Andrés Cabanas, 26 de mayo de 2014
El
desalojo violento del campamento antiminero en San José del Golfo (23 de
mayo) y las intensas amenazas de
encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte de Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva contra actores en
resistencia.
La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial.
La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas, que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a nivel mundial.
El marco contextual, jurídico y político de las recientes
agresiones
El lujo de fuerza (física y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad expresada de llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar proyectos económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las necesidades de las empresas transnacionales,
empresarios locales y actores institucionales, quienes juegan contra el tiempo o con
los tiempos, porque conciben 2014 como el año de la reconfiguración autoritaria
del poder, para la profundización del modelo de acumulación.
Así, los
recientes ataques se apoyan en medidas de corte político y
jurídico que institucionalizan la agresión. Entre otras:
la elaboración de una batería de
leyes penalizadoras de la resistencia (ley de túmulos, ley de celulares, ley de
servidumbres en discusión);
la defensa de los derechos de las
empresas frente a los derechos colectivos y las finanzas del Estado (ley de inversión y
empleo);
la apertura de un nuevo ciclo en el Ministerio Público y el sistema de justicia, ¿más proclive a la criminalización?;
la discusión sobre nuevas figuras para penalizar la resistencia (derecho penal del enemigo, según análisis de Gustavo Illescas, de Centro de Medios Independientes, que mitigaría la dificultad de conducir procesos por terrorismo);
la apuesta política por la confrontación: en San José del Golfo se ataca a la resistencia pacífica, inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se señala con nombres y apellidos a los dirigentes que interlocutan con el gobierno. Se cierran peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan respuestas violentas de las comunidades?;
la consolidación del gobierno (o la figura de Pérez Molina) a partir de la concentración de poder;
el llamado (efectuado por la Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados en Huehuetenango) a reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir –con condenas- procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a abrir cuando y donde sea necesarios nuevos procesos;
el (re) empoderamiento del
Ejército y la progresiva construcción militarizada de la Policía Nacional Civil
(fuerzas élite de combate).
La
ampliación del periodo presidencial (o la reelección vía reforma constitucional
u otras) forma parte de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores
económicos poderosos crece el convencimiento de que el actual gobierno y/ un
modelo personalista, centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado
para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este marco se produce un debate o se genera un acuerdo tácito: la reelección del Partido Patriota o directamente del equipo gobernante (vía ampliación de mandato u otras) a cambio del apoyo irrestricto (cuando sea necesario, violento) del aparato del Estado y las fuerzas de seguridad a la expansión de las empresas.
El pacto de la impunidad (para el fin del
juicio por genocidio y la elección de nueva fiscal), que incluye a actores de
la oligarquía, economía criminal, economía emergente, militares y
gubernamentales, es la sombrilla protectora de esta nueva amenaza.
La agresión estructural
Inserta
en una coyuntura inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo,
estructural, de carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de espectro completo, la socióloga mexicana Ana Esther
Ceceña identifica tres características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y
la impunidad.
El avasallamiento opta “por
una purga general, relacionada
con las tareas de prevención y disuasión pero con propósitos de más
larga duración”. La simultaneidad implica “atacar sin tregua por
todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un enjambre de avispas, en todos
los ámbitos de la vida social” (no
se refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal,
institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la “invalidación de los
referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de comportamientos
ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es decir, el Estado de
Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de excepción y una tierra
de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la guerra no es un medio sino
el fin para el despojo permanente (guerras
infinitas) y donde el enemigo
es la otredad en todas sus formas, sobre todo
aquello que “no se conoce y que siempre ha estado invisible”.
Así, la
agresión contra organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala
es permanente. Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en
fases que no implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva,
avanza, genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y
políticamente. Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los
articula, ver al respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta
y divide en el nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a
través de la deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas.
Involucra actores privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores
gubernamentales, actores internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el
Congreso, las empresas, los operadores de justicia incluso en niveles micro
(jueces de paz, agentes fiscales), columnistas, programas de radio y
televisión. Ubica como enemigos a quienes no encajan en la visión dominante. Se
multiplica en la indiferencia, la pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o generalizadamente. Tiene, siempre, una voluntad política
desmovilizadora, un efecto ejemplificador.
Defensa del optimismo
El
carácter estructural y permanente, de espectro completo, de la agresión, no la
convierte en indetenible. La agresión se acelera porque la
consolidación de resistencias pone el peligro el modelo de acumulación y el
proyecto político de dominación. El otro, el enemigo
desconocido que menciona Ana
Esther Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por la
defensa del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos extractivos, que
opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No es casual la fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del Golfo, convertido en símbolo de lucha.
Los
análisis de actores y riesgos realizados por el gobierno y empresas
transnacionales mencionan intereses criminales, población manipulada,
organizaciones de la capital o extranjeras como actores principales de la
resistencia, en cualquier cosa unas pocas personas en cada lugar. Pero la
resistencia se fortalece y crece en sus dinámicas propias: la defensa del
territorio, el actor montaña, la dinámica tiempo-memoria-historia, el pueblo
como sujeto activo, la libertad y la identidad como motor, los derechos como
referente. Es una lucha que va más allá de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua y los recursos. Es la lucha y la razón de
la dignidad: frente a la violencia, la división, la explotación, la imposición
y la mercantilización de la vida. Es una lucha en ascenso, progresivamente
consciente, argumentada, integral: abarca la cosmovisión, la comprensión de la
naturaleza, la comprensión de la actuación del poder, pero también la
comprensión de un sentido filosófico e integral de vida. Rebasa
viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.
Es irreal
pensar que el sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos económico-destructivos (la
generación de riqueza a partir de la destrucción ambiental y social). Pero no
es incorrecto creer que es posible enfrentarlo, a condición de… La
condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña, concebir resistencias de espectro completo.
Es decir, la posibilidad de enfrentar el modelo a partir de la generación de
condiciones adecuadas, traducidas en condiciones organizativas. Entre otras,
este condicionalidad puede convertirse en realidad:
Si utilizamos todos los instrumentos
de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica, comunicación,
movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo que implica
articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las
movilizaciones y demandas comunitarias y de los pueblos, y desarticulada de los
sujetos comunitarios, se convierte así en un ejercicio inútil, costoso,
funcional a la reproducción del sistema.
Si entendemos y analizamos mejor
el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de acumulación y reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas (cómo se articula la economía criminal con la formal; cómo
funcionan los fondos de inversión; cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco de opacidad societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación; cuáles son las estrategias permanentes y las cambiantes...)
Si promovemos formación y
análisis político y estratégico constante, autocrítico, no complaciente, en cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.
Si no caemos en la provocación de
la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación de la política
por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva armada del capital.
Si acumulamos, y por tanto
concebimos la articulación como vocación política, permanente y sistemática,
irrenunciable, sin la cual no hay emancipación.
Si no existe una sola estrategia,
una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque es imprescindible
la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos, la conducción
política unificada (Domingo Hernández Ixcoy).
Si politizamos la indignación y
los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno a la
indiferencia.
Si no imaginamos o exacerbamos
diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos, comunidades y
organizaciones. O si, de existir estas diferencias como insuperables, las
debatimos y solucionamos.
Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo.
Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo plazo.
Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
El proyecto de acumulación y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo que pase”, como afirman prominentes empresarios
transnacionales (Luis Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito,
se construye en la interrelación y disputa de actores y proyectos.
Se trata
de revertir la historia y su interpretación, construida desde el poder,
frecuentemente derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que
ya está liberada la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya,
símbolo de la resistencia, cae.
Lo que
sucede en realidad es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria
frente a un modelo construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.
Lo que
sucede es la constatación de la fortaleza acumulada durante dos años
de campamento en el lugar conocido como La Puya: construcción de organización,
comunidad y solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la
comunidad
Lo que
sucede es que después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las
solidaridades.
Se cierra
un campamento y se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para
continuar la resistencia, necesariamente estructurales, integrales y articuladas.
La
agresión permanente, en apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad
de un modelo concebido desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe
enfrentar con las armas contrarias: la participación masiva, que construya un
país y un mundo de todxs y para todxs.
