Un Estado con fecha de caducidad

Necesitamos convertir lo coyuntural en estratégico y lo históricamente imposible en realizable

Autoridades del pueblo maya chorti criminalizadas

La lucha contra la corrupción (que cobra nuevo impulso a inicios de 2017, entre otros con el caso Stalling) contrasta con la falta de atención a demandas legales de comunidades, la continuación de la persecución arbitraria-a-la-carta de líderes sociales y la parcialidad pro empresarial del Estado.

Responder a demandas comunitarias constituye un gran reto para la normalización y legitimación del sistema político y el sistema de justicia. La normalización y legitimación implicarían que los diferentes operadores en todos los niveles del sistema actuaran sin parcialidad y sin anteponer derechos (ilegítimos) de poderes tradicionales a los derechos legítimos pero no concretados de la población. 

A continuación listo ejemplos recientes de esta parcialidad e inacción de instituciones estatales.

1. El Estado al servicio de las minorías

- La aprobación del nuevo salario mínimo desconoció la propuesta de los sindicatos, que acercaba dicho salario al costo de la canasta básica alimenticia y vital. Hoy, la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro miembros equivale a un salario mínimo y medio, y la canasta básica vital a dos salarios mínimos y medio.

- Nuevas propuestas de exención fiscal y tributaria favorecen a sectores empresariales y perjudican la acción social del Estado.

- La aprobación del Decreto 2-2017 que da vida al Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, viola flagrantemente los derechos humanos de la clase trabajadora, ya que:

Desregulariza y flexibiliza las normas laborales. 

Eliminará en la práctica los salarios mínimos y los horarios de trabajo.

Se perderá el derecho al aguinaldo, bono 14, vacaciones, IGSS, a la jubilación, a la indemnización por el tiempo de servicios.

Las trabajadoras perderán el derecho al descanso pre y posnatal.

No se tendrá derecho a la libre organización sindical y a la negociación colectiva, entre otros (Comunicado de Movimiento Sindical Autónomo de Guatemala).

- El proceso de reglamentación de consultas comunitarias prioriza la  garantía de inversiones por encima de los derechos de los pueblos, y permite la continuidad de proyectos empresariales en ejecución, aunque no hayan realizado consulta comunitaria (homologación retroactiva).

2. Sin respuesta para las comunidades (demandas recientes)

- Investigaciones por desvío de ríos (Madre Vieja, Pacaya, Mopan, Sis, Coyolate, Subín, Pojom y otros).

- Investigación por ecocidio y asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc en Río La Pasión, Sayaxché, Petén.

- Fin de desalojos, despojo y persecución a comunidades de El Estor.

- Libertad de presos políticos, entre muchos otros 11 en San Marcos, dos en Sierra las Minas, Abelino Chub Caal capturado el 4 de febrero.   

- Revisión y eliminación de las órdenes de captura y procesos judiciales abiertos contra defensores del territorio y la vida en todo el país.

- Garantía del ejercicio de la participación, organización y resistencia de comunidades y organizaciones.  

- Investigación de los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez Pineda (San Rafael Las Flores, 16 de enero) y Sebastián Alonso Juan (Ixquisis,  17 de enero).

- Cancelación de proyectos La Puya (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc), Oxec y Renace (ríos Oxec y Cahabón) por incumplimiento del derecho de consulta y obtención ilícita de licencia ambiental y otros permisos.

- Retirada total de las empresas hidroléctricas sobre el río Cahabón e indemnización a las comunidades.

- Investigación del daño causado y la violencia cometida por la empresa Renace, entre otros casos la desaparición en 2014 de Ovidio Xul Choc, denunciada al Ministerio Público en 2014.

- Investigación por la Comisión Internacional contra la Impunidad de la vinculación de empresas y estructuras criminales con la empresa Hidro Santa Cruz y su matriz española.  

- Cancelación del proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas y todos los proyectos operados por la transnacional española en Guatemala.

- Reconocimiento de prestaciones del IGSS  a ex trabajadores estafados por finca San Gregorio Piedra Parada (Coatepeque), e investigación de los empresarios responsables del fraude: familias Quintanal y Campollo.

Convertir lo coyuntural en estratégico  

La intensa acción jurídica para la depuración y reforma del poder legislativo y judicial (en menor medida ejecutivo y empresarial), la aprobación de reformas al sector justicia y reformas políticas en general son, desde 2015 y el destape del primer megacaso de corrupción (La Línea), acciones tan estratégicas como limitadas. Estratégicas porque su punto de partida (en el marco de la crisis, las disputas de elites y la presión de la resistencia popular) tensa los puntos de fricción de un Estado y un sistema debilitados y abre escenarios de cambio.  

Pero son acciones limitadas si no logran conectarse de forma integral con demandas históricas por la construcción de un Estado, una institucionalidad y un modelo de sociedad que garantice y amplíe derechos (salud, educación, vivienda, alimentación, participación, movilización, decisión, territorialidad, autonomía) y responda al bien común.  

El país vive en una paradoja: la crisis (por su carácter estructural) se resuelve sí y solo sí con medidas de cambio raizal, pero los actores políticos tradicionales rechazan reformas o, en el mejor de los casos, plantean medidas de carácter limitado.

Atender al mismo tiempo dinámicas coyunturales y estructurales, articular las propuestas de diferentes actores, tanto emergentes como históricos, es el gran reto para profundizar el ciclo de inestabilidad política creadora y constructiva abierto en 2015 y todavía no finalizado. Esto implica construir espacios de encuentro y agendas compartidas entre sectores: en términos prácticos, significa que la lucha contra la criminalización y persecución, la defensa del derecho a decidir de las comunidades (consultas comunitarias), el bien común, la exigencia al Ministerio Publico de investigación por desvío de ríos, apropiación privada del agua y otros bienes naturales y comunes (como ejemplos) deben estar en el centro de la agenda política, además de y junto a la persecución (en ocasiones excesivamente dilatada, focalizada y efectista)  de estructuras de corrupción); además de y junto a las reformas inmediatas y de transición a este Estado. Se queda corto un relato de la crisis y su superación construido solamente con piezas judiciales, voces urbanas y contenidos institucionales.

Convertir lo históricamente imposible en realizable

La propuesta de transformaciones estructurales no es irreal ni maximalista. Se fundamenta en cuatro presunciones:

a. El reacomodo de mafias, actores criminales y legales del campo  ultraconservador (es decir, el reacomodo del sector neoliberal militar dominante entre 2012 y 2016) en la Junta Directiva del Congreso, Corte Suprema de Justicia y otros espacios de poder no resuelve sino profundiza la crisis interna del modelo, que se enlaza con la crisis sistémica (Yagenova) de la que es síntoma el gobierno de Donald Trump. 

b.   El gatopardismo que cambia para que no cambie la esencia del modelo, que coquetea sin profundizar con reformas estructurales y teme al empoderamiento de pueblos indígenas y sectores populares, gana tiempo para sectores de poder pero claudica ante las contradicciones estructurales y su incapacidad de resolverlas.

c.   El deterioro económico y político-institucional politizará tarde o temprano a sectores hoy neutrales o neutralizados. 

d. Las luchas por el cuidado de la vida y el derecho de decisión imponen un nuevo modelo de organización.  

Las cuatro presunciones amplían la posibilidad de plantear grandes transformaciones, que incluyan las propuestas de pueblos, comunidades, sectores populares, clase media, sectores urbanos excluidos o cooptados en la conducción del Estado. Este nuevo y amplio pacto social en construcción disputa la salida de la crisis a un nuevo pacto de elites, desde arriba y para los de arriba, o a la continuación ad infinítum de las disputas intraelitarias que marginan la agenda popular.  

En este contexto, la variable ruptura se impone a la variable continuidad, frente a la evidencia histórica que nos enseña que los cambios no son posibles ni necesarios. Hoy decimos que no hay país y no hay futuro sin cambios estructurales, aunque falta que esta proyección sea asumida masivamente, más allá de organizaciones populares, pueblos indígenas y comunidades.

Tenemos que creérnoslo y actuar en consecuencia: este Estado, esta constitución y esta forma de organización tienen fecha de caducidad.