Los crímenes de Hidralia Energía

- Diputadas europeas denunciarán a Hidralia Energía por "actos criminales en Guatemala"
- Califican a Hidralia de "trama mafiosa y clientelar"
- Denuncian al gobierno de Guatemala por "abusar de la justicia para criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos".
Traducción del gallego: Andrés Cabanas

Eurodiputada Marina Albiol
La eurodiputada de La Izquierda Plural, Marina Albiol, la coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, y el vocero de EU-V, César Santiso, denuncian ante los medios una clara violación de los derechos humanos cometidos por la empresa Hidralia, con sede en A Coruña, como demuestra un informe de la ONG Intermón–Oxfam de diciembre de 2012, que durante años no se hizo publico. 

Esta empresa, Hidralia, cometió reiterados crímenes que comezaron con la utilización de la coacción para conseguir terrenos de campesinos y hacerse con la explotación de la energía hidroeléctrica de la población de Santa Cruz de Barillas (Guatemala).

Este hecho provocó protestas populares duramente reprimidas por la empresa, por ejemplo con la instalación de minas antipersona por todo el perímetro de las obras, como denunció el gobierno local de la población.

Además, el jefe de seguridad de la Empresa y otros trabajadores de seguridad incluso tirotearon a tres vecinos, con resultado de un asesinado y dos heridos graves. Posteriormente el personal de seguridad de la empresa detuvo ilegalmente a nueve personas, sin orden judicial.

Ante el incremento de las protestas y mediante medios opacos, la empresa consiguió que el Gobierno de Guatemala decretara el Estado de Sitio y suspendiera las garantías constitucionales. La propia Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó estas medidas de desproporcionadas y denunció que no se ajustan a los estándares internacionales.

La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, afirma que 

“El Consello de Contas de Galicia confirmó que estamos ante una de las peores tramas político-empresariales de la historia. Presionaremos en el Parlamento para que esta trama mafiosa y clientelar finalice”.

Hidralia pertenece a un entramado de 35 sociedades anónimas vinculadas al sector energético, todas ellas con sede en dos únicos domicilios en A Coruña y pertenecientes a la familia Castro Valdivia. Entre 1999 y 2005 las empresas a nombre de Luís Castro Valdivia, conocido como “el rey del kilovatio gallego” recibieron concesiones para explotar nueve  minicentrales hidroeléctricas y siete parques eólicos en Galicia. Durante ese período su cuñado, Ramón Ordás, ocupaba el cargo de Director Xeral de Industria, Enerxía e Minas en la Xunta de Galicia. En marzo de 2007 ambos fueron denunciados e imputados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por un triple delito de tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

La empresa comenzó a poner en venta parte de los más de 95 MW de potencia instalada, trasladando su actividad empresarial a Guatemala, donde se estableció en 2008.

La eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, llevará el caso ante la Comisión Europea, para que se interrogue al gobierno de Guatemala sobre la impunidad de los actos criminales, concretamente delante de la Alta Representante de la CE para Asuntos Exteriores. Afirman las eurodiputadas: 

“El Gobierno de Guatemala está abusando de la justicia para criminalizar a la ciudadanía que reclama sus derechos, pero la responsabilidad no es solamente del gobierno de Guatemala, estamos hablando de una empresa gallega. Al Gobierno del Estado también hay que exigirle que nuestras empresas no actúen en el exterior violando los Derechos Humanos e incumpliendo la legislación internacional” .
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Monte Olivo contra el desarrollo violento


Andrés Cabanas, 20 de agosto de 2014
La conflictividad en Monte Olivo y comunidades q´eqchi´ [1] es consecuencia de la implantación violenta de un modelo de desarrollo, a costa de los derechos y la decisión de las comunidades.

Oficialmente, este modelo garantiza beneficios para todos, a partir de la atracción de inversiones extranjeras y de la promoción de una buena imagen de Guatemala (Presidente Otto Pérez Molina, programa De frente con el Presidente, 19 de agosto 2014). 

En realidad, el desarrollo propuesto por gobierno y empresas tiene como objetivo la acumulación y concentración de riqueza (sin importar el costo) y como estrategia la anulación (violenta) del debate y la oposición. La imposición genera rechazo y deriva en conflictos intensos.

Se denomina desarrollo pero se concreta en:

Acumulación y concentración
Implica la búsqueda de ganancias a partir de la explotación en cualquier ámbito o espacio vital (subsuelo, aire, agua, semillas), y la hiperconcentración de beneficios en un grupo reducido de familias (el gobierno del 0.001% de la población, según análisis de Transnacional Institute). 

Décadas de inversión extranjera y privilegios (por ejemplo, las exenciones fiscales derivadas de la protección a zonas francas y maquilas) no se han concretado en mejoría de indicadores sociales: desnutrición crónica, muerte materna, violencia y otros, especialmente en zonas cercanas a grandes proyectos de inversión (como Chixoy). 

Estado a favor de las empresas: dictadura proempresarial
Se construyen una legalidad e institucionalidad discriminadoras a favor de las empresas: legislación con dedicatorias (Tigo, Monsanto, Trecsa); creación de circunscripciones especiales donde las empresas pueden reducir el salario mínimo; orientación de las políticas de Seguridad y los ministerios de Gobernación y Defensa a la persecución de la resistencia. Cuando es necesario, se incumplen leyes.

Se fortalece un poder autoritario, por ejemplo a través de Estados de Sitio o de la centralización de decisiones para implantar proyectos.

Prácticas corporativas: manipulación y violencia
Las empresas utilizan, de forma simultánea, prácticas de convencimiento y cooptación (ofrecimiento de proyectos y beneficios individuales) y acciones de persecución y represión (denuncias a líderes; conformación de guardias privadas...). No son unas u otras, sino la complementariedad de las mismas.

Desarrollo sin libertades
Se reducen derechos, sobre todo, el derecho a la consulta y decisión de las comunidades. Esta reducción configura una visión de democracia excluyente y poco participativa.

Uso estructural de la fuerza
Numerosos proyectos empresariales ejercen la violencia para imponerse: física, jurídica, institucional, privada, legal o ilegal. La violencia se justifica por la oposición criminal, minoritaria y manipulada (según gobierno, empresarios y medios de comunicación) de las comunidades a proyectos de desarrollo que son de beneficio para todos.


Nueva vida colectiva frente a desarrollo violento

Este modelo mercantiliza la vida (todo se convierte en objeto de venta), individualiza las relaciones sociales y contribuye a confomar una institucionalidad política autoritaria (que desconoce leyes y derechos, al tiempo que reprime).

Lo podemos caracterizar como desarrollo violento, en la acepción de violencia como aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia (Diccionario Real Academia Española de la Lengua). Es también violento en sus consecuencias: desplaza, excluye y destruye.

Inserto en una dinámica de implantación de un modelo de desarrollo, Monte Olivo no es un caso aislado. Apunta tendencias para una nueva fase de violencia en otros territorios, al tiempo que convoca a la solidaridad: defender formas de resistencia que son nuevos modos de vida antimercantiles y antiautoritarios, construidos desde lo colectivo, para una nueva existencia sin explotación ni violencias.

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Acumulación y agresión: la captura de los ciclos vitales en el territorio de Guatemala


Andrés Cabanas, 17 de agosto de 2014

 En el ensayo Capitalismo camaleón. Geopolítica de captura de los ciclos vitales, el boliviano Raúl Prada Alcoreza plantea que “El imperio, el orden de poder mundial, se propone una nueva era de ocupación, captura y dominio sobre los cuerpos y sus ciclos vitales (…) una nueva forma de conquista y colonización”.

Esta renovada etapa persigue el dominio, para su conversión en mercancía, de todos los bienes existentes. Opera a partir del abuso del poder político y la persecución violenta de personas, organizaciones y comunidades. Se concreta – añade Prada Alcoreza-,  en el control de "territorios, cuerpos y mentes".

En Guatemala, la recién sancionada Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales es parte de esta ofensiva (privatización del origen de la vida y los conocimientos colectivos y ancestrales[i]). Asimismo, el interminable ciclo de violencia contra las mujeres (como base del control para la acumulación y reproducción del sistema); la exploración de nuevos e ilimitados negocios, sin importar el costo ambiental o humano; las amenazas de privatización del agua; la legitimación social del autoritarismo; la construcción de un orden social y político malthusiano, basado en la primacía de los derechos mercantiles y en la imposición violenta.  

Con crudeza, los objetivos de la agresión están definidos y las estrategias son claras: utilización simultánea de la ley y el garrote; autoritarismo (dictadura) todavía bajo formalidad democrática; disolución de una idea consensuada de país (que explica el rápido deterioro de valores); mercantilización de los corazones y las conciencias; saturación de violencia.

La ofensiva para viabilizar proyectos económicos es brutal y no desmaya: miles de perseguidos, centenares de personas con orden de captura, presos políticos y asesinados. Solamente en tres días de agosto, la represión operada institucionalmente ha provocado –en territorio q´eqchi´de Alta Verapaz- dos personas asesinadas, aproximadamente 30 capturadas, terror generalizado, con desplazamiento de población[ii].

Destrucción o reconstitución

La captura de los ciclos vitales va más allá de la (histórica) explotación de la fuerza de trabajo, del pago de tributos, de los encomenderos y la encomienda. No es un proceso completamente nuevo, pero su envergadura y voluntad totalizadora le confieren un carácter de "dominio de espectro completo" (Ana Esther Ceceña), que incluye el sentido y el destino de la vida. 

Parece obvio que esta ofensiva no se va a detener por sí misma: es una Ofensiva final, ejemplificada en la maximización de utilización de la fuerza en Monte Olivo, Alta Verapaz. Tras ella solo parecen asomar la Destrucción o la Reconstitución (que planteo, siguiendo a Asociación Maya Uk´u´x B´e,  como proceso simultáneo de reconstrucción del pasado y construcción de nuevas propuestas).

El esfuerzo de las luchas sociales no debe detenerse, entonces, en la reacción o el lamento ante cada una de las fases de esta ofensiva y guerra total. Se trata de detener la espiral destructiva, construyendo propuestas que disputen y promuevan otros sentidos:

economía para la vida y no para el beneficio de unos pocos;
relaciones de solidaridad, colaboración y afecto entre personas y naturaleza, en vez de relaciones de dominio y poder;
desmercantilización de la cotidianidad y las mentes;
promoción de democracias comunitarias.

Estas y otras propuestas (refundación del Estado hacia la plurinacionalidad, o  la construcción de una nueva organización social y política) fueron discutidas en el IV Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones desarrollado el 7, 8 y 9 de agosto, así como en otros espacios: Consejo de los Pueblos, comunidades en resistencia…

Los retos son complejos, no sólo por la envergadura del proyecto de dominación y sus lógicas vigentes de tierra arrasada, sino por la debilidad del proyecto de reconstitución de una lógica de vida: las "causas internas de nuestra actual derrota" (parafraseando a Manuel Galich).

La reconstitución sólo puede hacerse desde la articulación de esfuerzos y proyectos, con la incorporación de sectores hoy indiferentes o enojados sin propuesta (en estado de "furia contenida", según análisis cualitativos recientes realizados por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IPNUSAC; sectores mayoritarios, afirma este Instituto).

La reconstitución se consolida a partir de la continuidad ética, innegociable, entre discursos y prácticas, entre la acción íntima y la propuesta pública (por ejemplo, el compromiso de cero tolerancia con la violencia hacia las mujeres, nunca explicitado por las organizaciones sociales).

La reconstitución debe confrontar dialécticamente el Código y propuesta de Vida (Isabel Rauber) con el código muerte, que conlleva su propia zona de beneficio y confort (consumismo, sentido de pertenencia e identidad a partir de la posesión acumulativa, expresados en el modelo de desarrollo vigente). Así, el Código Vida no va a masificarse sin debate, sin esfuerzo.  

La reconstitución implica argumentación, diálogo, disensos y consensos, convencimiento, construcción colectiva de ese nuevo Código, no la exposición de un decálogo prefabricado de una nueva vida.

La reconstitución se fortalece si abandonamos la reactividad de las protestas (que esconde a menudo los vacíos de la argumentación), para fundamentar y complejizar el debate y las propuestas.

La reconstitución constituye apuestas de futuro y compromisos para el hoy; implica cambios institucionales y personales, planteamientos públicos, privados e íntimos. Sueños y guía de actuación cotidiana.

A la captura de ciclos vitales se responde con la defensa y preservación de los mismos. A la dominación de espectro completo, con estrategias integrales de defensa, construcción y articulación. La reconstitución precisa, así, de acciones concretas y de cambios organizativos inaplazables, que permitan transitar de visiones y actuaciones fragmentadas, defensivas, aisladas, sectarias y competitivas, a una acción colectiva, diversa y complementaria, para la disputa del poder.

¿Estamos preparadxs para el reto?
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