Los pueblos que suben a un cerro y bajan de una montaña

2 de octubre, 23-24

Si recordar es volver a vivir, a partir de este 2 de octubre corresponde -durante 106 días y en estricto orden cronológico- revivir los encuentros, los reconocimientos, los sueños y las épicas (aún incompletas) del levantamiento indígena 2023 (Yakatejem).

Rememoramos un paro que no fue un paro más: lleno de dignidad y razones pero parcial en cuanto a territorios y sectores involucrados, derrotado mediáticamente por el discurso contra “bloqueos”, limitado en el tiempo a medio o un día de duración, como la mayoría de movilizaciones convocadas desde 2015. Por el contrario, la reserva moral y organizativa, la fortaleza surgida de la indignación y la convicción de las comunidades, convirtieron una movilización focalizada en la sede del Ministerio Público con demandas muy específicas, en ejercicio de afirmación de autodeterminación de los pueblos, que introdujo las demandas, la cultura, la cosmovisión de los pueblos y sus formas de organización y decisión en los diálogos políticos y sociales, articuló -aunque brevemente- ciudades y pueblos, y situó a los pueblos originarios en el centro del poder político, entendido como poder propio de decisión (todavía embrionario y en construcción).

El dos de octubre y siguientes días fueron más allá de una manifestación contemporánea de oposición a un sistema de organización y relaciones (valores) fundado en la imposición, la exclusión, el bienestar personal como objetivo y el individualista sálvese quien pueda como modo de vida, construido sobre múltiples violencias estructurales y cotidianas. Durante el levantamiento, in crescendo, el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarcó las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.

Pudimos descubrir que eran posibles, porque estaban vigentes, otras formas de hacer política, así como de organización y resistencia social, sin repetir modelos verticales de toma de decisión y sin liderazgos indiscutidos.

Conocimos de primera mano formas diferentes de acción colectiva, basadas en la escucha, el diálogo, el consenso, la decisión colectiva, el reconocimiento de la validez de otras propuestas, el alejamiento del sectarismo y creer que yo tengo la única verdad.

De todo esto, y de mucho más que empezamos a recordar, va entonces el esfuerzo inevitable de la memoria. Tenemos también que revivir incertezas, miedos, tensiones, contradicciones y, por qué no decirlo, incomprensiones y desconfianzas alrededor de las nuevas fuerzas o las fuerzas ancestrales renovadas en disputa con el Estado.

Que tire la primera piedra quien, en el fragor de aquellas largas horas, no manifestó o sintió recelo sobre el papel protagónico de pueblos y comunidades, invisibilizados en la historia oficial y reducidos en el relato de la resistencia al papel de acompañantes del sujeto político central, que viene siendo urbano, mestizo, hombre, obrero, intelectual y/o estudiante.

¿Cuántas y cuántas no participamos en reuniones y asistimos a debates que comenzaban cuestionando la ingenuidad, la falta de experiencia, la escasa cintura política de los dirigentes comunitarios?

¿Quiénes no queríamos reconocer el papel protagónico de mujeres y juventud, con nuevas demandas y en reclamo de otros espacios y maneras de decisión, negándonos a admitir la presencia activa de una nueva generación, al fin en un nuevo ciclo político?

La memoria: sueños y recelos. Puertas que se abren y portazos que nos dan. Viejo orden y viejo desorden de las luchas que se niegan a desmontarse, mientras la nueva organización se construye de forma compleja. Lo avanzado y lo que no se logra. 

No dejamos de reconocer las limitaciones del ejercicio del poder de los pueblos, los riesgos de cooptación, el reacomodo de actores que recuperan parte o todo su poder, la complejidad de una transición difícilmente reemplazable y al mismo tiempo estructuralmente limitada.

Pero, recordemos: el 2 de octubre los pueblos originarios comenzaron a  escalar un cerro. Ciento seis días después descendieron, con mayor dignidad, de una gran montaña.


La debilidad del uso de la fuerza

La detención de la directora del Instituto de la Víctima, ex diputada e integrante destacada de Movimiento Semilla, es a la vez exhibición de fuerza y manifestación de debilidad del Ministerio Público. 


Es demostración de fuerza por parte de las autoridades del MP, ya que con ella perseveran en su estrategia de debilitar el actual gobierno y el partido Movimiento Semilla, y en el intento de cuestionar el sistema electoral y la legitimidad de los resultados que dieron la victoria a Bernardo Arévalo hace un año. Con ello también dicen sin decir que cuentan con suficientes e importantes apoyos externos (institucionales en la CC, operadores en el Congreso, municipalidades y otros, así como empresariales) para perseverar en esta estrategia. Un problema, otro más, es cuando las demostraciones de fuerza del ente fiscal conllevan un componente de ensañamiento como sucede de forma significativa en los casos de la ex fiscal Virginia Laparra y el periodista José Rubén Zamora. 


¿Por qué a la vez y en aparente contradicción hablamos de exhibición de debilidad? Por la contextualización de hechos recientes, entre otros:


-Dos comisiones del Congreso no recomiendan el antejuicio contra integrantes del Tribunal Supremo Electoral, lo que tuerce (no anula) una de las vías de desgaste y ataque del Ministerio Público. 


-Al menos temporalmente, los operadores en el Congreso aliados del MP pierden una votación y quedan en situación de debilidad, abriendo un escenario de riesgos para la Fiscal (reforma de la ley orgánica del Ministerio Público u otros mecanismos que comprometan su continuidad). 


-La celeridad y práctica exclusividad con la que el MP atiende casos que afectan a sus enemigos políticos contrasta con el desinterés en otros de gran envergadura y muy sensibles para la población (vacunas, Libramiento, carreteras…) y supone un deterioro importante de la imagen de la Fiscal. La estrategia del MP subvalora la indignación social latente contra la corrupción, especialmente en algunos casos emblemáticos en los que operó y al parecer sigue operando la estructura criminal vinculada al expresidente Giammattei y liderada por Miguel Martínez. El desliz político del diputado Allan Rodríguez, al visibilizar la relación con la Fiscal y revelar un modus operandi, genera más desgaste a la institución. 


-Por vez primera desde la toma de posesión de Bernardo Arévalo, la Fiscal General pierde iniciativa mediática y sus escasos y reiterados argumentos (expresados en videos, no de forma directa ni con posibilidad de interpelación) dejan de tener impacto o generar preocupación, lo que redunda en su idoneidad como operadora política de sectores corruptos. 


Los realineamientos y cambios en la correlación de fuerzas (nunca irreversibles) en el ámbito político obligan a una lectura desde los movimientos sociales y los pueblos originarios, en el sentido de sus efectos y, eventualmente, cómo pueden ser aprovechados para impulsar la agenda política de los pueblos, continuidad de la visibilizada desde el 6 de octubre de 2023. Esta agenda y estrategia implica actuar de forma simultánea en el ámbito institucional y social: mantener espacios democráticos formales y reconstruir a través del diálogo una institucionalidad para el bien común, mientras se continúan fortaleciendo las formas organizativas propias, se impulsa el cambio cultural y generacional con participación protagónica de mujeres y juventudes indígenas, se lucha por la participación protagónica en la toma de decisiones, no solo en el ámbito estatal, y se avanza hacia la construcción de un nuevo modelo de convivencia y organización social, política y económica.


Entonces, ¿echamos a la señora Fiscal?

Más allá del enfrentamiento físico, los tetuntazos dados y recibidos por dos conocidos diputados retratan un comportamiento y una concepción del servicio público muy alejada de la decencia que se supone a trabajadores del Estado, pagados con dinero de todas y todos. Además permiten conocer entresijos de uno de los secretos mejor guardados de los últimos tiempos: cuándo, cómo, a petición de quién, para qué actúa el Ministerio Público, por qué algunos casos denunciados no avanzan y otros reciben toda su atención y recursos. 

En una parte de la imperdible conversación a mamporro limpio entre dos dignatarios de la Nación, el presunto (mientras no demuestre lo contrario) diputado Rodríguez amenaza con “echar a la Fiscal” a otro diputado, si este insiste en negociar con el ejecutivo y el Movimiento Semilla, y no se alinea al sector dominante en el Congreso y el control del Estado durante -al menos- los últimos ocho años. Así es la cosa: las denuncias ciudadanas a las que dice responder el Ministerio Público, el apego estricto a la ley, la firmeza y fortaleza que aparente demostrar y la pregonada objetividad en su accionar se hacen humo cuando un diputado claramente operador de un gran grupo de poder (que involucra otros bloques parlamentarios, el expresidente Giammattei y la mayoría de ministros y encargados de instituciones del Estado durante su gobierno) ordena persecución selectiva, arbitraria, a la carta y claramente política, contra quienes no están con él o están contra él. 

No solamente el diputado auto evidenciado, sino también el Ministerio Público debe responder a estos señalamientos, e intentar desvanecer las grandes dudas o certezas no oficializadas que envuelven su accionar. No va a ser suficiente la reiteración de lugares comunes y sobre todo, negar la mayor, es decir, continuar ignorando la falta de avances en casos de corrupción que vinculan a sus aliados: vacunas, libramiento, hospitales, escuelas bicentenario, carreteras y caminos, vivienda social (Fopavi) y tantas otras. 

La disputa entre diputados puede verse también como disputa entre facciones del poder y su capacidad de articular consensos, lo que debilita las acciones pro impunidad (de aquellos actores amenazados por la investigación de la corrupción) y la estrategia de agresión al  actual gobierno y el Movimiento Semilla (identificado -a pesar de su limitada agenda de reformas- como contrario a sus intereses). No es esta todavía tendencia dominante, ni irreversible, pero sí un escenario que cierra espacios y agota argumentos para el actuar impune del Ministerio Público y algunos otros actores de poder.

Es además escenario abierto, que debe contar con la participación social en forma de denuncias, auditoría social, exigencia de investigación en todos los casos de corrupción (acompañada de reparación por los daños causados y devolución al Estado y a las comunidades de los recursos robados) y, posiblemente, movilización social. 

Se trata de colaborar para echar a la Fiscal General, no en el perverso sentido de orientarla para criminalizar a enemigos-opositores sino para sustraerla del ejercicio del poder que usurpa; no para intermediar en el proclamado conflicto gobierno/Semilla-Fiscal General, sino para dar continuidad a las luchas y demandas del levantamiento nacional: luchar contra la corrupción para comenzar a construir un sistema político orientado al bien común, recuperando la dignidad social y el sentido colectivo como pasos intermedios hacia la construcción de un modelo de convivencia y organización (social, política y económica) desde la visión y la decisión de pueblos originarios y sectores populares. 

Al que no le gusta, que se aguante, porque será costumbre.

Después de Filgua


Filgua 2024 nos deja la creatividad y el empuje de autoras y editoriales que producen en idiomas mayas (en menor proporción en idiomas xinka y garífuna), sin apoyo institucional y en contextos de racismo latente y folclorización.

Sin embargo, la mayor presencia artística y literaria de los pueblos originarios no es aún coherente con la implantación territorial y sobre todo social  (primera y/o única lengua de al menos la mitad de la población), así como la relevancia y actoría política de los pueblos indígenas (especialmente desde el levantamiento de 106 días de 2023) no logra traducirse en capacidad de decisión y, más concretamente en mejora de condiciones que permitan una vida digna.

La deuda histórica del Estado monocultural y monolingüe (funcional al Estado-finca) con los pueblos indígenas se mantiene. Más allá de lo que el Estado hace o deja de hacer, lo radical es que se mantiene un pensamiento que desconoce conocimientos y cultura de los pueblos, entendida la cultura en un sentido amplio que abarca desde la indumentaria hasta formas de organización económica y sociopolítica, pasando por idiomas, artes, cocina, prácticas agrícolas, espiritualidad y valores. A pesar de las continuas muestras de agotamiento e inviabilidad de nuestro modo de vida actual (modelo de desarrollo económico y de organización política), este pensamiento se niega a asumir planteamientos necesarios y posibles de los pueblos originarios, sustentados en el apoyo colectivo y comunitario, el equilibrio y relaciones de respeto entre las personas, y de no depredación y armonía con la naturaleza, entre otros muchos aspectos.

Esta deuda o este déficit no puede ser endosado solamente al modelo económico y al grupo de familias dominantes desde la invasión. Debemos reconocer la pasividad o falta de proactividad, cuando no aceptación, por parte de grupos subalternos, incluso aquellos organizados en movimientos sociales y organizaciones de carácter emancipador.

La plurinacionalidad como práctica organizativa (además de objetivo y estrategia), los pueblos indígenas como sujetos políticos -no secundarios ni subordinados-, la propuesta de indigenización de la población ladina o mestiza (sustituyendo al mestizaje que desconoce historias de opresión y relaciones de poder), no son suficientemente considerados o son adversados por muchas organizaciones y líderes, además de población urbana organizada, para los que el español continúa siendo lengua vehicular, el modelo de desarrollo vigente (levemente reformado) el referente y las demandas de los pueblos son poco más que luchas identitarias.

E k’o juk’al ka’i’ maya’ taq ch’ab’äl chuqa’ xinka chab’äl chuqa’ garífuna chab’äl. ¿Achike ruma yojtzijon, yojtz’ib’an xa xe pa kaxlan ch’ab’äl? Konojel winaqi’ pa Chi Iximulew k’o chi nqetamaj jun maya' ch’ab’äl.






Retos para la acción común

Andrés Cabanas, 29 de junio de 2024 

Una paradoja del momento (otra más) es que medio mundo gobierna de facto o pretende hacerlo, especialmente aquellos que no cuentan con mandato ni aceptación popular. 


Por partes: el Ministerio Público porfía en anular el proceso electoral y, por lo tanto, en revertir o dificultar la acción del gobierno electo. El Congreso hace lo que viene haciendo los últimos años: absolutamente nada; evita legislar y ejercer su función, porque la inacción favorece el estatus quo y abona a la acumulación de riqueza de los poderes empresariales de siempre y los negocios ilegales. El Poder Judicial continúa siendo voz y voto de ex gobernantes corruptos, a los que ampara (el último, el ministro de 160 millones de valijas, José Luis Benito). La Corte de Constitucionalidad se impone sobre decisiones del poder electoral y del poder legislativo (cancelación de la bancada del Movimiento Semilla) y, para más bemoles, sobre expresiones ciudadanas no reguladas por dicha Corte: intento de sanción moral del desfile del orgullo LGTBIQA+, imponiendo su visión ideológica y su particular visión moral del mundo (en retrospectiva y a raíz de sus resoluciones: anticomunista, antimemoria, antiSemilla, ahora también antidiversidades). La Contraloría General de Cuentas gobierna por default, o quiso gobernar excluyéndose de la fiscalización y el control, eludiendo su obligación de investigar, denunciar, hacer públicas estas denuncias y dar seguimiento a las mismas, especialmente las que afectan a los dos últimos gobiernos, con lo que impide en la práctica la transferencia y alternancia del poder. 


Mientras, los encargados de administrar la cosa pública (nos guste o no, con derecho a equivocación y rectificación) no logran arrancar con una gestión eficaz y visible del Estado. El gobierno de Semilla apenas sobrevive al marcar líneas rojas contra la corrupción, sin capacidad por el momento de orientar la acción pública hacia la justicia social: en salud, educación, desnutrición crónica, agricultura familiar o vivienda. Al priorizar una composición técnica del gabinete (con pocas excepciones) su acción se reduce a la gestión de lo que ya existe, obviando que el contexto actual y la correlación de fuerzas obliga a una gestión política muy activa, que estire el mandato y las prácticas tradicionales de las instituciones, y tenga claridad de que este es un momento de transición para la imprescindible transformación de este Estado y el sistema político en su integralidad. 


Espacios para la transformación 


Sin embargo, los ataques conservadores-corruptos y las arremetidas para recuperar el control del Estado en todos los espacios, pueden tener efectos contrarios a los previstos. La impunidad con que actores de poder burlan obligaciones constitucionales e incumplen derechos mínimos, la tenacidad para limitar espacios de actuación del Ejecutivo, a costa de los derechos de la población, evidencian que con esta institucionalidad (más allá de las instituciones, esta comprensión del Estado como instrumento de acumulación, no como facilitador de derechos y del bien común) no hay avances posibles, no hay posibilidad de disfrute pleno de derechos, de recuperación de una vida digna, y abren nuevos caminos para la transformación estructural y la superación del actual marco legal y constitucional.  


La coyuntura así establecida plantea, para organizaciones sociales, comunidades  y pueblos organizados, autoridades indígenas y ancestrales, población consciente aunque no regularmente organizada, un doble reto: 


1) avanzar en la lucha contra la corrupción y la represión, y la recuperación de condiciones democráticas, tanto en la acción del Estado como en la existencia de libertades de movilización, participación y expresión, todavía muy amenazadas como ejemplifican los ataques a medios de comunicación, defensores del territorio y comunidades organizadas, así como los intentos de limitar el Desfile del Orgullo. 

2) fortalecer espacios organizativos y de conciencia social para la transformación estructural del Estado y en general del modelo social y de relaciones para el que este Estado es funcional. 


En el primer nivel, la organización social puede apoyar algunas de las acciones del actual gobierno, al tiempo que se distancia críticamente en otras (especialmente las que consolidan un modelo económico extractivista y desarrollista, en el que el actor central son empresas nacionales y transnacionales). En este ámbito, las luchas sociales deben mantener la alerta ante una involución y retroceso en el actual esquema de poder político, con el retorno al control del ejecutivo y otras instituciones del Estado de los actores dominantes en los periodos precedentes, y superar el desgaste que algunas posturas de cercanía con el ejecutivo están provocando.   


En el segundo nivel, la organización trabaja para construir correlaciones de fuerzas que, además de comprometerse en una agenda democrática mínima, promuevan una corriente favorable a un nuevo pacto social, que supere el actual modelo económico generador de pobreza e injusticia social, el racismo y el machismo cultural y social, y el Estado construido para perpetuar la injusticia y la discriminación. 


Esta disyuntiva obliga a pensar alianzas diversas (tácticas, coyunturales, estratégicas, según propone Domingo Hernández y Asociación Maya Uk’u’x b’e), complementar fuerzas y actorías: las que actúan en el plano institucional (por ejemplo, organismos del Estado o gobernaciones) y las que accionan para la construcción de poderes autónomos, desde el poder de decisión de las comunidades. 


La coexistencia y complementariedad de todas estas fuerzas (que presupone el reconocimiento y valoración mutua); la apuesta por una organización que colectivamente articule diferentes expresiones organizativas (en el entendido de que no hay una verdad ni un sector central); la ampliación de la conciencia de la necesidad de superar el modelo actual (trabajar más allá de sectores organizados y convencidos); el fortalecimiento de nuevos referentes (liderazgos) organizativos y formas creativas de lucha, especialmente en sectores juveniles y de mujeres organizadas, los más activos en la historia reciente (que logren superar el agotamiento político y de capacidad de conducción de referentes históricos); la territorialización de las luchas en un país centralista (no solo en la acción del Estado sino en las respuestas sociales a la misma) continúan siendo un gran reto y a la vez una agenda viva para evitar la involución ultraconservadora y continuar impulsando procesos de transformación raizal.


Pudimos accionar en común durante 106 días de levantamiento nacional y plural. Tenemos que seguir intentándolo. 


La Fiscal en su laberinto

La Fiscal General más fuerte y contundente, en sus propias palabras, resulta ser también la más mentirosa, en el sentido estricto de informar con datos falsos, a sabiendas de que lo son. 

La Fiscal dijo, en su última presentación pública de 6 de mayo, que el ejecutivo solamente ha presentado 19 denuncias de corrupción (en otro momento de su intervención aportó datos diferentes). Sin embargo, el portal electrónico recientemente inaugurado, Los expedientes de la corrupción, de la Comisión Nacional contra la Corrupción, da cuenta -hasta el 9 de mayo- de más de 80 denuncias desde el 14 de enero, inicio de la administración de Arévalo: 70 en proceso de investigación, 6 desestimadas y 8 en proceso. Además, existen otros casos denunciados por organismos del Estado, instituciones descentralizadas y autónomas, así como municipalidades y particulares (las recientes denuncias del partido político Vos y diputados del mismo).

El tema en sí mismo es grave, porque cualquier funcionario público está obligado a actuar con transparencia y veracidad, y a ofrecer información sin tergiversaciones ni restricciones. La Fiscal, y los asesores cercanos del Ministerio Público que la acompañan frecuentemente, optan por el camino contrario: la ambigüedad, el secreto, la no rendición de cuentas y, la tapa del pomo, el engaño y la mentira. 

La exposición, abierta y sin rubor de datos falsos, pretende alimentar la impunidad: no importa lo que hemos hecho o lo que hagamos (robar, ocultar que robamos, acusar a otros porque estamos robando), vamos a salir indemnes. Implica también defenderse atacando, al generar distractores que eluden la problemática central: el escaso avance de casos que involucran a la estructura criminal que protege la Fiscal.  

No obstante, parece improbable que la Fiscal, su equipo y otros operadores salgan indemnes de la avalancha de denuncias, legales, sociales y políticas (algunas inevitablemente, nos guste o no, escritas originalmente en inglés), que afectan a sus aliados políticos en la administración anterior y operadores ahora. Paradójicamente, el tiempo corre en contra de ella. 

Si en el corto plazo el poderoso sector que apuesta por la cooptación institucional para el beneficio propio y el mantenimiento de privilegios, parece fortalecer sus apoyos (sistema de justicia, congreso, apoyos de un importante sector empresarial, extrema derecha republicana estadounidense…) en el medio plazo (aun en el medio plazo inmediato del cambio de gobierno en Estados Unidos) la presión popular y del ejecutivo por denuncias sin investigación ni resultados acorralará su gestión.  

Por añadidura, la inacción o complicidad criminal del MP regresa el debate a su punto medular, el mismo en el que la fiscal se siente incómoda. El debate central no es si un gobierno y un partido (Movimiento Semilla) atacan a la fiscal para encubrir sus irregularidades. No es acerca del choque de poderes. No es, o es más que, el debate sobre la participación del MP en la intentona golpista. Se trata de profundizar y anular el papel de la Fiscalía en el encubrimiento y posiblemente en la participación activa en casos de corrupción para el enriquecimiento espurio. 

La Fiscal General emula a su protector-protegido, el expresidente Giammattei, que construyó una gestión de gobierno (o la explicación de la misma) a partir de hechos inexistentes y opiniones sin fundamento. Busca continuar su legado: Giammattei, pese a todas las denuncias públicas en su contra, acabó su mandato, ocupó su curul en el Parlacen, goza de salario de exfuncionario y malgasta el dinero que se robó. El Ministerio Público no ha iniciado ninguna investigación de oficio en su contra y probablemente conserve operadores en el Estado a través de los que seguir acumulando riqueza indebida. 

La pregunta es si la historia, y el pueblo en movimiento que hace historia y que durante 2023 se hartó de gobiernos corruptos, autoritarios y embusteros, aguantará durante dos años más un Giammattei 2. La avalancha de comunicados y posicionamientos después de la enésima conferencia de prensa-burla de la Fiscal, y la esperada continuidad de la movilización social (incluida auditoría y denuncias de casos de corrupción) parecen indicar que no.

Andrés Cabanas, 9 de mayo de 2024


Despuesito del 14 a las 14

Sin transición ni descanso, autoridades indígenas y comunidades presentes en el plantón del Ministerio Público desde 2 de octubre, asumen hoy -15 de enero- el reto de fiscalizar/acompañar críticamente las nuevas administraciones municipales: con complejas negociaciones y diálogos, más allá de filiaciones partidarias, o desde la oposición y la  resistencia a autoridades locales (institucionales) corrompidas.


El mapa de poder institucional surgido en el proceso electoral 2023 es, finalmente, amable en cuanto a la conformación del ejecutivo y la dirección del poder legislativo (importantes resortes de poder en el marco de acciones efectivas contra la corrupción y para redireccionar el presupuesto estatal hacia prioridades en salud, educación, nutrición, agricultura familiar y otras) pero adverso o continuista en cuanto a la conformación y control del estratégico poder local, que en cascada avanza desde las Municipalidades hasta el Sistema de Consejos de Desarrollo, con parada intermedia en la disputa de Gobernaciones departamentales para el control de recursos y proyectos, además de su capacidad de generar sentidos comunes comunitarios. 


No es el único reto para autoridades indígenas y ancestrales (así como, en otros niveles, para gobierno, Movimiento Semilla y organizaciones urbanas de aporte limitado en la coyuntura reciente). Si 2023 implicó la irrupción de aquellas como actores fundamentales para derrotar a un sector poderosísimo del poder dominante (caracterizado por un ejercicio muy excluyente y  violento de la administración estatal, así como por la masificación de la arbitrariedad y la carencia absoluta de cordura política), 2024 puede y debe ser el año en que este protagonismo siga avanzando en términos de debate social y políticas públicas. Entre otros, observo estos desafíos:


-El avance hacia una gestión del Estado orientada realmente al bien común (tanto el bien común constitucional como el que va más allá del limitado texto y pacto y pacto constitucional de 1985). En esto, la lucha contra la corrupción es un mínimo común denominador (de importancia articuladora) y un punto de partida, que precisa necesariamente de alianzas con el nuevo gobierno y en el Congreso y Municipalidades.


-La dificultad pero a la vez inevitabilidad de combinar la acción inmediata con las demandas estratégicas. En el primer punto, los pueblos indígenas y otros sectores continuarán resistiendo las agresiones de sectores de poder (que han sido desplazados del control de algunas instituciones estatales pero conservan espacios de acción). En el segundo aspecto, se mantienen las demandas de cambios estructurales, la oposición al modelo de despojo y a las lógicas racistas del Estado actual. Estas demandas no solamente se operarán frente a actores empresariales locales y transnacionales, sino también frente a las políticas económicas (extractivistas y de continuidad, visibles en la conformación del primer gabinete) del nuevo gobierno.


-En este sentido, el ejercicio de realismo y equilibrismo político al que obligará la continuidad de las luchas por el control del Estado (y el carácter inédito de un gobierno que eventualmente será también oposición a determinados actores del pacto de corruptos) no debe implicar el abandono de los debates necesarios sobre desarrollismo versus buen vivir, democracia representativa versus democracias comunitarias, refundación del Estado desde la plurinacionalidad y diversidad existentes. La unidad nacional no puede seguir siendo entendida como la renuncia de pueblos indígenas y sectores populares a sus demandas.


-Aprovechar la interrupción de la anomia y la indiferencia prevalecientes en los dos últimos gobiernos, y fortalecer la esperanza como instrumento para el impulso de luchas y demandas, sin idealizar.


-Promover que actores de poder asuman como principios políticos el ejercicio de la autoridad entendida como servicio y delegación comunitaria, y no como enriquecimiento o profesión; y la escucha y el diálogo permanentes y efectivos, más allá de mesas técnicas utilizadas tradicionalmente como distractores de las demandas de los pueblos.


-La incorporación en formas de organización y trabajo (también de organizaciones sociales que reproducen patrones jerárquicos e impositivos) de modos de organización alternativos a los existentes: los partidos políticos, la propia constitución del Estado, que han demostrado ser factores de división, para el despojo en las comunidades, la democracia representativa formal, etc.


-El fortalecimiento de comunidades indígenas como centro y sujeto de la acción política, y del papel y demandas de mujeres y juventud, claves en las movilizaciones recientes, reconociendo las diversidades existentes, dentro de los pueblos y entre ellos mismos. Somos, nos recordaron permanentemente las autoridades indígenas en el plantón de Gerona, granos de maíz, imprescindibles para hacer la mazorca, todas y todos diferentes, ninguno más importante que los demás.


El levantamiento indígena y popular desde octubre fue, más allá de una acción de resistencia, un ejercicio permanente de pedagogía política, que visibilizó tanto los excesos del ejercicio del poder actual como la posibilidad de un ejercicio diferente, en función de las colectividades, con otros principios y valores preexistentes en muchas comunidades (a la vez que sujetas a tensiones y contradicciones) que es necesario reivindicar y recrear en otros espacios. 


Andrés Cabanas, 15 de enero de 2024