Movimientos en el tablero

En el país que se desangra por inacabables deudas y problemas sociales (salud, tierra, nutrición, educación plurilingüe, discriminación, violencia femicida, machismo…) son los salarios de los funcionarios públicos los que concretan la indignación, al menos en el aquí y ahora de la escurridiza coyuntura. 

No es este un tema menor. El descontento contra los salarios de altos funcionarios del Estado (en general muy elevados, con porcentajes hasta 30 veces por encima del salario mínimo) refleja la distancia existente entre población y representantes (electos y designados) en el marco de un Estado hecho por y para las élites. Plantea el cuestionamiento hacia el trabajo de los funcionarios entendido como servicio para el bien común, desde y con la población y las comunidades (debe ser), o como instrumento para la rapiña y el uni-beneficio (es, en realidad). 

A las críticas y emplazamientos a los diputados tras la subida salarial auto recetada (y no derogada) se añaden los cuestionamientos a salarios de magistrados de justicia, jueces, altos fiscales del Ministerio Público (que persiguen a población organizada y defienden derechos de corruptos) y, ahora, al salario de la Vicepresidenta, que no fue recortado a pesar de ser promesa electoral y haber sido anunciado desde junio de 2024. La indignación añade aquí otro matiz: la percepción de que sectores del actual gobierno y Movimiento Semilla, al no asumir con coherencia la rebaja de los salarios y la austeridad, actúan “con desconexión de la realidad y sin cercanía con la población” y “no priorizan el bienestar de la población” (comunicado de 30 autoridades indígenas y ancestrales de 4 de abril). Es el valor simbólico negativo de una medida necesaria y postergada.   

Por este y otros motivos, el país que todavía no nombramos (en términos de comunidad y destino compartido) apunta a una conflictividad exacerbada, fundamentalmente definida por: 

-Demandas inmediatas y estructurales, nunca resueltas y/o abordadas. Eventualmente, estas demandas son instrumentalizadas por los mismos causantes de los problemas: empresarios, partidos políticos, diputados, alcaldes, promotores en general de que nada cambie y el Estado siga siendo botín de poderosos. 

-La agenda opositora de sectores que ven sus intereses amenazados, articulados en el pacto de corruptos y el pacto de élites, que apuntan al desgaste de este gobierno y, por extensión, al de pueblos originarios y actores sociales que consideran aliados. Estos sectores apuestan al caos y el desgaste, para establecer que este gobierno es igual a todos los anteriores. Conseguido esto, esperan que la población en las elecciones de 2027 otorgue de nuevo el control del Ejecutivo e instituciones del Estado a los mismos de siempre. 

-En bastantes casos, la conflictividad crece por la falta de sintonía entre los actuales gestores de instituciones del Estado y las demandas de la población, especialmente cuando no se establecen o no se concretan espacios de diálogo y de transformación colectiva de los problemas. Si bien es cierto que grandes problemáticas estructurales no van a ser abordadas en este periodo de gobierno (otras, incluso, pueden ser exacerbadas, como la expansión del modelo económico de despojo o el monopolio del poder económico y la cooptación del Estado por parte del empresariado aglutinado en el CACIF), se requiere por parte de muchos actores sociales y comunidades un diálogo vinculante y una acción estatal alejada de la burocratización, la rutina y la complacencia con actores de siempre, especialmente empresas constructoras y ejecutoras de todo tipo de contratos del Estado, diputados y poderes corruptos distritales. 

  

-Las agendas y acciones sectorizadas por parte de organizaciones y movimientos sociales y de comunidades dificultan la priorización o transversalización de las mismas y generan insatisfacción por incumplimientos. 

Otra vez, los pueblos originarios

A pesar de los avances limitados o inciertos, la demanda de rebaja salarial vuelve a situar a pueblos indígenas, especialmente representados por sus autoridades elegidas de forma asamblearia, como parte activa y determinante en el escenario político. La convocatoria inicial de 48 Cantones y aliados a continuar la oposición al aumento salarial, seguida con matices por otro grupo de autoridades y comunidades (algunas diferencias importantes entre grupos derivan de los niveles de relación y negociaciones establecidos con el poder ejecutivo y diputados territoriales) logra articular esfuerzos o interés de diversos sectores, al tiempo que emplaza directamente a poderes políticos tradicionales y sus aliados del empresariado. Este aspecto es particularmente relevante porque dibuja una acción política (no unánime) donde los pueblos originarios y sectores populares plantean críticas directas y sustantivas con el accionar del Estado, al tiempo que pugnan por mantener espacios de incidencia y de intervención directa en las decisiones del ejecutivo.

Una vez más, la acción de los pueblos indígenas reescribe el relato oficial, en el que la disputa del poder es nada más que el conflicto entre el Actor A, sectores de poder tradicionales, y el inesperado Actor B, gobierno y Movimiento Semilla, sin presencia como sujeto de los pueblos. El debate presente en el levantamiento de 2023 continúa: no solamente el debate alrededor del fraude, la democracia electoral y la real, la articulación de actores, la participación urbana y mestiza, sino también la visibilización de otras formas posibles de concebir el Estado y la representación: como servicio, como delegación de mandato comunitario, como compromiso para la búsqueda del bien colectivo, como responsabilidad y ética. Y, consecuentemente, debatir si esta visión es compatible con el actual marco legal, el Estado tal y como la conocemos y el sistema de delegación de poder comunitario hacia los partidos políticos. En mi opinión, este es el gran debate tras el  debate y la acción política sobre los salarios. 

En el país que no es, en el tiempo que engulle todos los tiempos y nos deja donde estábamos, en el caos para unos construido y para otros temido, la partida de ajedrez no la juegan solamente dos y el tablero (el marco constitucional e institucional republicano) se queda cada vez más chiquito. Cambiarlo de raíz creo que requiere de: 

-la multiplicación de acciones grandes y pequeñas, de alto contenido simbólico y aglutinador, 

-la capacidad de conectar con los sentires y las percepciones de muchos actores, 

-la activación de la participación de sectores urbanos y población que no se autoidentifican como indígenas (a la que apelan continuamente las autoridades comunitarias), 

-el papel de migrantes como sujetos políticos, no solamente como centro de transferencias monetarias, 

-la capacidad de impulsar un relato y una comprensión de la realidad no esquemática y des-simplificada. 

En fin, no es la primera ni será la última vez que se escriba, tal vez hasta que se haga realidad y costumbre: es imprescindible la articulación y entendimientos mínimos (diálogos y construcción diversa y colectiva) entre diferentes sectores, incluidos Movimiento Semilla y gobierno (que a mi parecer continúan representado a sectores urbanos, profesionales, clases medias y juventudes) para definir una agenda común en dos niveles: lo que queremos y podemos mejorar ahora; los grandes cambios estructurales que pretendemos y las acciones necesarias para alcanzarlos.