quieren demostrar poder-fuerza en un momento de debilidad, en el que ven cuestionada su capacidad para mantener el control en la renovación del MP, el TSE y el sistema de justicia (CC). Horas después de la derrota en las elecciones a representante del Colegio de Abogados en la comisión de elección del nuevo TSE (derrota más simbólica que pérdida de poder definitivo) reactivaron la criminalización del MP contra dirigentes indígenas (Basilio Puac, exvicepresidente de 48 Cantones) e incentivaron los motines carcelarios;
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buscan por ello incidir en la renovación de estas instituciones, generando miedo y obstáculos a la participación;
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continúan alimentando la narrativa de un gobierno ilegítimo y que debe ser removido, con llamamiento directo al golpe de estado;
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desgastan al gobierno actual, tanto si no actúa (debilidad) como si lo hace (asumiendo planteamientos y propuestas conservadoras);
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prefiguran una campaña electoral centrada en diálogos sobre la violencia y soluciones de fuerza.
Frente a este contexto caótico-coyuntural-estructural, el mensaje presidencial de 18-01 deja la certeza de la implantación del estado de sitio como respuesta, sin despejar dudas y abriendo nuevas interrogantes.
Interrogante principal: ¿Es el estado de sitio una herramienta adecuada para enfrentar estructuralmente estas acciones de violencia? Estructuralmente se refiere a identificar, contener y desbaratar estas estructuras criminales e identificar y denunciar política y judicialmente a las élites políticas y económicas que se benefician de sus acciones, las sostienen y posiblemente dirigen.
Dudas:
-¿De qué información se dispone sobre las estructuras políticas y económicas que respaldan la violencia y el crimen organizado, y cuando se hará pública?
-¿Qué acciones inmediatas administrativas, económicas, políticas o judiciales (por ejemplo, prohibición de acceso a fondos del Estado a través de contratos y empresas, que siguen alimentando a actores corruptos) se dictarán a partir de esta información.
En mi opinión, los estados de sitio y las medidas de excepcionalidad no solucionan estructuralmente la violencia político-criminal, por estas razones.
-Tienen carácter más simbólico, de demostración y exhibición de poder-control, que de efectividad real en el combate a la criminalidad, mucho menos cuando esta tiene vínculos y se alimenta -u origina- de actores de poder económico y del control de las instituciones del Estado.
-Su naturaleza generalista genera riesgos de arbitrariedad en su ejecución, de forma que sean aprovechados para fines distintos a los que se plantean, por ejemplo para promover o impulsar desalojos pendientes de territorios en disputa con comunidades y pueblos indígenas.
-Refuerzan imaginarios y propuestas de mano dura y de respuestas de fuerza, antes que políticas, a tensiones sociales. Se puede traspasar una línea roja en la que se logra seguridad, con riesgo de democracia, derechos y libertades (aunque sea por la vía de la autolimitación de derechos).
-El estado de sitio decretado no garantiza per se que serán combatidas las redes político-criminales, sino existe capacidad y voluntad política suficiente.
La zafiedad de la puesta en práctica del actual escenario de violencia (entre otros, el absurdo de que un reo solicite abiertamente un golpe de estado), el ensañamiento contra población empobrecida (policías), la mala lectura del sentir de la población (no se produjo el acompañamiento esperado en términos de movilizaciones sociales) y la cultura política de parte de la población, capaz de identificar los intereses de poder detrás de la puesta en escena inmediata, así como el actuar del Ministerio de Gobernación, limitan por ahora esta ola de violencia.
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