La última (y tardía) resolución de la Corte de Constitucionalidad sitúa a la deriva el Plan A del Ministerio Público y los sectores golpistas: anular el triunfo electoral del Movimiento Semilla y garantizar la continuidad de los actores de poder en el ejecutivo, Congreso y Alcaldías (los actores ocultos permanecen intactos, así como el control del sistema de justicia).
La hoja de ruta para la anulación electoral (que no se desvía un milímetro de su propósito inicial) acumula victorias jurídicas como antejuicios, encarcelamiento, hostigamiento, amenazas, difusión del miedo que genera parálisis y desafección social. Sin embargo, pierde una a una la mayoría de las batallas:-La batalla de la opinión pública y la convicción social, que continúa centrada en la lucha contra la corrupción y una todavía imprecisa pero cada vez más visible agenda de desarrollo de derechos,
-La batalla de la movilización, en la que la impresionante capacidad de las comunidades indígenas y rurales compensa la escasa participación citadina,
-La batalla política y social, sobre la que me extiendo en los siguientes párrafos.
En mi opinión el Ministerio Púbico y el llamado popularmente Pacto de corruptos cometen los siguientes errores de análisis y acción:
- Pensar que su estrategia jurídica (basada en la manipulación de los resortes del sistema) y la utilización ventajosa de la podrida institucionalidad estatal son condiciones suficientes para continuar controlando el Estado.
- No tienen en cuenta los cambios generacionales y sociales operados en el país, especialmente a partir de las nuevas formas de acción política reclamadas desde las juventudes y el protagonismo del proyecto político de los pueblos indígenas (con características de construcción consensuada e incluyente y nuevos valores y ética social, que rompe con tradiciones autoritarias, verticalistas e impositivas de todos los gobiernos anteriores).
- Apuestan por el triunfo de una narrativa anti izquierda, anti bloqueos (movilización social), anti injerencista y pro soberanía, muy alejada de las preocupaciones y las razones de las nuevas movilizaciones sociales: corrupción, posibilidades de una vida mejor, y otras.
Este nuevo momento no elimina, sin embargo, la persecución arbitraria del Ministerio Público (al Tribunal Supremo Electoral, a autoridades electas del Movimiento Semilla, a dirigentes y movimientos sociales y comunitarios) y el Plan B del Pacto: condicionar desde el MP y actores ocultos de poder, la lucha contra la corrupción, el accionar democrático del nuevo ejecutivo y la actividad de movimientos comunitarios, de pueblos indígenas y populares.
La evidente influencia de la movilización popular en la resolución de la CC y en general en la detención del golpe (y el impacto de la articulación de pueblos, comunidades, organizaciones históricas y nuevos movimientos) sigue siendo condición para enfrentar las nuevas agresiones de actores desplazados del poder, así como para situar la agenda y la visión de los pueblos originarios en el centro de las preocupaciones, diálogos sociales y ojalá que propuestas para la reconstrucción y el caminar (seguramente zigzagueante y con muchos retrocesos) hacia un nuevo comienzo.
Más importante que la salida de un montón de corruptos (ciertos resortes de control, no todos) del control del Estado, mucho más trascendente que la llegada al ejecutivo de Semilla, es la continuación de las luchas históricas de pueblos indígenas por la dignidad, el gobierno propio, la organización autónoma de la vida comunitaria, y en general, pueblos indígenas y todos los sectores sociales, la continuación de las luchas para abrir caminos sociales y políticos de esperanza, en los que es posible continuar soñando (la construcción son otros cien pesos) con un pluripaís justo.
