Andrés Cabanas, 7 de julio de 2014
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| Aniversario consulta comunitaria en Santa Bárbara, Huehuetenango |
Si a la
democracia le recortan derechos, acuerdos y la expresión de la voluntad de las
mayorías, queda esto: la arbitrariedad como norma, la violencia como conducta,
la exclusión como proyecto.
Queda el
actual gobierno/esquema de poder en Guatemala, caracterizado por el
debilitamiento del Estado (vacío de recursos, autoridad y legitimidad); la
supeditación de instituciones y leyes al dictado de las empresas
(gobernabilidad empresarial); la estigmatización de la demanda y defensa de
derechos; la persecución final (o
ustedes o nosotros) de la
organización social. La política se vuelve puramente discrecional:
incumplimiento de leyes, carencia de procedimientos, vulneración de autonomía de instituciones, supeditación a la
arbitrariedad del Presidente y cualquier grupo económico.
La
democracia formal es sustituida por un acentuado autoritarismo político.
La Constitución de 1985, y el marco legal e institucional de ella
derivada, no son hoy totalmente funcionales a las necesidades
de acumulación: cada vez más actores coquetean con proyectos políticos
formal y marcadamente autoritarios, sin concesiones a la democracia representativa. Se
promueven, así, reformas o rupturas constitucionales para la constitucionalización
de la soberanía de las minorías (Álvaro Velásquez), con líneas de
identidad claras:
reducción de derechos colectivos
(subordinación de los Convenios Internacionales, entre otros el Convenio 169, a
la legislación nacional);
reducción del papel del Estado a
la salvaguarda de la certeza jurídica de las inversiones (para impulsar un
modelo determinado de desarrollo);
consideración de todos los bienes
naturales como susceptibles de mercantilización:
privatización ilimitada: del
subsuelo, propuesta entre otros por el CIEN; del mar, propuesta por la
Universidad Marroquín;
ampliación del periodo del actual
ejecutivo, para fortalecer el proyecto oligárquico-militar;
control institucional.
Las leyes
económicas, aprobadas por el Congreso o en discusión, avanzan en el mismo
sentido: amplían exenciones fiscales e impunidad para empresas (propuesta de Ley de inversiones y empleo); subordinan (en su dinámica de aprobación) a las
instituciones; tipifican la protesta social como delito (Ley Tigo, propuesta de Ley de
servidumbres de transmisión eléctrica). Las leyes construyen por sí mismas
un nuevo pacto político y económico, que garantiza el actual modelo de
acumulación a costa de la pulverización de derechos, de forma
contundente y a veces inadvertida. Por ello
las diferentes propuestas de reforma constitucional, incluido el intento de
ampliación de periodo presidencial, son estratégicas: van más allá de tácticas
de ensayo y error, o distractores.
El nuevo
marco constitucional, en construcción, implica acuerdos entre actores: economía
criminal, transnacionales, economía emergente, ejército, oligarquía, gobierno
(los acuerdos no excluyen disputas por el control de negocios y el poder
político). Es a la vez continuidad y adecuación del pacto histórico Oligarquía-Ejército,
en momentos en que éste tiene poder económico autónomo y por tanto exige
mayores cuotas de decisión. La presencia protagónica del Ejército confiere a este momento
una inequívoca identidad autoritaria.
Democracia de los pueblos
Lo que en
teoría tenemos: posibilidad de elegir a través de partidos, división de
poderes, vigencia formal de derechos. Lo que vivimos: dictadura cívico militar,
proyecto neoliberal militarista, gobierno de las corporaciones… Se juega a la
decisión electoral mientras se apuesta por la ruptura autoritaria.
La
política se empequeñece y nos empequeñece: un Presidente de muy limitados
recursos opina de todo y contra todo; los partidos políticos acentúan su
identidad de empresas y sus intereses de corto plazo; las instituciones
autónomas son el trampolín para el enriquecimiento. La falta de cuidado de la
vida (asesinato común de Patricia
Samayoa como consecuencia de la crisis
política estructural), la homogeneización y simplificación del pensamiento
(el Mundial de fútbol como catalizador), la pérdida de valores (multiplicación
de la corrupción institucionalizada), la extrema individualización (abandono de
proyectos y derechos colectivos), los ataques a mensajeros que portan otros mensajes (expulsión de dos voluntarios de Brigadas de Paz, juicio contra Daniel Pascual) fortalecen este poder autoritario, en medio
de la pasividad y la atonía.
El reto, para todxs, es mantener la convicción democrática en esta acelerada descomposición autoritaria y pro militar: la utopía de la construcción y ampliación de una democracia concebida desde los derechos y no desde los negocios; la legitimación de la organización y la participación en vez de la represión; el gobierno de los pueblos y no de los caprichos. La apuesta inequívoca por la transformación pacífica frente a la legitimación de la violencia (por tanto, de la imposición y la exclusión).
El reto, para todxs, es mantener la convicción democrática en esta acelerada descomposición autoritaria y pro militar: la utopía de la construcción y ampliación de una democracia concebida desde los derechos y no desde los negocios; la legitimación de la organización y la participación en vez de la represión; el gobierno de los pueblos y no de los caprichos. La apuesta inequívoca por la transformación pacífica frente a la legitimación de la violencia (por tanto, de la imposición y la exclusión).
El reto
es, además, articular de forma plural los espacios de protesta y propuesta
(recreados desde pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista,
movimiento de jóvenes, luchas sociales y otros), a partir de miradas
integrales, para un nuevo ejercicio del poder.
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