La
permanencia de la transnacional Ecoener-Hidro Santa Cruz en Barillas se
dificulta por la caída de uno de sus valedores políticos (Otto Pérez Molina),
el reacomodo en el sistema de justicia y la pérdida de influencia de la empresa
para la persecución de luchas comunitarias, el alejamiento táctico de socios
financieros (Banco Mundial y empresarios aliados) y la persistencia de la resistencia,
a pesar de la ofensiva brutal sobre la misma (17 detenidos en un periodo de
cuatro años).
Andrés Cabanas Díaz, 20 de diciembre de 2015
Si Hidro Santa Cruz representa un modelo de articulación entre actores políticos, económicos, operadores de justicia, instituciones estatales, empresas transnacionales, gobiernos internacionales y grupos criminales[i], en un contexto de consolidación de un proyecto de gobierno neoliberal-autoritario-militar, su anunciado fracaso es consecuencia del cuestionamiento comunitario de ese modelo y de la ruptura de alianzas.
Si Hidro Santa Cruz representa un modelo de articulación entre actores políticos, económicos, operadores de justicia, instituciones estatales, empresas transnacionales, gobiernos internacionales y grupos criminales[i], en un contexto de consolidación de un proyecto de gobierno neoliberal-autoritario-militar, su anunciado fracaso es consecuencia del cuestionamiento comunitario de ese modelo y de la ruptura de alianzas.
Esta ruptura o fin de las alianzas alrededor de Hidro Santa Cruz se manifiesta en:
1. El descalabro político del presidente Pérez
Molina y su destitución en septiembre pasado. Hacia Molina fluían peticiones y de él salían
órdenes para el apoyo irrestricto al proyecto hidroeléctrico: estado de
excepción en mayo de 2012, protección a los asesinos de Andrés Pedro Miguel en
esa misma fecha, ofensiva militar y policial contra el norte de Huehuetenango
en agosto de 2013, utilización del sistema de justicia para la persecución [ii], procesos de diálogo concebidos como instrumentos proempresariales, presiones
a entidades autónomas, sobre todo a la Municipalidad.
2. La develación en abril de 2015 de la red de corrupción denominada La Línea (que involucra
a funcionarios estatales, entre otros Pérez Molina, operadores de justicia,
medios de comunicación y empresarios) revela, más allá del hecho concreto, una
forma de actuar empresarial, que subordina el poder político y el poder
judicial a las agendas empresariales. La visibilización de este modo de operar
dificulta el accionar futuro de la empresa, sobre todo la manipulación del
sistema de justicia.
3. La opinión contraria a la
continuación del proyecto del Banco Mundial (cofinanciador del mismo) y una
demanda presentada en la Audiencia Nacional de España[iii].
Imposición y resistencias
Además de las fracturas internas de actores
involucrados en el proyecto de Barillas, la resistencia de las comunidades
acelera la caída del “modelo Ecoener
Hidro Santa Cruz”. La visión comunitaria denuncia la falsedad del discurso
del progreso: una hidroeléctrica oficialmente construida en beneficio de las
comunidades, en el marco de un modelo de desarrollo aceptado y legitimado, es
en realidad un proyecto impuesto, que no tiene en cuenta visiones y decisiones
de las poblaciones. La paradoja del desarrollo de Hidro Santa Cruz y del modelo
de desarrollo transnacional empresarial es que, para hacerse efectivo, debe
romper la organización, la cohesión comunitaria, la institucionalidad y la ya
de por sí frágil vida democrática preexistente. Rompe la memoria y mercantiliza
el agua y la vida, sometiéndolas a la lógica a la lógica del mayor beneficio en
el menor tiempo posible, sin importar el costo.
¿Se marcha Hidro Santa Cruz de Barillas?
Para mí no hay ninguna duda: se marcha en el sentido político y legal, más allá
de que su presencia física en el área es hoy irrelevante. Pero esta marcha, que
no va a ser operada de manera lineal y sin resistencias por parte de la
empresa, no es el final del conflicto, porque todavía dirigentes comunitarios
continúan presos, siguen vigentes órdenes de captura y, como cauda del
desarrollo transnacional, persisten tensiones intracomunitarias.
La difícil reconstrucción de una sociedad y
una población dividida y fracturada a la fuerza y a conveniencia de la empresa
y sus operadores, empieza con la libertad de todos los presos políticos y
continúa con un proceso de resarcimiento integral, el cual debe incluir
devolución de la tierra y demandas legales contra autoridades políticas,
operadores de justicia, los dueños de Hidro Santa Cruz y sus financiadores.
Hasta hoy lo avanzado es mucho, a un costo
mayúsculo (persecución y prisión): se ha logrado evidenciar la insostenibilidad
de proyectos y conductas empresariales fundamentadas en la violencia, la corrupción,
la manipulación institucional, el lucro como principio único, el despojo que margina a las comunidades,
la sujeción de los derechos colectivos a los derechos empresariales y el desarrollo capitalista.
Resta reconstruir la vida comunitaria bajo
principios de solidaridad colectiva y fijar normas para que lo sucedido en
Barillas, en términos humanos, políticos, institucionales y de imposición de un
modelo de desarrollo, no vuelva a repetirse.
(Nota
final que rompe una vez más la objetividad periodística)
El Réquiem (en latín, descanso) o Misa de
réquiem, conocido también en latín como Missa pro defunctis o Missa
defunctorum, es la Misa de difuntos de la religión católica, un ruego por las
almas de los muertos, reproducido justo antes del entierro o en las ceremonias
de conmemoración o recuerdo.
Queda a la imaginación del lector y la
lectora definir quiénes son los muertos en este funeral, y si tienen alma o
solamente chequera en el lugar donde usualmente ubicamos el corazón.
[ii]
Presos políticos en Barillas: Hermitaño
López, Adalberto Villatoro, Francisco Juan, Arturo Pablo, Mynor López, Rogelio
Velásquez, Saúl Méndez, Rubén Herrera, Marcos Mateo Miguel, Esteban
Bernabé, Pascual de Pascual, Diego Juan Sebastián, Ventura Juan, Amado Pedro
Miguel, Pedro Núñez, Joel Gaspar Mateo, Andrés León Andrés. En Santa Eulalia: Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar. En
cursiva, quienes todavía permanecen en prisión.
[iii]
Empresarios que prestaron fondos al grupo empresarial de Luis Castro Valdivia
denuncian en la Audiencia Nacional de España a este empresario y sus socios,
por administración desleal, apropiación indebida y delitos societarios. En la
demanda solicitan investigar las denuncias por violaciones de derechos humanos
que “puedan ser constitutivas de delitos
de homicidio o asesinato, lesiones, detenciones ilegales u otros, y de las que
aparezcan denunciados como responsables penales o civiles los ciudadanos
españoles Luis Castro Valdivia y Fernando Rodríguez Alfonso”.
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