Mientras se mueven
los límites del país que conocemos (se amplían, se reducen, o se desplazan
y regresan a dónde estaban), los empresarios del CACIF avanzan en su propuesta
de privatización de la red vial (y nueva reducción y privatización del Estado).
La propuesta no es menor, sino el eje del Encuentro Nacional de Empresarios,
ENADE 2017 (Infraestructura para el Desarrollo, Vamos a la Obra) que los
propios organizadores definen como estratégico y con visión de largo plazo.
La
iniciativa empresarial se centra en la inversión pública y el cobro privado
(carreteras de peaje) para lo que se propone la adecuación de la
institucionalidad y el marco legal: una Ley o Política de Infraestructura; la
modificación del modelo de asocios público privados, con menos controles y
mayor poder empresarial; el aumento del Presupuesto del Estado para el
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre otras medidas
que están en discusión.
El ejemplo
regulador de la Ley general de Electricidad (1996) es la vieja base de lo que
el CACIF denomina nuevo modelo de inversión. En mi opinión, es más y menos de
lo mismo: más empresas y menos Estado, por tanto menos derechos, como
evidencian los últimos 20 años de la historia de Guatemala.
Mi hipótesis
es que esta ley es parte de una agenda tripartita (o era parte, porque
se están reacomodando fuerzas y tácticas de forma aguda y acelerada para capear
la crisis política) que incluye otros puntos de interés del Ejecutivo
(antejuicio, remoción del Comisionado de la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, sustitución de la Fiscal Jefe del Ministerio Público,
modificaciones a la ley de contrataciones, modificaciones a la normativa de
extinción de dominio), del Congreso (presupuesto sin candados, fondos para
gobernadores y diputados, modificación de ley orgánica para legalizar plazas
fantasma) y de los empresarios: ley de infraestructura y ley de consultas
comunitarias como fundamentales para garantizar negocios; ley electoral, ley de
servicio civil y reformas al sector justicia para atenuar las crecientes
protestas y deslegitimación de los poderes tradicionales.
En río
revuelto, ganancia de empresarios
La política
de infraestructura no es el único proyecto estratégico empresarial que camina,
a pesar de la crisis o gracias a la crisis, en medio del repudio masivo
a la clase política: como si la indignación social no alcanzara a empresas y
empresarios empobrecedores y violentos.
Criminalización. El 1 de septiembre, el CACIF solicita al
Ministerio Público la investigación de aquellas “estructuras de crimen
organizado” dedicadas al “hurto de energía, la invasión de propiedad privada,
el bloqueo de vías de comunicación y la paralización de actividades de
empresas”. Estas demandas permanecen abiertas y amenazan prácticamente
cualquier tipo de movilización social.
Anulación de
la consulta previa. El 8 de
septiembre, la Corte Suprema de Justicia permite que la Minera San Rafael
reanude sus operaciones, a pesar de haber incumplido el derecho de consulta.
La sentencia
(pendiente de apelación en la Corte de Constitucionalidad) marcha en la
dirección marcada por el sistema de justicia en el caso Oxec el 26 de mayo, y
por la Guía operativa para la implementación del derecho de consulta,
presentada por el Ministerio de Trabajo el 18 de julio: permiso para que las empresas
que violaron el derecho a la consulta previa continúen operando; carácter
indicativo, no vinculante, de la consulta; realización de consultas según un
procedimiento estandarizado establecido por el Estado, y no según las formas y
decisiones de las comunidades.
Transporte
de energía. El 14 de
septiembre, el Ministerio de Energía y Minas concede la tercera prórroga para
que la transnacional TRECSA finalice el proyecto de transporte de energía
eléctrica (construcción de líneas de transmisión de energía), aún careciendo el
proyecto de “licencias sociales y comunitarias”, como reconocen empresarios, es
decir, a pesar de la oposición social que está deteniendo el avance de las
obras. La renovación del permiso a TRECSA favorece el modelo energético y de negocios
que privatiza y comercializa los bienes de todos: electricidad para empresas,
agroindustria y exportación.
Paro
Nacional
Cuando los límites
del país que conocemos se amplían (indignación, movilizaciones,
masificación de propuestas de transformación estructural, nuevos actores,
espacios simbólicos recuperados como los estudiantiles, planteamientos de
autodeterminación y autonomías territoriales) el modelo económico de despojo
se profundiza, sin concesiones: nuevos ámbitos de acumulación, idénticos actores,
control empresarial del Estado. Paradójicamente, el modelo político se
cuestiona, pero el debate sobre el modelo económico y su interrelación y
articulación con aquel es todavía minoritario.
El Paro
Nacional 20S tiene que ser, en este sentido, un espacio de movilización
pedagógica, para visibilizar y denunciar la impunidad y el despojo de este
modelo económico. En segundo lugar, el inicio de un ejercicio permanente de
discusión y consensos entre organizaciones, para llegar a acuerdos sobre
reformas inmediatas y reformas estructurales, que sean impulsadas
articuladamente y al mismo tiempo (no de forma gradual, ni priorizada). Esto
plantea, en tercer lugar, una lectura de 2017 a partir del cierre en falso de
2015 (nuevo gobierno que no cambió nada, profundización de la agenda
neoliberal, reacomodos de élites) y la necesidad de no entrar en la misma
dinámica.
Sin soluciones
estructurales desde los pueblos, la crisis se alarga, para nosotros. Para
los empresarios, si los dejamos, continúa la fiesta.
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