Sin transición ni descanso, autoridades indígenas y comunidades presentes en el plantón del Ministerio Público desde 2 de octubre, asumen hoy -15 de enero- el reto de fiscalizar/acompañar críticamente las nuevas administraciones municipales: con complejas negociaciones y diálogos, más allá de filiaciones partidarias, o desde la oposición y la resistencia a autoridades locales (institucionales) corrompidas.
El mapa de poder institucional surgido en el proceso electoral 2023 es, finalmente, amable en cuanto a la conformación del ejecutivo y la dirección del poder legislativo (importantes resortes de poder en el marco de acciones efectivas contra la corrupción y para redireccionar el presupuesto estatal hacia prioridades en salud, educación, nutrición, agricultura familiar y otras) pero adverso o continuista en cuanto a la conformación y control del estratégico poder local, que en cascada avanza desde las Municipalidades hasta el Sistema de Consejos de Desarrollo, con parada intermedia en la disputa de Gobernaciones departamentales para el control de recursos y proyectos, además de su capacidad de generar sentidos comunes comunitarios.
No es el único reto para autoridades indígenas y ancestrales (así como, en otros niveles, para gobierno, Movimiento Semilla y organizaciones urbanas de aporte limitado en la coyuntura reciente). Si 2023 implicó la irrupción de aquellas como actores fundamentales para derrotar a un sector poderosísimo del poder dominante (caracterizado por un ejercicio muy excluyente y violento de la administración estatal, así como por la masificación de la arbitrariedad y la carencia absoluta de cordura política), 2024 puede y debe ser el año en que este protagonismo siga avanzando en términos de debate social y políticas públicas. Entre otros, observo estos desafíos:
-El avance hacia una gestión del Estado orientada realmente al bien común (tanto el bien común constitucional como el que va más allá del limitado texto y pacto y pacto constitucional de 1985). En esto, la lucha contra la corrupción es un mínimo común denominador (de importancia articuladora) y un punto de partida, que precisa necesariamente de alianzas con el nuevo gobierno y en el Congreso y Municipalidades.
-La dificultad pero a la vez inevitabilidad de combinar la acción inmediata con las demandas estratégicas. En el primer punto, los pueblos indígenas y otros sectores continuarán resistiendo las agresiones de sectores de poder (que han sido desplazados del control de algunas instituciones estatales pero conservan espacios de acción). En el segundo aspecto, se mantienen las demandas de cambios estructurales, la oposición al modelo de despojo y a las lógicas racistas del Estado actual. Estas demandas no solamente se operarán frente a actores empresariales locales y transnacionales, sino también frente a las políticas económicas (extractivistas y de continuidad, visibles en la conformación del primer gabinete) del nuevo gobierno.
-En este sentido, el ejercicio de realismo y equilibrismo político al que obligará la continuidad de las luchas por el control del Estado (y el carácter inédito de un gobierno que eventualmente será también oposición a determinados actores del pacto de corruptos) no debe implicar el abandono de los debates necesarios sobre desarrollismo versus buen vivir, democracia representativa versus democracias comunitarias, refundación del Estado desde la plurinacionalidad y diversidad existentes. La unidad nacional no puede seguir siendo entendida como la renuncia de pueblos indígenas y sectores populares a sus demandas.
-Aprovechar la interrupción de la anomia y la indiferencia prevalecientes en los dos últimos gobiernos, y fortalecer la esperanza como instrumento para el impulso de luchas y demandas, sin idealizar.
-Promover que actores de poder asuman como principios políticos el ejercicio de la autoridad entendida como servicio y delegación comunitaria, y no como enriquecimiento o profesión; y la escucha y el diálogo permanentes y efectivos, más allá de mesas técnicas utilizadas tradicionalmente como distractores de las demandas de los pueblos.
-La incorporación en formas de organización y trabajo (también de organizaciones sociales que reproducen patrones jerárquicos e impositivos) de modos de organización alternativos a los existentes: los partidos políticos, la propia constitución del Estado, que han demostrado ser factores de división, para el despojo en las comunidades, la democracia representativa formal, etc.
-El fortalecimiento de comunidades indígenas como centro y sujeto de la acción política, y del papel y demandas de mujeres y juventud, claves en las movilizaciones recientes, reconociendo las diversidades existentes, dentro de los pueblos y entre ellos mismos. Somos, nos recordaron permanentemente las autoridades indígenas en el plantón de Gerona, granos de maíz, imprescindibles para hacer la mazorca, todas y todos diferentes, ninguno más importante que los demás.
El levantamiento indígena y popular desde octubre fue, más allá de una acción de resistencia, un ejercicio permanente de pedagogía política, que visibilizó tanto los excesos del ejercicio del poder actual como la posibilidad de un ejercicio diferente, en función de las colectividades, con otros principios y valores preexistentes en muchas comunidades (a la vez que sujetas a tensiones y contradicciones) que es necesario reivindicar y recrear en otros espacios.
Andrés Cabanas, 15 de enero de 2024
