La
paralización de proyectos hidroeléctricos sobre el río Oxec[i]
es un triunfo de la resistencia comunitaria frente al abuso absoluto (consecuencia del poder absoluto) empresarial. Una sentencia emitida por la Corte Suprema
de Justicia, CSJ, confirmada provisionalmente por la Corte de
Constitucionalidad, CC,[ii]
obliga a la suspensión de las actividades empresariales, por violación del
derecho de consulta de las comunidades.
Sin
embargo, una intensa campaña presiona para la reversión de esta sentencia. La
campaña se desarrolla al menos con estas líneas:
1
Se
solicita a la CC que resuelva sin tener en cuenta la violación de derechos, a
partir de criterios de seguridad y certeza de la inversión empresarial
(comunicado de Asociación de Generadores de Energía Renovable). Para ello se
vincula la paralización de los proyectos a la pérdida de empleo, el alza de un
35% del precio de la luz y la retirada de la inversión.
En contraposición a esta idea, algunos estudios demuestran infundada y falsa esta preocupación.
Ixmucane Gómez de la Universidad de San Carlos[iii]
afirma que en 2016 se generó una
sobreproducción de electricidad estimada en 11.1 mil millones de kilovatios
hora, de los cuales solo se consumen 9.9 mil millones (el resto se exportan).
La autora explica que el peso de la energía producida por hidroeléctricas es
relativo, así como su impacto en el precio al consumidor: Las hidroeléctricas producen el 34% de la energía, las termoeléctricas
el 60% y los ingenios azucareros el 25%.
2
Se
intensifican acusaciones a dirigentes y organizaciones comunitarias. Después de
la confirmación de la sentencia por la CC, un artículo de opinión acusa al
Colectivo Madreselva de acarreo de
personas, incitación al conflicto, violencia extrema, entre otros[iv].
Otro reportaje acusa a uno de los dirigentes comunitarios, Bernardo Caal, de
residir fuera del lugar del conflicto. La personalización de las opiniones en
dos dirigentes hace más preocupante la amenaza.
3
Se
propone por parte de Oxec y el empresariado la homologación retroactiva de los proyectos en ejecución y, por
tanto, la continuidad de los mismos. Esta propuesta se incluye en la discusión
de la Construcción de Estándares Básicos para las consultas comunitarias,
iniciada por el Ministerio de Trabajo y Asistencia Social el 12 de octubre de
2016. La homologación se justifica, para los empresarios, porque la inversión
de las empresas genera derechos y porque la responsabilidad de la no
realización de consultas es del Estado, no de las empresas.
Operativamente,
el reglamento de consultas validaría reuniones de información desarrolladas por
la empresa: en el caso de Oxec, unas 55 reuniones informativas (según análisis
del Colectivo Madreselva) en la que no se preguntó a la población sobre los
proyectos.
Consultas
comunitarias y derecho de decisión
Propuesta
de cámaras empresariales
|
Visión
comunitaria
|
Seguridad jurídica para derecho de
inversión (fundamental)
|
Derecho de decisión fundamental
|
Homologación retroactiva para
garantizar proyectos en marcha
|
Consulta previa
Cancelación de proyectos otorgados sin
licencia
Salida de las empresas de los
territorios, con reparación digna e investigación de delito
|
Procesos de socialización y diálogo realizados
por empresas equivalen a consultas
|
Consultas según procedimiento
definido por las comunidades
|
Responsabilidad del Estado, no de las
empresas
|
Empresas y estado tienen
responsabilidades: incumplimiento de leyes, corrupción, etc.
|
Consultas con un reglamento general
Un solo reglamento, una sola ley
Diferencia como segregación y
problema
|
Consultas según las decisiones
basadas en la costumbre de las comunidades
La diferencia como base de la
construcción estatal y nacional
|
La consulta tiene como objetivo
llegar a acuerdos con las empresas
|
La consulta garantiza el derecho de
decisión de las comunidades, sin restricción
|
Elaboración: Andrés Cabanas
Que alguien me explique cómo homologamos la impunidad (o cómo
legalizamos la ilegalidad)
La
propuesta de reglamentación en los términos planteados por los empresarios es
tan sencilla legalmente como perversa políticamente. El problema es que la homologación
y continuación de Oxec implica legalizar actos ilegales cometidos, blanqueando
una empresa que ha operado de forma delictiva, en el sentido estricto de delito
como acción que va en contra de lo establecido por la ley o circunstancia de
haber cometido una acción contraria a la ley.
La violación del derecho de consulta, la
obtención anómala de permisos y licencias (estudios de impacto ambiental y
licencias de construcción, entre otras), el uso de la violencia y la
judicialización para contener la oposición, el soborno (casos Jaguar Energy,
Terminal de Contenedores Quetzal), son -entre otras- prácticas comunes de las
empresas en los territorios.
La norma es la ocultación, el engaño, la
impunidad, el uso de la fuerza: en Cahabón, Carchá, Monte Olivo, Barillas, San
Miguel Ixtahuacán, La Puya, San Juan Sacatepéquez, Cahabón, Carchá. La excepción
es la legalidad y la ética. Por ello los proyectos extractivos tensionan la
institucionalidad, el débil Estado de Derecho y la democracia como principio,
generando conflictos comunitarias y sociales.
El
Estudio Hidroeléctricas Insaciables, publicado en 2016, que analizó los
proyectos Hidro Santa Cruz (Santa Cruz Barillas) y Renace (río Cahabón),
concluye que estos proyectos violan de forma generalizada derechos de la
población, especialmente:
derecho a la información, a la consulta, a la no
discriminación, al territorio (…) La implantación progresiva de empresas
extractivas en busca de recursos naturales, tanto en Barillas como en Carchá,
se revela como un factor de vulneración del Derecho al Territorio de los
Pueblos Indígenas (…) En Carchá nunca se realizó una consulta a las comunidades
indígenas (…) La investigación ha detectado (…) insuficiente información,
coacciones, amenazas o prácticas de infiltración de las empresas en las
organizaciones comunitarias[v].
Aunque el estudio no aborda el caso Oxec,
éste está interconectado con Renace a partir de la empresa constructora de los
túneles, y de la utilización común de los caudales en el sistema cuenca.
Luchas por la
vida y alternativas al desarrollo: el foco de todas las disputas
La
resistencia y eventual paralización del proyecto Oxec afecta intereses más
amplios, de ahí las reacciones que genera.
Una empresa, un proyecto económico, no se
opera solo, sino a través de una abigarrada red de apoyos institucionales y financieros,
operadores de justicia, redes de abogados, medios de comunicación,
instituciones nacionales e internacionales, actores militares y
diplomáticos.
Un
proyecto extractivo no es solamente un espacio para la acumulación sino el
impulso de un modelo de desarrollo, que prioriza el beneficio individual, a
costa de la destrucción de la naturaleza y el ejercicio de derechos.
En
estas líneas se desarrolla la oposición comunitaria a Oxec y otros proyectos. Es una lucha contra un entramado de intereses espurios
y acciones delictivas. Es una lucha contra un modelo de desarrollo construido
sobre el saqueo y el secuestro de bienes, libertad, dignidad. Es, por tanto,
una propuesta que frente a la violencia y el despojo, promueve los derechos de
todas y todos, y el cuidado de la vida.
Una
lucha que es nuestra lucha.
[i] Desarrollados
en tres fases, según Centro de Medios Independientes sobre el río Oxec, en
Cahabón, Alta Verapaz.
[ii] El 4 de enero, la CSJ dictó sentencia en la
Acción constitucional de Amparo en oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico
Oxec (tres fases) sobre los ríos Oxec y
Cahabón en Alta Verapaz. La sentencia se
otorgó a favor de las comunidades q´eqchi´ por violación al os derechos
constitucionales y por no haberse efectuado la consulta comunitaria, previa y
obligatoria para acceder al uso de bienes de dominio público (Comunicado
comunidades).
[iii] Ixmucane Gómez.
¿A qué interés debe responder la aprobación o rechazo de los proyectos
hidroeléctricos en Guatemala? Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales,
Universidad de San Carlos, 2017.
[iv] Prensa Libre,
28 de febrero de 2017, página 13, Sembrando Conflictividad, Pedro Trujillo.
Algunos
datos
Amenaza sobre aproximadamente 50
kilómetros de río, según denuncias.
Proyectos Oxec y Renace –corporación
Multi Inversiones, ACS y Cobra de España, entre otros- violan derecho de consulta y derechos humanos
de la población.
Denuncia de desaparición de Ovidio Xul
Choc, sin avances en el Ministerio Público desde 2014.
Alta Verapaz es el departamento con
mayor número de hidroeléctricas y el segundo en potencia instalada para la
generación de electricidad, pero con menos acceso a energía eléctrica (PNUD,
2016).
Consulta comunitaria de Cahabón
detenida por presiones de la empresa Oxec.
Pobladores de Carchá tardan hasta tres
horas en llenar una tinaja de agua.
La empresa modifica continuamente su
proyecto, para aprovechar el caudal de agua, por lo que las comunidades
denuncian desvío de ríos desde San Juan Chamelco.
Elaboración:
Andrés Cabanas
No hay comentarios:
Publicar un comentario