Movimientos en el tablero

En el país que se desangra por inacabables deudas y problemas sociales (salud, tierra, nutrición, educación plurilingüe, discriminación, violencia femicida, machismo…) son los salarios de los funcionarios públicos los que concretan la indignación, al menos en el aquí y ahora de la escurridiza coyuntura. 

No es este un tema menor. El descontento contra los salarios de altos funcionarios del Estado (en general muy elevados, con porcentajes hasta 30 veces por encima del salario mínimo) refleja la distancia existente entre población y representantes (electos y designados) en el marco de un Estado hecho por y para las élites. Plantea el cuestionamiento hacia el trabajo de los funcionarios entendido como servicio para el bien común, desde y con la población y las comunidades (debe ser), o como instrumento para la rapiña y el uni-beneficio (es, en realidad). 

A las críticas y emplazamientos a los diputados tras la subida salarial auto recetada (y no derogada) se añaden los cuestionamientos a salarios de magistrados de justicia, jueces, altos fiscales del Ministerio Público (que persiguen a población organizada y defienden derechos de corruptos) y, ahora, al salario de la Vicepresidenta, que no fue recortado a pesar de ser promesa electoral y haber sido anunciado desde junio de 2024. La indignación añade aquí otro matiz: la percepción de que sectores del actual gobierno y Movimiento Semilla, al no asumir con coherencia la rebaja de los salarios y la austeridad, actúan “con desconexión de la realidad y sin cercanía con la población” y “no priorizan el bienestar de la población” (comunicado de 30 autoridades indígenas y ancestrales de 4 de abril). Es el valor simbólico negativo de una medida necesaria y postergada.   


Por este y otros motivos, el país que todavía no nombramos (en términos de comunidad y destino compartido) apunta a una conflictividad exacerbada, fundamentalmente definida por: 


-Demandas inmediatas y estructurales, nunca resueltas y/o abordadas. Eventualmente, estas demandas son instrumentalizadas por los mismos causantes de los problemas: empresarios, partidos políticos, diputados, alcaldes, promotores en general de que nada cambie y el Estado siga siendo botín de poderosos. 


-La agenda opositora de sectores que ven sus intereses amenazados, articulados en el pacto de corruptos y el pacto de élites, que apuntan al desgaste de este gobierno y, por extensión, al de pueblos originarios y actores sociales que consideran aliados. Estos sectores apuestan al caos y el desgaste, para establecer que este gobierno es igual a todos los anteriores. Conseguido esto, esperan que la población en las elecciones de 2027 otorgue de nuevo el control del Ejecutivo e instituciones del Estado a los mismos de siempre. 


-En bastantes casos, la conflictividad crece por la falta de sintonía entre los actuales gestores de instituciones del Estado y las demandas de la población, especialmente cuando no se establecen o no se concretan espacios de diálogo y de transformación colectiva de los problemas. Si bien es cierto que grandes problemáticas estructurales no van a ser abordadas en este periodo de gobierno (otras, incluso, pueden ser exacerbadas, como la expansión del modelo económico de despojo o el monopolio del poder económico y la cooptación del Estado por parte del empresariado aglutinado en el CACIF), se requiere por parte de muchos actores sociales y comunidades un diálogo vinculante y una acción estatal alejada de la burocratización, la rutina y la complacencia con actores de siempre, especialmente empresas constructoras y ejecutoras de todo tipo de contratos del Estado, diputados y poderes corruptos distritales. 

  

-Las agendas y acciones sectorizadas por parte de organizaciones y movimientos sociales y de comunidades dificultan la priorización o transversalización de las mismas y generan insatisfacción por incumplimientos. 


Otra vez, los pueblos originarios


A pesar de los avances limitados o inciertos, la demanda de rebaja salarial vuelve a situar a pueblos indígenas, especialmente representados por sus autoridades elegidas de forma asamblearia, como parte activa y determinante en el escenario político. La convocatoria inicial de 48 Cantones y aliados a continuar la oposición al aumento salarial, seguida con matices por otro grupo de autoridades y comunidades (algunas diferencias importantes entre grupos derivan de los niveles de relación y negociaciones establecidos con el poder ejecutivo y diputados territoriales) logra articular esfuerzos o interés de diversos sectores, al tiempo que emplaza directamente a poderes políticos tradicionales y sus aliados del empresariado. Este aspecto es particularmente relevante porque dibuja una acción política (no unánime) donde los pueblos originarios y sectores populares plantean críticas directas y sustantivas con el accionar del Estado, al tiempo que pugnan por mantener espacios de incidencia y de intervención directa en las decisiones del ejecutivo.


Una vez más, la acción de los pueblos indígenas reescribe el relato oficial, en el que la disputa del poder es nada más que el conflicto entre el Actor A, sectores de poder tradicionales, y el inesperado Actor B, gobierno y Movimiento Semilla, sin presencia como sujeto de los pueblos. El debate presente en el levantamiento de 2023 continúa: no solamente el debate alrededor del fraude, la democracia electoral y la real, la articulación de actores, la participación urbana y mestiza, sino también la visibilización de otras formas posibles de concebir el Estado y la representación: como servicio, como delegación de mandato comunitario, como compromiso para la búsqueda del bien colectivo, como responsabilidad y ética. Y, consecuentemente, debatir si esta visión es compatible con el actual marco legal, el Estado tal y como la conocemos y el sistema de delegación de poder comunitario hacia los partidos políticos. En mi opinión, este es el gran debate tras el  debate y la acción política sobre los salarios. 


En el país que no es, en el tiempo que engulle todos los tiempos y nos deja donde estábamos, en el caos para unos construido y para otros temido, la partida de ajedrez no la juegan solamente dos y el tablero (el marco constitucional e institucional republicano) se queda cada vez más chiquito. Cambiarlo de raíz creo que requiere de: 


-la multiplicación de acciones grandes y pequeñas, de alto contenido simbólico y aglutinador, 

-la capacidad de conectar con los sentires y las percepciones de muchos actores, 

-la activación de la participación de sectores urbanos y población que no se autoidentifican como indígenas (a la que apelan continuamente las autoridades comunitarias), 

-el papel de migrantes como sujetos políticos, no solamente como centro de transferencias monetarias, 

-la capacidad de impulsar un relato y una comprensión de la realidad no esquemática y des-simplificada. 


En fin, no es la primera ni será la última vez que se escriba, tal vez hasta que se haga realidad y costumbre: es imprescindible la articulación y entendimientos mínimos (diálogos y construcción diversa y colectiva) entre diferentes sectores, incluidos Movimiento Semilla y gobierno (que a mi parecer continúan representado a sectores urbanos, profesionales, clases medias y juventudes) para definir una agenda común en dos niveles: lo que queremos y podemos mejorar ahora; los grandes cambios estructurales que pretendemos y las acciones necesarias para alcanzarlos.


Perdimos, ganamos, aprendimos. Breves reflexiones para sobrevivir al seguro

Más allá de una lectura de vencedores y vencidos (y de la disputa  gobierno-pacto de corruptos) los hechos recientes pueden analizarse en clave de aprendizajes y retos, desde la perspectiva de los sectores populares. Propongo seis lecturas, que no agotan preguntas para el debate. 


Detrás de la indignación: la agenda del Pacto 


La indignación justificada de la población (que acumuló tensiones no resueltas, la última de ella la subida del salario de diputados) es instrumentalizada por actores del pacto de corruptos/élites (en adelante, el Pacto, todas nos entendemos). 


El Pacto consigue que el gobierno retroceda y genera una corriente crítica que lo debilita. Con ello mantiene muy activos dos escenarios preocupantes: 1) la interrupción del mandato de Arévalo, vía judicial y/o desgaste social, y la persecución de la organización social, en el corto plazo; 2) en el medio plazo, la inviabilidad de alternativas electorales de corte democrático republicano (Semilla) o popular (no olvidemos que para actores del Pacto no hay diferencia entre Semilla y organización popular). 


No obstante, por torpeza, arrogancia o impunidad, quedan visibilizados actores criminales que instrumentalizan la indignación, utilizan formas de acción reñidas con la ley y manifiestan intereses electorales. A la postre, estos intereses visibles generan fisuras y disputas dentro de los actores de poder (por ejemplo, los intereses de la eterna candidata Sandra Torres).


Las calles: territorio en disputa


El Pacto redobla la apuesta: la larga batalla jurídica de desgaste (del gobierno y la oposición) que anunció Rafael Curruchiche en noviembre de 2024, se traslada a las calles. Estos días, y podemos anticipar que en el futuro, los actores del pacto disputan territorios, ocupan  espacio público simbólico (algunas propuestas llamaban a manifestarse en “La Plaza”) buscan legitimarse con la población. Para esto, encuentran terreno abonado en los grandes problemas cotidianos no enfrentados (transporte, canasta básica, inseguridad) que vuelven a la población vulnerable, así como en la debilidad del trabajo e implantación de organizaciones sociales en la Ciudad Capital (centro no improvisado de las movilizaciones). 

 

La ausencia de referentes organizados urbanos (que actúen con lógicas de transformación digna de espacios y relaciones) es aprovechada por los actores de poder, con capacidad operativa para convertir un explicable descontento social y una demanda legítima en movimiento involucionista, antigubernamental y antiderechos, muy funcional a la agenda que busca mantener privilegios. Podemos tener en cuenta como referente que gran parte del éxito de las propuestas ultra conservadoras y  elitistas de Trump y Miley se basa en su capacidad de vincular a sectores populares desplazados del sistema a su propuesta de construcción social autoritaria. 


La disputa en todo el país y la disputa (ideológica, de sentidos) en las calles de Ciudad Capital está abierta.  


Ganamos todas y todos: movilizaciones sin víctimas fatales


Aunque se debilita al retroceder en sus medidas, el gobierno logra mantener el control de la seguridad (diferente fue el control de la agenda y los tiempos políticos), lo que evita enfrentamientos y derramamiento de sangre. Considero que el peor escenario (y uno de los manejados desde sectores del Pacto) hubiera sido una respuesta violenta de las fuerzas de seguridad, que hubiera alimentado el caos y desacreditado el principio del diálogo. 


¿Mala comunicación o incapacidad para construir acuerdos? 


Se alude a la deficiente o nula información sobre el seguro (una buena medida mal explicada) como detonante del descontento, en un contexto de reconocida debilidad en la comunicación del ejecutivo. Pero, además de mal explicado y peor entendido, el seguro se impone sin consultas con gran parte de la población, y no forma parte de un paquete de medidas con abordaje integral de la seguridad y el derecho de movilización de las personas. El seguro es apenas una de las ramas del frondoso árbol del ineficiente sistema de transporte en el país. 


Este tema es relevante: una mala comunicación se resuelve con el cambio de funcionarios y la elaboración de una estrategia, lo que no parece tan complicado. Pero la falta de consultas y la carencia de visiones y abordajes integrales en muchos temas precisan de voluntad y capacidad política, especialmente la voluntad de escuchar, dialogar y establecer consensos en una realidad territorial, social, económica, lingüística e identitaria compleja.  


Esta voluntad y capacidad no se perciben en la mayoría de funcionarios de gobierno, acostumbrados a imponer, o dedicados a la simple gestión de los recursos existentes del Estado. Quizás es mucho esperar que este gobierno (por su proyecto y la extracción de clase de la mayoría de sus miembros) avance en esta visión, pero es necesario siempre señalarla.


Otra vez la visión y organización indígena comunitaria 


Sin ser el actor más visible, las autoridades y comunidades indígenas acaban siendo uno de los actores más relevantes. Su posicionamiento y propuestas (diversas) inciden en la necesidad de medidas integrales y preventivas para abordar la inseguridad vial y en el diálogo como estrategia de construcción de estas propuestas. Estos planteamientos, elaborados en colectividad, son asumidos por otros sectores y se distancian de argumentos que no van más allá de la derogación del seguro o su implementación sin más. 


En una coyuntura compleja, las comunidades indígenas canalizan la indignación y asumen un posicionamiento distintivo, que señala la incoherencia de las medidas planteadas por el gobierno, al tiempo que evidencia las estrategias de manipulación de actores tradicionales. 


De nuevo, como en 2023, una lección de visión y madurez políticas. 


Las victorias de unos son los retos de todas 


Nos guste más o menos, los actores del Pacto presentes en las movilizaciones cuentan con buenas lecturas de contexto y actores, capacidad de interpretar la indignación social para orientarla en función de su proyecto, y estrategias articuladas de acción: jurídicas, políticas, comunicativas, de disputa de calles y base social. Frente a esto, una parte relevante de la organización social (me refiero especialmente a las organizaciones de carácter histórico) se muestra dispersa, incomunicada entre sus diferentes actores, desactualizada en la lectura de actorías sociales y tendencias, con dificultades para construir discursos y elaborar propuestas más allá de la base social convencida y firme, autocomplaciente y alejada de la autocrítica renovadora. 


La presencia de la mayoría de organizaciones sociales durante las movilizaciones es irrelevante: más allá de la cantidad, en la capacidad de promover debates, propuestas y estrategias de solución (como sí hicieron las comunidades indígenas). Se resiente la falta de espacios colectivos de análisis y acción, que fueron parte de la vida de las organizaciones hasta la mitad de la década pasada. 


Esto hace importante retomar estos espacios colectivos, desde la diversidad e identidad específica de cada participante, que permitan lecturas compartidas y complejas del contexto, con ejercicio importante de autocrítica, y avancen hacia la construcción de una agenda compartida mínima para: 


-continuar disputando las calles y disputando el país al pacto de corruptos, 

-promover  soluciones a problemas concretos para los que no hay mañana (transporte, alimentación, seguridad, salud, educación) y

-fortalecer la organización y conciencia social de amplísima fuerza favorable a los cambios estructurales y la refundación del Estado y el modelo vigentes (fuerza, hoy por hoy y más allá de nuestra autopercepción, muy débil). 


El trabajo colectivo, que rompa inercias de acciones sectorizadas,  facilitará alejar el riesgo de la involución autoritaria, y convertir este momento de transición en punto de inflexión y posibilidad de impulso de cambios raizales.  




Aprender y practicar un idioma indigena

Jantape' k'o chi yojtzijon, yojsik'in, yojetz'an pa jun maya' ch'ab'äl (chuqa' xinka, garinaru). Röj qonojel k'o chi nqetamaj chuqa' nqakusaj ri nab'ey taq ch'ab'ál richin Chi Iximulew.


El desinterés institucional por la revitalización de los idiomas mayas no oculta la inacción social, especialmente de la población organizada, para que los idiomas mayas (también el xinka y el garífuna) sean parte de la vida diaria de todas y todos. 


La insuficiente y mal aplicada educación bilingüe, el papel testimonial de la Academia de Lenguas Mayas, la falta de desarrollo de medios de comunicación y el nulo apoyo a literatura, cine, investigación y divulgación de pensamiento en idiomas mayas, la no prestación de bienes y servicios públicos en idiomas indígenas son deberes del Estado guatemalteco, en prácticamente todos los aspectos que mandata la Ley de idiomas nacionales, Decreto 19-2003.  Pero el aprendizaje de al menos un idioma maya y su práctica constante por parte de personas individuales o colectivos organizados es una responsabilidad colectiva, poco o nada desarrollada. 


Si un idioma es -además de la articulación ordenada de signos- una forma de sentir, ver, entender y actuar en el mundo, su ausencia (en este caso, la ausencia de su comprensión y práctica) implica la negación o invisibilización de las otras formas de estar en este país llamado Guatemala, las que representan 22 idiomas mayas, el garífuna y el xinka. Implica también asumir posiciones hegemónicas, ya que en la práctica el español se convierte en lengua franca para la relación intercultural (entre pueblos) y los idiomas indígenas se usan nunca o de forma residual.   


El reconocimiento folclórico de costumbres, indumentaria o expresiones artísticas, o el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en gestas recientes (defensa de la decisión del pueblo, 2023) y, en general, de sus propuestas para la defensa de la naturaleza amenazada, tienen que avanzar hacia la asunción -de asumir- de los idiomas y cosmovisiones indígenas como parte fundante y fundamental en la construcción (hoy reconstrucción/refundación necesaria de una colectividad despojada de sus derechos y atacada en su identidad) de este intento de país.


Los idiomas de los pueblos indígenas son idiomas de todas y todos. 

Post comitia

El resultado de las elecciones en el Colegio de Notarios y Abogados de Guatemala (CANG) revela una apuesta por la dignificación del servicio público (más allá de la profesión de abogado) y la recuperación de ese servicio para el bien común, después de años de saqueo desvergonzado. 


Lo anterior indica, además, que la lucha contra la corrupción y, en positivo, la demanda de honradez y ética de servidores públicos (y de todos aquellos vinculados al manejo de recursos y poder en instituciones del Estado) continúa siendo prioridad ciudadana. El hartazgo frente a la corrupción descarada es mayoritario, a pesar de la desmovilización social y la debilidad de la fiscalización y denuncia, especialmente en territorios empobrecidos, en los que las redes criminales aprovechan las condiciones de sobrevivencia para negociar su poder. 


El Ministerio Público y otros promotores de la impunidad reciben un mensaje ciudadano, que seguramente desoirán u oirán a medidas, acostumbrados como están a concebir la acción pública como instrumento para garantizar privilegios y como festín y algarabía de elites. Este es precisamente el mensaje de fondo de las elecciones: no más política y políticos en contra, al margen o por encima de la demanda social de manejo honesto de recursos, en beneficio de los derechos de la población. 


Una lectura complementaria de este proceso, independientemente del resultado en segunda vuelta, es que el combate contra la corrupción tiene la capacidad de congregar a personas, organizaciones, sectores, territorios e ideologías diversas, a la vez que propuestas articuladas, construidas con lógicas de consenso y pluralismo, y con visible renovación de formas organizativas y rostros (especialmente juventudes y mujeres) convocan y motivan con mayor fuerza, incluso a población no organizada.  


Continuidad o transición

Guatemala es eso que no sucede entre una y otra actuación del Ministerio Público, institución que continúa  marcando el rumbo de la agenda política y las conversaciones sociales, al igual que lo hacen -con formas diferentes- los empresarios articulados en CACIF,  integrantes del sistema de justicia, o los Marcos Rubio de turno.

El Gobierno tiene responsabilidad en esta situación. Podemos exigirle mayor compromiso y fuerza en el desmantelamiento de las estructuras de corrupción (sin negociar estabilidad a cambio de manejo opaco de presupuesto, especialmente en el Congreso de los diputados y el Sistema de Consejos de Desarrollo), así como una gestión política (no meramente técnica o continuista) de las instituciones y el presupuesto, que avance al menos en una concepción de Estado garantista y promotor de derechos mínimos.

Existe además responsabilidad social en el estancamiento que percibimos, ya que la notable división de acciones y a veces visiones de organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas y diferentes liderazgos, impide lecturas conjuntas y complejas del contexto, y construcción de estrategias de lucha complementarias (no necesariamente equivalentes) en el corto, medio y largo plazo.

Los esfuerzos de resistencia, oposición, organización, incidencia y en algunos casos participación activa en instancias del Estado, no logran confluir y generar una ruta de transformación. La permanencia en muchas organizaciones de una cultura política marcadamente competencial (agudizada por el inicio de la disputa electoral), que implica exclusión y parece regocijarse con los fracasos de los otros; la falta de renovación de espacios y formas de toma de decisión; la preeminencia de la decisión del líder o dirigente sobre las bases o comunidades; la presencia todavía irrelevante de juventudes (por tanto de renovación de visiones) en muchas organizaciones históricas referenciales; el predominio de estrategias hacia dentro (que refuerzan la identidad y cohesión grupales pero son débiles en su capacidad de articular grandes mayorías sociales no organizadas) continúan siendo déficits que dificultan necesarios esfuerzos y llamamientos para acciones comunes.

Por fin, la baja participación de la mayoría de la sociedad, concentrada en la sobrevivencia pero también carente de referentes legitimados de acción política transformadora y de visiones estratégicas de país, es terreno abonado para la impunidad, el rearme del pacto de corruptos y la continuación de estructuras de exclusión e imposición.

El peligro es que este momento coyuntural, en el que el actual gobierno no es el gobierno de los pueblos pero tampoco es el gobierno preferido por las elites y los corruptos (históricamente voraces y partidarios del ejercicio absoluto del poder, incluyendo el simbólico) deje de ser un momento de transición y se convierta en un momento de continuidad de los poderes tradicionales.

Si concebimos el ahora como momento de transición, los  esfuerzos sociales podrían dirigirse a la renovación del proyecto estratégico y las formas de organización, y su ampliación (concienciación, sensibilización, diálogo) con la sociedad no organizada pero con capacidad de indignación y de movilización (levantamiento nacional), mientras los espacios institucionales pueden ser utilizadas para alejar la amenaza de la represión y incrementar el ejercicio de derechos sociales, culturales y sobre todo económicos, en un país que enfrenta carencias inaplazables. Cómo se conjugan estas dos dinámicas (inmediata y estratégica) es precisamente el quid de la cuestión que puede abordarse, sí y sólo sí, en el marco de diálogos entre diferentes actores del movimiento, con prácticas renovadas de escucha y respeto, así como ejercicios de toma de decisión horizontal y construcción colectiva.

Ruchajixik ri qati’t ya’, ri loq’oläj qate’ ruwach’ulew


Si este fin de año planean descansar en el lago más hermoso del  mundo, también si no, recuerden que esta belleza se encuentra comprometida por la sobreexplotación turística, toda clase de industrias y negocios altamente contaminantes y el consumo superfluo, entre otros de productos plásticos. Recuerden, o recordemos, que tanta hermosura está en riesgo por el poco cuidado de quienes admiramos este territorio. 


Recordemos además que la belleza del lago no es sólo su imponente geografía, sino también la riqueza cultural y social de los pueblos originarios que lo habitan: pintura, idiomas, formas de ser y relacionarse, sentido de comunidad que genera hospitalidad, identidad e historias compartidas, y otras. 


Para introducir el viaje podemos darnos una vuelta por la exposición "Qatee ya’: arte, conciencia y ecología profunda de Atitlán", que reúne a 25 pintoras y pintores de los pueblos tz’utujil del lago, para “representar, sensibilizar y comunicar sobre la crisis ecológica encabezada por el cambio climático, la disminución de la biodiversidad, la presión sobre los elementos naturales por la acumulación desmedida del capital, y el consumo excesivo (...) y su impacto diferenciado en las comunidades indígenas y sobre los cuerpos de las mujeres” (fundación MAG, 8va 3-51 zona 1, Ciudad de Guatemala). 


Buen viaje entonces y feliz descanso. Ojalá puedan conocer el trabajo que realizan aproximadamente 300 mujeres Guardianas del lago en San Pedro La Laguna, para limpiar día a día, mes a mes, el lago que todos manchamos y disfrutamos, a la vez que conciencian y organizan a las comunidades para el cuidado de la vida. 


Janila k’atzinel chi röj qonojel winaqi’ nqachajij ri qatee ya´, ri loq’ojäj qate’ ruwäch’ulew. 


Andrés Cabanas

12 diciembre 2014


Catálogo de la exposición

Los pueblos que suben a un cerro y bajan de una montaña

2 de octubre, 23-24

Si recordar es volver a vivir, a partir de este 2 de octubre corresponde -durante 106 días y en estricto orden cronológico- revivir los encuentros, los reconocimientos, los sueños y las épicas (aún incompletas) del levantamiento indígena 2023 (Yakatejem).

Rememoramos un paro que no fue un paro más: lleno de dignidad y razones pero parcial en cuanto a territorios y sectores involucrados, derrotado mediáticamente por el discurso contra “bloqueos”, limitado en el tiempo a medio o un día de duración, como la mayoría de movilizaciones convocadas desde 2015. Por el contrario, la reserva moral y organizativa, la fortaleza surgida de la indignación y la convicción de las comunidades, convirtieron una movilización focalizada en la sede del Ministerio Público con demandas muy específicas, en ejercicio de afirmación de autodeterminación de los pueblos, que introdujo las demandas, la cultura, la cosmovisión de los pueblos y sus formas de organización y decisión en los diálogos políticos y sociales, articuló -aunque brevemente- ciudades y pueblos, y situó a los pueblos originarios en el centro del poder político, entendido como poder propio de decisión (todavía embrionario y en construcción).

El dos de octubre y siguientes días fueron más allá de una manifestación contemporánea de oposición a un sistema de organización y relaciones (valores) fundado en la imposición, la exclusión, el bienestar personal como objetivo y el individualista sálvese quien pueda como modo de vida, construido sobre múltiples violencias estructurales y cotidianas. Durante el levantamiento, in crescendo, el actuar de dirigentes y comunidades indígenas convocantes (dialogante, incluyente, “limitado” por el mandato de asambleas comunitarias y el consenso necesario con otros pueblos) remarcó las diferencias con el Estado violento y alejado de las demandas de la población.

Pudimos descubrir que eran posibles, porque estaban vigentes, otras formas de hacer política, así como de organización y resistencia social, sin repetir modelos verticales de toma de decisión y sin liderazgos indiscutidos.

Conocimos de primera mano formas diferentes de acción colectiva, basadas en la escucha, el diálogo, el consenso, la decisión colectiva, el reconocimiento de la validez de otras propuestas, el alejamiento del sectarismo y creer que yo tengo la única verdad.

De todo esto, y de mucho más que empezamos a recordar, va entonces el esfuerzo inevitable de la memoria. Tenemos también que revivir incertezas, miedos, tensiones, contradicciones y, por qué no decirlo, incomprensiones y desconfianzas alrededor de las nuevas fuerzas o las fuerzas ancestrales renovadas en disputa con el Estado.

Que tire la primera piedra quien, en el fragor de aquellas largas horas, no manifestó o sintió recelo sobre el papel protagónico de pueblos y comunidades, invisibilizados en la historia oficial y reducidos en el relato de la resistencia al papel de acompañantes del sujeto político central, que viene siendo urbano, mestizo, hombre, obrero, intelectual y/o estudiante.

¿Cuántas y cuántas no participamos en reuniones y asistimos a debates que comenzaban cuestionando la ingenuidad, la falta de experiencia, la escasa cintura política de los dirigentes comunitarios?

¿Quiénes no queríamos reconocer el papel protagónico de mujeres y juventud, con nuevas demandas y en reclamo de otros espacios y maneras de decisión, negándonos a admitir la presencia activa de una nueva generación, al fin en un nuevo ciclo político?

La memoria: sueños y recelos. Puertas que se abren y portazos que nos dan. Viejo orden y viejo desorden de las luchas que se niegan a desmontarse, mientras la nueva organización se construye de forma compleja. Lo avanzado y lo que no se logra. 

No dejamos de reconocer las limitaciones del ejercicio del poder de los pueblos, los riesgos de cooptación, el reacomodo de actores que recuperan parte o todo su poder, la complejidad de una transición difícilmente reemplazable y al mismo tiempo estructuralmente limitada.

Pero, recordemos: el 2 de octubre los pueblos originarios comenzaron a  escalar un cerro. Ciento seis días después descendieron, con mayor dignidad, de una gran montaña.