Entre María Chula y el derecho de decisión


Mujeres de Afedes.

Por Andrés Cabanas, 23 de julio de 2017

Estos días, no muy diferentes a otros, nos atropellan con enésimas agresiones a nuestra dignidad y derechos. Seguimos siendo un país con déficit de mayorías: violencia empresarial, Estado que no promueve el bien común (¿para qué existe?), instituciones al servicio de élites y corporaciones, invisibilización del otro como sujeto.
 
Es el continuum de la historia, una línea de explotación y opresión ininterrumpida, en el largo y en el cortísimo plazo: martes 18, reglamentación de las consultas comunitarias a la medida de los empresarios; miércoles 19, manifestación del pueblo xinca, tras campaña de comunicación que niega su existencia; viernes 21, ataques a la resistencia pacífica de Casillas, Santa Rosa, por oponerse a un proyecto (Minera San Rafael) que opera contra la voluntad de las comunidades y en fraude de ley; toda la semana, reacciones agresivas e insultantes contra mujeres y pueblos indígenas, después de que una empresa que comercializa diseños mayas y utiliza un nombre con connotaciones racistas y peyorativas, fue sancionada moralmente por una instancia del Ejecutivo(1).  

Difícil sobrevivir en este espacio equívocamente colectivo llamado Guatemala, donde reclamamos sin éxito el derecho a ser consultados y ser parte de las decisiones; a no ser insultados e ignorados.

 

El debate que nos (re) mueve


En esta historia que oscila entre la involución, la continuidad y la deseada refundación, el debate alrededor de María Chula me parece paradigmático. En mi opinión, no es debate casual sobre un tema secundario, sino que conecta hilos de la coyuntura con otros hilos que nos sujetan históricamente: un nombre común revela la naturalización e internalización del racismo; una marca comercial nos obliga a discutir sobre procesos históricos de apropiación de la cultura y la identidad de los pueblos; un emprendimiento comercial novedoso se basa en realidad en el despojo, como todos los proyectos empresariales: de territorio, bienes, ideas, diseños, historia, memoria...

Racismo, poder, violencia, modelo económico, identidad, construcciones  políticas y personales...afloran en las discusiones: racismo como soporte de un modelo económico que expropia (Andrea Tock), extractivismo económico y extractivismo cultural (Sandra Xinico Batz), una ladinidad y un poder construidos sobre la negación del racismo existente (Paula del Cid), otro ejemplo más de negación y apropiación del trabajo y la cultura de las mujeres tejedoras (Asociación Femenina para el Desarrollo de Sacatepéquez, Afedes). Al fin, la polémica María Chula nos lleva a cuestionar el país que vivimos y el país que queremos o, dicho de otra forma, el desarrollo que nos imponen y la democracia que nos niegan.

 

Las marías y el país en que malvivimos


En Guatemala, la participación es un mito, la realidad es la negación del derecho de consulta; la democracia es un mito, la realidad es la violación de derechos por parte de las empresas; el desarrollo es un mito, la realidad es la destrucción ambiental y social que provocan los proyectos; la tolerancia, el respeto, la convivencia, son mitos, lo normal es la agresividad, la multiplicación de discursos de superioridad y marginación. Este es el debate de fondo.

La minusvaloración y/o negación del otro (identidad, indignación, propuestas) conlleva su exclusión en la toma de decisiones y la capacidad de definir el rumbo de este país, lo que conduce a una fractura social y una identidad limitada: el himno militarista, la bandera desteñida, la blanquitud, la homogeneidad, la individualidad, la competencia y el interés privado como principios.

Hoy, los siempre apartados impugnan este Estado y esta forma de vida. Proponen otras formas de participación, organización y decisión, sin restricciones. Un país acostumbrado a arrastrar problemas, o a resolverlos a través de pactos de élites, tiene que reconstruirse desde el poder de los excluidos, de todas las Marías Chulas ignoradas en comunidades y pueblos: con otros actores, formas, principios y valores, obligadamente colectivos.

El cuestionamiento de este modelo de sociedad, construido a espaldas o en contra de los otros, aflora. Cómo es el país que vivimos y el que queremos (el país que queremos vivir, con su institucionalidad, modelo económico, relaciones y valores específicos), quién lo nombra, quién toma las decisiones, es la pregunta a responder.

(1) María Chula es una marca y un emprendimiento empresarial que comercializa ropa a partir de diseños de la cultura maya. En Guatemala, sectores urbanos con mentalidad racista llaman María a todas las mujeres indígenas, sin distinción. La empresa María Chula se apropia de identidad y bienes colectivos, al tiempo que refuerza una visión peyorativa de esta identidad.

Consultas comunitarias y desarrollo. Nueve preguntas y un sueño



Los empresarios pretenden viabilizar un modelo de desarrollo violento, destructivo y excluyente: Oxec y todos los demás proyectos ilegales e ilegítimos.

Las comunidades disputan el derecho a decidir, la libre determinación sin restricciones.

Este es el trasfondo de la sentencia Oxec y de la campaña empresarial para regular el derecho de consulta. Este es el debate.

Andrés Cabanas, 10 de julio de 2017

1. ¿Qué alcances tiene la reglamentación de las consultas comunitarias?

Los empresarios insisten en que las consultas no tienen poder decisorio: son solo un mecanismo indicativo, no vinculante, para llegar a acuerdos. La presencia de empresas queda al margen de la posibilidad de decisión comunitaria.

Se desarrolla, así, un procedimiento de consulta sin decisión, que disminuye o anula el derecho de libre determinación de las comunidades.

2. ¿Qué implica la regulación o reglamentación? 

Para los empresarios, la regulación y limitación del derecho de consulta es el camino para viabilizar un modelo de desarrollo impuesto, violento, destructivo y excluyente: Oxec y todos los demás proyectos en igual situación de ilegalidad e ilegitimidad (San Rafael, La Puya...).

La reglamentación a partir del procedimiento determinado por la Corte de Constitucionalidad en el caso Oxec (26 de mayo, vía ley del Congreso) es uno de los procedimientos, pero no el único.

El Ejecutivo avala esta opción, vinculando la Construcción de Estándares básicos para la realización de consultas (proceso desarrollado desde el 12 de octubre), con la decisión de la CC y las propuestas empresariales. Los tres poderes del Estado, empresarios nacionales e internacionales y la Organización Internacional del Trabajo muestran un frente unido, hasta el momento: no persiguen la violación de derechos y promueven, en nombre de la certeza jurídica y la inversión, los proyectos destructivos.

3. ¿Qué sucede con los proyectos que están en ejecución y no han realizado consultas comunitarias?

Los empresarios proponen que proyectos que han violado derechos continúen operando, por lo que la consulta libre, previa e informada se desarrollará con posterioridad.

La consulta a posteriori, denominada también consulta reparadora u homologación retroactiva, valida procesos de socialización e información realizados por las empresas.

El plan es legalizar proyectos extra-destructivos, impuestos con violencia y en fraude de ley (ausencia de licencia de construcción, estudios de impacto ambiental deficientes, compra de tierras con engaños...)

4. ¿Qué hacemos con empresas que cometieron ilegalidades y violaron derechos?

Deben cesar su actividad y ser sometidas a juicio.

5. ¿Qué consecuencias tiene la suspensión de proyectos? 

La disminución o anulación del derecho de decisión va acompañada de una agresiva campaña de comunicación. Nos asustan con la hecatombe económica, el derrumbe de las instituciones, el fin de nuestro modo de vida actual (tampoco parece mala idea).

En general, se ataca a los perseguidos y perjudicados (comunidades y organizaciones que apoyan) y se protege a quienes violan derechos. 

La realidad es que megaproyectos mineros, hidroeléctricos, monocultivo y otros, contaminan, destruyen fuentes de agua, dividen y enfrentan a población, incrementan las tasas de suicidio, alcoholismo y prostitución, como revelan los estudios sobre el impacto de la mina Marlin en San Marcos: Los problemas creados por la mina Marlin en San Marcos y El megacaso contra la mina Marlin por prácticas de corrupción , entre otros. 

La retirada de estos proyectos permitiría empezar a (re)construir equilibrios y diálogos sociales en condiciones de justicia. 

6. Los empresarios dicen que las consultas comunitarias desincentivan el desarrollo...

El desarrollo publicitado por los empresarios empobrece y destruye; las consultas no deciden; la certeza jurídica nos tiene en la incertidumbre social; las inversiones expropian para unos pocos, en vez de generar riqueza para todos.

Este modelo empresarial y de desarrollo, que se concreta en un Estado corporativo e impositivo, hace aguas. El desafío es cuestionarlo para transformarlo.

7. ¿Qué son para los pueblos las consultas comunitarias?

Las consultas comunitarias, además de la decisión sobre proyectos extractivos, garantizan el derecho de libre determinación y construyen nuevas formas de organización y de ejercicio del poder en los territorios.

8. ¿Los casos de Oxec, minera San Rafael y otros, en que situación nos dejan?

Para las comunidades, el debate fundamental es, en primer lugar, la disputa por el derecho a decidir, donde la libre decisión y determinación de los pueblos es respetada, sin restricciones; en segundo lugar, la construcción de un Estado y forma de organización donde este derecho no sea reprimido.

Esta disputa continúa o se incrementa tras la sentencia en el caso Oxec.

9. ¿Cuáles son los retos para las organizaciones sociales?

Ante la subordinación del Estado y el sistema de justicia a intereses  empresariales, corresponde proponer nuevas formas de organización social, asamblearias y de los pueblos.

10. Un sueño...

Tenemos que soñar un país distinto.

Necesitamos agua, frijol, maíz, tierra, no mineras ni inversiones extractivas.

Queremos más derechos y menos imposiciones: el derecho a decidir de los pueblos, la democracia real y comunitaria, el predominio del bien común y el buen convivir. Por tanto, la reorganización del Estado guatemalteco para este fin (fundación de un nuevo Estado plurinacional, popular y multisectorial).

¿Es irreal, es imposible? Puede ser, pero prefiero este sueño a la pesadilla de la destrucción y la injusticia, mil veces repetida.