Minera San Rafael, pan para hoy, hambre para mañana

Andrés Cabanas. Colaboración especial para revista F-6 Cuilapa. 1 de noviembre de 2017

Pueblo xinca en Corte de Constitucionalidad

La violación de derechos de la población, con la complicidad de un sistema de falsos controles y falta de regulación estatal, es constante en proyectos extractivos en toda Guatemala. Minera San Rafael no es la excepción, ya que, entre otras anomalías, no respetó el derecho de consulta de la población, y provoca daños en la infraestructura (casas y terrenos rajados), en el medio ambiente (enfermedades, contaminación) y en general, en la cohesión social (comunidades divididas, polarización, represión y persecución a dirigentes comunitarios).

Estas situaciones están siendo evidenciadas, sin que exista respuesta institucional. Recientemente, las comunidades denunciaron ante el Ministerio Público que la Minera continúa operando, a pesar de la suspensión temporal del proyecto ordenada por la Corte de Constitucionalidad: se ha detectado ingreso de combustible y transporte de minerales extraídos, por vía terrestre y aérea. Sin embargo, el Ministerio Público no admite a trámite la protesta comunitaria. Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas omiten las denuncias sobre contaminación, y admiten informes de impacto ambiental parcializados y poco rigurosos. 

Si bien la empresa afirma que está promoviendo empleo, riqueza en forma de servicios y regalías, y oportunidades para la población, los pobladores resienten las consecuencias negativas de un proyecto destructor y altamente contaminante. Por ello, las protestas aumentan.

Las cifras de creación de empleos directos e indirectos (80,000) no son creíbles, así como tampoco las de regalías (en función de la cifra real de ingresos, que no es pública). En cualquier caso, el debate no debe ser si la empresa crea empleos o no, si paga más o menos regalías, sino las consecuencias negativas de su actuar y las fracturas físicas y sociales que genera.

En la comunidad más cercana a Minera San Rafael, La Cuchilla, solo permanecen 16 familias de las más de 70 que habitaban inicialmente la zona. Es frecuente observar casas rajadas por los temblores. Los minerales que se depositan en los mantos freáticos y se trasladan al agua que se consume y los cultivos, los efectos de la contaminación para la salud, y la división social, se convierten en escenarios permanentes.  

La paradoja es esta: la Minera otorga algunos beneficios a corto plazo, que no compensan la violación de derechos y en general el deterioro natural y social. Cuando la empresa se vaya, dejará división comunitaria y desastre ambiental.

Ante esto, la organización comunitaria, la concienciación a quienes todavía no son conscientes de las consecuencias de la explotación minera, la articulación solidaria con otras comunidades en Guatemala que viven situaciones similares, la denuncia nacional e internacional, y las movilizaciones masivas y pacíficas, abren la posibilidad de detener estos proyectos, y empezar a trabajar por nuevos modelos políticos y económicos, respetuosos con el medio ambiente y de beneficio para toda la población.