En tiempo de crisis se
necesitan autoridades e instituciones dialogantes, que prioricen el bien común y
los intereses de toda la sociedad, no solamente de los sectores
tradicionalmente dominantes. En Guatemala, el presidente Giammattei se comporta
con formas intolerantes y se muestra poco receptivo a opiniones y demandas diversas:
excluyente y proclive a seguir la línea definida por las grandes cámaras empresariales.
El presidente define
medidas trascendentales con criterios caprichosos y arbitrarios (si se portan
bien, afirmó, vamos a relajar algunas medidas) a la vez que economicistas y
gananciales: las medidas que estudia relajar tienen que ver con la reapertura
de grandes superficies comerciales y actividades económicas lucrativas, pero no
esenciales para la salud, los derechos y la vida de la población.
Giammattei argumenta sin
datos ni coherencia, con improvisación y contradicciones: como cuando dice, en
un mismo “párrafo” (es un decir, porque el presidente habla más que escribe),
que vienen las semanas más duras de progresión del coronavirus, al mismo tiempo
que sugiere la reapertura de la economía (léase grandes empresas).
En recurrentes
intervenciones Giammattei evidencia clasismo (protestó porque las personas
-que necesitan salir a la calle para sobrevivir- se "apeñuscan").
También exhibe su aversión a la crítica al atacar cualquier opinión contraria (por
ejemplo, en los insultos a un activo diputado opositor, al que llamó
"esperpento").
La política de comunicación
del gobierno centraliza información y oculta datos esenciales (situación de
municipios, dónde se realizan pruebas, cuál es la capacidad real del sistema de salud para atender la emergencia) a la población en general e incluso a
autoridades locales, lo que impide conocer el avance de la
pandemia y desarrollar respuestas sociales, consensuadas entre todos los
actores.
Todas y todos somos acarreadas
La tapa al pomo de la intolerancia
excluyente la pone Giammattei cuando descalifica a miles de personas que
empiezan a salir a los caminos con banderas blancas porque no tienen trabajo y/o no pueden pagar el alquiler de su cuarto o la factura del teléfono, el agua y
la luz. Acarreados, les
dijo, es decir manipulados o movidos por intereses ajenos y espurios, cuando usted presidente debería saber que tienen limitaciones para su sustento, o que -por ejemplo- si
trabajan en mercados no ganan suficiente porque usted ordenó cerrar esos
mercados al medio día, al tiempo que ampliaba actividades de gasolineras y
supermercados transnacionales hasta las cinco de la tarde.
Giammattei
parece no informarse adecuadamente. No me consta pero no descarto que -al igual
que el presidente Trump- tenga una sola fuente de datos-opiniones y que esta sea las
noticias que el mismo sugiere y después publica el canal de Gobierno.
Sin
embargo, estoy seguro de que en círculos cercanos o con acceso al presidente
hay personas con mayor capacidad de análisis que se dan cuenta de que aquellas y
aquellos a quienes Giammattei llama acarreados son población con necesidad
extrema e indignada por el doble rasero de las políticas sociales: todo para
las empresas, nada para las demandas ciudadanas y de la población empobrecida. Entre
ellos (revisen fotografías, notas y declaraciones que circulan abiertamente en
redes sociales) hay votantes de Giammattei y del partido oficial; algunos participaron
en la campaña electoral del gobierno actual y de la Municipalidad, movilizando
gente y votos.
Coronavirus: nuevos tiempos o se
acabó el tiempo
El
12 de marzo, un día antes de que se registrara oficialmente el primer caso de
COVID, Guatemala era una bomba de tiempo: pobreza extrema, desnutrición
crónica, falta de agua, estados de excepción, militarización, corrupción,
dictadura (concentración de poder) en proceso. Hoy, los males se agudizan. Las
disonancias políticas (la distancia entre las necesidades y las políticas
públicas) se incrementan. La corrupción y el latrocinio se
mantienen. Las leyes con dedicatoria, a favor de unos pocos, continúan formando parte de la agenda estratégica del
Congreso y del Ejecutivo. Buena parte de las disposiciones presupuestarias
adoptadas desde el inicio de la pandemia en Guatemala tienen que ver con el pago de
compromisos de campaña y otros asumidos el 14 de enero para formalizar el nuevo
pacto Giammattei-diputados.
La
pandemia avanza aceleradamente con impactos sociales y de salud (a pesar del
discurso oficial de que vamos bien y todo está bajo control) en un país
agotado: socialmente debilitado, tras años de gobiernos corruptos y depredadores;
institucionalmente yermo, porque el Estado carece de gestiones orientadas
racionalmente al bien común.
Afortunadamente,
la cohesión social y comunitaria (todavía desigual e insuficiente
ante la magnitud de los retos) funciona como primer nivel de protección (ver artículo Juntas
saldremos adelante).
Las
banderas blancas son una respuesta social, desarticulada en términos
de proyectos y sujetos emancipadores tradicionales, con rasgos de desesperación
que no la invalidan sino la legitiman, imprevisible pero real. Alerta en la bomba
de relojería que es Guatemala, a rebufo del escenario sin tregua que impone la expansión
de la enfermedad. Última llamada en el país y el Estado que agotó todos los
tiempos.
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