La empresa española Hidralia está acusada de numerosos
crímenes en Guatemala. Un caso entre tantos que han
colocado a este país en un estado de excepción permanente.
Publicado originalmente en Periódico Diagonal
No es exagerado afirmar que la llegada de transnacionales marca un antes y un después en la vida de las comunidades en Guatemala. El después implica terror por la presencia del Ejército y grupos armados, presos políticos, violencia sexual, debilitamiento de autoridades comunitarias y de la precaria institucionalidad democrática, divisiones intracomunitarias, militarización y estados de excepción.
Negación de los derechos de los pueblos sobre su territorio, asesinato
de campesinos, ataques a comunicadores y más de 200 detenidos son algunas de
las consecuencias del accionar de estas multinacionales, entre las que se
encuentran empresas españolas como Hidralia Energía.
En otros casos, las empresas recurren a procedimientos ilegales, al
eludir el pago de impuestos o al suscribir contratos sin licitación pública: es
el caso de Terminal de Contenedores de Barcelona, que recibió en usufructo
348.000 m2 de terreno.
El actuar impune de empresas transnacionales en Guatemala no es posible
sin el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, que ignoran
denuncias de violaciones de derechos. En Barillas, ni la embajada española ni
los financiadores –Corporación Interamericana para el Financiamiento de
Infraestructura y NorFund, de Noruega– tienen en cuenta las denuncias: entre
otras, la queja presentada a la oficina del Defensor del Pueblo en junio de
2014, y la próxima interpelación a la Alta Representante de la Comisión Europea
para Asuntos Exteriores sobre los crímenes cometidos por Hidralia Energía,
promovida por Izquierda Plural.
En Monte Olivo, la Corporación Financiera Internacional, dependiente del
Banco Mundial, promueve un proyecto que ya ha generado muertes de adultos y
menores: el 23 de agosto de 2013, los niños Hageo Maas y David Pacay recibieron
disparos procedentes de un ex- trabajador de la hidroeléctrica presente en la
zona. Ambos fallecieron pocos días después.
Falta de regulación
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados
por la ONU y vigentes desde 2012, no derivan en “obligaciones jurídicas”, como
los propios principios reconocen. Esto implica que, si una empresa viola
derechos humanos, no es objeto de sanción. Las empresas transnacionales no
tienen la obligación de “respetar la ley” y están exentas de “sanciones civiles
y penales”, indican Pedro Ramiro y Juan Hernández Zubizarreta, del Observatorio
de Multinacionales en América Latina.
Las demandas de las comunidades afectadas son sorteadas a través de
artimañas legales y políticas, que permiten a las empresas ocultarse mediante subsidiarias
y establecer alianzas con actores políticos, grupos armados y operadores de
justicia, para garantizar impunidad.
La falta de regulación sobre las grandes empresas se produce precisamente
cuando su poder es mayor. Las transnacionales son, recuerda el abogado
Alejandro Teitelbaum, los “poderes determinantes”, con capacidad de dictar
leyes, influir sobre autoridades políticas, enviar dirigentes sociales a la
cárcel, y reordenar territorios a la medida de sus intereses.
La superación de la impunidad empresarial pasa por fortalecer el poder
de las sociedades y Estados. La creación por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un
instrumento internacional legalmente vinculante para regular las actividades de
las transnacionales en junio de 2014 es un paso significativo en esta dirección.
Que el trabajo de este grupo prospere depende de la articulación de esfuerzos
de comunidades en resistencia, organizaciones locales, organizaciones y coaliciones
internacionales con capacidad de incidencia, redes de comunicadores, periodistas
e investigadores.
El actual modelo de desarrollo equipara bienestar a acumulación y consumo; destruye la naturaleza y explota a otras personas; agota ciclos vitales y pone en riesgo la reproducción de la vida; se basa en el ideal de la "persona-empresa"–Amador Fernández Savater-; se reproduce a partir de la competencia y la individualización de la vida, en contextos de derechos cada vez más restringidos.
El actual modelo de desarrollo equipara bienestar a acumulación y consumo; destruye la naturaleza y explota a otras personas; agota ciclos vitales y pone en riesgo la reproducción de la vida; se basa en el ideal de la "persona-empresa"–Amador Fernández Savater-; se reproduce a partir de la competencia y la individualización de la vida, en contextos de derechos cada vez más restringidos.
En el medio plazo, se trata de pensar y construir nuevos modelos de vida, que fortalezcan la solidaridad, la colectividad y la ampliación permanente de derechos de personas y de la naturaleza. En estos nuevos modelos, las empresas transnacionales acumuladoras y violentas no tienen razón de existir.
Historial de ataques recientes de las transnacionales
IZABAL. Violencia sexual en enero de 2007 contra once mujeres en Lote Ocho, que involucra a la canadiense Hudbay Minerals.
BARILLAS. Agresión a dos campesinos y asesinato de otro, el 1 de mayo de 2012 en Santa Cruz Barillas, responsabilidad de una compañía de seguridad subcontratada por la empresa española Hidralia Energía.
SAN JOSÉ DEL GOLFO. Agresiones a comunicadores sociales en San José del Golfo, donde opera una minera canadiense.
MONTE OLIVO. Hostigamiento, persecución y agresión en contra de la comunidad de Monte Olivo, Alta Verapaz, con participación de la Corporación Financiera Internacional- Banco Mundial como financiadora de un proyecto hidroeléctrico.
200 DETENCIONES. Negación sistemática del derecho a la consulta y el consentimiento de la población; persecución judicial –favorecida por las empresas– contra organizaciones, líderes y comunidades en resistencia: desde 2012 se han producido más de 200 detenciones ilegales y decenas de encarcelamientos.
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