Andrés Cabanas, 29 de junio de 2024
Una paradoja del momento (otra más) es que medio mundo gobierna de facto o pretende hacerlo, especialmente aquellos que no cuentan con mandato ni aceptación popular.
Por partes: el Ministerio Público porfía en anular el proceso electoral y, por lo tanto, en revertir o dificultar la acción del gobierno electo. El Congreso hace lo que viene haciendo los últimos años: absolutamente nada; evita legislar y ejercer su función, porque la inacción favorece el estatus quo y abona a la acumulación de riqueza de los poderes empresariales de siempre y los negocios ilegales. El Poder Judicial continúa siendo voz y voto de ex gobernantes corruptos, a los que ampara (el último, el ministro de 160 millones de valijas, José Luis Benito). La Corte de Constitucionalidad se impone sobre decisiones del poder electoral y del poder legislativo (cancelación de la bancada del Movimiento Semilla) y, para más bemoles, sobre expresiones ciudadanas no reguladas por dicha Corte: intento de sanción moral del desfile del orgullo LGTBIQA+, imponiendo su visión ideológica y su particular visión moral del mundo (en retrospectiva y a raíz de sus resoluciones: anticomunista, antimemoria, antiSemilla, ahora también antidiversidades). La Contraloría General de Cuentas gobierna por default, o quiso gobernar excluyéndose de la fiscalización y el control, eludiendo su obligación de investigar, denunciar, hacer públicas estas denuncias y dar seguimiento a las mismas, especialmente las que afectan a los dos últimos gobiernos, con lo que impide en la práctica la transferencia y alternancia del poder.
Mientras, los encargados de administrar la cosa pública (nos guste o no, con derecho a equivocación y rectificación) no logran arrancar con una gestión eficaz y visible del Estado. El gobierno de Semilla apenas sobrevive al marcar líneas rojas contra la corrupción, sin capacidad por el momento de orientar la acción pública hacia la justicia social: en salud, educación, desnutrición crónica, agricultura familiar o vivienda. Al priorizar una composición técnica del gabinete (con pocas excepciones) su acción se reduce a la gestión de lo que ya existe, obviando que el contexto actual y la correlación de fuerzas obliga a una gestión política muy activa, que estire el mandato y las prácticas tradicionales de las instituciones, y tenga claridad de que este es un momento de transición para la imprescindible transformación de este Estado y el sistema político en su integralidad.
Espacios para la transformación
Sin embargo, los ataques conservadores-corruptos y las arremetidas para recuperar el control del Estado en todos los espacios, pueden tener efectos contrarios a los previstos. La impunidad con que actores de poder burlan obligaciones constitucionales e incumplen derechos mínimos, la tenacidad para limitar espacios de actuación del Ejecutivo, a costa de los derechos de la población, evidencian que con esta institucionalidad (más allá de las instituciones, esta comprensión del Estado como instrumento de acumulación, no como facilitador de derechos y del bien común) no hay avances posibles, no hay posibilidad de disfrute pleno de derechos, de recuperación de una vida digna, y abren nuevos caminos para la transformación estructural y la superación del actual marco legal y constitucional.
La coyuntura así establecida plantea, para organizaciones sociales, comunidades y pueblos organizados, autoridades indígenas y ancestrales, población consciente aunque no regularmente organizada, un doble reto:
1) avanzar en la lucha contra la corrupción y la represión, y la recuperación de condiciones democráticas, tanto en la acción del Estado como en la existencia de libertades de movilización, participación y expresión, todavía muy amenazadas como ejemplifican los ataques a medios de comunicación, defensores del territorio y comunidades organizadas, así como los intentos de limitar el Desfile del Orgullo.
2) fortalecer espacios organizativos y de conciencia social para la transformación estructural del Estado y en general del modelo social y de relaciones para el que este Estado es funcional.
En el primer nivel, la organización social puede apoyar algunas de las acciones del actual gobierno, al tiempo que se distancia críticamente en otras (especialmente las que consolidan un modelo económico extractivista y desarrollista, en el que el actor central son empresas nacionales y transnacionales). En este ámbito, las luchas sociales deben mantener la alerta ante una involución y retroceso en el actual esquema de poder político, con el retorno al control del ejecutivo y otras instituciones del Estado de los actores dominantes en los periodos precedentes, y superar el desgaste que algunas posturas de cercanía con el ejecutivo están provocando.
En el segundo nivel, la organización trabaja para construir correlaciones de fuerzas que, además de comprometerse en una agenda democrática mínima, promuevan una corriente favorable a un nuevo pacto social, que supere el actual modelo económico generador de pobreza e injusticia social, el racismo y el machismo cultural y social, y el Estado construido para perpetuar la injusticia y la discriminación.
Esta disyuntiva obliga a pensar alianzas diversas (tácticas, coyunturales, estratégicas, según propone Domingo Hernández y Asociación Maya Uk’u’x b’e), complementar fuerzas y actorías: las que actúan en el plano institucional (por ejemplo, organismos del Estado o gobernaciones) y las que accionan para la construcción de poderes autónomos, desde el poder de decisión de las comunidades.
La coexistencia y complementariedad de todas estas fuerzas (que presupone el reconocimiento y valoración mutua); la apuesta por una organización que colectivamente articule diferentes expresiones organizativas (en el entendido de que no hay una verdad ni un sector central); la ampliación de la conciencia de la necesidad de superar el modelo actual (trabajar más allá de sectores organizados y convencidos); el fortalecimiento de nuevos referentes (liderazgos) organizativos y formas creativas de lucha, especialmente en sectores juveniles y de mujeres organizadas, los más activos en la historia reciente (que logren superar el agotamiento político y de capacidad de conducción de referentes históricos); la territorialización de las luchas en un país centralista (no solo en la acción del Estado sino en las respuestas sociales a la misma) continúan siendo un gran reto y a la vez una agenda viva para evitar la involución ultraconservadora y continuar impulsando procesos de transformación raizal.
Pudimos accionar en común durante 106 días de levantamiento nacional y plural. Tenemos que seguir intentándolo.
