Más allá del enfrentamiento físico, los tetuntazos dados y recibidos por dos conocidos diputados retratan un comportamiento y una concepción del servicio público muy alejada de la decencia que se supone a trabajadores del Estado, pagados con dinero de todas y todos. Además permiten conocer entresijos de uno de los secretos mejor guardados de los últimos tiempos: cuándo, cómo, a petición de quién, para qué actúa el Ministerio Público, por qué algunos casos denunciados no avanzan y otros reciben toda su atención y recursos.
En una parte de la imperdible conversación a mamporro limpio entre dos dignatarios de la Nación, el presunto (mientras no demuestre lo contrario) diputado Rodríguez amenaza con “echar a la Fiscal” a otro diputado, si este insiste en negociar con el ejecutivo y el Movimiento Semilla, y no se alinea al sector dominante en el Congreso y el control del Estado durante -al menos- los últimos ocho años. Así es la cosa: las denuncias ciudadanas a las que dice responder el Ministerio Público, el apego estricto a la ley, la firmeza y fortaleza que aparente demostrar y la pregonada objetividad en su accionar se hacen humo cuando un diputado claramente operador de un gran grupo de poder (que involucra otros bloques parlamentarios, el expresidente Giammattei y la mayoría de ministros y encargados de instituciones del Estado durante su gobierno) ordena persecución selectiva, arbitraria, a la carta y claramente política, contra quienes no están con él o están contra él.
No solamente el diputado auto evidenciado, sino también el Ministerio Público debe responder a estos señalamientos, e intentar desvanecer las grandes dudas o certezas no oficializadas que envuelven su accionar. No va a ser suficiente la reiteración de lugares comunes y sobre todo, negar la mayor, es decir, continuar ignorando la falta de avances en casos de corrupción que vinculan a sus aliados: vacunas, libramiento, hospitales, escuelas bicentenario, carreteras y caminos, vivienda social (Fopavi) y tantas otras.
La disputa entre diputados puede verse también como disputa entre facciones del poder y su capacidad de articular consensos, lo que debilita las acciones pro impunidad (de aquellos actores amenazados por la investigación de la corrupción) y la estrategia de agresión al actual gobierno y el Movimiento Semilla (identificado -a pesar de su limitada agenda de reformas- como contrario a sus intereses). No es esta todavía tendencia dominante, ni irreversible, pero sí un escenario que cierra espacios y agota argumentos para el actuar impune del Ministerio Público y algunos otros actores de poder.
Es además escenario abierto, que debe contar con la participación social en forma de denuncias, auditoría social, exigencia de investigación en todos los casos de corrupción (acompañada de reparación por los daños causados y devolución al Estado y a las comunidades de los recursos robados) y, posiblemente, movilización social.
Se trata de colaborar para echar a la Fiscal General, no en el perverso sentido de orientarla para criminalizar a enemigos-opositores sino para sustraerla del ejercicio del poder que usurpa; no para intermediar en el proclamado conflicto gobierno/Semilla-Fiscal General, sino para dar continuidad a las luchas y demandas del levantamiento nacional: luchar contra la corrupción para comenzar a construir un sistema político orientado al bien común, recuperando la dignidad social y el sentido colectivo como pasos intermedios hacia la construcción de un modelo de convivencia y organización (social, política y económica) desde la visión y la decisión de pueblos originarios y sectores populares.
Al que no le gusta, que se aguante, porque será costumbre.
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