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| Foto: Marcha Indígena, Campesina y Popular |
Por Andrés Cabanas, 30 de agosto de 2013
La
indiferencia de medios de comunicación y actores político-económicos
ante el asesinato de dos niños en Monte Olivo, Alta Verapaz, revela la estrecha
connivencia entre poderes empresariales, gobernantes y mediadores de opinión,
tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, los silencios
institucionales alientan la impunidad y facilitan que hechos similares, incluso
de mayor gravedad, vuelvan a repetirse.
En el
análisis de los asesinatos de Monte Olivo es necesario tener en cuenta al menos
cuatro elementos estructurales, que rebasan una visión local e individualizada (agresor en estado ebrio quien, de forma casual, comete un
hecho condenable, sin que la empresa y gobernantes tengan responsabilidades).
El primer
elemento contextual ubica los asesinatos como consecuencia de una permanente y
cada vez más agresiva campaña de persecución de las luchas y de los movimientos
en defensa del territorio (en general, de todos los movimientos sociales), a
los que sistemáticamente se acusa de criminales, terroristas, aliados con
actores espurios (narcotráfico y otros), o se deslegitima al pretender que
actúan con desinformación y están cooptados, manipulados, asesorados y
financiados por organizaciones de fuera (de la capital e
internacionales). En el marco de una dictadura
de facto (hipercentralización del poder y gobierno sin apoyo de
la ley) se niegan derechos reconocidos constitucionalmente, entre otros la
libertad de acción (hacer lo que la ley no prohíbe, artículo 5); los derechos
de reunión y manifestación, que no pueden ser restringidos, disminuidos o
coartados (artículo 33); el derecho de asociación (artículo 34); el derecho de
libre emisión del pensamiento (artículo 35); la legitimidad de la resistencia
para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados por la
Constitución (artículo 45); el derecho a la consulta.
Al estar alentada desde el gobierno y las empresas, al ser
replicada por importantes columnistas y medios de comunicación, la campaña
genera un ambiente favorable a la persecución (física) de líderes
comunitarios. Si en algunos momentos de los muy violentos pronunciamientos
promovidos entre otros por la Fundación contra el Terrorismo (nunca rebatidos
por autoridades) nos preguntamos cuándo se pasaría de las declaraciones a los
hechos, la respuesta es que ya estamos en esa fase, y que parecen no existir
límites en la espiral de agresión.
El
segundo elemento analiza los asesinatos en el marco de la violencia estructural
utilizada por las empresas para la implantación de su modelo. Este modelo,
construido al margen de las voluntades comunitarias, de su identidad, historia
y cultura, de su comprensión de la naturaleza como ser vivo y por tanto sujeto
(no objeto a explotar), rompe dinámicas históricas y resquebraja las cohesiones
(ya de por sí amenazadas) comunitarias y territoriales, así como lleva al
límite la capacidad de sobrevivencia de la naturaleza.
A pesar
de que empresas y gobierno insisten en que este modelo supone desarrollo
para todos, se convierte en la práctica en impositivo, excluyente y
violento. Al operar en contextos comunitarios muy adversos, hace imprescindible
el uso de la fuerza, al tiempo que utiliza el diálogo de forma táctica y
complementaria.
El Estado neoliberal extractivista,
oligarca, racista, patriarcal y militar, presente en Monte Olivo
Tercer
elemento: la democracia guatemalteca (siempre en construcción) y la lógica de
la paz (debilitada-extenuada) se resienten ante el empuje de
las empresas, especialmente desde la llegada al poder de los operadores del
proyecto oligárquico-militarista: el equipo de Otto Pérez Molina y el Partido
Patriota.
Las dinámicas colectivas se pliegan ante la pulsión de intereses
individuales y mercantiles, tanto de empresas extranjeras como de negocios
nacionales o, en la mayoría de los casos, interconectados. Los derechos
individuales, sobre todo la propiedad privada y la libre locomoción (en general
todos los derechos y leyes favorables a la inversión privada inconsulta)
dominan sobre los derechos sociales y colectivos.
Sobre
este esquema neoliberal extractivista se superponen en Monte Olivo (y en la mayoría de los conflictos
alrededor de empresas extractivas) las agendas oligarca y racista con sus
correspondientes Estados (Estado neoliberal extractivista, Estado oligarca y
Estado racista, siguiendo al intelectual ecuatoriano Alberto Acosta).
El Estado
neoliberal promueve la mercantilización incondicional de los territorios. El
Estado oligarca considera Guatemala su finca, por lo que no necesita disponer
de permisos para actuar en ella. El Estado racista acepta, asume y relativiza
la agresión sobre poblaciones indígenas (a las que apenas se otorga actoría
social y política). Añadimos que el Estado patriarcal legitima las violencias
sobre los cuerpos de las personas (como instrumento de dominación) y, en la
Guatemala de hoy, se fortalece el componente militarista como medio y como espacio de acumulación y poder en sí mismo.
¿Y la indignación?
En este
clima de mercantilización versus derechos sociales y de los pueblos no tiene cabida la indignación colectiva. “La
lógica de mercado y la política extractivista que se aplica en Guatemala,
llevan implícita la naturalización de una cultura de muerte. Como sociedad
estamos insensibles ante los asesinatos de Hageo Isaac de 13 años y David Estuardo
de 1 años”, afirma la escritora feminista Paula Irene del Cid Vargas.
Se
pregunta el periodista y escritor Miguel Ángel Sandoval: “la muerte por
asesinato de dos niños de la comunidad Monte Olivo, hijos de un líder
comunitario, debería ser motivo para un duelo nacional. Pero también, para ver
con lupa el trabajo de las empresas privadas de seguridad en los llamados
mega-proyectos. ¿Es el reino de la impunidad tolerado?”
Aparente
contradicción: el Estado que busca homogeneizarnos, que nos recuerda que todas
y todos somos guatemaltecos y nos cobija bajo una misma bandera, se olvida en
Monte Olivo de plegar esta bandera en señal de duelo, como mínimo gesto
simbólico. Lo visible es la indiferencia institucional y de todos los actores
de poder.
Sin esperar
otras respuestas oficiales, el reto debe ser la deducción de responsabilidades
en los asesinatos, las materiales y las estructurales-intelectuales,
independientemente de si se puede demostrar o no que la empresa dio la orden de
disparar. Sobre esta cadena de responsabilidades (unas directas, otras
indirectas, unas presentes en el momento de los hechos, otras latentes) debe
ejercerse el seguimiento político y jurídico a los asesinatos de Monte Olivo,
al tiempo que se fortalece la solidaridad entre personas y comunidades, la
exigencia de justicia y la solicitud de resarcimiento a las familias afectadas.
Además,
es fundamental convertir el dolor y la indignación en “unidad de las luchas”,
como propone el dirigente q´eqchi´Melvin Picón, lo que implica la incorporación
de ciudadanía pasiva sin derechos a los procesos de concientización y
movilización.
La
lectura final (cuarto elemento) de lo sucedido en Monte Olivo debe tomar en
cuenta la extrema polarización social (manifestada también en el ejercicio de
la justicia por mano propia contra el agresor). La polarización deriva de la
ofensiva económica violenta de las empresas (falsamente denominada desarrollo y
apoyada en los poderes del estado), que no guarda relación con los intereses y
demandas de las comunidades.
La
reconstrucción, construcción y fortalecimiento de articulaciones entre
organizaciones, comunidades, pueblos y personas en lo individual, alrededor de
la defensa del territorio, la naturaleza y las personas; la defensa en
definitiva de la vida contra todas las formas de violencia y agresiones (sobre
la tierra, los cuerpos, la cultura, la memoria, la historia…) es la garantía
para detener esta ofensiva depredadora y evitar que la conflictividad –y la
historia- se desborden de nuevo.
Nota
El título
del articulo se inspira en el documental Todo el dolor de Monte Olivo,
elaborado por Marcha Indigena, Campesina y Popular.
Relato del asesinato
El día 14
de agosto tres personas particulares, identificándose como supuestos Policías,
llegan al local donde trabaja el líder comunitario David Chen, indicándole que
tienen que capturarlo para presentarlo en el juzgado de Cobán. Sin embargo, al
requerirles la orden judicial, no la muestran e ingresan a la fuerza al
local para someter al líder comunitario y llevárselo secuestrado. Por la
intervención de líderes que en ese momento se percatan de la presencia de
dichas personas no logran su cometido y huyen del lugar.
El
viernes 23 de agosto el señor Guillermo Pacay Bol llega a la casa de habitación
del líder comunitario David Chen preguntando por él. Al darse cuenta que no se
encuentra, intimida al padre y hermano de David Chen con el arma de fuego,
luego acciona el arma y en ese momento causa heridas de gravedad a los niños
Hageo Isaac Maas Guitz quien sufre una herida de bala en la tráquea y al niño
David Estuardo Pacay Maas herido en el cráneo, en estado grave, es trasladado a
la capital al hospital San Juan de Dios. Fallecen los días 27 y 26 de
agosto, respectivamente.
Texto
completo: http://es.scribd.com/doc/163776547/Historia-Monte-Olivo
Referencias
Todo el dolor
de Monte Olivo: http://www.youtube.com/watch?v=aS0depYI7oc
Historia
de Monte Olivo, elaborada por organizaciones sociales: http://es.scribd.com/doc/163776547/Historia-Monte-Olivo
Coordinación
y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej: http://convergenciawaqibkej.wordpress.com
Marcha
Indígena Campesina y Popular: https://www.facebook.com/pages/Marcha-ind%C3%ADgena-campesina-y-popular/207724279334698?fref=ts
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