Crisis política y pacto de los pueblos

Estudiantes ensayan votación popular en Santa María Cahabón

Andrés Cabanas, 9 de septiembre de 2017

Una paradoja de este momento de crisis es que los responsables del derrumbe ético, económico, social e institucional de esta hipótesis de colectividad conocida como Guatemala, son los mismos que proponen o están operando un nuevo pacto intraelitario.

La propuesta del director de la Unidad de Gestión Pública del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras, CACIF, es significativa en este sentido: tan detallada como limitada, tan alejada de las demandas y visiones de amplios sectores sociales. En sucesivos artículos de opinión, este representante empresarial fija el marco del nuevo pacto: reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que no retoma las principales propuestas de organizaciones sociales en la crisis de 2015; reforma “total” al sistema de justicia, que excluye la propuesta de pluralismo jurídico debatida durante 2016 y 2017; reforma del  servicio civil.

La agenda de mínimos máximos no aborda la problemática de la tierra, la conflictividad generada por las mineras e hidroeléctricas, el desvío de ríos para monocultivo, la represión, el racismo estructural y por tanto cotidiano, la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos y espacios. Por no abordar, ni siquiera menciona un imprescindible pacto fiscal, punto de inicio (aplazado desde 1996) para reconstruir una sociedad golpeada por la lógica económica de enriquecimiento cien.

En el mismo sentido pueden analizarse las declaraciones de Juan Luis Bosch, Presidente de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA, centro de pensamiento del empresariado). En entrevista concedida al medio Plaza Pública, Bosch excluye del pacto a sectores sociales (a los que denomina radicales) y temáticas medulares, como la incorporación del pluralismo jurídico en las reformas al sector justicia.

Diálogo nacional, pacto de unidad, pacto de nación, pacto de élites (como así se están denominando) son, tal y como se proponen, un ejercicio de desmemoria, una reiteración y déjà vu de la historia. Al tiempo, una construcción en el vacío, porque niegan otros sujetos, propuestas y formas de concebir Guatemala, más allá de la Patria Finca y sus escasos símbolos identificadores (himno, bandera, el hecho de ser el país más bonito del mundo).

 

#InfraestructurayViolencia

La anulación del derecho de consulta y la subordinación de las comunidades a un modelo de desarrollo impuesto, es la otra cara de la moneda del pacto que proponen las elites dominantes: es la realpolitik guatemalteca, que se construye bajo el objetivo del negocio, el instrumento del despojo, la generalización de la violencia y la decisión de unos pocos.

Lo saben las 195 comunidades de Santa María Cahabón, donde dos proyectos hidroeléctricos continúan operando a pesar de haber violado el derecho de consulta de la población. Cuando la comunidad, a partir de sus procedimientos y formas, organiza su consulta y define el No a la continuación de la empresa, el Estado considera paralelo e ilegal este proceso. En idéntico sentido se plantea la resolución de la Corte Suprema de Justicia (todavía no comunicada oficialmente) sobre Minera San Rafael.

En otro aspecto, el CACIF, al tiempo que llama al diálogo, promueve la modificación del marco legal y del modelo de inversión en carreteras, a partir de una ley de infraestructura y la readecuación del esquema de alianzas público-privadas. El nuevo modelo implica socialización de pérdidas y privatización de ganancias (inversión para carreteras con peaje), con el referente privatizador de la Ley General de Electricidad de 1996.

Esta propuesta se inscribe en una más general, #InfraestructuraEsDesarrollo, #VamosALaObra, que no tiene en cuenta inversión social (educación, salud, cultura, recreación…) al tiempo que implica una clamorosa dejación de la responsabilidad empresarial en el colapso de este sistema. Como primer avance hacia esta propuesta, el proyecto de Presupuesto de la Nación para 2018 incrementa los fondos para la cartera de Comunicaciones, de Q4.1 a Q7.8 millardos.

En este marco, los empresarios proponen pacto para seguir ganando, a costa de las necesidades colectivas, con las mismas reglas de siempre y los mismos ideales o señuelos, tan abstractos como falsos: progreso, desarrollo, unidad y no polarización, pasar página y mirar hacia adelante.

 

Movilizaciones sociales: cambios inmediatos y estructurales

Sobre pactos de elites sucesivos, sobre esta ficción, se ha edificado el Estado de Guatemala, y se ha reformulado sucesivamente. Trabajar hoy sobre el mismo supuesto agudiza la crisis, la política inmediata, y la crisis estructural. “Quienes aún creen que la clase dominante está dispuesta a ceder privilegios y redireccionar el destino de este país hacia otro horizonte, no han aprendido absolutamente nada de la historia”  afirma Simona Yagenova.

No se aprende de la historia larga ni del ciclo político reciente, donde la clase dominante es incapaz de asumir que el modelo de Estado y el modelo de sociedad que construyeron y defienden (excluyente, para beneficio de unos pocos) fracasó y está en cuestionamiento por cada vez más amplios sectores: jóvenes, estudiantes, sectores urbanos demócratas, pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, artistas, actores de la diversidad sexual, sindicatos de clase.

A modo de ejemplo, en esta gráfica presento datos de la participación en la Consulta Comunitaria sobre Oxec, de 27 de agosto de 2017, en comparación con datos de votos obtenidos por el partido gobernante en las elecciones presidenciales, datos de la elección de diputados distritales, y votos obtenidos por el Alcalde actual. Todos ellos, con relación al padrón electoral de 2015. Los datos nunca son absolutos, son aproximaciones e instrumentos para interpretar y actuar en la realidad. Pero las conclusiones son reveladoras, en términos de la amplia participación y el rechazo explícito al orden empresarial (desarrollo) y al orden político (instituciones y formas de decisión) prevaleciente: 195 comunidades, a pesar de la represión, las campañas de miedo y la presión ejercida por empresarios, a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas decretó ilegal y paralela la consulta, se movilizaron para expresar su opinión y decisión.

Las movilizaciones sociales (históricas y nuevas a partir del ciclo político abierto en 2015, que incorpora actorías, visiones y formas organizativas), rebasan en conjunto este gobierno y este sistema construido sobre la corrupción, la imposición, la violencia y el bien particular.

No obstante, no todas las movilizaciones son antisistema ni tienen idénticas motivaciones, por lo que es imprescindible el encuentro o la articulación de esta rica diversidad. En mi opinión, esta articulación no debe hacerse sobre un programa de mínimos, reducido a la problemática coyuntural, sino a partir del diálogo y la búsqueda de un común denominador que enfrente problemas estructurales, al tiempo que incida en la situación inmediata (crisis y reformas del actual Ejecutivo, depuración del Congreso, reformas en el ámbito político). De lo contrario, se corre el riesgo de abrir un proceso movilizador que se cierre en falso con la refuncionalización de este modelo.

La profundización y construcción de poderes territoriales, que promueven las formas comunitarias de organización al margen de lo conocido (Estado, partidos), y multiplican las luchas por la identidad, contra el capitalismo, el racismo y el patriarcado, por la soberanía alimentaria, por la lengua y la cultura, por los diseños y tejidos, por la autonomía y la autodeterminación, debe ser esfuerzo sostenido y permanente, más allá de cualquier momento de lucha.

Así, propuestas, discursos, sujetos y movilizaciones específicas deben vincularse, sin jerarquías ni priorizaciones. Los tiempos políticos inmediatos, de las reformas y las medidas de corto plazo, se complementan con los tiempos políticos de la ruptura y la transformación.

 

Enfrentar la crisis sistémica

Un pacto o diálogo sin la conducción de sectores sociales y populares, con puntos de debate limitados, es un pacto equívoco y condenado al fracaso: pérdida de tiempo para nosotros, porque no resuelve las “crisis políticas recurrentes, vinculadas a la crisis sistémica e histórica” (Simona Yagenova); para ellos, ganancia de tiempo, mientras las elites en disputa y golpeadas por algunas de las manifestaciones de la crisis, recomponen fuerzas o vuelven a pactar entre sí. Retroceder, no cambiar, o cambiar para que nada cambie, así nos quieren dibujar el país: parche sobre parche.

Ante esto, otro Estado, otro sistema, otra forma de relacionarnos, convivir y organizarnos, es imprescindible. Democracia comunitaria y de los pueblos, derecho a decidir sin restricciones, porque este remedo de democracia y de pacto social, construido sobre la corrupción, la criminalidad, la violencia y la minorización de las mayorías, no funcionó.