Los crímenes de Hidralia Energía

- Diputadas europeas denunciarán a Hidralia Energía por "actos criminales en Guatemala"

- Califican a Hidralia de "trama mafiosa y clientelar"

- Denuncian al gobierno de Guatemala por "abusar de la justicia para criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos".

Fuente: http://www.esquerdaunida.org/nacional/movementos-sociais/4155-os-crimes-de-hidralia.html

Traducción del gallego: Andrés Cabanas

Eurodiputada Marina Albiol

La eurodiputada de La Izquierda Plural, Marina Albiol, la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, y el vocero de EU-V, César Santiso, denuncian ante los medios una clara violación de los derechos humanos cometidos por la empresa Hidralia, con sede en A Coruña, como demuestra un informe de la ONG Intermón–Oxfam de diciembre de 2012, que durante años no se hizo publico. 

Esta empresa, Hidralia, cometió reiterados crímenes que comezaron con la utilización de la coacción para conseguir terrenos de campesinos y hacerse con la explotación de la energía hidroeléctrica de la población de Santa Cruz de Barillas (Guatemala).

Este hecho provocó protestas populares duramente reprimidas por la empresa, por ejemplo con la instalación de minas antipersona por todo el perímetro de las obras, como denunció el gobierno local de la población.

Además, el jefe de seguridad de la Empresa y otros trabajadores de seguridad incluso tirotearon a tres vecinos, con resultado de un asesinado y dos heridos graves. Posteriormente el personal de seguridad de la empresa detuvo ilegalmente a nueve personas, sin orden judicial.

Ante el incremento de las protestas y mediante medios opacos, la empresa consiguió que el Gobierno de Guatemala decretara el Estado de Sitio y suspendiera las garantías constitucionales. La propia Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó estas medidas de desproporcionadas y denunció que no se ajustan a los estándares internacionales.

La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, afirma que 

“El Consello de Contas de Galicia confirmó que estamos ante una de las peores tramas político-empresariales de la historia. Presionaremos en el Parlamento para que esta trama mafiosa y clientelar finalice”.

Hidralia pertenece a un entramado de 35 sociedades anónimas vinculadas al sector energético, todas ellas con sede en dos únicos domicilios en A Coruña y pertenecientes a la familia Castro Valdivia. Entre 1999 y 2005 las empresas a nombre de Luís Castro Valdivia, conocido como “el rey del kilovatio gallego” recibieron concesiones para explotar nueve  minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos en Galicia. Durante ese período su cuñado, Ramón Ordás, ocupaba el cargo de Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas en la Xunta de Galicia. En marzo de 2007 ambos fueron denunciados e imputados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un triple delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La empresa comenzó a poner en venta parte de los más de 95 MW de potencia instalada, trasladando su actividad empresarial a Guatemala, donde se estableció en 2008.

La eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, llevará el caso ante la Comisión Europea, para que se interrogue al gobierno de Guatemala sobre la impunidad de los actos criminales, concretamente delante de la Alta Representante de la CE para Asuntos Exteriores. Afirman las eurodiputadas: 

“El Gobierno de Guatemala está abusando de la justicia para criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos, pero la responsabilidad no es solamente del gobierno de Guatemala, estamos hablando de una empresa gallega. Al Gobierno del Estado también hay que exigirle que nuestras empresas no actúen en el exterior violando los Derechos Humanos e incumpliendo la legislación internacional” .

http://memorialguatemala.blogspot.com/p/hidro-santa-cruz-y-la-implantacion.html

Monte Olivo contra el desarrollo violento

Andrés Cabanas, 20 de agosto de 2014
La conflictividad en Monte Olivo y comunidades q´eqchi´ [1] es consecuencia de la implantación violenta de un modelo de desarrollo, a costa de los derechos y la decisión de las comunidades.

Oficialmente, este modelo garantiza beneficios para todos, a partir de la atracción de inversiones extranjeras y de la promoción de una buena imagen de Guatemala (Presidente Otto Pérez Molina, programa De frente con el Presidente, 19 de agosto 2014). 

En realidad, el desarrollo propuesto por gobierno y empresas tiene como objetivo la acumulación y concentración de riqueza (sin importar el costo) y como estrategia la anulación (violenta) del debate y la oposición. La imposición genera rechazo y deriva en conflictos intensos.

Se denomina desarrollo pero se concreta en:

Acumulación y concentración

Implica la búsqueda de ganancias a partir de la explotación en cualquier ámbito o espacio vital (subsuelo, aire, agua, semillas), y la hiperconcentración de beneficios en un grupo reducido de familias (el gobierno del 0.001% de la población, según análisis de Transnacional Institute). 

Décadas de inversión extranjera y privilegios (por ejemplo, las exenciones fiscales derivadas de la protección a zonas francas y maquilas) no se han concretado en mejoría de indicadores sociales: desnutrición crónica, muerte materna, violencia y otros, especialmente en zonas cercanas a grandes proyectos de inversión (como Chixoy). 

Estado a favor de las empresas: dictadura proempresarial

Se construyen una legalidad e institucionalidad discriminadoras a favor de las empresas: legislación con dedicatorias (Tigo, Monsanto, Trecsa); creación de circunscripciones especiales donde las empresas pueden reducir el salario mínimo; orientación de las políticas de Seguridad y los ministerios de Gobernación y Defensa a la persecución de la resistencia. Cuando es necesario, se incumplen leyes.

Se fortalece un poder autoritario, por ejemplo a través de Estados de Sitio o de la centralización de decisiones para implantar proyectos.

Prácticas corporativas: manipulación y violencia

Las empresas utilizan, de forma simultánea, prácticas de convencimiento y cooptación (ofrecimiento de proyectos y beneficios individuales) y acciones de persecución y represión (denuncias a líderes; conformación de guardias privadas...). No son unas u otras, sino la complementariedad de las mismas.

Desarrollo sin libertades

Se reducen derechos, sobre todo, el derecho a la consulta y decisión de las comunidades. Esta reducción configura una visión de democracia excluyente y poco participativa.

Uso estructural de la fuerza

Numerosos proyectos empresariales ejercen la violencia para imponerse: física, jurídica, institucional, privada, legal o ilegal. La violencia se justifica por la oposición criminal, minoritaria y manipulada (según gobierno, empresarios y medios de comunicación) de las comunidades a proyectos de desarrollo que son de beneficio para todos.

Nueva vida colectiva frente a desarrollo violento

Este modelo mercantiliza la vida (todo se convierte en objeto de venta), individualiza las relaciones sociales y contribuye a confomar una institucionalidad política autoritaria (que desconoce leyes y derechos, al tiempo que reprime).

Lo podemos caracterizar como desarrollo violento, en la acepción de violencia como aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia (Diccionario Real Academia Española de la Lengua). Es también violento en sus consecuencias: desplaza, excluye y destruye.

Inserto en una dinámica de implantación de un modelo de desarrollo, Monte Olivo no es un caso aislado. Apunta tendencias para una nueva fase de violencia en otros territorios, al tiempo que convoca a la solidaridad: defender formas de resistencia que son nuevos modos de vida antimercantiles y antiautoritarios, construidos desde lo colectivo, para una nueva existencia sin explotación ni violencias.

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[i] Ver Contexto en www.cmiguate.org y http://pt.scribd.com/collections/4438684/Monte-Olivo-contra-Hidro-Santa.


Otras referencias





Acumulación y agresión: la captura de los ciclos vitales en el territorio de Guatemala

Andrés Cabanas, 17 de agosto de 2014

En el ensayo Capitalismo camaleón. Geopolítica de captura de los ciclos vitales, el boliviano Raúl Prada Alcoreza plantea que “El imperio, el orden de poder mundial, se propone una nueva era de ocupación, captura y dominio sobre los cuerpos y sus ciclos vitales (…) una nueva forma de conquista y colonización”.

Esta renovada etapa persigue el dominio, para su conversión en mercancía, de todos los bienes existentes. Opera a partir del abuso del poder político y la persecución violenta de personas, organizaciones y comunidades. Se concreta – añade Prada Alcoreza-,  en el control de "territorios, cuerpos y mentes".

En Guatemala, la recién sancionada Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales es parte de esta ofensiva (privatización del origen de la vida y los conocimientos colectivos y ancestrales[i]). Asimismo, el interminable ciclo de violencia contra las mujeres (como base del control para la acumulación y reproducción del sistema); la exploración de nuevos e ilimitados negocios, sin importar el costo ambiental o humano; las amenazas de privatización del agua; la legitimación social del autoritarismo; la construcción de un orden social y político malthusiano, basado en la primacía de los derechos mercantiles y en la imposición violenta.  

Con crudeza, los objetivos de la agresión están definidos y las estrategias son claras: utilización simultánea de la ley y el garrote; autoritarismo (dictadura) todavía bajo formalidad democrática; disolución de una idea consensuada de país (que explica el rápido deterioro de valores); mercantilización de los corazones y las conciencias; saturación de violencia.

La ofensiva para viabilizar proyectos económicos es brutal y no desmaya: miles de perseguidos, centenares de personas con orden de captura, presos políticos y asesinados. Solamente en tres días de agosto, la represión operada institucionalmente ha provocado –en territorio q´eqchi´de Alta Verapaz- dos personas asesinadas, aproximadamente 30 capturadas, terror generalizado, con desplazamiento de población[ii].

Destrucción o reconstitución

La captura de los ciclos vitales va más allá de la (histórica) explotación de la fuerza de trabajo, del pago de tributos, de los encomenderos y la encomienda. No es un proceso completamente nuevo, pero su envergadura y voluntad totalizadora le confieren un carácter de "dominio de espectro completo" (Ana Esther Ceceña), que incluye el sentido y el destino de la vida. 

Parece obvio que esta ofensiva no se va a detener por sí misma: es una Ofensiva final, ejemplificada en la maximización de utilización de la fuerza en Monte Olivo, Alta Verapaz. Tras ella solo parecen asomar la Destrucción o la Reconstitución (que planteo, siguiendo a Asociación Maya Uk´u´x B´e,  como proceso simultáneo de reconstrucción del pasado y construcción de nuevas propuestas).

El esfuerzo de las luchas sociales no debe detenerse, entonces, en la reacción o el lamento ante cada una de las fases de esta ofensiva y guerra total. Se trata de detener la espiral destructiva, construyendo propuestas que disputen y promuevan otros sentidos:

economía para la vida y no para el beneficio de unos pocos;

relaciones de solidaridad, colaboración y afecto entre personas y naturaleza, en vez de relaciones de dominio y poder;

desmercantilización de la cotidianidad y las mentes;

promoción de democracias comunitarias.

Estas y otras propuestas (refundación del Estado hacia la plurinacionalidad, o  la construcción de una nueva organización social y política) fueron discutidas en el IV Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones desarrollado el 7, 8 y 9 de agosto, así como en otros espacios: Consejo de los Pueblos, comunidades en resistencia…

Los retos son complejos, no sólo por la envergadura del proyecto de dominación y sus lógicas vigentes de tierra arrasada, sino por la debilidad del proyecto de reconstitución de una lógica de vida: las "causas internas de nuestra actual derrota" (parafraseando a Manuel Galich).

La reconstitución sólo puede hacerse desde la articulación de esfuerzos y proyectos, con la incorporación de sectores hoy indiferentes o enojados sin propuesta (en estado de "furia contenida", según análisis cualitativos recientes realizados por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IPNUSAC; sectores mayoritarios, afirma este Instituto).

La reconstitución se consolida a partir de la continuidad ética, innegociable, entre discursos y prácticas, entre la acción íntima y la propuesta pública (por ejemplo, el compromiso de cero tolerancia con la violencia hacia las mujeres, nunca explicitado por las organizaciones sociales).

La reconstitución debe confrontar dialécticamente el Código y propuesta de Vida (Isabel Rauber) con el código muerte, que conlleva su propia zona de beneficio y confort (consumismo, sentido de pertenencia e identidad a partir de la posesión acumulativa, expresados en el modelo de desarrollo vigente). Así, el Código Vida no va a masificarse sin debate, sin esfuerzo.  

La reconstitución implica argumentación, diálogo, disensos y consensos, convencimiento, construcción colectiva de ese nuevo Código, no la exposición de un decálogo prefabricado de una nueva vida.

La reconstitución se fortalece si abandonamos la reactividad de las protestas (que esconde a menudo los vacíos de la argumentación), para fundamentar y complejizar el debate y las propuestas.

La reconstitución constituye apuestas de futuro y compromisos para el hoy; implica cambios institucionales y personales, planteamientos públicos, privados e íntimos. Sueños y guía de actuación cotidiana.

A la captura de ciclos vitales se responde con la defensa y preservación de los mismos. A la dominación de espectro completo, con estrategias integrales de defensa, construcción y articulación. La reconstitución precisa, así, de acciones concretas y de cambios organizativos inaplazables, que permitan transitar de visiones y actuaciones fragmentadas, defensivas, aisladas, sectarias y competitivas, a una acción colectiva, diversa y complementaria, para la disputa del poder.

¿Estamos preparadxs para el reto?

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[i] Ver el documentado análisis de Mario Rodriguez enhttp://ciidgt.org/boletin/wp-content/uploads/2014/08/art%C3%ADculo-UPOV-Mario-Rodr%C3%ADguez.pdf

[ii] http://cmiguate.org/comunicado-de-comunidades-y-organizaciones-sociales-de-las-verapaces-ante-la-represion-en-monte-olivo/

Cuatro escenas de un país en disputa

 1 Los derechos están de vuelta

El gobierno de Guatemala es, por momentos, caricatura de sí mismo: reconoce la libertad de expresión a los periodistas y la restringe a los ciudadanos (acusaciones a Daniel Pascual). Pero no cesa el ataque contra los primeros, por sobrepasar límites de la libertad de expresión (persecución a José Rubén Zamora y Francisca Grijalva[i]).

Argumenta hechos inexistentes (acciones de resistencia dirigidas por extranjeros). Acusa de forma reiterada y peligrosa a comunidades, organizaciones y líderes (persiguiéndolos penalmente). Atribuye injerencia y acciones violentas a los estandartes de la neutralidad (Proyecto Brigadas de Paz, PBI). 

Si rectifica, lo hace parcialmente, más por el grave error político cometido que por convicción, y en la rectificación está explícita, de nuevo, la falsedad: según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Guatemala, las autoridades guatemaltecas reiteran el reconocimiento a la importante labor que realizan en el país las personas, grupos y organizaciones nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y la contribución que hacen al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho (comunicado 10 de julio). Lo reiterativo, no obstante, es la deslegitimación y acusaciones a organizaciones, y la restricción de derechos.

La marcha atrás en la expulsión de dos voluntarios de PBI es una excelente noticia para la democracia y el ejercicio de derechos, pero no implica, por sí misma, el fin de la persecución política (sobre la que se funda el proyecto de dominación). Es significativo que ningún funcionario responda por la catarata de acusaciones a organizaciones: el Presidente de la República, connotado criminalizador de las resistencias (por ejemplo, en Santa Cruz Barillas y San José del Golfo) ofrece el silencio como respuesta.

La disyuntiva no está resuelta: dictadura militar pro empresarial o democracia de los pueblos.

2 De temblores y mentiras

El terremoto del 7 de julio de 2014, especialmente sensible y dañino en San Marcos y Occidente de Guatemala, es reflejo del ocurrido el 7 de noviembre de 2012. Refleja la vulnerabilidad ambiental. Evidencia la desprotección social y política: un Estado constituido a espaldas de o contra la ciudadanía. Desnuda, de forma radical, la corrupción institucionalizada: el reflejo regresa a su lugar y encuentra casas (construidas después de noviembre de 2012) rajadas o destruidas, obras sobrevaloradas, promesas incumplidas.

La anécdota es la edificación de casas “tipo Baldetti”: el Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, denominó así uno de los modelos, nombre retirado a solicitud de la Vicepresidencia. La realidad son los cientos de obras mal hechas y los proyectos pendientes de ejecutar (denuncias de la población), a pesar de que, el 24 de diciembre 2013, el Presidente Otto Pérez Molina considera “culminada” la tarea:

"La reconstrucción está terminada en San Marcos (…) estamos cumpliendo con lo que prometimos queríamos que tuvieran una casa segura para estas fechas, nuestro compromiso fue hecho realidad". (Información oficial del Plan Nacional de Reconstrucción en San Marcos, Guatemala en la siguiente dirección: http://reliefweb.int/report/guatemala/culmina-plan-nacional-de-reconstrucci-n-en-san-marcos-)

La realidad es la mentira institucionalizada y la burda justificación de la incapacidad gubernamental. El viernes 9 de julio de 2014 el Presidente de la República sostiene que solamente una casa de las casas construidas pos terremoto está dañada, mientras El Periódico recuenta más de 600.

Después del terremoto de 2012, el gobierno decreta el Estado de Calamidad; militariza la reconstrucción, al otorgar al Ejército un papel protagónico en la misma; establece para el efecto el Comité de Reconstrucción Nacional, con lo cual institucionaliza mecanismos para una ejecución expedita, a la vez que opaca, arbitraria y discrecional, distintivos de este gobierno… 

Hoy, se propone idéntica medida, ejecutada por los mismos actores y una lógica política común: la reconstrucción, como la institucionalidad, orientada al negocio (económico y político); un Estado que no atiende necesidades y derechos, sino beneficios particulares; la sociedad militarizada; las víctimas olvidadas; la realidad distorsionada, sin rubor, ante la estupefacción y la parálisis de la sociedad…

Entonces, en San Pedro Sacatepéquez…

3 La bala que dispara la impunidad

La empresa de seguridad, la farmacia que la contrata, y el guardia privado que asesina a Patricia Samayoa el 4 de julio, no fueron regulados, controlados ni fiscalizados por el Ministerio de Gobernación y autoridades correspondientes.

Según las primeras informaciones recabadas por familia de Patricia y periodistas, la empresa había sido sancionada de forma reiterada, por incumplir leyes y reglamentos; el empleado carecía de capacitación técnica y en derechos humanos (obligatoria); más de 200 armas registradas por la empresa están desaparecidas... todo ello, con el conocimiento (y la indiferencia) del Ministerio de Gobernación.

En este caso, el Estado de Guatemala incumple sus obligaciones de control, establecidas en diferentes leyes:
   

• los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República indican que El Estado de Guatemala se organiza para proteger a las personas y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, siendo deber del Estado, además, garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
• la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, determina como atribución de los Ministros, Ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley (artículo 27, numeral C).
• el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC), en el numeral 32, indica que el Gobierno se compromete a Promover una ley que regulara el funcionamiento y los alcances de la empresas, con miras a supervisar su actuación y la profesionalidad de su personal, y asegurar que las empresas y sus empleados se limitaran al ámbito de actuación que les corresponde, bajo el control de la Policía Nacional Civil.
• el Decreto 52-2010, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada, atribuye a la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Ministerio de Defensa) la posibilidad de Supervisar la tenencia y portación de armas de fuego, e instala  la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Ministerio de Gobernación), con la misión de regular el adecuado registro, control y fiscalización de los servicios de seguridad privada, así como el desarrollo técnico y capacitación profesional de las personas y entidades que presten tales servicios, con seguridad, confianza, eficiencia y en armonía con el conjunto de la seguridad pública y la seguridad ciudadana.

La bala disparada a bocajarro contra Patricia Samayoa, sin mediar palabra ni alarma ni motivo, en la tarde noche del jueves 4 de julio, lleva la marca de la indiferencia institucional, o la complacencia de un Estado que privatiza la seguridad (mercantilización) y promueve la violencia como instrumento para el control social.

4 Fisuras del poder autoritario

El proyecto político-empresarial de corte militar-autoritario controla instituciones, impone leyes sin discusión, amaga con desconocer la Constitución, considera los derechos como obstáculos al desarrollo y a sus defensores como oportunistas-demagogos-manipulados-ignorantes-criminales, condiciona la cotidianidad (homogeneidad de pensamiento por ejemplo durante el Mundial de fútbol) para intentar proyectarse como poder absoluto.

Las resistencias comunitarias, pese a la persecución brutal; la reivindicación de la vigencia de derechos y de la idea original de democracia; el descontento creciente frente a la incapacidad y corrupción gubernamental (expresado en San Pedro Sacatepéquez); el retroceso en la aplicación de medidas penalizadoras para extranjeros; la suspensión de once organizaciones políticas (por campaña electoral anticipada); las contradicciones internas de actores del capital... advierten fisuras (y temores) en la implantación de este modelo.

Se trata ahora de:

1. aglutinar las diferentes indignaciones, que provienen no solo de sectores populares organizados, sino de propuestas de regeneración ética, 
2. identificar mínimos comunes, 
3. reivindicar de forma conjunta lo que nunca hemos tenido, y paradójicamente, estamos perdiendo: todos los derechos, en un marco –dice Boaventura de Sousa Santos- de construcción de democracia ampliada y sin fin.

El país está en disputa: democracia de los pueblos en vez de la vigente dictadura miltar pro empresarial.

Andrés Cabanas, 15 de julio de 2014

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[i] Más información en http://www.memorialguatemala.blogspot.com/p/si-la-democracia-lerecortan-derechos.html, Gobierno patriota y represión.

Democracia de los pueblos frente al gobierno sin derechos

Andrés Cabanas, 7 de julio de 2014

Aniversario consulta comunitaria en Santa Bárbara, Huehuetenango

Si a la democracia le recortan derechos, acuerdos y la expresión de la voluntad de las mayorías, queda esto: la arbitrariedad como norma, la violencia como conducta, la exclusión como proyecto.

Queda el actual gobierno/esquema de poder en Guatemala, caracterizado por el debilitamiento del Estado (vacío de recursos, autoridad y legitimidad); la supeditación de instituciones y leyes al dictado de las empresas (gobernabilidad empresarial); la estigmatización de la demanda y defensa de derechos; la persecución final (o ustedes o nosotros) de la organización social. La política se vuelve puramente discrecional: incumplimiento de leyes, carencia de procedimientos, vulneración de autonomía de instituciones, supeditación a la arbitrariedad del Presidente y cualquier grupo económico. 

La democracia formal es sustituida por un acentuado autoritarismo político. La Constitución de 1985, y el marco legal e institucional de ella derivada, no son hoy totalmente funcionales a las necesidades de acumulación: cada vez más actores coquetean con proyectos políticos formal y marcadamente autoritarios, sin concesiones a la democracia representativa. Se promueven, así, reformas o rupturas constitucionales para la constitucionalización de la soberanía de las minorías (Álvaro Velásquez), con líneas de identidad claras: 

reducción de derechos colectivos (subordinación de los Convenios Internacionales, entre otros el Convenio 169, a la legislación nacional);

reducción del papel del Estado a la salvaguarda de la certeza jurídica de las inversiones (para impulsar un modelo determinado de desarrollo);

consideración de todos los bienes naturales como susceptibles de mercantilización: 

privatización ilimitada: del subsuelo, propuesta entre otros por el CIEN; del mar, propuesta por la Universidad Marroquín; 

ampliación del periodo del actual ejecutivo, para fortalecer el proyecto oligárquico-militar;

control institucional.

Las leyes económicas, aprobadas por el Congreso o en discusión, avanzan en el mismo sentido: amplían exenciones fiscales e impunidad para empresas (propuesta de Ley de inversiones y empleo); subordinan (en su dinámica de aprobación) a las instituciones; tipifican la protesta social como delito (Ley Tigo, propuesta de Ley de servidumbres de transmisión eléctrica). Las leyes construyen por sí mismas un nuevo pacto político y económico, que garantiza el actual modelo de acumulación a costa de la pulverización de derechos, de forma contundente y a veces inadvertida. Por ello las diferentes propuestas de reforma constitucional, incluido el intento de ampliación de periodo presidencial, son estratégicas: van más allá de tácticas de ensayo y error, o distractores. 

El nuevo marco constitucional, en construcción, implica acuerdos entre actores: economía criminal, transnacionales, economía emergente, ejército, oligarquía, gobierno (los acuerdos no excluyen disputas por el control de negocios y el poder político). Es a la vez continuidad y adecuación del pacto histórico Oligarquía-Ejército, en momentos en que éste tiene poder económico autónomo y por tanto exige mayores cuotas de decisión. La presencia protagónica del Ejército confiere a este momento una inequívoca identidad autoritaria.

Democracia de los pueblos

Lo que en teoría tenemos: posibilidad de elegir a través de partidos, división de poderes, vigencia formal de derechos. Lo que vivimos: dictadura cívico militar, proyecto neoliberal militarista, gobierno de las corporaciones… Se juega a la decisión electoral mientras se apuesta por la ruptura autoritaria.

La política se empequeñece y nos empequeñece: un Presidente de muy limitados recursos opina de todo y contra todo; los partidos políticos acentúan su identidad de empresas y sus intereses de corto plazo; las instituciones autónomas son el trampolín para el enriquecimiento. La falta de cuidado de la vida (asesinato común de Patricia Samayoa como consecuencia de la crisis política estructural), la homogeneización y simplificación del pensamiento (el Mundial de fútbol como catalizador), la pérdida de valores (multiplicación de la corrupción institucionalizada), la extrema individualización (abandono de proyectos y derechos colectivos), los ataques a mensajeros que portan otros mensajes (expulsión de dos voluntarios de Brigadas de Paz, juicio contra Daniel Pascual) fortalecen este poder autoritario, en medio de la pasividad y la atonía.

El reto, para todxs, es mantener la convicción democrática en esta acelerada descomposición autoritaria y pro militar: la utopía de la construcción y ampliación de una democracia concebida desde los derechos y no desde los negocios; la legitimación de la organización y la participación en vez de la represión; el gobierno de los pueblos y no de los caprichos. La apuesta inequívoca por la transformación pacífica frente a la legitimación de la violencia (por tanto, de la imposición y la exclusión).

El reto es, además, articular de forma plural los espacios de protesta y propuesta (recreados desde pueblos indígenas, movimiento de mujeres y feminista, movimiento de jóvenes, luchas sociales y otros), a partir de miradas integrales, para un nuevo ejercicio del poder.