Andrés
Cabanas. Colaboración especial para revista F-6 Cuilapa. 1 de noviembre de 2017
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| Pueblo xinca en Corte de Constitucionalidad |
La
violación de derechos de la población, con la complicidad de un sistema de
falsos controles y falta de regulación estatal, es constante en proyectos
extractivos en toda Guatemala. Minera San Rafael no es la excepción, ya que,
entre otras anomalías, no respetó el derecho de consulta de la población, y
provoca daños en la infraestructura (casas y terrenos rajados), en el medio
ambiente (enfermedades, contaminación) y en general, en la cohesión social
(comunidades divididas, polarización, represión y persecución a dirigentes
comunitarios).
Estas
situaciones están siendo evidenciadas, sin que exista respuesta institucional.
Recientemente, las comunidades denunciaron ante el Ministerio Público que la
Minera continúa operando, a pesar de la suspensión temporal del proyecto
ordenada por la Corte de Constitucionalidad: se ha detectado ingreso de
combustible y transporte de minerales extraídos, por vía terrestre y aérea. Sin
embargo, el Ministerio Público no admite a trámite la protesta comunitaria. Igualmente,
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y
Minas omiten las denuncias sobre contaminación, y admiten informes de impacto
ambiental parcializados y poco rigurosos.
Si
bien la empresa afirma que está promoviendo empleo, riqueza en forma de
servicios y regalías, y oportunidades para la población, los pobladores
resienten las consecuencias negativas de un proyecto destructor y altamente
contaminante. Por ello, las protestas aumentan.
Las
cifras de creación de empleos directos e indirectos (80,000) no son creíbles,
así como tampoco las de regalías (en función de la cifra real de ingresos, que
no es pública). En cualquier caso, el debate no debe ser si la empresa crea
empleos o no, si paga más o menos regalías, sino las consecuencias negativas de
su actuar y las fracturas físicas y sociales que genera.
En la
comunidad más cercana a Minera San Rafael, La Cuchilla, solo permanecen 16
familias de las más de 70 que habitaban inicialmente la zona. Es frecuente
observar casas rajadas por los temblores. Los minerales que se depositan en los
mantos freáticos y se trasladan al agua que se consume y los cultivos, los efectos
de la contaminación para la salud, y la división social, se convierten en
escenarios permanentes.
La
paradoja es esta: la Minera otorga algunos beneficios a corto plazo, que no
compensan la violación de derechos y en general el deterioro natural y social. Cuando
la empresa se vaya, dejará división comunitaria y desastre ambiental.
Ante
esto, la organización comunitaria, la concienciación a quienes todavía no son
conscientes de las consecuencias de la explotación minera, la articulación solidaria
con otras comunidades en Guatemala que viven situaciones similares, la denuncia
nacional e internacional, y las movilizaciones masivas y pacíficas, abren la
posibilidad de detener estos proyectos, y empezar a trabajar por nuevos modelos
políticos y económicos, respetuosos con el medio ambiente y de beneficio para
toda la población.
