquí puedo interrogarme e hipotetizar: este escrito, reitero, no es ficción ni recreación novelada.

2007 en adelante. En Galicia se mencionan las irregularidades en la tramitación de las concesiones para Castro Valdivia: falta de expedientes de valoración de impacto ambiental; ocultamiento de información; vulneración de la legislación ambiental; un comportamiento empresarial irrespetuoso hacia las poblaciones afectadas. Todo ello llevado a cabo por empresas carentes de capacidad técnica, personal y material y por empresas pantalla que ocultan los nombres de los propietarios.

En el espejo del proyecto hidroeléctrico de Santa Cruz Barillas se reflejan estas prácticas empresariales:

confusión de siglas: Ecoener, Hidralia, Hidro Santa Cruz (Producciones de Desarrollo Hídrico en San Mateo Ixtatán) que responden sin embargo a la misma propiedad;

confusión de nombres: representante legal (Luis Castro Valdivia), propietario y máxima accionista (David Castro),  mandatario legal y apoderado Fernando Alonso, entre otros;

ocultamiento de nombres: Luis Castro Valdivia no aparece identificado en la página web corporativa;

una sociedad de creación recientísima, Hidro Santa Cruz, que recibe de forma expedita un contrato energético, sin experiencia previa ni capacidad técnica, humana, administrativa y social demostrada,

una empresa pequeña que obtiene contratos múltiples en diferentes países: ejecutora de proyectos en España, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Venezuela,

ambigüedad o contradicciones en la existencia de concesiones y permisos ambientales y legales,

escasa o nula preocupación por la opinión de las comunidades y su rechazo al proyecto: la imposición de mentalidades y lógicas autoritarias. 

Es buen momento para tomar un respiro y recapitular. En atención a los que acaban de sintonizar esta serie de reportajes que no son novelas, y asisten a la relación de nombres que no forman parte de una saga, creo conveniente ofrecer un resumen y una interpretación de los hechos hasta ahora mencionados. 

Recupero el hilo conductor lanzado en la introducción: en Santa Cruz Barillas no solamente se concretan los intereses de una pequeña empresa, sino de un complejo y diversificado entramado de poder, históricamente construido a partir de la corrupción, y con el conservadurismo ideológico como seña de identidad. Este entramado traslada sus prácticas fraudulentas a cada uno de los proyectos que ejecuta, en este caso Guatemala y el proyecto Cambalam.

13 de mayo de 2012. La página web de Hidralia Energía permanece sin modificaciones desde el martes 1, cuando es asesinado Andrés Francisco Miguel…

Notas
[1] Las tres empresas responden a una misma propiedad.
[2] Gobierno autónomo.
[3] “De 48 empresas que figuran en el Registro Mercantil a nombre de Luis Castro Valdivia, 36 disponen de apenas tres domicilios sociales. El valor total de las empresas es de 61 millones de euros, y sin embargo solamente consta un trabajador como único asalariado afiliado a la seguridad social. En algún caso aparecen registrados gastos de representación por valor de 900,000 euros, que es el pago a alguna de las personas que participa en estas sociedades” informa la Coordinadora Galega para a Defensa dos Ríos, COGADER.
[4] Mantengo el término original en idioma gallego por su carga connotativa. Traducción aproximada: trabajo muy mal hecho.


2. Un modo de actuar estructurado y repetitivo: el desarrollo hidroeléctrico y energético "a como sea" 

El crecimiento del “grupo” Castro Valdivia en Galicia está ligado a la multiplicación de  acciones ilegales:

empresas adjudicatarias creadas un mes antes de la concesión (parque eólico de Lalín);

transferencia de titularidad y cesión de derechos entre sociedades del grupo, con el objetivo de superar barreras legales;

sociedades públicas municipales convertidas en empresas privadas: en Ourol, el Ayuntamiento solicita concesiones, en el entendido de que su carácter de administración le otorga ventajas para la adjudicación. Con posterioridad cede su posición a una empresa de capital público que es absorbida por una empresa privada mediante ampliación de capital. Esta última empresa es administrada por la sociedad Luis de Valdivia S.L. cuyo propietario único es Luis Castro Valdivia;

modificación de los términos de la concesión después de aprobada la misma, aunque estos cambios exijan nuevos estudios ambientales (por ejemplo, el cambio del caudal o los caminos de acceso);

realización de proyectos en lugares protegidos o de alto valor ambiental y cultural: arroyo de A Cervantiña, Ayuntamiento de Silleda; río Deza, Ayuntamiento de Vila de Cruces, un lugar declarado Zona de Especial Protección de los Valores Naturales e incluido en la lista de lugares de importancia comunitaria (de la Unión Europea).

Además de la investigación iniciada por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la obtención de contratos, el Consello de Contas, instancias fiscalizadora de la gestión del sector público de Galicia, elabora en 2005 un informe específico sobre irregularidades en la fase de ejecución de diferentes proyectos energéticos (informe del que extraigo los elementos presentados en los párrafos 1 y 3 de este reportaje). Ninguna de estas irregularidades se desarrolla sin apoyos políticos y económicos significativos: empresarios, autoridades locales, partidos políticos y/o instancias gubernamentales. 

En este mapa de negocios anómalos abundan: empresas sin experiencia, carentes de viabilidad técnica y económica, constituidas con el capital social mínimo exigido por ley (3,000 euros o 30,000 quetzales); empresas adjudicatarias de contratos millonarios que no disponen de personal; diferentes empresas que comparten la misma razón social; estudios ambientales deficientes (por ejemplo, los que se realizan considerando las pequeñas hidroeléctricas de forma individual, sin tener en cuenta las existentes en la misma cuenca).

El ninguneo como norma de actuación
La ilegitimidad manifiesta y la ilegalidad presente en estos proyectos genera la oposición de vecinos, asociaciones ecologistas, partidos políticos, incluso municipalidades afectadas, cuyos testimonios recojo a continuación. La respuesta de la empresa se ofrece en forma de rechazo abierto o diplomático a las demandas: los vecinos de Tollo, Vega de Liébana, afectados por una obra realizada en un paraje natural y por un tendido aéreo de dos kilómetros de largo que pasa frente a sus casas, se sienten  “ninguneados, engañados e ignorados” por la compañía y las autoridades.

En otras situaciones reciben ofertas económicas vergonzosas, caso de la Hidroeléctrica del Giesta, que propone construir un hotel y un camping, además de 80 raciones de comida en la feria del pueblo.

Cuando la negociación y el convencimiento son insuficientes (vecinos de Insua y Devesa que se niegan a vender sus terrenos) la empresa no duda en recurrir a la expropiación forzosa a partir de la declaración de utilidad pública.

La reiteración de las críticas sociales debilita las actividades de Castro Valdivia. Complementariamente, el fin del gobierno de Manuel Fraga y el Partido Popular en Galicia; el término de la gestión del Director General de Industria, Energía y Minas de dicho gobierno (cuñado y padrino político de Luis Castro); la promulgación de leyes de carácter ambiental tendientes a regular el desorden promovido por el empresariado energético (entre otras, la suspensión en 2005 de “aprovechamientos eléctricos” irregulares impulsados por varias empresas y la aprobación de normativas en defensa de los ríos); y el comienzo de las investigaciones, implican un punto de inflexión.

En este sentido, la expansión hacia Latinoamérica de una de las empresas de Castro Valdivia, Ecoener-Hidralia Energía, supone la huida hacia delante de un empresariado sumamente debilitado y deslegitimado, y la búsqueda de nuevos espacios de actuación económica.

Y en eso llega Barlllas
La elección de Guatemala como centro de esta expansión no parece casual. El país ofrece un marco político idóneo para el desarrollo empresarial impune: legislación e institucionalidad permisivas, carencia de mecanismos de control estatal, regulaciones ambientales a la medida de las empresas. En fin, autoridades locales pro empresariales, gobiernos de matriz autoritaria, un Estado construido desde y para las corporaciones.

El crecimiento territorial multiplica las malas prácticas. Las comunidades y las organizaciones sociales presentes en Santa Cruz Barillas y Huehuetenango enumeran los siguientes modos de operar de Ecoener-Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz (esta información proviene de documentos públicos difundidos por las organizaciones, así como de entrevistas personales):

compra de voluntades: se mencionan dos millones de quetzales para la Alcaldía;

ofrecimientos económicos incumplidos;

ofertas económicas irrelevantes, por ejemplo, la donación de láminas en el marco del programa Techo Mínimo o el ofrecimiento de 100,000 quetzales anuales a la Municipalidad de Santa Cruz Barillas en concepto de donación y compensación por gastos en que incurra la Municipalidad, una vez que el primer kilovatio producido por la empresa se vierta a la red (según el borrador del Convenio de Colaboración de 15 de octubre de 2011). En la práctica, 100,000 quetzales implican menos de un quetzal de inversión por persona y año, el 10% del costo de un salón municipal con equipamiento, unos tres meses de salario del alcalde…  

acusación a líderes comunitarios y sociales ante el Ministerio Público por detención ilegal, coacción, amenazas, portación ilegal de armas de fuego de uso civil, atentado contra los servicios de utilidad pública. Estas acusaciones son utilizadas como mecanismo contra las organizaciones y se “canjean” por el silencio de los lideres y la aceptación de condiciones de la empresa;

establecimiento de relaciones cercanas con partidos políticos y círculos de poder: apoyo de trabajadores y operadores de la empresa a las campañas electorales de los partidos Creo y Partido Patriota (ambos de derecha conservadora);

realización de operaciones sin el consentimiento o con el rechazo de –al menos- una parte importante de la población.

El diálogo, que no deja de producirse, muestra omisiones evidentes:

se privilegia el diálogo con autoridades (alcaldes, algunos dirigentes comunitarios) por encima del diálogo directo con comunidades afectadas y contrarias al proyecto;

se logran acuerdos con algunos dirigentes mientras se profundizan las divisiones con otros; 

el diálogo se acompaña con otras medidas de presión: es decir, aunque dialoga y mientras dialoga, la empresa no detiene los trabajos;

algunos acuerdos son incumplidos.

El conjunto revela un comportamiento empresarial autoritario e impositivo que, al constituir forma permanente de organización y relación, se convierte en identidad corporativa. La actitud “cerril y obtusa” de la empresa y sus representantes, denunciada por dirigentes sociales, es confirmada por la Iglesia Católica en Huehuetenango: “prepotencia y falta de diálogo de la empresa y sus personeros”.

La violencia como solución final
El ejercicio de la violencia forma parte de esta identidad, y se realiza en Guatemala con niveles y formas desconocidas en Galicia y el Estado Español. Es decir, constituye un distintivo, no improvisado ni casual, sino fundamentado en las múltiples ventajas que un país como Guatemala ofrece para la expansión económica carente de principios.

Las comunidades reportan (denuncias públicas, ante la Procuraduría de Derechos Humanos, Policía Nacional Civil de Barillas y Organismo Judicial, que constan en expedientes elaborados por estas instituciones):

amenazas vía comunicación celular a personas opuestas a la Hidroeléctrica;

disparos al aire continuos e intimidatorios por parte de miembros de la empresa;

agresiones verbales;

violencia verbal y psicológica contra las mujeres (por ejemplo, las que caminan cerca de las instalaciones de la empresa);

En la medida en que la oposición al proyecto se mantiene o crece, el uso de la violencia por parte de la empresa va en aumento:

amenazas de muerte por parte de trabajadores de la empresa, según informe realizado por la Unidad de Defensores de los Derechos Humanos, UDEFEGUA: el 15 de enero de 2010 varios hombres rodean a Rony Nicolás Juan, líder comunitario e integrante de la Asamblea Departamental por la Defensa de los  Recursos Naturales de Huehuetenango, ADH. Uno de estos hombres, Norman  Clemente Villatoro Molina, desenfunda su arma y lo amenaza diciéndole que va a desaparecer, como habían hecho con otro líder comunitario;

se militarizan las instalaciones –y la vida de las comunidades- a partir de la contratación de una empresa de seguridad privada, vinculada a poderes militares y políticos en activo. Dirigentes sociales la identifican como parte del apoyo al Partido Patriota en la pasada campaña electoral;

minado de las instalaciones de la empresa, que pone en riesgo a las personas y dificulta el libre tránsito;

El análisis de la organización del grupo Hidralia Energía en Guatemala me  permite concluir que el uso de la violencia no es coyuntural, sino estratégico. Según revela la pagina web de la empresa, una de las personas acusadas de amenazas de muerte en 2010 forma parte todavía de su personal: Norman Villatoro es el Encargado de Proyectos, la persona que “tramita las relaciones necesarias con los organismos públicos desde hace tres años”. Es decir, la empresa asume las relaciones desde una lógica de intimidación, agresión, represión  y choque. Norman Villatoro se graduó en el Instituto militar Adolfo V. Hall del Sur, en Retalhuleu.

Complementariamente, la conformación global del grupo de trabajo de Hidralia en Guatemala revela poca o ninguna preocupación por el contexto social, cultural y político de la región y las comunidades, en una zona –Barillas- de complejidades cruzadas: migración, convivencia étnica diversa, historia reciente de violencias. Los trabajadores de la empresa son topógrafos, auxiliares de administración, expertos aforadores, administradores, encargados de proyectos, ingenieros civiles. No existen capacidades sociales, políticas, de acción comunitaria. No se reportan análisis ni investigaciones en este sentido. Cuando la complejidad de Barillas se trasmuta en conflicto, la violencia queda como recurso privilegiado y único para la empresa.

Desarrollo a la fuerza
A partir del uno de mayo de 2012, las denuncias y sospechas de la participación de miembros de Hidro Santa Cruz en el asesinato de Francisco Andrés Miguel, y el establecimiento de un Estado de Sitio al que no es ajeno el interés de la empresa, implican una nueva fase de agresión: la constitución o aprovechamiento de un marco político autoritario, de restricción de derechos y de dominio del interés de las empresas sobre el Estado y los ciudadanos, con el objetivo de impulsar proyectos económicos privados.

A esto se le llama desarrollo, en los códigos de Hidro Santa Cruz. Desarrollo aunque esté impuesto por la fuerza. 

La realidad no ficcionada de Barillas está llena de simulaciones: empresas que afirman ser guatemaltecas; empresarios que se dicen demócratas y honrados; “desarrollo” a costa de las voluntades comunitarias.


3. La Pinta, la Niña, la Santa María y la Santa Cruz: etapa de acumulación primaria agresiva transnacional

“Los impactos y riesgos sociales potenciales (de la hidroeléctrica de Barillas) son limitados… debido a su pequeño tamaño… los efectos adversos son en su mayor parte reversibles y manejables por las medidas de mitigación. El proyecto es visto como generador de importantes impactos socioeconómicos. El proyecto es socialmente consciente y ha puesto en marcha un grupo de trabajo que se ocupa de la comunidad local. No hay ningún conflicto con las comunidades locales y tiene un fuerte apoyo entre los grupos locales y nacionales. No será necesaria la reubicación. En la actualidad todos los permisos y licencias necesarias están en su lugar” (1), afirma en 2010 un documento de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructuras, CIFI.

Este informe, plagado de falsedades (la responsabilidad ambiental y social, la  ausencia de conflicto) y omisiones (la oposición comunitaria a la hidroeléctrica) justifica el apoyo financiero: la CIFI aprueba ese mismo año el apoyo a un préstamo de hasta 10.7 millones de dólares para Hidro Santa Cruz.

Las mentiras corren paralelas a la importancia de los actores e intereses económicos involucrados: la CIFI, que favorece el financiamiento y asesora a pequeñas y medianas empresas del sector privado en América Latina y el Caribe, tiene como principales accionistas a estas entidades financieras: Bankia (España), con 20.37% de acciones, Corporación Financiera Internacional, miembro del Banco Mundial (15.74%), Banco Centroamericano de Integración Económica (9.26%), Corporación Interamericana de Inversiones, miembro del Banco Interamericano de Desarrollo Banco Interamericano de Desarrollo (5.56%), otros bancos comerciales, fondos y organismos multilaterales de financiación.

La CIFI es, según la última actualización de su página web, una sociedad anónima panameña, aunque en una consulta anterior aparece domiciliada en Costa Rica y su dirección de correo referencial es 1100 Wilson Boulevard Suite 2950, Arlington, VA 22209, USA. Ya me voy acostumbrando: esta complejización de nombres y referencias parece la tónica de este relato. 

La relevancia de la financiación se complementa con las cifras globales de Hidro Santa Cruz. Un reporte elaborado en 2011 por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Guatemala, valora en 30 millones de dólares la inversión prevista por Hidralia Energía en Barillas, una cifra significativa en el conjunto de la actividad de las empresas españolas en Guatemala: similar a la inversión de Iberdrola (Empresa Eléctrica de Guatemala, EEGSA) y Unión Fenosa Gas Natural (DEOCSA-DEORSA): 20 millones de dólares anuales en concepto de renovación y ampliación de la red y de las instalaciones y equipos complementarios, en el primer caso; 300 millones de dólares durante más de 10 años en el segundo.

Los círculos de interés  
La amplitud de la inversión y los apoyos financieros señalados aconsejan una lectura del proyecto en Barillas que, además de Hidralia Energía e Hidro Santa Cruz, tenga en cuenta otros actores e intereses, en lógicas de interconexión: un entramado de “beneficiarios” y redes de apoyo locales, nacionales y transnacionales; pequeñas y grandes empresas en colaboración.

Esta lectura trasciende la visión de una mini central eléctrica, una empresa individual, una realidad local aislada, y abarca nuevos negocios y estrategias de expansión. En este caso, Hidralia Energía se convierte en empresa facilitadora, y la mini central de Barillas en un modelo de desarrollo empresarial.

Las estrategias para la expansión empresarial son fundamentalmente tres:

1. El medio ambiente como negocio. Según información gentilmente facilitada por Hidralia Energía a través de su página web, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en el marco del Protocolo de Kioto, permite a empresas privadas implementar proyectos de reducción de emisiones de carbono en países en desarrollo y recibir créditos en forma de “Reducciones certificadas de las Emisiones” o créditos Cers, para el uso del inversionista.

Hidralia Energía cuenta con la Carta de Aprobación Nacional para el proyecto en Barillas, emitida por la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL), dependiente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. A partir de esta carta Hidralia inscribe el proyecto ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, para optar a financiamiento.

La posibilidad de este financiamiento adicional inscribe el proyecto de Barillas, Hidralia Energía y en general la estrategia de mini centrales en un cuadro empresarial: negocio emergente y oportunidad de enriquecimiento, más que apuesta socio ambiental.

2. El crecimiento sectorial: el negocio de las renovables. Las energías renovables en América Latina constituyen una apuesta económica creciente. El gran desarrollo de las energías renovables en Latinoamérica en los últimos años genera una enorme oportunidad de negocio para las empresas españolas del ramo, las más avanzadas del mundo. La mayoría de los países del área, dotados con abundantes recursos naturales y confrontados a la necesidad de aumentar la capacidad de generación eléctrica, diseñan grandes proyectos de energías limpias y buscan las inversiones españolas” afirma la publicación electrónica Portal Latino (http://www.portalatino.es/Noticias/3702/America-latina-hace-crecer-las-energias-renovables).

El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, es clave en esta apuesta, a partir del proyecto ARECA, Acelerando las Inversiones en Energía Renovable en Centroamérica y Panamá, una iniciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el BCIE, para financiar pequeños proyectos de energía renovable.

La presencia del BCIE en el proyecto de Barillas, a través de la CIFI, puede interpretarse como parte de esta estrategia de fortalecer “el negocio de las renovables”. El inicio de proyectos de energías renovables con Fundación Solar en Alta Verapaz, y la experiencia previa de los Castro Valdivia en el Estado Español fortalecen este escenario de expansión. 

3. El agua, siempre el agua. Hace más de 500 años, Rodrigo de Triana (quien viaja delante de la Niña y la Santa María en la carabela Pinta, la más velera de las tres ¿recuerdan?) grita alborozado “Tierra” (después de tanta agua). Hoy cinco siglos después, Castro Valdivia –quien llega a Guatemala en la carabela Santa Cruz encaramada en un vuelo regular de Iberia- dice o piensa: “Hay mucha agua en esta tierra”. El agua como factor de riqueza y poder: para generación de electricidad, para consumo, para riego, para los grandes proyectos mineros, como reservorio, como estrategia.

Este eje de acumulación se operaría a partir de:

Enfoque: el agua como servicio.

Paradigma: la GIRH, Gestión Integral del Recurso Hídrico (asumida por organismos internacionales)  que parte de una “una visión de manejo equitativo y eficiente y uso sostenible” y  califica el agua como “bien económico, con valor social y económico en todos sus usos competitivos”. La GIRH contempla el uso del agua de forma simultánea en todos estos ámbitos: doméstico, industria, agricultura, energía, ambiente, turismo y pesca. 

Financiamiento: banca vinculada a transnacionales del agua, como Bankia (Canal de Isabel II), banca española, Banco Centroamericano de Integración Económica. 

Marco político internacional: ratificación del Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea, y desarrollo del Fondo del Agua de la Cooperación española (con financiamiento de 100 millones de dólares correspondientes a un aporte no rembolsable de España, y 50 millones de dólares para créditos de un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID). Se cuenta con la anuencia de las representaciones diplomáticas interesadas.

Marco político nacional: una institucionalidad sin capacidad de control ni seguimiento de los proyectos, subordinada a las empresas. 

Operador: Hidralia Energía (y otros). La estrategia de gestión del agua ya está presente en los planes de Hidralia en otros países. El segundo proyecto de la empresa en Ecuador aborda la gestión del agua: estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto PUMA (Proyecto de Uso Múltiple del Agua), situado en el cantón de Azogues en Cuenca (Ecuador) para garantizar el suministro de agua potable a poblaciones cercanas, así como su uso agrícola e industrial. En este marco, Barillas puede convertirse en modelo de penetración para la gestión del agua.

Los negocios en marcha, las expectativas y posibilidades (que finalmente no descartan la búsqueda de minería o petróleo en el área, repetidamente denunciada por las comunidades), los actores presentes de forma directa o indirecta en Santa Cruz Barillas, completan la lectura planteada inicialmente: el proyecto de Barillas como parte de intereses globales; el grupo empresarial presente en Barillas como actor corporativo transnacional; las mini centrales hidroeléctricas conectadas a negocios y estrategias de expansión igualmente transnacionales.  

El cierre del círculo: la institucionalidad del silencio
Estos intereses y redes de actores, tanto actuales como en sus proyecciones, se construyen a partir de la permisividad, la desinformación, las omisiones, la pasividad institucional. En el caso de Barillas: el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala se limita a recibir notificación de las actividades de Hidro Santa Cruz, ya que no supera los 5 MW de potencia, sin oponer ningún tipo de condicionamiento a su labor.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales no vincula el Estudio de Impacto Ambiental y la Licencia Ambiental a la opinión de las comunidades. 

La empresa es avalada en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio, a pesar de la oposición social. 

La CIFI afirma de forma rotunda que “no hay conflicto con las comunidades locales”. 

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España se limita a informar en 2011: “Ecoener tenía previsto la inversión de 30 millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica pero está en dificultades con los permisos del Ministerio de Energía y Minas”, sin tomar en cuenta la conflictividad generada.

La representación diplomática española no reporta el cuestionamiento legal, social y político al que la citada empresa es sometida en el Estado Español y se mantiene impávida ante la oposición creciente al proyecto. El silencio de la diplomacia española es tanto más elocuente en tanto en cuanto Hidralia Energía integra la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala, que tiene como objetivo fomentar el comercio y las relaciones económicas entre España y Guatemala, y es presidida con carácter honorario por el Embajador de España en el país y como vicepresidente, igualmente honorario, por el Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España.

Una lógica de intereses y actores económicos en ascenso precisa de la institucionalidad del silencio: el apoyo político implícito a las empresas a partir de la negación y el falseamiento de la realidad.

La acumulación primaria agresiva transnacional
El colofón de la expansión empresarial es la mercantilización de la realidad. Los bienes naturales son recursos. El mecanismo de desarrollo limpio, en vez de planteamiento de ética empresarial y compromiso socio ambiental, se convierte en oportunidad económica.

El agua es un servicio, dicen los gobiernos y empresas europeas en el Acuerdo de Asociación: anti cooperación que genera interferencias negativas y casi ningún ruido positivo, según la categorización de David Llistar.

Las energías renovables son, para el BCIE, “una enorme oportunidad de negocio”.

El objetivo primordial de Hidralia Energía es “el retorno de la inversión”.

Por cierto, ¿dónde queda la población en todo esto? Hace rato que no hablo de ella. Probablemente deambula por ahí, algo confundida entre tantas cifras, nombres, círculos de poder e intereses que se han venido a posar en el panal de rica miel de Barillas.

Ahí está: no la había visto porque la llaman de otra forma. Son stakeholders, según Hidralia Energía; es decir, parte interesada, quienes pueden afectar o ser afectados por los intereses de la empresa. Cometí el error de buscar personas donde primariamente abundan los intereses y negocios.

El problema es que esta lógica de acumulación agresiva y ganancia justifica todas las acciones, incluidas las violentas, y se siente cómoda en un marco político autoritario.  

Notas
[1] Original en inglés: “The potential environmental and social impacts and risks are limited. It is a run-of-the-riverhy droplant that has been classified accordingly because of its small size and its limited number of adverse impacts that are largely site-specific and for the most part reversible and manageable by mitigation measures. The project is viewed as generating significant positive socio-economic impacts in the form of electricity generation in the area. The project is socially conscious and has in place a task force that deals with the local community. There is no conflict with the local communities and it has strong support amongst local and national constituencies. None location will be necessary. Currently all the necessary permits and licenses are in place”.


4. El Estado Militarista

La presencia “beligerante”[i] de Hidralia-Hidro Santa Cruz y su “fuerte campaña de (…) manipulación de algunos vecinos y desinformación”, genera oposición comunitaria, expresada en asambleas, manifestaciones, denuncias públicas. Provoca también la oposición de la Municipalidad de Santa Cruz Barillas, que el 12 de abril de 2011 niega de forma “unánime” la licencia de construcción a la empresa (la presión social es más fuerte que las ofertas económicas realizadas a la Municipalidad).

Sin embargo, la opinión colectiva no modifica la estrategia empresarial. El Plan A le permite actuar de hecho, desconociendo la legalidad y la legitimidad de la autoridad municipal y las comunidades (por ejemplo, en el mes de junio empieza a cercar la orilla del río) lo que provoca una queja reflejada en acta 6-2011 del libro de Actas Varias de la Municipalidad de Barillas, 3 de octubre:  “el motivo de la reunión es para demostrar el total rechazo a la construcción de la HIDRO ELÉCTRICA (en mayúsculas en el original)  pues que este problema data ya de vario tiempo, pero por lo visto esta oposición no ha sido tomada en cuenta…”

El Plan B, consistente en lograr un cambio en la correlación de fuerzas en la Municipalidad, se frustra el 12 de septiembre, cuando ninguno de los dos candidatos apoyados extraoficialmente por la empresa obtiene la victoria: vence el candidato de la coalición UNE-GANA, con 5,650 votos; en segundo lugar, el candidato de la empresa, perteneciente al partido CREO, con 4,456 votos; VIVA, 3,518 votos; LÍDER, 2,700 votos y Partido Patriota, el otro candidato de la empresa, 2,672 votos.

Dos días después, el 14 de septiembre, la empresa aplica el Plan C: un recurso de amparo ante el Juzgado de Santa Eulalia, Huehuetenango, contra la decisión de la Municipalidad de 12 de abril.

La reinterpretación de la realidad 
El manejo público del conflicto con las comunidades responde a la dinámica de manipulación y desinformación denunciada por los pobladores. La empresa deslegitima la oposición, el plan D, reduciéndola a un pequeño grupo de vecinos, y esquematizándola, en ocasiones de forma contradictoria:

las comunidades cercanas son las únicas que se oponen al proyecto, porque asumen los costos ambientales;
las comunidades alejadas se oponen, porque no reciben los beneficios;
las organizaciones sociales –ONG con financiamiento- manipulan a las comunidades.  Por tanto, existe una oposición poco ideologizada y consciente;
la  oposición a la empresa proviene de intereses extraños, entre ellos empresas hidroeléctricas competidoras, el narcotráfico o partidos opositores (por tanto, es una oposición ideologizada).

Se retuercen los argumentos: se retuerce y desfigura la realidad. Pero ésta, es un decir, regresa siempre al lugar de los hechos. El documento “Actas de las comunidades 2012”, elaborado a partir del resumen literal de las reuniones comunitarias, sorprende por su contundencia y desbarata la argumentación sobre una oposición marginal o simbólica. En el periodo enero-abril de 2012 recopila 102 reuniones, a las que se acompañan copias de actas rubricadas con sellos de autoridades y miles de firmas: alcaldes comunitarios, alcaldes auxiliares, miembros de consejos de desarrollo, integrantes de asociaciones, pobladores en general.     

Pero la relevancia de las actas no reside en el número de participantes, sino en las opiniones de los pobladores. Los documentos revelan un rechazo profundo a la hidroeléctrica, tanto en comunidades cercanas a la misma como alejadas, y una comprensión compleja del conflicto. Las actas no presentan una voz homogénea sino visiones diversas. No esconden las dudas de algunas comunidades, la neutralidad expresada por otras, la hidroeléctrica sí pero la minería no (visiones minoritarias pero presentes). Por eso resultan categóricas en el rechazo: “no a la negociación con la empresa porque nos han venido manipulando; el aprovechamiento de los recursos naturales está al servicio de la comunidad y no de personas particulares; que no se autorice el permiso de los empresarios de otras naciones que nos vengan a afectar en nuestros municipios;  somos dueños de nuestras tierras, tenemos nuestras propias leyes, nunca vamos a permitir que una empresa extranjera haga daño sobre nuestras tierras”.  

Las declaraciones comunitarias ofrecen una lectura radicalmente opuesta a la debilidad y marginalidad expresadas por la empresa: revelan una línea histórica de oposición ascendente, cada vez más informada y posicionada. El 23 de junio de 2007, más de 40,000 personas del municipio expresan su rechazo a la minería en la consulta municipal. En 2012 las comunidades manifiestan oposición a la actividad minera e hidroeléctrica, a pesar de las presiones, las amenazas, la cooptación y la desinformación. En cuatro años, la empresa no logra legitimarse sino que parece perder la batalla de la opinión. 

El contexto que antecede al Estado de Sitio
El incremento de la oposición social consciente crea una situación insostenible para Hidralia Energía. El tiempo corre en general en su contra: pasan los meses sin capacidad de generar beneficios y se aleja el inicio del retorno de inversiones. Los compromisos económicos amenazan con ahogar una inversión cuestionada.

Podemos imaginar una tensa reunión de directivos en el número 10 de la Avenida del Ejército, en la ciudad de A Coruña, sede central de Hidralia Energía, o en su oficina guatemalteca en el exclusivo edificio Murano, ubicado estratégicamente en la zona viva de la Ciudad de Guatemala. El escenario se reduce a la agudización de la violencia. El plan E, la búsqueda de puntos de entendimiento, la negociación, la conciliación con todas las comunidades opositoras, simplemente no existe.

¿Por qué imagino lo anterior? ¿Con qué derecho y con qué argumentos?, se estarán preguntando. Derecho no lo sé: este concepto ha sido repetidamente tergiversado en el transcurso de este apretado relato. Argumentos, los que la historia, la identidad, las formas de operar de Hidralia Energía aportan. La empresa se mueve en dos carriles: ejerce la violencia (amenazas, intimidaciones, fortalecimiento de la empresa de seguridad) mientras extiende ofertas económicas (nueva oferta de 600,000 quetzales a la comunidad el 15 de marzo) y se prodiga en campañas mediáticas y descalificación.   

El 16 de noviembre de 2011, el 8 y 9 de marzo de 2012, la llegada de maquinaria para la continuación del proyecto, la destrucción de parte del cerco y la quema de parte de la maquinaria, anticipan el conflicto mayor, lo que se viene: lo saben las comunidades, lo entiende y prepara la empresa, lo asumen o facilitan las autoridades. Solamente los periodistas y cronistas, estupendos relatores de lo que ya fue, estamos al margen. Por eso a veces nos dedicamos a fantasear e imaginar, incapaces de entender lo que sucede, la gran novela de la historia que discurre ante nuestros ojos.

En el mes de abril, el estallido de una mina en las inmediaciones de la empresa, precedida por la política de disparar al aire de forma regular por parte de la seguridad de Hidro Santa Cruz, fortalece la confrontación. 

El primero de mayo se produce un atentado: cae asesinado un poblador y dos resultan heridos, uno de ellos fuertemente vinculado a la oposición a Hidro Santa Cruz (dos empleados de la seguridad de la empresa están acusados por este atentado).  A este hecho suceden manifestaciones, destrucción de infraestructura e ingreso de pobladores a las instalaciones del Ejército. El gobierno decreta esa misma el Estado de Sitio, que suspende garantías y derechos fundamentales, y militariza la localidad.

Barillas: modelo para armar una dictadura civil constitucionalista
Los hechos del primero de mayo, así como la conflictividad en el mediano plazo (intensa pero de fácil manejo desde una lógica de acción democrática) no explican la implantación de una medida tan extrema como el Estado de Sitio, justificada “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación” (Artículo 4 del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de la ONU) o “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte” (artículo 27, Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, la desproporción entre los sucesos y las medidas gubernamentales no implica improvisación o falta de reflexión en las mismas.  

En Barillas se confunden los intereses inmediatos de expansión de la empresa (en peligro por la oposición comunitaria y la ilegitimidad de sus acciones) con los intereses estratégicos de acumulación capitalista, vinculados a modelos políticos de corte autoritario y neodictatorial. La empresa, incapaz de expandirse por otra vía que no es la de la fuerza, se apoya en el gobierno, al que reiteradamente venía solicitando apoyo. El gobierno del Partido Patriota, de matriz autoritaria y militar, observa en Barillas la posibilidad de fortalecimiento de su proyecto, un ensayo y un mensaje en los primeros seis meses de gestión. Las coincidencias ideológicas, políticas, de proyecto económico de estos actores (conservadurismo, afinidades partidarias ya relatadas) facilitan los entendimientos.

El contexto regional e internacional avala esta propuesta: militarización creciente, fortalecimiento de opciones políticas fascistas, comunidad internacional cada vez mas comprometida con los intereses de las empresas (el fin del consenso y el espíritu negociador de contadora en los años 80), legitimación de los golpes de estado (Honduras, 2009 y recientemente Paraguay).  

El Estado de Sitio en Barillas pretende así generar condiciones políticas (un modelo autoritario de recorte de libertades)  para la expansión económica, a costa de la (maltrecha) representatividad democrática y civil, esa ciudadanía que nunca obtiene su mayoría de edad política. Este modelo, basado en la remilitarización, la centralización de toma de decisiones-presidencialismo político, la ideologización neoconservadora y la violencia, se concreta a partir del primero de mayo en un gobierno de identificación militar, con concentración máxima de decisiones, codirigido por agendas empresariales, que ofrece soluciones de fuerza para problemas políticos y se aparta de una lógica de derechos y garantías.

En este sentido, el Estado de Sitio no es una declaración extemporánea, aislada, sino una propuesta institucional para un determinado modelo de acumulación económica: el que representan empresas como Hidralia Hidro SantaCruz, el asumido por la mayoría de empresas trasnacionales y los gobiernos que las respaldan,  y que en la práctica supone el fin del ciclo (y la fantasía) democrático.

Barillas como solución o como problema
Si vinculamos intereses locales y globales. Si visualizamos redes interconectadas de poder alrededor de grandes negocios, de los que Hidralia energía e Hidro Santa Cruz constituyen solo una parte visible. Si percibimos formas de actuación para la expansión económica. Si nos animamos a conectar los sucesos de Barillas con la reimplantación de un gobierno militar. En fin, si escuchamos los reiterados actores y nombres presentes a lo largo de la narración, podremos entender cómo Barillas –más allá de los intereses concretos y tangibles alrededor de la hidroeléctrica- es también un ensayo de sistema político autoritario hecho a la medida de los intereses económicos. Barillas es entonces consecuencia de intereses y condición previa para el desarrollo de la acumulación. Fruto de tensiones sociales e inicio de nuevos espacios de polarización y conflicto.

Sin embargo, el retroceso en este ensayo (en gran parte por no  haber previsto la reacción social articulada y por la captura de los responsables del asesinato del primero de mayo, vinculados a la empresa) limita su carácter estratégico y amenaza con convertir la solución Barillas en el problema: la organización social, articulada y colectiva, para la defensa de la vida. (No se pierda el próximo y último capítulo de esta serie). 

Nota
[1] Todos los entrecomillados corresponden a actas comunitarias y manifiestos.  Copias electrónicas de estos documentos pueden solicitarse a memoriagua@yahoo.com.  La empresa, las entidades financiadoras del proyecto Cambalam y la Embajada de España tienen prioridad en el envío de estos documentos. 



5. El código vida: razones de la oposición comunitaria a Hidro Santa Cruz

Las comunidades de Santa Cruz Barillas exponen razones de tipo económico, ambiental y democrático (derecho de opinión y decisión) para justificar su rechazo a la empresa hidroeléctrica. Además, razones culturales.

La población argumenta que Hidralia-Hidro Santa Cruz se apropia de un recurso material y económico, y lo hace de manera inconsulta y autoritaria, pero también enajena un bien histórico, comunitario y con valor simbólico-cultural. Así, la oposición reivindica, a la par de la economía y la política, la historia, cultura, tradiciones, símbolos y valores, como fundamentos del rechazo: una comprensión integral de la vida.

Por el contrario, las argumentaciones empresariales no identifican hechos históricos ni tradiciones. Son atemporales, aculturales. Se prodigan solamente en  razones comerciales El modelo de implantación de la empresa sigue un guion general que no atiende condiciones sociales, antropológicas, identitarias. Industria de enclave en economías de enclave y un enclave en forma de Estado-Nación llamado Guatemala.  

¿Cuáles son los datos básicos del proyecto en Santa Cruz Barillas? Preguntamos a Hidralia Energía y la página corporativa nos devuelve datos técnicos, sin mención a la historia o a la población (visible apenas cuando protesta y se rebela).

Datos básicos del proyecto:
Nombre: Hidro Santa Cruz SA.
Tipo de proyecto: Hidroeléctrica filo de agua sin embalse.
Salto bruto: 272.18 metros.
Salto Neto (caudal de equipo): 263 metros.
Caudal de equipamiento: 2.25 metros cúbicos por segundo.
Número y tipo de turbinas: una turbina Pelton.  
Potencia nominal: 5,000 kW.
Tipo de conducción: tubería de acero, DN 1,000 mm.
Longitud de línea de evacuación: 5.80 km (hasta subestación Barillas).
Tensión de evacuación de energía: 69,000 V.

Dos modelos
El conflicto de Santa Cruz Barillas incluye un conflicto de intereses y concepciones económicas, pero lo trasciende. Incluye peleas por el poder político pero las rebasa. Se trata de una contradicción sociocultural, de visiones e ideas.

La resistencia inicial a una empresa autoritaria es hoy la confrontación de dos modelos: el Código vida [1] de las comunidades, abarcador, determinado por las fuerzas de la historia y la cultura, frente al Código beneficio de la empresa, construido por el mercado, reduccionista y reducido, que, en su afán apresurado, en su imposición a toda costa, deviene en código muerte.

La fortaleza técnica de la empresa se opone a su debilidad humana: la relación con las comunidades, marcada por la indiferencia, el desconocimiento, el desprecio del otro, la superioridad implícita de una idea de desarrollo, buena para todos incluso para los que no lo aceptan. Racismo en sentido literal.

Las concepciones se separan hasta volverse irreconciliables. El desarrollo promovido por Hidro Santa Cruz no va más allá de la acumulación económica, somete a la naturaleza y a las comunidades. La visión de la mayoría de la población critica el falso desarrollo y propugna un nuevo modelo de sociedad, de organización, de existencia y valores, armónico y equilibrado.  

No es una disputa de leyes. La legalidad, enmarcada en la visión técnica sin historia, se convierte en camisa de fuerza. Si se promueve por encima de la voluntad y la decisión de las comunidades, es ejercicio de poder arbitrario.

Enemigos indestructibles
La empresa enfrenta una oposición plural y estructural.  Sus análisis de actores y riesgos hablan de intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la capital o extranjeras como actores principales de la resistencia. Pero los “enemigos” son otros: el enemigo territorio, el enemigo montaña, el enemigo cerro, el enemigo pueblo como sujeto activo. La historia que ignora y la cultura que no entiende o que desprecia.

La lógica del poder autoritario es la sinrazón del poder autoritario. Los argumentos, por parciales e inconsistentes, se agotan. Las soluciones de fuerza se convierten en las únicas.

Si esto fuera una novela, una película, escribiría sobre ejércitos bien armados (el drama) peleando contra enemigos invisibles y a la larga invencibles (la épica). No obstante, para no generar confusiones, debo aclarar que Luis y David Castro Valdivia ejercen su poder de forma autoritaria y violenta, pero no logro que alcancen la categoría de tiranos de ficción.

Fe de erratas   
Llego al límite de esta primera serie de reportajes. En ustedes queda valorar si los datos ofrecidos responden las inquietudes o abren nuevas interrogantes.

Antes de finalizar es necesario reconocer la falta de precisión en algunos datos, las afirmaciones descontextualizadas, los sesgos ideológicos, las alusiones veladas e injustificadas a la participación de actores políticos y gubernamentales españoles, además de la empresa, en la implantación de la hidroeléctrica. Todo ello puede haber dañado de manera injusta la reputación de Hidralia Energía-Hidro Santa Cruz, y priva a las comunidades de una fuente importante de ingresos y acceso a energía a bajo costo.

Por ello debo aclarar que:

La actitud de la empresa no es prepotente y autoritaria, sino abiertamente criminal: desconoce la opinión de las comunidades, arruina lugares de recreación y sagrados para la población, compra voluntades, miente, engaña, divide y amenaza, utiliza la violencia física y política.

Donde menciono la conexión de Hidro Santa Cruz con intereses transnacionales, debo escribir que Hidro Santa Cruz es la cabeza de playa de aquellos intereses, que vinculan empresas, partidos políticos, gobiernos e instituciones de Guatemala y de España.   

Las sospechas de intereses y negocios ocultos tras la hidroeléctrica de Barillas no son meras hipótesis sino amenazas reales.

Cuando hablo de entramado económico (referido a Hidralia-Hidro Santa Cruz) debo decir la Mafia Empresarial presente en Santa Cruz Barillas.

En noviembre de 2011, Luis Castro Valdivia manifiesta: “Esa propiedad es nuestra  y tendremos con ella la disposición necesaria. Tomaremos las decisiones que consideremos oportuno. Tenemos todos los permisos realizados, tenemos la legalidad de nuestro lado, tenemos todo el derecho de realizar la hidroeléctrica.  La construcción va a seguir adelante pase lo que pase”. Por mi parte anoto que esta serie de reportajes llega a su fin, solamente para iniciar nuevos escritos.

Si el desarrollo disfraza la violencia. Si la legalidad va en contra de los deseos de las personas. Si la democracia omite la participación y opinión de las comunidades. Si se reiteran las mentiras en caudal copioso, necesitamos reencontar el sentido de las ideas: cascadas de palabras para ubicar las razones permanentes de la vida.

Nota
[1]  Isabel Rauber. “Frente al afianzamiento del creciente acercamiento de la barbarie y la muerte que –inevitablemente- es consustancial al afianzamiento del predominio global de la tiranía del capital y sus lógicas perversas y antihumanas, defender la vida supone buscar caminos de superación (positiva) del aberrante “orden” social impuesto por el capital”.


Otros escritos

Persecución y resistencias en Santa Cruz Barillas

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada