El resultado de las elecciones en el Colegio de Notarios y Abogados de Guatemala (CANG) revela una apuesta por la dignificación del servicio público (más allá de la profesión de abogado) y la recuperación de ese servicio para el bien común, después de años de saqueo desvergonzado.
Lo anterior indica, además, que la lucha contra la corrupción y, en positivo, la demanda de honradez y ética de servidores públicos (y de todos aquellos vinculados al manejo de recursos y poder en instituciones del Estado) continúa siendo prioridad ciudadana. El hartazgo frente a la corrupción descarada es mayoritario, a pesar de la desmovilización social y la debilidad de la fiscalización y denuncia, especialmente en territorios empobrecidos, en los que las redes criminales aprovechan las condiciones de sobrevivencia para negociar su poder.
El Ministerio Público y otros promotores de la impunidad reciben un mensaje ciudadano, que seguramente desoirán u oirán a medidas, acostumbrados como están a concebir la acción pública como instrumento para garantizar privilegios y como festín y algarabía de elites. Este es precisamente el mensaje de fondo de las elecciones: no más política y políticos en contra, al margen o por encima de la demanda social de manejo honesto de recursos, en beneficio de los derechos de la población.
Una lectura complementaria de este proceso, independientemente del resultado en segunda vuelta, es que el combate contra la corrupción tiene la capacidad de congregar a personas, organizaciones, sectores, territorios e ideologías diversas, a la vez que propuestas articuladas, construidas con lógicas de consenso y pluralismo, y con visible renovación de formas organizativas y rostros (especialmente juventudes y mujeres) convocan y motivan con mayor fuerza, incluso a población no organizada.
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