La Fiscal General más fuerte y contundente, en sus propias palabras, resulta ser también la más mentirosa, en el sentido estricto de informar con datos falsos, a sabiendas de que lo son.
La Fiscal dijo, en su última presentación pública de 6 de mayo, que el ejecutivo solamente ha presentado 19 denuncias de corrupción (en otro momento de su intervención aportó datos diferentes). Sin embargo, el portal electrónico recientemente inaugurado, Los expedientes de la corrupción, de la Comisión Nacional contra la Corrupción, da cuenta -hasta el 9 de mayo- de más de 80 denuncias desde el 14 de enero, inicio de la administración de Arévalo: 70 en proceso de investigación, 6 desestimadas y 8 en proceso. Además, existen otros casos denunciados por organismos del Estado, instituciones descentralizadas y autónomas, así como municipalidades y particulares (las recientes denuncias del partido político Vos y diputados del mismo).
El tema en sí mismo es grave, porque cualquier funcionario público está obligado a actuar con transparencia y veracidad, y a ofrecer información sin tergiversaciones ni restricciones. La Fiscal, y los asesores cercanos del Ministerio Público que la acompañan frecuentemente, optan por el camino contrario: la ambigüedad, el secreto, la no rendición de cuentas y, la tapa del pomo, el engaño y la mentira.
La exposición, abierta y sin rubor de datos falsos, pretende alimentar la impunidad: no importa lo que hemos hecho o lo que hagamos (robar, ocultar que robamos, acusar a otros porque estamos robando), vamos a salir indemnes. Implica también defenderse atacando, al generar distractores que eluden la problemática central: el escaso avance de casos que involucran a la estructura criminal que protege la Fiscal.
No obstante, parece improbable que la Fiscal, su equipo y otros operadores salgan indemnes de la avalancha de denuncias, legales, sociales y políticas (algunas inevitablemente, nos guste o no, escritas originalmente en inglés), que afectan a sus aliados políticos en la administración anterior y operadores ahora. Paradójicamente, el tiempo corre en contra de ella.
Si en el corto plazo el poderoso sector que apuesta por la cooptación institucional para el beneficio propio y el mantenimiento de privilegios, parece fortalecer sus apoyos (sistema de justicia, congreso, apoyos de un importante sector empresarial, extrema derecha republicana estadounidense…) en el medio plazo (aun en el medio plazo inmediato del cambio de gobierno en Estados Unidos) la presión popular y del ejecutivo por denuncias sin investigación ni resultados acorralará su gestión.
Por añadidura, la inacción o complicidad criminal del MP regresa el debate a su punto medular, el mismo en el que la fiscal se siente incómoda. El debate central no es si un gobierno y un partido (Movimiento Semilla) atacan a la fiscal para encubrir sus irregularidades. No es acerca del choque de poderes. No es, o es más que, el debate sobre la participación del MP en la intentona golpista. Se trata de profundizar y anular el papel de la Fiscalía en el encubrimiento y posiblemente en la participación activa en casos de corrupción para el enriquecimiento espurio.
La Fiscal General emula a su protector-protegido, el expresidente Giammattei, que construyó una gestión de gobierno (o la explicación de la misma) a partir de hechos inexistentes y opiniones sin fundamento. Busca continuar su legado: Giammattei, pese a todas las denuncias públicas en su contra, acabó su mandato, ocupó su curul en el Parlacen, goza de salario de exfuncionario y malgasta el dinero que se robó. El Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación de oficio en su contra y probablemente conserve operadores en el Estado a través de los que seguir acumulando riqueza indebida.
La pregunta es si la historia, y el pueblo en movimiento que hace historia y que durante 2023 se hartó de gobiernos corruptos, autoritarios y embusteros, aguantará durante dos años más un Giammattei 2. La avalancha de comunicados y posicionamientos después de la enésima conferencia de prensa-burla de la Fiscal, y la esperada continuidad de la movilización social (incluida auditoría y denuncias de casos de corrupción) parecen indicar que no.
Andrés Cabanas, 9 de mayo de 2024
