Necesitamos convertir lo coyuntural en
estratégico y lo históricamente imposible en realizable
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| Autoridades del pueblo maya chorti criminalizadas |
La lucha contra la corrupción (que
cobra nuevo impulso a inicios de 2017, entre otros con el caso Stalling) contrasta con la falta de atención a demandas legales de comunidades, la continuación de la
persecución arbitraria-a-la-carta de líderes sociales y la parcialidad pro empresarial
del Estado.
Responder
a demandas comunitarias constituye un gran reto para la normalización y legitimación del sistema político y el sistema de
justicia. La normalización y legitimación implicarían que los diferentes
operadores en todos los niveles del sistema actuaran sin parcialidad y sin
anteponer derechos (ilegítimos) de poderes tradicionales a los derechos legítimos
pero no concretados de la población.
A
continuación listo ejemplos recientes de esta parcialidad e inacción de instituciones estatales.
1. El Estado al servicio de las minorías
- La aprobación del nuevo salario mínimo
desconoció la propuesta de los sindicatos, que acercaba dicho salario al costo
de la canasta básica alimenticia y vital. Hoy, la canasta básica alimentaria
para una familia de cuatro miembros equivale a un salario mínimo y medio, y la canasta
básica vital a dos salarios mínimos y medio.
- Nuevas
propuestas de exención fiscal y tributaria favorecen a sectores empresariales y
perjudican la acción social del Estado.
- La aprobación del Decreto 2-2017 que da vida al Convenio 175 de
la Organización Internacional del Trabajo, OIT, viola flagrantemente los derechos humanos de la clase trabajadora, ya
que:
Desregulariza
y flexibiliza las normas laborales.
Eliminará en la práctica los salarios mínimos y los horarios
de trabajo.
Se perderá
el derecho al aguinaldo, bono 14, vacaciones, IGSS, a la jubilación, a la indemnización
por el tiempo de servicios.
Las
trabajadoras perderán el derecho al descanso pre y posnatal.
No se tendrá
derecho a la libre organización sindical y a la negociación colectiva, entre
otros (Comunicado de Movimiento
Sindical Autónomo de Guatemala).
- El
proceso de reglamentación de consultas comunitarias prioriza la garantía de inversiones por encima de los derechos
de los pueblos, y permite la continuidad de proyectos empresariales en ejecución,
aunque no hayan realizado consulta comunitaria (homologación retroactiva).
2. Sin
respuesta para las comunidades (demandas recientes)
- Investigaciones
por desvío de ríos (Madre Vieja, Pacaya, Mopan, Sis, Coyolate, Subín, Pojom y otros).
- Investigación
por ecocidio y asesinato del profesor Rigoberto Lima Choc en Río La Pasión, Sayaxché, Petén.
- Fin
de desalojos, despojo y persecución a comunidades de El Estor.
- Libertad
de presos políticos, entre muchos otros 11 en San Marcos, dos en Sierra las Minas, Abelino Chub Caal capturado el 4 de febrero.
- Revisión
y eliminación de las órdenes de captura y procesos judiciales abiertos contra defensores
del territorio y la vida en todo el país.
- Garantía
del ejercicio de la participación, organización y resistencia de comunidades y
organizaciones.
- Investigación
de los recientes asesinatos de Laura Leonor Vásquez Pineda (San Rafael Las Flores, 16 de enero) y
Sebastián Alonso Juan (Ixquisis, 17 de enero).
- Cancelación
de proyectos La Puya (San José del Golfo y San Pedro Ayampuc), Oxec y Renace (ríos
Oxec y Cahabón) por incumplimiento del derecho de consulta y obtención ilícita
de licencia ambiental y otros permisos.
- Retirada
total de las empresas hidroléctricas sobre el río Cahabón e indemnización a las
comunidades.
- Investigación
del daño causado y la violencia cometida por la empresa Renace, entre otros
casos la desaparición en 2014 de Ovidio Xul Choc, denunciada al Ministerio
Público en 2014.
- Investigación
por la Comisión Internacional contra la Impunidad de la vinculación de empresas
y estructuras criminales con la empresa Hidro Santa Cruz y su matriz española.
- Cancelación
del proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas y todos los proyectos operados por la transnacional
española en Guatemala.
- Reconocimiento
de prestaciones del IGSS a ex
trabajadores estafados por finca San Gregorio Piedra Parada (Coatepeque), e investigación
de los empresarios responsables del fraude: familias Quintanal y Campollo.
Convertir lo coyuntural en estratégico
La intensa acción jurídica para la depuración y reforma del poder legislativo y judicial (en menor medida ejecutivo y empresarial), la aprobación de
reformas al sector justicia y reformas políticas en general son, desde 2015 y el destape del primer megacaso de
corrupción (La Línea), acciones tan estratégicas
como limitadas. Estratégicas porque su punto de partida (en el marco de la crisis,
las disputas de elites y la presión de la resistencia popular) tensa los puntos
de fricción de un Estado y un sistema debilitados y abre escenarios de cambio.
Pero
son acciones limitadas si no logran conectarse de forma integral con demandas
históricas por la construcción de un Estado, una institucionalidad y un modelo
de sociedad que garantice y amplíe derechos (salud, educación, vivienda,
alimentación, participación, movilización, decisión, territorialidad, autonomía)
y responda al bien común.
El
país vive en una paradoja: la crisis (por su carácter estructural) se
resuelve sí y solo sí con medidas de
cambio raizal, pero los actores políticos tradicionales rechazan reformas o, en
el mejor de los casos, plantean medidas de carácter limitado.
Atender
al mismo tiempo dinámicas coyunturales y estructurales, articular las
propuestas de diferentes actores, tanto emergentes como históricos, es el gran
reto para profundizar el ciclo de inestabilidad
política creadora y constructiva abierto en 2015 y todavía no finalizado.
Esto implica construir espacios de encuentro y agendas compartidas entre
sectores: en términos prácticos, significa que la lucha contra la
criminalización y persecución, la defensa del derecho a decidir de las
comunidades (consultas comunitarias), el bien común, la exigencia al Ministerio
Publico de investigación por desvío de ríos, apropiación privada del agua y
otros bienes naturales y comunes (como ejemplos) deben estar en el centro de la
agenda política, además de y junto a la
persecución (en ocasiones excesivamente dilatada, focalizada y efectista) de estructuras
de corrupción); además de y junto a
las reformas inmediatas y de transición a este Estado. Se queda corto un relato
de la crisis y su superación construido solamente con piezas judiciales, voces urbanas
y contenidos institucionales.
Convertir lo históricamente
imposible en realizable
La
propuesta de transformaciones estructurales no es irreal ni maximalista. Se
fundamenta en cuatro presunciones:
a. El reacomodo de mafias, actores criminales
y legales del campo ultraconservador (es decir, el reacomodo del
sector neoliberal militar dominante entre 2012 y 2016) en la Junta Directiva del Congreso,
Corte Suprema de Justicia y otros espacios de poder no resuelve sino profundiza la crisis interna del modelo, que se enlaza
con la crisis sistémica (Yagenova) de la que es síntoma el gobierno de Donald
Trump.
b.
El gatopardismo que cambia para que no
cambie la esencia del modelo, que coquetea sin profundizar con reformas
estructurales y teme al empoderamiento de pueblos indígenas y sectores
populares, gana tiempo para sectores de poder pero claudica ante las contradicciones estructurales y su incapacidad de resolverlas.
c.
El deterioro económico y político-institucional
politizará tarde o temprano a sectores hoy neutrales o neutralizados.
d. Las luchas por el cuidado de la vida y el derecho de decisión imponen un nuevo modelo de organización.
Las
cuatro presunciones amplían la posibilidad de plantear grandes transformaciones, que incluyan las propuestas de pueblos,
comunidades, sectores populares, clase media, sectores urbanos excluidos o
cooptados en la conducción del Estado. Este nuevo y amplio pacto social en
construcción disputa la salida de la
crisis a un nuevo pacto de elites, desde arriba y para los de arriba, o a
la continuación ad infinítum de las disputas intraelitarias que marginan la
agenda popular.
En
este contexto, la variable ruptura se impone a la variable continuidad, frente
a la evidencia histórica que nos enseña que los cambios no son posibles ni
necesarios. Hoy decimos que no hay país y no hay futuro sin cambios estructurales, aunque falta que esta
proyección sea asumida masivamente, más allá de organizaciones populares,
pueblos indígenas y comunidades.
Tenemos
que creérnoslo y actuar en consecuencia: este Estado, esta constitución y esta
forma de organización tienen fecha de caducidad.
