En demanda de la libertad de Abelino Chub Caal y el
fin de la persecución política.
Malos tiempos para la protesta y el ejercicio de
derechos. Grandes y pacíficas movilizaciones son calificadas en medios de
comunicación como desorden, ruido, caos, bloqueo a la libertad de locomoción
(ejemplo, 7 de marzo, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA).
Los promotores de las reformas constitucionales y
el pluralismo jurídico nos ponen en riesgo a todos, nos colocan en la
incertidumbre y dividen, con irresponsabilidad, según opiniones de sectores
empresariales.
Comunidades indígenas que ejercen su derecho de
decisión aparecen en comunicados de prensa promovidos por organizaciones
empresariales como responsables de la subida de la luz, la escasez de
energía, la huida de la inversión por inseguridad jurídica, la pérdida de
empleos.
Dirigentes son perseguidos y encarcelados por
defender su territorio, el agua y la tierra como elementos de vida, tal y como
sucede con Bernardo Caal en Santa María Cahabón y el líder q´eqchi´Abelino Chub
Caal en el Polochic.
Si usted no se cree la agresividad verbal de esta
campaña, vuelva a escuchar los 108 segundos más intensos de la
radiodifusión nacional, un anuncio que se multiplicó durante el debate de las
reformas constitucionales y el pluralismo jurídico: en el mensaje reproducido
de forma profusa, los empresarios reivindicaron igualdad, seguridad, certeza
y responsabilidad (situación actual) y alertaron contra reformas que nos
ponen en riesgo, en la incertidumbre y nos afectan a todos (situación que
se daría de aprobarse las reformas).
Si usted no lo cree, revise los comunicados y
declaraciones empresariales sobre la reglamentación del derecho de consulta:
invalidan la consulta al reducirla a diálogo; plantean la homologación
retroactiva de los proyectos en marcha, aunque no hayan realizado consulta
ni diálogo; contraponen intereses de sectores (pueblos y
comunidades) al interés general legítimo, representado en el Estado.
Fin
y principio del debate
Entre el Armageddon y la debilidad argumentativa:
la defensa de la libertad de industria, comercio, trabajo y de propiedad
privada, de la Certeza Jurídica y el Índice de Confianza de
Inversión Directa en el país (cámaras empresariales), obvia el derecho de
pueblos y comunidades a decidir si quieren proyectos, empresas y lo que
algunos llaman desarrollo pero se parece demasiado al despojo. Obvia asimismo
las consecuencias profundamente destructivas del accionar irrestricto
empresarial: el modelo extractivo defendido por los empresarios despoja y se
impone por la violencia, en un marco de democracia muy restringida.
Las campañas de comunicación empresarial cierran
discusiones incómodas desde el punto de vista de un poder construido sobre
verdades inmutables y nada discutidas: verdades establecidas al antojo de las
elites dominantes, sin espacio para el ejercicio del poder de pueblos,
comunidades y organizaciones.
En la trastienda de la historia oficial, se
ocultan debates de fondo: el debate sobre el colapso histórico de un
Estado y un modo de organización construido con violencia y exclusión; el
debate sobre el modelo de desarrollo, el racismo, el patriarcado, el
capitalismo; el debate que nos interroga y nos hace ir más allá de lo conocido:
¿es posible un modelo económico sin extracción de recursos, con respeto a la
naturaleza y a la población, que tenga en cuenta no solo la ganancia inmediata,
sino el bienestar de las generaciones actuales y futuras? Tiene que ser
posible, porque “conciliar” derechos de las empresas extractivas con derechos
de las comunidades nos está llevando a un callejón sin salida, como evidencian
las comunidades de Costa Sur tan ricas en monocultivo y desvíos de ríos como
carentes de agua.
Construcción
plural desde abajo frente a un nuevo pacto de elites
El 29 de marzo, en una decisión histórica, la
Asamblea salvadoreña aprobó la ley que prohíbe la minería metálica en el país.
Una versión preliminar de la ley incluía en sus considerandos (finalmente no
incorporados al texto) la reivindicación del interés público y el bien común,
la necesidad de la preservación de la riqueza natural del pais para las
generaciones actuales y futuras, al tiempo que declaraba la soberanía y
libre disposición sobre los territorios y los bienes naturales.
Lo que el proyecto dice, al margen de otras
lecturas de política interior, es que el modelo de exclusión puede ser
cuestionado. La condición es que lo pensemos y construyamos entre todos, con
protagonismo desde abajo de pueblos, comunidades y sectores populares.
No sirven los diálogos de los de siempre,
concebidos para distraer y no para resolver los conflictos, sin otra agenda que
la seguridad de inversiones, los derechos de las empresas, la
constitucionalización de la propiedad privada, el Estado de Derecho entendido
como el derecho a hacer negocios. Tampoco parecen suficientes esfuerzos
desarticulados y movilizaciones aisladas.
La crisis profunda de este Estado y este modelo
autoritario y excluyente nos obliga a pensar nuevas formas de organización y
sujetos plurales y colectivos que superen la historia de violencia y
construyan, desde este presente hecho por unos pocos, el futuro de todas y
todos.
Autor: Andrés Cabanas, 10 de abril de 2017.
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