Aprender y practicar un idioma indigena

Jantape' k'o chi yojtzijon, yojsik'in, yojetz'an pa jun maya' ch'ab'äl (chuqa' xinka, garinaru). Röj qonojel k'o chi nqetamaj chuqa' nqakusaj ri nab'ey taq ch'ab'ál richin Chi Iximulew.

El desinterés institucional por la revitalización de los idiomas mayas no oculta la inacción social, especialmente de la población organizada, para que los idiomas mayas (también el xinka y el garífuna) sean parte de la vida diaria de todas y todos. 

La insuficiente y mal aplicada educación bilingüe, el papel testimonial de la Academia de Lenguas Mayas, la falta de desarrollo de medios de comunicación y el nulo apoyo a literatura, cine, investigación y divulgación de pensamiento en idiomas mayas, la no prestación de bienes y servicios públicos en idiomas indígenas son deberes del Estado guatemalteco, en prácticamente todos los aspectos que mandata la Ley de idiomas nacionales, Decreto 19-2003.  Pero el aprendizaje de al menos un idioma maya y su práctica constante por parte de personas individuales o colectivos organizados es una responsabilidad colectiva, poco o nada desarrollada. 

Si un idioma es -además de la articulación ordenada de signos- una forma de sentir, ver, entender y actuar en el mundo, su ausencia (en este caso, la ausencia de su comprensión y práctica) implica la negación o invisibilización de las otras formas de estar en este país llamado Guatemala, las que representan 22 idiomas mayas, el garífuna y el xinka. Implica también asumir posiciones hegemónicas, ya que en la práctica el español se convierte en lengua franca para la relación intercultural (entre pueblos) y los idiomas indígenas se usan nunca o de forma residual.   

El reconocimiento folclórico de costumbres, indumentaria o expresiones artísticas, o el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en gestas recientes (defensa de la decisión del pueblo, 2023) y, en general, de sus propuestas para la defensa de la naturaleza amenazada, tienen que avanzar hacia la asunción -de asumir- de los idiomas y cosmovisiones indígenas como parte fundante y fundamental en la construcción (hoy reconstrucción/refundación necesaria de una colectividad despojada de sus derechos y atacada en su identidad) de este intento de país.

Los idiomas de los pueblos indígenas son idiomas de todas y todos. 

Post comitia

El resultado de las elecciones en el Colegio de Notarios y Abogados de Guatemala (CANG) revela una apuesta por la dignificación del servicio público (más allá de la profesión de abogado) y la recuperación de ese servicio para el bien común, después de años de saqueo desvergonzado. 

Lo anterior indica, además, que la lucha contra la corrupción y, en positivo, la demanda de honradez y ética de servidores públicos (y de todos aquellos vinculados al manejo de recursos y poder en instituciones del Estado) continúa siendo prioridad ciudadana. El hartazgo frente a la corrupción descarada es mayoritario, a pesar de la desmovilización social y la debilidad de la fiscalización y denuncia, especialmente en territorios empobrecidos, en los que las redes criminales aprovechan las condiciones de sobrevivencia para negociar su poder. 

El Ministerio Público y otros promotores de la impunidad reciben un mensaje ciudadano, que seguramente desoirán u oirán a medidas, acostumbrados como están a concebir la acción pública como instrumento para garantizar privilegios y como festín y algarabía de elites. Este es precisamente el mensaje de fondo de las elecciones: no más política y políticos en contra, al margen o por encima de la demanda social de manejo honesto de recursos, en beneficio de los derechos de la población. 

Una lectura complementaria de este proceso, independientemente del resultado en segunda vuelta, es que el combate contra la corrupción tiene la capacidad de congregar a personas, organizaciones, sectores, territorios e ideologías diversas, a la vez que propuestas articuladas, construidas con lógicas de consenso y pluralismo, y con visible renovación de formas organizativas y rostros (especialmente juventudes y mujeres) convocan y motivan con mayor fuerza, incluso a población no organizada.  

Continuidad o transición

Guatemala es eso que no sucede entre una y otra actuación del Ministerio Público, institución que continúa  marcando el rumbo de la agenda política y las conversaciones sociales, al igual que lo hacen -con formas diferentes- los empresarios articulados en CACIF,  integrantes del sistema de justicia, o los Marcos Rubio de turno.

El Gobierno tiene responsabilidad en esta situación. Podemos exigirle mayor compromiso y fuerza en el desmantelamiento de las estructuras de corrupción (sin negociar estabilidad a cambio de manejo opaco de presupuesto, especialmente en el Congreso de los diputados y el Sistema de Consejos de Desarrollo), así como una gestión política (no meramente técnica o continuista) de las instituciones y el presupuesto, que avance al menos en una concepción de Estado garantista y promotor de derechos mínimos.

Existe además responsabilidad social en el estancamiento que percibimos, ya que la notable división de acciones y a veces visiones de organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas y diferentes liderazgos, impide lecturas conjuntas y complejas del contexto, y construcción de estrategias de lucha complementarias (no necesariamente equivalentes) en el corto, medio y largo plazo.

Los esfuerzos de resistencia, oposición, organización, incidencia y en algunos casos participación activa en instancias del Estado, no logran confluir y generar una ruta de transformación. La permanencia en muchas organizaciones de una cultura política marcadamente competencial (agudizada por el inicio de la disputa electoral), que implica exclusión y parece regocijarse con los fracasos de los otros; la falta de renovación de espacios y formas de toma de decisión; la preeminencia de la decisión del líder o dirigente sobre las bases o comunidades; la presencia todavía irrelevante de juventudes (por tanto de renovación de visiones) en muchas organizaciones históricas referenciales; el predominio de estrategias hacia dentro (que refuerzan la identidad y cohesión grupales pero son débiles en su capacidad de articular grandes mayorías sociales no organizadas) continúan siendo déficits que dificultan necesarios esfuerzos y llamamientos para acciones comunes.

Por fin, la baja participación de la mayoría de la sociedad, concentrada en la sobrevivencia pero también carente de referentes legitimados de acción política transformadora y de visiones estratégicas de país, es terreno abonado para la impunidad, el rearme del pacto de corruptos y la continuación de estructuras de exclusión e imposición.

El peligro es que este momento coyuntural, en el que el actual gobierno no es el gobierno de los pueblos pero tampoco es el gobierno preferido por las elites y los corruptos (históricamente voraces y partidarios del ejercicio absoluto del poder, incluyendo el simbólico) deje de ser un momento de transición y se convierta en un momento de continuidad de los poderes tradicionales.

Si concebimos el ahora como momento de transición, los  esfuerzos sociales podrían dirigirse a la renovación del proyecto estratégico y las formas de organización, y su ampliación (concienciación, sensibilización, diálogo) con la sociedad no organizada pero con capacidad de indignación y de movilización (levantamiento nacional), mientras los espacios institucionales pueden ser utilizadas para alejar la amenaza de la represión y incrementar el ejercicio de derechos sociales, culturales y sobre todo económicos, en un país que enfrenta carencias inaplazables. Cómo se conjugan estas dos dinámicas (inmediata y estratégica) es precisamente el quid de la cuestión que puede abordarse, sí y sólo sí, en el marco de diálogos entre diferentes actores del movimiento, con prácticas renovadas de escucha y respeto, así como ejercicios de toma de decisión horizontal y construcción colectiva.