Andrés Cabanas, 4 de octubre de 2020
Los estados de prevención y el autoritarismo de este Estado en todos los niveles cierran puertas.
Durante el paso de la caravana migrante que salió de San Pedro Sula, Honduras, el miércoles 30 de septiembre, soldados armados para una guerra (¿contra el pueblo?) intentan detener a la población. El Estado de prevención impuesto por el gobierno de Giammattei desde el 1 de octubre en cinco departamentos, con militarización y recorte de derechos, implica volver a utilizar la fuerza para enfrentar problemáticas sociales estructurales. El despliegue de fuerza es del tamaño del miedo al otro, al pobre, al que se organiza y moviliza.
A cientos de kilómetros de distancia, pero en el mismo momento (sábado 3 de octubre), policías municipales de la "Muy noble y muy leal ciudad de Santiago de los Caballeros" (Antigua Guatemala, sobran comentarios) impiden que mujeres del pueblo maya kaqchikel intercambien sus productos. No entienden nada, ni siquiera algo tan sencillo como que las mujeres a las que impiden vender son las habitantes originarias del territorio de Antigua; en términos oficiales y legales, las "propietarias" y legítimas "dueñas" del mismo y las decisiones que en él se tomen.
Este es el estado (en un doble sentido: instituciones y momento) en el que los protocolos de apertura de la actividad comercial empresarial orientan las políticas públicas y la estrategia de salud. Fuera de eso nada importa. Los derechos colectivos, tan básicos como los derechos a la alimentación y el trabajo, la libre movilización, vienen sobrando.
Cuando el Estado (esta vez sí, la ilustre institucionalidad y sus representantes en la tierra) actúa al margen y en contra de la población, la solidaridad marca el camino. Y la organización comunitaria y territorial para garantizar nuevas formas de relación y un nuevo sistema en el que los derechos de las personas no estén limitados por el gobierno de/para unos pocos.
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